CE-11001-03-15-000-2021-01475-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA – Configuración / SUJETO PASIVO DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Le asiste interés procesal a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL

[D]e conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera respecto al medio de control de nulidad electoral en el cual eran parte. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE

OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN - Inexistente / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No acreditado / SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA – No acreditada Ahora bien, frente a la causal de decisión sin motivación, esta Sección considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el actor contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, esto es el recurso extraordinario de revisión. (…) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la

jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la causal de decisión sin motivación, antes de acudir a la acción de tutela. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a la causal de decisión sin motivación como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. (…) Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte actora se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE /

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONVENCIONAL – No acreditado.

Circunstancias fácticas distintas / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL – No acreditado. Los presupuestos fácticos y jurídicos son diferentes / CAUSALES DE INHABILIDAD PARA EL CARGO DE CONCEJAL MUNICIPAL / INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR PARENTESCO CON AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Para adelantar juicios de

contenido electoral / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO – Para declarar la nulidad de la elección un servidor público de elección popular / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada, se apartó de los precedentes judiciales sentados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-566 de 2019 y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 8 de julio de 2020, que resolvió el caso del señor Gustavo Petro Urrego vs Colombia. (…) En ese orden de ideas, para la Sala, la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los problemas jurídicos y las situaciones fácticas de ambos casos son totalmente diferentes. (…). [L]a Sala evidencia que la Corte Constitucional en la sentencia SU-566 de 2019, no fijó una regla jurisprudencial, ni mucho menos hizo un pronunciamiento expreso frente al contenido y alcance del i) numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del ii) numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que constituyeron el fundamento normativo y la tesis argumentativa de la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. La Sala además, debe hacer énfasis que en la sentencia SU-566 de 2019, no se abordó la controversia jurídica de una posible inhabilidad por parentesco, como si aconteció en el caso sub examine. (…) La Sala considera que la Sección

Quinta del Consejo de Estado no desconoció el precedente judicial sentado en la sentencia de 8 de julio de 2020 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el Consejo de Estado hace parte de la rama judicial y no es un órgano administrativo, por lo que tenía plena competencia para declarar la nulidad del acto de elección del señor [M.F.C.R.] como concejal del municipio de Santiago de Cali para el periodo 2020-2023, en donde además, no se evidenció que durante el proceso llevado a cabo en su contra se le hayan desconocido sus garantías constitucionales como lo es el debido proceso. La Sala evidencia que si bien es cierto en el caso López Mendoza vs Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó la regla jurisprudencial reiterada en la sentencia de 8 de julio de 2020 de que un órgano administrativo no puede destituir a un funcionario de elección popular, sino que por el contrario tiene que hacerse mediante “[…] condena, por juez competente, en proceso penal […]”, en el caso sub examine, la Sección Quinta del Consejo de Estado no es un órgano administrativo, y ii) si bien no es un juez penal, no implica que por ese solo hecho no tenga competencia para resolver casos en materia electoral, como el presente, toda vez que es juez de lo contencioso administrativo, por lo que para la Sala no se desconoció dicho precedente judicial.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 – NUMERAL 5 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 – NUMERAL 4

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VIOLACIÓN

DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No acreditado / AUSENCIA DE

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[P]ara la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en la causal de violación directa de la Constitución, toda vez que al resolver el caso concreto interpretó y aplicó de manera razonable las disposiciones normativas que le sirvieron de fundamento para proferir la sentencia, como lo fue el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, sin que se evidenciara el desconocimiento de la “[…] interpretación restrictiva […]”, que adujo el actor en su escrito de tutela.

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 – NUMERAL 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01475-00(AC)

Actor: MILTON FABIAN CASTRILLÓN RODRÍGUEZ Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Referencia: Acción de tutela Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance La causal de violación directa de la Constitución/alcance La causal de decisión sin motivación/alcance El control de convencionalidad/contenido y alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y iii) participación política

Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de febrero de 2021, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 760012333000201901126-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de participación política. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 18 de febrero de 2021, dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 760012333000201901126-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de participación política.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones territoriales en Colombia, en donde como resultado de dichas elecciones, el señor Milton Fabian Castrillón Rodríguez, resultó electo concejal de Cali, según lo declaró la respectiva comisión escrutadora en formulario E-26 CON del 14 de noviembre de 2019.

4. Expresó que una vez declarada la elección, la señora Luz Lanery Montoya Restrepo, presentó demanda contra el acto de elección del señor Milton Fabián

Castrillón Rodríguez como concejal del municipio de Santiago de Cali para el periodo 2020-2023 en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitando lo siguiente: “[…] “PRIMERA: Que se DECLARE la nulidad del acto de elección del señor MILTON FABIAN CASTRILLÓN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.787.077, como CONCEJAL del Municipio de Santiago de Cali para el periodo constitucional, 2020-2023, contenido en el ACTA DE ESCRUTINIO GENERAL (FORMULARIO E-26CON) de calenda 14 de noviembre de 2019, suscrita por los miembros de la comisión escrutadora municipal.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se ORDENE la cancelación de la credencial conferida al señor MILTON FABIÁN CASTRILLÓN RODRÍGUEZ, como Concejal Electo del Municipio de Santiago de Cali, a la ejecutoria de la sentencia que se profiera en este escenario jurídico, tal y como lo prevé el Artículo 288, numeral 3 de la ley 1437 de 2011 (CPACA) […]”.

5. Indicó que “[…] La ciudadana Montoya Restrepo fundamentó la demanda de nulidad electoral en la supuesta inhabilidad por parentesco de mi representado para ser elegido concejal de la ciudad de Cali, por ser hermano de la señora Marta Rosmeri Castrillón Rodríguez, quien se desempeñaba como Secretaria General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, cargo que en el manifestar de la demandante resultaba ser de naturaleza directiva e implicaba toma de decisiones

y ejercicio de autoridad administrativa y civil. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 275.5 del CPACA. y el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 […]”. Sentencia proferida el 22 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 760012333000201901126-00

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, resolvió declarar lo siguiente: “[…] PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial del E-26 CON del 14 de noviembre de 2019, en cuanto a la declaratoria de elección del señor MILTON FABIÁN CASTRILLÓN RODRÍGUEZ, en calidad de Concejal Municipal de la ciudad de Santiago de Cali.

SEGUNDO: ORDÉNESE la cancelación de su respectiva credencial, en los términos que alude el artículo 288, numeral 3° de la ley 1437 de 2011, la cual se hará efectiva una vez esté ejecutoriada la presente providencia […]”.

7. Consideró que: “[…] Las inhabilidades específicas de los concejales municipales o distritales, sea como candidatos o cuando ya resultan ser elegidos, están plenamente desarrolladas en el artículo 43 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la ley 617 de 2000.

Al punto que nos interesa, el numeral 4° del referido artículo, dispone: “4.Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primerio de afinidad o único civil, con

funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha.” Como se observa, la norma comprende varios supuestos de inhabilidad. No obstante, el que concierne en este caso es el primero de ellos: quien tenga vinculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito. (Negrilla de la Sala). La Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de manera uniforme, ha sostenido que la configuración de la aludida inhabilidad requiere la concurrencia de cuatro elementos. Así, por ejemplo, quedó exteriorizado en auto del 17 de marzo de 2020, proferido dentro del expediente 44001-23-40-000-201900195-01, el cual estuvo hincado en múltiples pronunciamientos que conforman

una línea jurisprudencial: (i) “La existencia del vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, entre el concejal elegido y el funcionario (parentesco). (ii) Que dicho funcionario haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar (objetivo). (iii) Que dicha autoridad se haya ejercido en cualquier momento dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección acusada (temporal), y (iv) Que la autoridad se haya ejercido en el mismo municipio o distrito por el cual resultó elegido el concejal (espacial)” En este punto se puede precisar que cuando se hace mención al ejercicio de autoridad –sea civil, política, administrativa o militar-, no se exige que el funcionario efectivamente despliegue las atribuciones que constituyen manifestación de autoridad, sino que basta únicamente con que las detente, valga decir, que estén asignadas […]”.

8. Indicó que está acreditado al interior del expediente que el señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez fue elegido como concejal de Santiago de Cali para el periodo 2020-2023, por el partido político Conservador, como consta en el Formulario E-26 CON (Acta parcial del Escrutinio General Concejo para el municipio de Santiago de Cali).

9. Afirmó que: “[…] Por lo que resta analizar la configuración de los elementos vistos con antecedencia y que se desprenden de la lectura del artículo 43, numeral 4° de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la ley 617 del 2000.

Elemento de vínculo o parentesco. La Sala estima que el vínculo entre el señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez y la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez está acreditado, en razón a los registros civiles de nacimiento de ambos aportados por la parte demandante en copia simple, los cuales fueron ratificados por el apoderado judicial de la parte demandada a folio 58 de su escrito de alegatos, en el siguiente sentido: “Para el caso que nos ocupa, la hermana del Concejal está en segundo grado de consanguinidad con respecto al mismo”. Elemento objetivo o de autoridad. Con la resolución de nombramiento, acta de posesión y certificación laboral (documentos arrimados por la demandante al momento de pronunciarse sobre las excepciones), aparece demostrado que la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez se desempeñó como Secretaria General de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, cargo a partir del cual la demandante sostiene que ejerció autoridad administrativa, en el Valle del Cauca por obvias razones dentro de la jurisdicción del municipio de Cali. Si bien de un análisis detallado a las funciones contenidas en el Manual para el cargo de Secretaria General, no se entrevé que las mismas ostenten la entidad suficiente para ser consideradas como ejercicio de autoridad administrativa, la Sala encuentra acreditado dicho ejercicio a partir de la autorización que el entonces Contralor Departamental le otorgó a la señora Martha Rosmery Castrillón para ORDENAR GASTO y CONFERIR COMISIONES, en consideración a que: i) Se generó mediante un acto administrativo de Delegación, específicamente por la Resolución No. 011 del 13 de marzo de 2017 “Por la cual se delega en un

directivo la función de autorizar comisiones de servicio y ordenar el gasto de viáticos” ii) La delegación ha sido entendida por el Consejo de Estado como: “un fenómeno de transferencia de competencias a personas o funcionarios que actúen de manera independiente y definitiva, pudiendo el delegante reasumir la competencia y revocar la decisión” iii) Sin desconocer que el ejercicio de autoridad administrativa no exige al funcionario desplegar funciones, en el caso sub-examine y sólo con el propósito de ahondar en razones, está evidenciado que la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez materializó y en varias oportunidades, las dos funciones que detentaba. Resaltándose especialmente, la autorización de gasto para viáticos y comisión de servicio que efectuó en favor del entonces Contralor Departamental del Valle, pues ello demuestra en detalle que el ejercicio era propio de ella y no del Contralor delegante. iv) Desde el punto de vista del criterio funcional, se advierte que entre las funciones asignadas a la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez se encontraban tanto la de ORDENAR GASTO como la de CONFERIR COMISIONES, pues así la norma frente a la primera refiera “con cargos a fondos municipales” y el apoderado judicial del demandado se oponga indicando “Los actos no contienen gastos con cargo al presupuesto de Cali o fondos municipales sino del Departamento”, el ejercicio de esta autoridad no se demuestra a partir del origen de los recursos – nacional, departamental o municipal-, sino de la administración de los mismos, es decir, la facultad de disponer de ellos mediante,

V. Gr., la celebración de contratos o la autorización de viáticos, pero en últimas

que se trate de recursos públicos, tal y como lo manifestó el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta […]”. […] “[…] Elemento temporal. Está acreditado: i) que la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez sí ocupó el cargo de Secretaria General al interior de la Contraloría Departamental del Valle durante los doce meses anteriores a la elección, esto es, del 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre de 2019. Ello se desprende de la certificación suscrita por la Directora Administrativa de Gestión Humana y Financiera de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y de las Resoluciones emitidas por la hermana del demandado en este periodo, a través de las cuales determinaba ordenar un gasto para viáticos y confería comisiones, y ii) que en este extremo temporal (27 de octubre de 2018 al 27 de octubre de 2019) estuvo vigente la Resolución No. 011 “Por la cual se delega en un directivo la función de autorizar comisiones de servicio y ordenar el gasto de viáticos” del 13 de marzo de 2017, mediante la cual se autorizó a la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez la función de conferir comisiones y ordenar el gasto de viáticos (autoridad administrativa), tal como da cuenta de ello su certificado de vigencia visible en el expediente y las Resoluciones que en virtud de dicha autorización se expidieron para el efecto. Elemento territorial. En cuanto a este elemento, la Sala acoge la postura adoptada por esta corporación de lo contencioso administrativo en sentencia del 1° de octubre de 2020, Magistrada Ponente: Patricia Feuillet Palomares, proferida dentro

de los expedientes 76001-23-33-000-2020-00013-00 y 76001-23-33-000-201901213-00, según la cual: “El elemento territorial sí concurre, porque la Contraloría Departamental del Valle del Cauca ejerce las funciones en todo el departamento, y ello incluye, desde luego, el municipio de Santiago de Cali. En ese sentido, en providencia del 6 de agosto de 2020 (expediente 44001-23-40000-2019-00175-01), la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo: “no le asiste razón al recurrente cuando alega que existe una diferenciación entre las circunscripciones departamentales y las municipales, las cuales son independientes entre sí para efectos del régimen de inhabilidades, en virtud de la jurisprudencia de esta corporación que, pacíficamente desde el año 2012, ha señalado que no es aceptable que se puedan escindirse los electores del departamento de los electores de sus municipios” (Negrilla de la Sala) En este punto, el apoderado del señor Milton Fabián Castrillón Rodríguez arguye que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca no ejerce autoridad administrativa en el Municipio de Santiago de Cali (circunscripción territorial en la que fue elegido el concejal demandado), por cuanto dicho ente territorial cuenta con su propia contraloría municipal. Al respecto, es oportuno indicar que esta tesis no está llamada a prosperar cuando se advierte que la Contraloría Municipal de Santiago de Cali no ejerce control fiscal sobre entidades del orden departamental que tienen ubicación física en el Municipio de Cali. Prueba de ello, son los

procesos auditores efectuados en el año 2019 y relacionados por la propia Contraloría Departamental del Valle del Cauca, pues varios de dichos procesos fueron enlistados y evacuados en el Municipio de Cali. Entonces, a partir de allí se colige que el control fiscal de las entidades de orden departamental que tienen su domicilio en el Municipio de Cali sí se ejerce en esta circunscripción territorial por parte de la Contraloría Departamental, como se evidencia en el desarrollo del link que a continuación se transcribe: (https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1425/procesosauditore s-realizados-en-la-vigencia-2019/) […]”.

10. Manifestó que se evidencia que los actos administrativos expedidos dentro del marco de los doce meses anteriores a la elección por parte de la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez y con fundamento en la autorización para ordenar gasto de viáticos y conferir comisiones, independiente de su lugar de ejecución

(ubicación en la que se pretendía practicar la comisión o el gasto), todos y cada uno de ellos fueron expedidos en el Municipio de Santiago de Cali, es decir, que el ejercicio se materializaba en este Municipio y no en otro.

11. Agregó que la investidura de “[…] la señora Martha Rosmery Castrillón Rodríguez en su cargo como Secretaria General y autorizada para ordenar gastos de viáticos y conferir comisiones del 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre de 2019, le permitía tener influencia potencial entre los electores sometidos a su jurisdicción (municipio de Cali), y con ello desequilibrar la igualdad de

oportunidades de los aspirantes al Concejo Municipal 2020-2023 […]”. Sentencia proferida el 18 de febrero de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 760012333000201901126-01

12. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de febrero de 2021, dispuso: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad del acto de elección del señor MILTON FABIÁN CASTRILLÓN RODRÍGUEZ como concejal del municipio de Santiago de Cali para el periodo 2020-2023SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Tribunal de origen […]”.

13. Consideró que: “[…] Para el cargo de concejal, el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, consagra las siguientes causales de inhabilidad: “ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni

elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya

ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o

único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha”. Dentro de los supuestos del numeral 4 ibidem se encuentra la llamada “inhabilidad por parentesco”. En efecto, “el ejercicio de autoridad por parte de pariente es una de las prohibiciones para el acceso a casi todos los cargos de elección popular. En tal escenario, y aun cuando no se trate de la elección de la persona que detenta y ejerce la autoridad civil, política, administrativa o militar, su propósito es el de evitar que el candidato se valga de las prerrogativas de su pariente, so pena de comprometer la igualdad en la contienda electoral frente a los demás candidatos”1. Sobre su finalidad también se ha señalado: “Las causales previstas en los artículos 179-5 de la Constitución Política y 33-5 de la Ley 617 de 2000, que son las que ocupan la atención de la Sala, fueron consagradas con la finalidad de depurar la democracia colombiana, evitando el nepotismo y per sé que los servidores investidos de autoridad lo utilizaran para favorecer intereses de personas de su núcleo familiar, con quienes tienen lazos de parentesco en los grados allí señalados, conducta que de no ser prevenida rompería con el principio de imparcialidad, empeñaría el proceso político electoral y comprometería de manera grave el derecho a la igualdad de oportunidades de los candidatos para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos, inclinando la balanza a favor de sus allegados, facilitando así la propagación de dinastías

electorales familiares”2. 1 Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 27 de octubre de 2016, rad. 76001-23-33-000-2015-01395-01, Demandado: HORACIO NELSON CARVAJAL HERNANDEZ, CONCEJAL DE CALI 2016-2019. 2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de junio de 2009, número interno 2007-00376.

Y en el mismo sentido: “Ese apoyo mutuo que se podían brindar los parientes generaba un desbalance en el contexto político electoral colombiano, que si bien tenía como justificación ejercer el derecho fundamental de acceso al poder político (art. 40 ib.), se hacía con un inmenso sacrificio (sic) del derecho a la igualdad y por supuesto del principio de transparencia, ya que no era claro que el éxito que eventualmente se ignora en los (sic) urnas fuera el fruto de un capital electoral propio sino más bien ajeno, endosado para esos únicos fines y no para consolidar un proyecto ideológico o político. Sin dejar de lado, por supuesto, que con el nepotismo se pone en serio riesgo el pulcro ejercicio de la función administrativa, en particular su imparcialidad (art. 209 ib.), en la medida que por esa relación de parentesco o familiaridad del servidor público puede actuar o dejar de hacerlo inspirado por motivos que no atienden el interés general”3.

Se trata entonces de un límite al nepotismo y un freno a la desigualdad que deriva del aprovechamiento potencial de las posiciones de autoridad del familiar de quien aspira en este caso a la duma municipal, en detrimento de otras candidaturas que

no cuentan con apoyos similares. Esta Sala de lo Electoral ha sostenido que requiere para su configuración, en el caso de los aspirantes al re