CE-11001-03-15-000-2021-01519-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA – Del proceso ordinario [E]s preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. (…) De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que si bien el actor enuncia la

trasgresión de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01519-00(AC)

Actor: INFEREX S.A.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Referencia: Acción de tutela Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de mayo de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 47001333300320180047401, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el

Tribunal Administrativo del Magdalena, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 27 de mayo de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 470013333003201800474-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que en ejercicio de su actividad social compró mercancía proveniente del exterior consistente en 5 excavadoras, las cuales se encuentran descritas y amparadas en la factura de compraventa internacional núm. 2014-01, cuya nacionalización se encuentra amparada en la declaración de importación núm. 192014000076553 del 9 de julio de 2014 que obtuvo levante automático.

4. Expresó que en ejercicio del control aduanero posterior, la Policía Fiscal Aduanera verificó que dos de las excavadoras importadas tenían error en los datos de los seriales consignados en las declaraciones de importación, a pesar de que la factura contenía los datos correctos de esos seriales y era viable aplicar el análisis integral (no era procedente la aprehensión), en donde dicha autoridad decidió aprehender la mercancía mediante acta de aprehensión núm.

01902182POLFA del 7 de junio de 2014.

5. Indicó que a través de la agencia de aduanas OPERADUANAS S.A. NIVEL 2, presentó declaración de legalización núm. 192014000076553-9 SIN PAGO de

rescate de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 19991, haciendo uso del análisis integral, ajustando los datos de los números de seriales incorrectos, declaración que no obtuvo levante porque la División de Gestión de Operación de la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta determinó que se requería el pago del 50% del rescate ya que la mercancía se encontraba aprehendida. 6.Adujo que el día 26 de junio de 2014, presentó memorial de objeciones contra el acta de aprehensión, en el que expresó los motivos de inconformidad estableciendo los fundamentos jurídicos, y solicitó la improcedencia de la aprehensión, la aplicación del análisis integral y por consiguiente la entrega de la 1 “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera”. mercancía. De igual manera, elevó petición a la División de Gestión de la operación aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta para que reconsiderara la negativa del levante de la declaración de legalización presentada sin pago de rescate.

7. Manifestó que respecto a la petición relacionada en el punto anterior, nunca obtuvo respuesta, y ante la necesidad apremiante de disponer de la mercancía ya que debía darse cumplimento a un contrato celebrado con el Ministerio de Agricultura, decidió presentar declaración de legalización núm. 19201400088998-4 del 23 de agosto de 2014 en la cual pagó de manera indebida y sin causa legal alguna por concepto de rescate la suma de $94.851.000, sin que esto significare asunción de responsabilidad o procedencia de la aprehensión, pues es claro que

dicha aprehensión no tenía sustento legal por cuanto era aplicable la figura del análisis integral respecto de las facturas que contenían el número de seriales correctos.

8. Agregó que en ejercicio de su derecho de perseguir el cobro del concepto pagado de manera indebida (rescate), presentó solicitud de liquidación oficial para efectos de devolución por pago de lo no debido el día 23 de octubre del año 2014, mediante radicado interno núm.037001, fecha en la que se encontraba vigente el Decreto 2685 de 1999.

9. Afirmó que mediante Resolución No. 000188 del 27 de diciembre de 2017, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta, negó la solicitud de liquidación oficial de corrección, acto administrativo que fue recurrido por la accionante mediante radicado interno núm. 048E2018002897 del 26 de enero de 2018, que fue a su vez resuelto por la División de Gestión Jurídica de esa misma seccional a través de la Resolución núm. 000421 del 16 de junio de 2018, en la que se confirmó la decisión de negar la liquidación oficial de corrección para efectos de devolución por pago de lo no debido.

10. Inferex S.A. presentó demanda contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms. 000188 del 27 de diciembre de 2017 y 000421 del 16 de junio de 2018; y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a su favor expedición de

la liquidación oficial de corrección y respectiva devolución correspondiente por la suma de $94.851.000, “[…] por concepto de rescate cancelado en Declaración tipo Legalización No. 01630020607049 del 15 de agosto de 2014, junto con los intereses y actualizaciones generadas desde la fecha en que fue efectuado el pago de lo no debido […]”. Sentencia del 15 de julio de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 47-001-3333-003-2018-00474-00

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia de 15 de julio de 2019, dispuso: “[…] PRIMERO. - DECLARAR la nulidad DE (sic) las resoluciones N° 000188 del 27 de diciembre de 2017 y 000421 del 14 de junio de 2018, proferida por la División de Gestión de Liquidación y la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Santa Marta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - ORDENAR, como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a realizar la devolución de la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($94.851.000), por concepto de rescate cancelado en Declaración tipo Legalización No. 01630020607049 del 15 de agosto de 2014. Dicha suma deberá ser actualizada conforme a la fórmula establecida para tal

menester por el H. Consejo de Estado. TERCERO. - La demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.

12. Consideró que: “[…] Así las cosas, es preciso traer a colación la normativa que regula la figura de la medida cautelar de la aprehensión, para efectos de establecer su procedencia para el caso concreto.

El Decreto 2685 de 1999 definió en su primer artículo, la APREHENSION como una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 5020. del presente Decreto […]”. […] “[…] Entonces, cuando en la diligencia de inspección aduanera el funcionario detecta errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la declaración de importación, debe proceder a hacer un análisis integral de la declaración de importación y de los documentos soporte de la mercancía para establecer si dichos errores u omisiones no conllevan a que la declaración ampare mercancías diferentes, en cuyo caso, se entiende, no hay lugar a la aprehensión de la mercancía y el declarante podrán subsanarlos mediante la presentación de una declaración de legalización sin pago de rescate. Siendo entonces claro, en primera medida, que el alegato de la parte actora en cuanto a la procedencia del análisis integral para el caso, es acertado y tiene su fundamento en la normativa citada, no evidenciándose en los actos administrativos enjuiciados o en la contestación de la demanda, el sustento que tuvo la DIAN para

la no aplicación de esta figura y proceder a la aprehensión sin dar especio a la corroboración de los demás documentos integrantes o soporte de la declaración de importación para efectos de verificar que se trata de un simple error en el serial. Por lo cual, para el despacho una vez se advirtieran los errores en la descripción de la mercancía procedía era el análisis integral por parte de la DIAN de los documentos soportes de la declaración de importación y no la aprehensión de la mercancía. Ahora bien, siguiendo el análisis del proceso administrativo, se tiene que el 11 de julio de 2014 la DIAN realiza devolución de trámite manual para la elaboración del acta de inspección de la declaración de legalización (...) debido a que en la actualidad se encuentra aprehendida "..." (fi. 75). Además que previamente, como se mencionó, el 01 de julio de 2014 también había sido negado el levante de la mercancía por estar aprehendida. Al respecto, el artículo 128 del Decreto 2685 de 1999 señala:

ARTICULO 128. AUTORIZACIÓN DE LEVANTE.

La autorización de levante procede cuando ocurra uno de los siguientes eventos:

1. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del sistema informático aduanero así lo determine.

2. Cuando practicada la inspección aduanera documental, se establezca la conformidad entre lo declarado y la información contenida en los documentos soporte.

3. Cuando practicada la inspección aduanera fisica, se establezca la conformidad entre lo declarado, la información contenida en los documentos soporte y lo inspeccionado.

4. Cuando practicada inspección aduanera fisica, se detecten errores o se adviertan

omisiones parciales en la serie o número que identifican la mercancía, y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia presenta Declaración de Legalización que los subsane, sin sanción. Así las cosas, este artículo establece que es dable el rescate de la mercancía sin pagar sanción cuando en la inspección aduanera se detecten errores en el serial que identifica la mercancía y el declarante presenta declaración de legalización con subsanación, tal como es el caso, pues INFEREX S.A. mediante memorial radicado el 28 de julio de 2014 (fi. 156-158). Además, la DIAN en las actuaciones citadas y en los actos administrativos demandados, siempre arguyó que no procedía el rescate de la mercancía por la medida cautelar de aprehensión que pesaba sobre la mercancía, no obstante dicha prohibición no tiene asidero normativo pues de la legislación aduanera no se advierte dicha restricción […]”.

13. Adujo que al momento de emisión de los actos demandados ya se encontraba vigente el Decreto 390 de 7 de marzo de 20162 y por tanto era la norma legal que debía tener en cuenta la DIAN para decidir sobre la liquidación oficial de corrección y la devolución del dinero solicitado por la parte actora. En ese orden de ideas, lo dicho en los actos administrativos demandados y en la defensa de la DIAN en el presente proceso, “[…] en cuanto a la no procedencia de la liquidación oficial con fundamento en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, no tiene asidero, en tanto existía una norma posterior y especial que aplicaba al caso y que

si hacía viable lo impetrado por la parte declarante […]”.

14. Expresó que hay lugar de acceder a las pretensas de la demanda, toda vez que la suma pagada por el actor por concepto de rescate de las maquinarias aprehendidas por la DIAN, no era exigible en casos en que se hubiese incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la Declaración de Importación, toda vez que era aplicable en primera medida el análisis integral de los documentos soportes de la declaración de importación, en los términos del numeral 4 del artículo 128, al artículo 502 numeral 6 y al numeral 1 del artículo 232 del Decreto 2685 de 1999. 2 “por el cual se establece la regulación aduanera”.

Sentencia del 27 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 47-001-3333-003-2018-0047400

15. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 27 de mayo del 2020, dispuso: “[…] Primero: Revocar la sentencia de fecha 15 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Denegar las súplicas de la demanda […]”.

16. Consideró que: “[…] En los antecedentes administrativos aportados por las partes se desprende que la Sociedad Inferex realizó una compraventa internacional mediante Factura de Venta No. 2014-01.

Allí se describió la mercancía adquirida3: Descripción y Valor

5 unidades de excavadoras con orugas de caucho y rastrillo TB108…. BRAKE 108… Número de Serial 108203100 10820351 108203097 TB216… BRAKE 016S Número de Serial: 216100044 201600047 También, que realizó la importación de dichas excavadoras mediante Declaración de Importación No. 192014000063575-4, con fecha de aceptación del 28 de mayo de 2014, con No. de Levante (tipo automático) 19201400000706 del 5 de junio de 2014, en la cual se describió la mercancía así:

….. MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR

360º ....UNIDAD TB108 PRODUCTO EXCAVADORA. MARCA:

TAKEUCHI MFG, MODELO TB108 AÑO DE FABRICACIÓN 2014 GIRA EN SU PROPIO EJE, SERIAL 108203185, MOTOR……SERIAL 108203196 ……….SERIAL 108203232…..PRODUCTO

EXCAVADORA, FABRICANT TAKEUCHl…..MODELO TB216,

REFERENCIA TB2016 AÑO DE FABRICACION 2014 GIRA EN SU

PROPIO EJE, SERIAL 216100101 MOTOR 00368, SERIAL 216100103,

MOTOR 00377….

Hasta aquí la Sala recuerda que el artículo 33 del Decreto 2685 de 1999 (vigente para la época) dispone: “Las personas jurídicas que hubieren obtenido su reconocimiento e inscripción como Usuarios Aduaneros Permanentes, tendrán durante la vigencia de la misma, las siguientes prerrogativas especiales: a) Obtener el levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier modalidad. 3 Folios 56-61

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de practicar la inspección aduanera cuando lo considere conveniente. En virtud de lo anterior, en Auto Comisario No. 119249-0659 (folio 174) de fecha 7 de junio de 2014, el Jefe de la División de Gestión de Control Operativo dispuso comisionar a unos funcionarios para practicar diligencia de control y verificación de las obligaciones aduaneras de mercancías que salen de la sociedad portuaria transportadas en contenedor No. MSKU751298 2. Tal proveído fue comunicado a la Agencia de Aduanas Operaduanas. De la Aprehensión y Objeción / Análisis Integral / control previo Así pues, durante la Inspección Aduanera, la Policía Fiscal, al momento de realizar la revisión física documental -7 de junio de 2014-, advirtió inconsistencias en los seriales de dos excavadoras (folio 175 y rev.), a saber: Número de Serial de las Excavadoras 21610044 21600047 al momento de la inspección: Número de Serial de las Excavadoras 216100101 216100103 relacionadas en la Declaración de Importación: Así mismo, durante la diligencia el funcionario indagó al transportador -Agencia de Aduanas Operaduanas S.A.4que “si tenía alguna objeción a la presente actuación a lo que dijo que no, …” Hasta aquí, valga mencionar que el artículo 27-2 del Decreto 2685 de 1999 dispone que las Agencias de Aduanas tenían como obligación, entre otras: “7. Conservar a disposición de la autoridad aduanera copia de las declaraciones

de importación, exportación o tránsito aduanero, de los recibos oficiales de pago en bancos y de los documentos soporte, durante el término previsto en el artículo 121 del presente decreto.

25. Asistir a la diligencia de inspección física de mercancías en la hora programada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y demás entidades de control ubicadas en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera.” Sin embargo, en aquella diligencia, Operaduanas no presentó los documentos que habrían permitido realizar el análisis integral para verificar que se trataba de un error en la transcripción de los seriales de las excavadoras (dos de ellas) y no de otras infracciones tales como “cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación”, lo que conllevó a que se profiriera el Acta de Aprehensión No. 01902182 POLFA 0834 del 7 de junio de 2014 (folios 68-71 ), por la presunta violación al numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, siendo notificada ese mismo día.

Por lo anterior, la Policía Fiscal no podría dar aplicación a la excepción en cuanto a los eventos previstos en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del citado decreto, cuyo tenor literal prescribe: Artículo 231.Rescate. Parágrafo 1º. Cuando los errores u omisiones parciales en la descripción, número, serie, referencia, modelo, marca, que figuren en la declaración de

importación, no generen la violación de una restricción legal o administrativa, o el pago de unos menores tributos aduaneros, el declarante dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al levante podrá presentar voluntariamente una declaración de legalización sin pago de rescate, corrigiendo los errores u 4 Autorizada mediante contrato de mandato Folios 248-250 de fecha 27 de mayo de 2014. omisiones. Para todos los efectos legales, dicha mercancía se considera declarada. Parágrafo 2°.Cuando con posterioridad al levante de la mercancía, se presente voluntariamente Declaración de Legalización con el objeto de subsanar errores u omisiones parciales en la descripción, número, referencia y/o serie que la identifican, que generen la violación de una restricción legal o administrativa o el pago de unos menores tributos, se cancelará por concepto de rescate, el diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía, sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siempre que con la legalización se acredite el cumplimiento de los correspondientes requisitos. Hasta aquí es claro que si la Sociedad hubiera presentado los documentos soportes de la operación internacional durante la citada diligencia, contaba con 30 días, incluso, para aportar la Declaración de Importación tipo Legalización sin pago de rescate, pues, la mercancía se tenía como declarada, pero como ello no ocurrió así, es claro que la aprehensión de la mercancía sí era procedente. Fuerza lo anterior, lo dispuesto en el artículo 232-1 que dispone que se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando no se

encuentre amparada por una Declaración de Importación, no corresponda con la descripción declarada y/o cuando en la Declaración de Importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía. Así mismo, la citada normativa establece: Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 45 y 76 del artículo 128 del presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas en exceso. Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo, cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la Declaración de Importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la Declaración de Importación y en los documentos soporte de la misma, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la Declaración de Importación pueda amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión , pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través de la presentación de una Declaración de Legalización sin el pago de rescate. Sin embargo, nada de esto fue posible porque la Agencia de Aduanas, durante la inspección física no presentó los documentos de soporte de la mercancía, los cuales habrían permitido, se insiste, a la Policía Fiscal aplicar el contenido

normativo del artículo 232-1, con fundamento en el análisis integral, durante este control previo. Por lo anterior, para la Sala no hay duda que durante este control nada justificaba las razones por las cuales la mercancía declarada no coincidía con la inspeccionada físicamente, por tanto, procedía la aprehensión, porque se insiste, se trataba de una mercancía no declarada […]”. 5 4. Cuando practicada inspección aduanera física se aprehenda la mercancía porque se detectaron errores o se advirtieron omisiones parciales en la serie o número que la identifican, y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, presenta Declaración de Legalización que los subsane, sin sanción; 6 Cuando practicada inspección aduanera física se aprehenda la mercancía porque se detectaron errores u omisiones en la descripción, diferentes a los señalados en el numeral 4 del presente artículo, o por descripción incompleta de la mercancía que impida su individualización y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de dicha diligencia, presenta Declaración de Legalización que los subsane, cancelando una sanción del diez por ciento (10%) del valor en aduana de la mercancía por concepto de su rescate:

17. Afirmó que la DIAN de manera injustificada no accedió al levante de la mercancía sin pago de rescate, sobre todo porque el actor dentro del escrito del 26 junio, ante la División de Fiscalización, allegó toda la respectiva documentación que permitía determinar la legalidad de la mercancía ingresada al país y, sobre

todo, que se trataban de errores en los seriales los cuales podían ser subsanados con una declaración de importación tipo legalización sin pago, como en efecto lo hizo presentando la núm. 192014000068994-1, cuyo levante no se autorizó.

18. Manifestó que, al momento en que la División de Operación Aduanera requirió a la División de Gestión de Fiscalización para que, previo a resolver el levante, certificara sobre las actuaciones allí surgidas, esta debió haberse pronunciado sobre el análisis integral y no lo hizo, sometiendo a la sociedad actora a presentar sendas declaraciones tipo legalización sin pago sin que hubiera obtuviera dicho levante, “[…] ya que al no tener como declarada la mercancía su aprehensión estaba justificada por lo que la única forma de obtener su levante era realizando el pago de rescate por el 50% del FOB porque aún no había sido decomisada […]”.

19. Adujo que: “[…] Hasta aquí, analizados los argumentos de la Dian para denegar la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección, la Sala destaca que la negativa se sustenta en que esta no es procedente par la devolución por concepto de rescate, según las previsiones de los artículos 513 del Decreto 2685 de 1999 y 438 de la Resolución 4240 de 2000.

El juez de primera instancia declaró la nulidad de los actos demandados y consideró que la Liquidación Oficial de Corrección resultaba procedente a la luz de lo establecido en el artículo 577 del Decreto 390 de 2016. Por su parte, la Dian arguyó que esta disposición no podía aplicarse en tanto que, al momento de proferirse los actos demandados, su vigencia se encontraba

supeditada a la vigencia del inciso 2 del artículo 277 del Decreto 390 de 2016, así mismo porque no gobierna el caso concreto. De lo anterior surgen dos aristas: i) Aplicación de la normatividad vigente a la época en que debió resolverse sobre la liquidación oficial de corrección o en la que fueron proferidos los actos demandados ii) Liquidación Oficial de Corrección para efectos de devolución de pago en exceso o de lo no debido Sobre el primer tópico, valga referirse a lo dispuesto en el artículo 670 del Decreto 390 de 2016 -norma vigente al momento de proferirse los actos administrativos demandados-: Artículo 670. Transitorio para los procesos de fiscalización. Los procesos administrativos en curso se regirán por las normas vigentes al tiempo de su iniciación, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 del 2012. En consecuencia, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por la norma vigente cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, o comenzaron a surtirse las notificaciones. Una vez concluida la etapa procesal iniciada en vigencia de la norma anterior, a la etapa procesal siguiente se le aplicará el presente decreto. De acuerdo a la citada norma, los procesos de fiscalización en curso deben

regirse por las normas vigentes al tiempo de su iniciación. En este caso, valga rememorar que la División de Gestión de Liquidación, en auto de apertura de expediente radicado con el número DV 2014 2015 0011 de fecha 27 de marzo de 2015, ordenó iniciar la investigación sobre la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección de la Declaración de Importación No. 01630020607049 del 15 de agosto de 2014, deprecada por lnferex S.A. (folio 170), cuyo pronunciamiento de fondo vino a producirse el 27 de diciembre de 2017, a través de una orden tutelar. De manera que, comoquiera que el proceso administrativo de fiscalización correspondiente a la etapa de liquidación inició el 27 de marzo de 2015, es claro que la norma vigente era el Decreto 2685 de 1999 y Resolución reglamentaria 4420 de 2000, por ende, al momento de resolver de fondo eran sus disposiciones las que debían aplicarse. En esa línea, se tiene que el 513 del Decreto 2685 de 1999 dispone en qué casos la Administración aduanera puede proferir liquidación oficial de corrección.

Dice la norma: Artículo 513. Liquidación Oficial de Corrección.

La autoridad aduanera podrá expedir Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales. Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas

en la inspección aduanera.” En concordancia con la norma trascrita, el artículo 438 de la Resolución 4240 de 200023 expedida por la DIAN, prevé: Artículo 438. Liquidación Oficial de Corrección. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, la liquidación oficial de corrección, procederá a solicitud de parte, dirigida a la División de Liquidación, o a dependencia que haga sus veces, cuando: a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspec