CE-11001-03-15-000-2021-01459-01(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL

[L]a Sala estima que la acción de tutela objeto de estudio no satisface el requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se repara en que su objeto es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. De esta suerte, habrá de confirmarse la sentencia del 21 de mayo de 2021 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01459-01(AC)

Actor: FABIOLA RODRÍGUEZ MARÍN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTROS Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / TERCERA INSTANCIA – La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico y probatorio por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de

la señora Fabiola Rodríguez Marín en contra del fallo del 21 de mayo de 2021, dictado por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante el cual se denegó el recurso de amparo constitucional formulado contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos 1.- El 7 de abril de 2021, la señora Fabiola Rodríguez Marín, obrando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad de trato, debido proceso, seguridad social y “protección a la tercera edad”, presuntamente vulnerados por el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá y el Tribunal Administrativo del Caquetá, al proferir las sentencias de 29 de junio de 2018 y 27 de octubre de 20201, respectivamente, en las que negaron las pretensiones esgrimidas en la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho2, presentada contra la UGPP, entidad que, a juicio de la actora, liquidó indebidamente su indemnización sustitutiva de pensión de vejez. 2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada, la parte actora expuso, que3: 2.1.- La señora Fabiola Rodríguez Marín laboró en el Ministerio de Educación

Nacional – Secretaría de Educación Municipal de Florencia durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 1980 y el 1 de octubre de 1988, cotizando un total de 444 semanas al Sistema General de Pensiones a través de Cajanal, hoy UGPP. 2.2.- En atención a que no cumplió con el requisito de semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez y al no estar en condiciones de seguir cotizando, pues no se encontraba laborando y sus ingresos eran insuficientes, el 24 de septiembre de 2014 presentó ante la UGPP solicitud de reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de vejez, mediante radicado No. 2014-722290906-2. 2.3.- A través de la Resolución RDP 0020703 del 23 de enero de 2015, la UGPP reconoció la indemnización reclamada, teniendo en cuenta el tiempo laborado y liquidando la prestación solicitada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Así pues, sobre la base de las (444) semanas cotizadas por la accionante, tomó el valor acumulado respectivo a la asignación básica mensual de cada año laborado, le aplicó el Ingreso Base de Liquidación (IBL) y obtuvo el valor actualizado. En consecuencia, reconoció a favor de la demandante la suma de $2.014.521. En la fórmula empleada, la UGPP aclaró que no incluyó factores salariales distintos a los señalados en el Decreto 1158 de 1994, por no haber sido 1 Providencia notificada por correo electrónico el 29 de octubre de 2020, tal como consta a folios

135 a 142 del expediente con radicado No. 18001-33-40-004-2016-00310-01 2 Radicación No. 18001-33-40-004-2016-00310-01 3 Expediente digital, Folios 1 y 2 del escrito de demanda. señalados en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y porque sobre ellos no se efectuó aporte alguno por la señora Rodríguez Marín. 2.4.- Inconforme con la anterior decisión, el apoderado judicial de la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, alegando que, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva no se hizo acorde con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, normas según las cuales, el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales han cotizado los afiliados al sistema general de seguridad social en pensiones, se ha estimado en un 10%, ya que, el artículo 3 referido, dispuso que, en el evento en que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la administradora a efectuar el reconocimiento de la indemnización no manejara separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo de salud, “se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la

misma ley (12%), es decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva”. Con todo, aseveró que el monto a reconocer ascendía a $9.508.434. 2.5.- Dando respuesta al recurso de reposición, la UGPP expidió la Resolución RDP 0009056 de 6 de marzo de 2015, en la que aseveró que no le asistía razón a la accionante, al afirmar que el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ella cotizó se debió establecer en un 10%, poniendo de presente que, había liquidado la prestación reclamada a partir de la fórmula dispuesta por el artículo 3° del Decreto 1730 de 2001, con base en los factores salariales mencionados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, sin incluir otros no mencionados en la cita norma y frente a los cuales no hizo cotización alguna. En consecuencia, expuso que para liquidar la indemnización reclamada se debe tener en cuenta el 45.45% previamente citado, multiplicarlo por 5% (porcentaje correspondiente a lo efectivamente cotizado) dando un total de 2.27% que es el porcentaje para aplicar en casos ocurridos antes de la Ley 100 de 1993. 2.6.- En Resolución RDP 013872 de 20 de abril de 2015, la UGPP reiteró que el cálculo de la indemnización sustitutiva se efectuó debidamente.

2.7.- En desacuerdo con lo anterior, la señora Rodríguez Marín presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, solicitando la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 0020703 del 23 de enero de 2015, RDP 0090056 y RDP 013872 de 2015 y a título de restablecimiento del derecho pidió que la UGPP reliquidara su indemnización sustitutiva con base en un promedio ponderado de los porcentajes de cotización equivalente al 10%. 2.8.- El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Florencia que, en sentencia de 29 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la liquidación se efectuó en debida forma, acatando lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001. En concreto, señaló el A quo que, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los servidores públicos, como la accionante, no hacían aportes para pensión en un fondo creado para dicho fin, sino que, se les deducía una cuota equivalente al 5% del salario para atender las prestaciones por muerte, maternidad y pensiones (Ley 4 de 1966), por lo que, el promedio ponderado cotizado a tener en cuenta en la liquidación de la indemnización sustitutiva, se obtiene luego de: aplicar el 45.45% consagrado en el Decreto 1730 de 2011 al 5% que corresponde a la cotización efectuada, lo que daba un 2.27% de promedio

ponderado de cotizaciones, porcentaje sobre el cual se liquidó la prestación solicitada. 2.9.- La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá en fallo de 27 de octubre de 2020, considerando que el promedio ponderado de cotización reclamado por la demandante no es aplicable a su caso, en atención a que este fue previsto para quienes efectuaron cotizaciones en vigencia de la Ley 100 de 1993, y en casos como el suyo, es decir, en los que las cotizaciones fueron hechas con anterioridad a esto, era aplicable el porcentaje de cotización consagrado en la Ley 4 de 1966, correspondiente al 5%. 3.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora adujo que las decisiones judiciales dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, más especialmente la del Tribunal Administrativo del Caquetá, incurrió en defecto sustantivo, al desconocer el precedente judicial horizontal proveniente del Tribunal Administrativo del Huila, que en sentencia del 15 de septiembre de 2020, M.P. Jorge Alirio Cortés Soto, Rad: 410013333002–2015– 00113–01, liquidó el porcentaje promedio de cotización en el 10% que se reclama, en un caso similar fáctica y jurídicamente. A su vez, indicó que el Tribunal accionado, al aplicar la fórmula prevista en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, no debía tener en cuenta otras disposiciones legales diferentes a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, como lo hizo el Tribunal del Huila, norma en la que claramente se dice que,

“La tasa de cotización para la pensión de vejez, será del 8% en 1994, 9% en 1995 y del 10% a partir de 1996”, lo que se relaciona directamente con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, según el cual, “En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva”. Es decir, dio una lectura y aplicación irrazonable de dichas normas, que constituyó una violación a los derechos fundamentales de la parte actora. En este punto, mencionó la necesidad de que el Consejo de Estado unifique la forma en que los jueces deben aplicar la fórmula esgrimida en el Decreto 1730 de 2001, para evitar decisiones injustas y diferentes, que dependen del criterio jurídico del fallador judicial ante el cual llegue el conocimiento del asunto, en detrimento de los derechos de la ciudadanía.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda 4.- La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en auto del 13 de

abril de 2021, admitió la acción de tutela y notificó de su presentación al Tribunal Administrativo del Caquetá, al Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá y a la UGPP4. 5.- El Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá allegó digitalmente el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 18001-3340-004-2016-00310-015, guardando silencio sobre la demanda de tutela. 6.- Por su parte, el apoderado de la UGPP solicitó declarar improcedente la acción de tutela o en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda, en atención a que, esta se interpuso para que se surta una tercera instancia adicional a lo dispuesto por el juez natural de la causa, sin demostrar, además, vulneración alguna a sus derechos fundamentales. Sumado a lo anterior, aseveró que, contrario a lo manifestado por la actora, está plenamente demostrado que el PPC fue calculado debidamente, habida cuenta que la norma es clara en señalar que, para eventos como el sub lite, en el que se efectuaron aportes con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y que los mismos fueron realizados de manera indiscriminada con el porcentaje del 5%, para determinar el porcentaje ponderado como lo consagra el artículo 3° del Decreto 1730 de 2001, debe tomarse la proporción equivalente al 45.45% frente a la totalidad de las cotizaciones efectuadas, cálculo que fue aplicado por el ente accionado para definir el monto a

reconocer a la demandante, por concepto de indemnización sustitutiva. 7.- El Tribunal Administrativo del Caquetá, remitió la actuación al Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá, sin hacer pronunciamiento alguno sobre la acción de tutela6.

C. Sentencia de primera instancia 4 Expediente digital, Folio 2 del mencionado proveído. 5 El expediente fue remitido mediante correo electrónico de fecha 16 de abril de 2021. Disponible en el aplicativo SAMAI. 8.- La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, a través de sentencia del 21 de mayo de 2021, declaró improcedente el amparo con respecto al defecto sustantivo alegado y negó el amparo frente a la presunta violación al derecho a la igualdad de trato por el presunto desconocimiento del precedente horizontal, conformado por la decisión del Tribunal Administrativo del Huila. 8.1.- Al respecto, precisó que, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, más específicamente la sentencia T-918 de 2010, el precedente horizontal está conformado por las decisiones emitidas por el propio juez, “de manera que los diferentes tribunales del país no están sujetos al precedente fijado por uno de ellos”, siendo en estos casos aplicable el precedente vertical. Así, consideró que, al no constituir precedente horizontal la decisión del Tribunal Administrativo del Huila para la autoridad judicial demandada, no se configuró el defecto sustantivo, así como tampoco se vulneró el derecho a la igualdad de la parte actora.

D. La impugnación 9.- La anterior decisión fue impugnada de manera oportuna por el apoderado

judicial de la señora Rodríguez Marín, quien aseveró que, el juez de primera instancia ignoró la necesidad de unificar jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, en lo que respecta a la interpretación y aplicación que debe darse a las normas que regulan el cálculo de la indemnización sustitutiva de pensión, en atención a que, los usuarios de la justicia se ven sometidos a una indeterminación jurídica sobre el tema, y dependerá del criterio adoptado por el juez que conozca la acción, si se obtiene o no una indemnización debidamente liquidada. Es así como, reitera los argumentos sobre el desconocimiento del precedente horizontal y la indebida aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 y 37 de la Ley 100 de 1993 y 3 del Decreto 1730 de 2001. 9.1.- Finalizando su intervención, formula como petición que: “se revoque el fallo que se está recurriendo, para que, en su lugar, se remita el expediente a la Sala Plena de la Corporación, para que se unifique la jurisprudencia sobre la única interpretación que merece la fórmula consagrada en el art. 3 del decreto 1730 de 2001, en aras de confianza legítima, seguridad jurídica y eficacia de los derechos fundamentales invocados”. 10.- La UGPP por su parte, allegó memorial el 15 de septiembre de 2021, solicitando confirmar la decisión de primera instancia, por las razones esgrimidas en su contestación a la acción de tutela7.

II. C O N S I D E R A C I O N E S 6 Tal como consta en correo electrónico de 15 de abril de 2021, disponible en el aplicativo SAMAI.

E. Cuestión previa: Solicitud de avocar conocimiento por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 11.- Tal como se expuso previamente, el apoderado de la señora Rodríguez Marín, en el escrito de apelación, solicitó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo avocara el conocimiento de la presente acción de tutela, a fin de que se unifique jurisprudencia con respecto a la interpretación y aplicación que debe darse al artículo 3 del Decreto 1750 de 2001. Lo anterior, con fundamento en el artículo 271 del CPACA8. 11.1.- Al respecto, cabe señalar que acceder a este tipo de solicitudes de los sujetos procesales en los trámites de tutela, no solo desnaturalizaría las funciones que el legislador asignó a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo9, sino que traería consigo una manifiesta congestión de dicha instancia de decisión, dado el elevado número de acciones de este tipo que se presentan y tramitan ante 7 Memorial contenido en 15 folios. 8 «ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURISPRUDENCIA. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público.

En estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o a necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud que eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no susceptible de recursos». 9«Artículo 111 de La Ley 1437 de 2011. FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: (…)

3. Dictar sentencia, cuando asuma la competencia, en los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar

jurisprudencia. Esta competencia será asumida a petición de parte o a solicitud del Ministerio esta Corporación, cuyas partes, como ocurre en el sub examine, solicitarían que la Sala Plena avoque conocimiento, ora animadas por la íntima convicción de que su situación particular amerita que se profiera un fallo de unificación o con la idea equivocada de que si su caso se somete al escrutinio de un mayor número de magistrados van a obtener una decisión final favorable a sus intereses. 11.2.- Con esto no quiere la Sala desconocer la importancia que revisten las controversias para cada uno de los sujetos procesales; sin embargo, no todos los asuntos de tutela, por el solo hecho de que las partes así lo soliciten, deben llevarse al seno de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La experiencia indica que ello ha ocurrido por decisión de esa propia instancia de decisión o por solicitud de alguna de las secciones de la Corporación. 11.3.- Por ejemplo, en 2012 y 2014 la Sala Plena avocó conocimiento de dos solicitudes de amparo: una por importancia jurídica y la otra por la necesidad de unificar jurisprudencia, respectivamente. Así, en la sentencia del 31 de julio de 201210, el Consejo de Estado determinó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluso contra aquellas dictadas por la propia Corporación, de conformidad con las reglas fijadas hasta ese momento por la Corte Constitucional. Posteriormente, mediante sentencia del 5 de agosto de 201411, la Sala Plena unificó su jurisprudencia, entre otros, para definir que seis meses era el término razonable para ejercer oportunamente la acción de tutela

contra providencias judiciales. En esa oportunidad, fue la Sección Cuarta la que puso a consideración dicho asunto por importancia jurídica, dada la «disparidad de criterios» existentes sobre el tema, solicitud que fue aceptada en sesión del 14 de mayo de 2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo12. Público o de oficio cuando así lo decida la Sala Plena». 10 Expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González. 11 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Ver el auto del 15 de mayo de 2013, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 11.4.- Como se puede observar, el conocimiento por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en materia de acciones de tutela es excepcionalísima, y ocurre no por solicitud de las partes, sino por decisión propia o previa petición de una de las secciones, desde luego con la evidente necesidad de unificar criterios o en atención a la importancia jurídica del asunto. 11.5.- Con todo, la Subsección no encuentra que la presente controversia amerite que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo siente jurisprudencia, pues los temas planteados resultan más bien comunes y se presentan a menudo ante esta Corporación, sin que pueda inferirse ―al menos no de la solicitud radicada por la señora Fabiola Rodríguez Marínla existencia de una disparidad de criterios que amerite un pronunciamiento de unificación jurisprudencial en aras de dar

coherencia y seguridad al sistema jurídico. 11.6.- Así las cosas, la Sala rechazará por improcedente la petición presentada por la señora Rodríguez Marín, con el propósito de que la presente solicitud de amparo sea conocida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

F. De la competencia 12.- Es competente esta Sala para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199113. 12.1.- Debe precisarse, además, que en los estrictos términos de los artículos 1314 y 2515 del Acuerdo 80 de 2019, por medio del cual se expidió el Reglamento 13 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 14 “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Tercera (…) 14. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado

(…)”. 15 “ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO. Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con las acciones de tutela y de cumplimiento, serán resueltos por la Sección o Subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien haya correspondido el

reparto y su trámite se hará por la Secretaría General de la Corporación.// Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto (…)”. Interno del Consejo de Estado, le corresponde a la Sección Tercera resolver las acciones de tutela que sean de su competencia, de acuerdo con la distribución de los procesos entre las secciones y el correspondiente reparto por la Secretaría General de la Corporación. 12.2.- En ese orden, esta Sala determinará en sede de segunda instancia si se confirma, modifica o revoca el fallo de primer grado proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, a través del cual se desestimó el recurso de amparo constitucional promovido por la señora Fabiola Rodríguez Marín contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá y la UGPP. 13.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar el acierto de la decisión impugnada, esto es, si los hechos que se exponen en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente si cumple el presupuesto de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Tribunal Administrativo del Caquetá, el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá y la UGPP,

incurrieron en alguna deficiencia o irregularidad alegada por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados. 14.- Con todo, debe recordarse que, en lo atinente al trámite de impugnación, la competencia de quien conoce el asunto se ve delimitada, prima facie, por las razones o motivos de inconformidad con la providencia que es objeto de debate, con la circunstancia particular de que estando de por medio derechos y garantías de raigambre fundamental, el juez, tribunal o alta Corporación, adquiere mayores facultades para que, llegado el caso, adelante un análisis integral ante la evidencia de la afectación y necesidad de intervenir en la protección de un derecho de la anotada raigambre. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 15.- Sobre el análisis específico de la relevancia constitucional del asunto, es de precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado ha reconocido que para determinar si una acción de tutela satisface dicho requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber16: - Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor frente a los derechos fundamentales de quien 16 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). promueve la acción de tutela, de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia. - Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento anotado, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación contenida en la sentencia no se ve favorecido pues, a no dudarlo, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial. 16.- Como habrá de recordarse, en el asunto que se examina, la parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo del Caquetá, principalmente, al confirmar la decisión adoptada por el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Caquetá, proferida el 29 de junio de 2018, negando la reliquidación de la indemnización pensional peticionada concedida por la UGPP, sin tener como PPC el 10% de lo

cotizado, acorde con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso, seguridad social y “protección a la tercera edad”, al incurrir en defecto sustantivo por indebida aplicación de la norma en comento junto con lo dispuesto en los artículos 20 y 37 de la Ley 100 de 1993 e igualmente, por desconocimiento del precedente judicial horizontal, más específicamente por no adoptar la interpretación normativa efectuada por el Tribunal Administrativo del Huila en sentencia del 15 de septiembre de 2020, Rad: 410013333002–2015–00113–01. 17.- Pues bien, valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el recurso de apelación presentado por la parte actora, los alegatos de conclusión presentados por los extremos procesales y el contenido de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, no encuentra esta Sala que dicha autoridad judicial haya quebrantado las prerrogativas superiores alegadas por el apoderado judicial de la acciona