CE-11001-03-15-000-2021-01681-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se instauró en término razonable [L]a Sala advierte que en el caso examinado no se satisface el requisito de inmediatez respecto a los autos del 13 de febrero de 2020 y 24 de febrero de

2020. En la providencia de 13 de febrero de 2020, entre otras disposiciones, el Juzgado accionado reconoció personería a varios de los abogados incluyendo a

[A.C] y rechazó de plano la solicitud de nulidad por solicitada por el actor, relativa a la presunta irregularidad en el poder otorgado al abogado [A.C], por la no inclusión de sus dos nombres. Auto notificado mediante estado electrónico del 14 de febrero de 2020. De otra parte, en la providencia de 24 de febrero de 2020, dictada en audiencia inicial, el Juzgado accionado (i) negó la práctica de los testimonios solicitados por el ahora tutelante, al advertir que en la solicitud no se precisó el objeto de la prueba; y (ii) no decretó el dictamen pericial grafológico solicitado en la demanda relacionado con el cotejo de la firma de Fredy Giovanny Leguizamón Torres, por considerarlo inconducente. Decisión notificada en estrados el mismo 24 de febrero de 2020. Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare en Auto de 27 de febrero de 2020, notificado en

estado de la misma fecha. Decisión en la cual el referido Tribunal revocó la decisión del Juzgado referente a las pruebas mencionadas y consecuentemente ordenó la práctica de dichas pruebas. Con base en lo anterior, se advierte que transcurrieron más de seis meses entre la notificación del auto de 13 de febrero de 2020 y la interposición de la acción de tutela, puesto que esta se notificó mediante estado del 14 de febrero de 2020. Sin embargo, la acción de tutela se presentó el 14 de abril de 2021. De ahí que entre la notificación de esa providencia y la interposición del amparo constitucional trascurrió un lapso de 1 año y 2 meses. De igual manera sucede con el auto de decreto de pruebas proferido el 24 de febrero de 2020, revocado en auto de 27 de febrero de 2020 por el superior funcional y notificado –este último– en estado de 27 de febrero de 2020. Lo cual denota que entre la notificación del auto que resolvió la apelación y la interposición de la tutela (14 de abril de 2021) trascurrió un lapso de 1 año, 1 mes y 17 días. Por consiguiente, es notorio que frente a los autos de 13 de febrero de 2020 y 24 de febrero de 2020 se superó el plazo razonable de seis meses a que alude la jurisprudencia de esta alta corte. Esto, en principio, no significa el incumplimiento del requisito de inmediatez, ya que el solo paso del tiempo no demuestra su inobservancia. Sin embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional no se encuentra acreditada

una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de transcurrido ese tiempo. Máxime si se tiene en consideración que la parte actora no presentó ninguna excusa ni algún argumento del cual se desprendan las razones por las que se dejó transcurrir dicho lapso, puntualmente, respecto a los Autos de 13 de febrero de 2020 y 24 de febrero de 2020.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01681-01(AC)

Actor: CAMILO TORRES LEGUIZAMÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL La Sala decide la impugnación interpuesta por Camilo Torres Leguizamón contra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera que dispuso: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que alegó la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER como coadyuvantes a los señores Martha Fidelia Vanegas Mendoza, Fainory Alfonso Días, Ángela Patricia Alfonso Díaz, José Isaac Vergel Mazo y

Lizbeth Marcela Torres Leguizamón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por Camilo Torres Leguizamón frente al defecto fáctico, al defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, a la decisión sin motivación y a la causal de violación directa de la Constitución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Camilo Torres Leguizamón en lo que respecta al defecto procedimental absoluto y a la mora judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 14 de abril de 20211, el señor Camilo Torres Leguizamón interpuso acción de tutela, en nombre propio, contra el Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare y el Tribunal Administrativo de Casanare, por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la petición, a la dignidad humana y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “CONCEDER y TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales y de derechos humanos de acceso a la administración de justicia, de defensa, del debido proceso, de legalidad, de petición, de seguridad jurídica, de cosa juzgada, de igualdad, de pro-homine, de no contradicción, de dignidad humana entre los vulnerados descritos en el capítulo V y

contexto del actual documento, en garantía y protección del Derecho Internacional Humanitario y demás derechos conexos invocados, consagrados respectivamente en los artículos 228, 2, 29, 209, 229, 230, 1502, 23, 13, 93, 58, 20, 83, 1, 42, 14 y concordantes de la Constitución Política Nacional de 1991, en concordancia a todo lo expuesto de fondo en la parte motiva del presente escrito. (…)

5. Respetuosamente a sus Honorables Magistrados Consejeros, solicito se revoque y/o se declare la nulidad en lo pertinente contra las providencias del 13 de febrero de 2020, del acto materializado en la audiencia inicial del 24 de febrero del año 2020, del 19 noviembre del año 2020, del 18 de febrero de 2021 (dos autos) proferidas dentro del trámite del litigio N° 1 Generación de tutela en línea. Archivo 105 KB en Samai. 2019-00397 emitidas por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare así como contra la providencia del 08 de abril del 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y en su lugar se procesa a resolver una que se encuentre ajustada a derecho y justicia que garantice y proteja los derechos constitucionales fundamentales y de derechos humanos invocados acorde a la parte motiva expuesta de fondo en el actual amparo constitucional de tutela. (…)

7. Respetuosamente a sus Honorables Magistrados Concejeros, solicito medidas cautelares de protección en que se suspenda la práctica de las pruebas decretadas ilegalmente de los

interrogatorios de parte solicitados en contra del suscrito CAMILO TORRES LEGUIZAMÓN antes CAMILO LEGUIZAMÓN ARIAS (…). 8. (…) ruego a su Honorable Despacho se proceda a resolver una sentencia anticipada para la demanda interpuesta por el suscrito en congruencia a todas las pruebas recolectas y existentes en el proceso N° 2019-00397 y relacionados que se tramita en el Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare junto a las pruebas que se solicitan en el presente litigio, (…)”’

9. Nota: téngase en cuenta que las pretensiones de ésta demanda aunque se encuentran enfiladas contra providencias judiciales y actos procesales también se halla a consecuencia de la materialización de la dilación judicial en la administración de justicia así como por la violación directa de los derechos constitucionales fundamentales como del debido proceso, de legalidad, de igualdad, de cosa juzgada, de pro-homine entre los invocados acorde a lo motivadamente expuesto de fondo”.2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En octubre de 2019, Camilo Torres Leguizamón interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el Municipio de Monterrey – Personería Municipal, con el fin de que se anulara el acto de elección de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado expedido el 9 de septiembre de 2019 por la Personería Municipal de Monterrey – Departamento de Casanare, por medio del cual se declaró la elección de los integrantes de dicha mesa.

Asimismo, solicitó (i) una nueva elección de los integrantes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado 2019-2021 y (ii) la exclusión de la organización Monterrey Libre y demás organizaciones que, a su juicio, presentaron actas de voluntad organizativa o asociativa fictas para hacer valer su inscripción. 2 Escrito de tutela. Folio 8. 2.2. Del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal (Radicado Nro. 85001-33-33-001-2019-00397-00). En el curso del proceso, el actor presentó varias solicitudes de nulidad y recursos, por una serie de circunstancias que en su criterio constituyen irregularidades. Algunas de esas se relacionan con el poder conferido a los abogados representantes de la contraparte y situaciones que los inhabilitan para actuar, la presunta extemporaneidad de ciertas contestaciones y pruebas, el decreto ilegal de pruebas, la necesidad de que la prueba grafológica se decrete para todas las personas que suscribieron actas de constitución para la elección de la Mesa de Víctimas, el retardo en el inicio de la audiencia inicial, entre otros reproches. 2.3. Mediante auto de 13 de febrero de 2020 (providencia controvertida), el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal rechazó de plano la solicitud de nulidad solicitada por el actor; y dispuso otras órdenes. El actor fundó tal solicitud de nulidad (i) en que el poder otorgado por la Personería Municipal de Monterey al abogado Alexander Cristancho Medina

era irregular, puesto que el verdadero nombre del profesional es Jhony Alexander Cristancho Medina; y (ii) en que dicho abogado fungió como curador ad litem de la señora Mercedes Leguizamón Arias dentro de un proceso ejecutivo y como ella es parte en el medio de control, aquel profesional “se encuentra realizando labores en favor y en contra de la señora” lo cual supone que tal profesional está inhabilitado. Cargos desestimados por el Juzgado, en razón a que el señor Torres carecía de legitimación en la causa para proponer el incidente de nulidad, pues tratándose de nulidad por indebida representación, quien debía alegarla era el afectado, es decir la Personería Municipal de Monterrey. Y agregó que en todo caso “de los demás datos como son el número de cedula (sic) y Tarjeta profesional [del abogado Alexander Cristancho Medina], consignados el mismo documento, se puede establecer sin mayor esfuerzo interpretativo obedecen a la misma persona que se encuentra habilitada para el ejercicio del derecho”3 (Corchetes añadidos). 2.4. En auto de 24 de febrero de 2020 (providencia controvertida), proferido en la audiencia inicial, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal (i) negó la práctica de los testimonios, solicitados por el ahora tutelante, de Fredy Giovanny Leguizamón Torres, Carlos Eduardo Guzmán Bogotá y Mercedes Leguizamón Arias, al advertir que en la solicitud no se precisó el objeto de la prueba; y (ii) no decretó el dictamen pericial grafológico solicitado en la demanda, por encontrar inconducente dicha prueba.

Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó recurso de apelación. Y en auto de 27 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó parcialmente el auto de pruebas de 24 de febrero de 2020, en lo relativo al testimonio de Fredy Giovanny Leguizamón Torres y al dictamen pericial de grafología. Motivo por el que ordenó la práctica de tales pruebas. En lo demás, confirmó la providencia recurrida. 2.5. La parte demandante presentó solicitud de nulidad, dada la existencia –en su criterio– de varias anomalías, tales como las siguientes: (i) que se permitió al apoderado de la Personería Municipal de Monterrey, continuar ejerciendo esa calidad, pese a que en el poder no se 3 Auto de 13 de febrero de 2020. Archivo 197 KB en Samai. Folio 2. incluyeron los dos nombres del profesional y a pesar de que aquel tiene un conflicto de interés con la señora Mercedes Leguizamón Arias; (ii) que se permitió al abogado Carlos Fernando Rodríguez Benavides subsanar los poderes, sin declarar extemporánea la contestación de la demanda; (iii) que se decretaron pruebas solicitadas por la contraparte, pese a que no especificó su objeto, mientras que ciertas pruebas por él solicitadas (el demandante) fueron negadas justamente por no haberse especificado su objeto; (iv) que de las decisiones que se han adoptado dentro del proceso se puede advertir la parcialidad del juez; (v) que el Despacho omitió pronunciarse frente a una de las causales de nulidad alegadas en una solicitud de nulidad anterior;

(vi) que la audiencia inicial fue programada a las 9:00 AM, sin embargo, el juez llegó a la sala de audiencias a las 9:30 AM y la grabación empezó a las 9:38 AM; (vii) que la fijación del litigio no fue congruente con todos los hechos expuestos en la demanda; (viii) que debe corregirse el acta de la audiencia inicial, puesto que allí se indicó que el abogado Carlos Fernando Rodríguez Benavides es apoderado de una serie de personas, sin que en el expediente exista prueba de ello; (ix) que hubo desigualdad en la audiencia inicial porque no estuvo representado por un abogado; (x) que se dio prevalencia a la doctrina para adoptar decisiones, en vez de a la ley, la jurisprudencia y la Constitución; (xi) que se omitió decretar como prueba documentos que permiten acreditar que el apoderado de la Personería de Monterrey fungió como curador ad litem de la representante legal de la OV Caminos de Prosperidad. (xii) que ante las falencias en los poderes de los abogados Cristancho Medina y Rodríguez Benavides, debió tenerse por no contestada la demanda por parte de sus representadas; en consecuencia, las pruebas que tales partes solicitaron deben tenerse como obtenidas con violación del debido proceso. Y que dicha circunstancia configura la causal de nulidad establecida en el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso, por omitir las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas. Mediante auto de 19 de noviembre de 2020 (providencia controvertida), el

Juzgado demandado (i) negó la solicitud de nulidad procesal; (ii) ofició al Director Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación para que designara un perito grafólogo encargado de rendir un dictamen pericial en el que determine si la firma que aparece en el acta de constitución de la Organización de Victimas (sic) (OV) Monterrey Libre corresponde a la del señor Fredy Giovany Leguizamón Torres; (iii) e impuso otras órdenes. La autoridad judicial desestimó los argumentos planteados por el señor Torres relativos a la nulidad, con fundamentos en las siguientes razones: (i) el hecho de que en el poder otorgado al abogado Jhony Alexander Cristancho Medina no aparezca su primer nombre no resta valor al mandato conferido, aún más teniendo en cuenta que de los datos aportados al proceso se logró establecer la identidad del abogado; (ii) en la audiencia inicial se indicó que si bien el poder inicialmente conferido al abogado Carlos Fernando Rodríguez Benavides carecía de presentación personal, ese vicio se saneó con el nuevo poder allegado en la audiencia; (iii) aunque la carencia total de poder es una causal de nulidad, en caso de configurarse, el legitimado para alegarla es la persona que está siendo indebidamente representada, situación que no ocurrió en el caso; (iv) en el caso no se configura la causal de nulidad consagrada en el artículo 1335 del Código General del Proceso, ya que no se omitieron oportunidades probatorias; (vi) no constituyen causales de nulidad procesal que el abogado Jhony Alexander Cristancho Medina haya fungido dentro de otro proceso judicial como curador

ad litem de la madre del demandante, que el actor desconfíe de la imparcialidad del juez, que no se haya iniciado la audiencia inicial en la hora programada, que en la fijación de litigio no se haya incluido la totalidad de los hechos narrados en la demanda, que el demandante haya comparecido a la audiencia inicial sin abogado, que se haya empleado doctrina como respaldo de una decisión judicial y que se hayan negado pruebas solicitadas en el curso de incidentes de nulidad. 2.6. El señor Camilo Torres Leguizamón interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto de 19 de noviembre de 2020, pues no estuvo de acuerdo con (i) que se haya negado la solicitud de nulidad procesal, por lo que reiteró las razones por las que consideró que el proceso estaba viciado de nulidad; y (ii) que se haya ordenado que la prueba grafológica se destinaría exclusivamente al análisis la firma de Fredy Giovany Leguizamón Torres, pues en su criterio esta debía practicarse a todas las personas pertenecientes a las organizaciones de víctimas de Monterrey; entre otras inconformidades. 2.7. El 18 de febrero de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal resolvió el recurso de reposición y en subsidio apelación a través de dos providencias: (i) En auto de 18 de febrero de 2021 (providencia controvertida), el Juzgado se pronunció nuevamente sobre las circunstancias que a juicio del actor configuraban nulidad procesal e indicó, en términos similares a lo expuesto en auto de 19 de noviembre de 2020, que ninguna de

estas situaciones viciaban el proceso. En consecuencia, resolvió no reponer el auto de 19 de noviembre de 2020; y rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. Asimismo, conminó “al demandante para que en lo sucesivo acuda a servicios de asesoría jurídica gratuita para evitar la interposición de recursos y nulidades innecesarias e improcedentes que impiden dar mayor celeridad al proceso”. Respaldó su decisión en los siguientes argumentos: (ii) En auto de 18 de febrero de 2021 (providencia controvertida), el Juzgado se pronunció sobre la inconformidad del actor relacionada con que la prueba pericial grafológica se destinara exclusivamente al estudio de la firma de Freddy Giovanny Leguizamón Torres. El Juzgado resolvió no reponer el auto de 19 de noviembre de 2019, en lo relativo a la prueba pericial grafológica y rechazó por improcedente el recurso subsidiario de apelación. Basó su decisión en la siguiente motivación: “si bien el Tribunal Administrativo de Casanare revocó la decisión del Despacho de negar la prueba pericial grafológica solicitada en la demanda, no indicó que debe practicarse tal como allí se solicitó, sino que circunscribe el objeto de la prueba a determinar, conforme al cargo de nulidad invocado (irregularidad en el proceso de inscripción) y lo expuesto en los hechos de la demanda: si la firma del señor Freddy Giovanny Leguizamón Torres ‘corresponde o no a la plasmada en el formato de asistencia a la asamblea de creación de la organización Victimas de

MONTERREY LIBRE y/o a la de CAMINOS DE PROSPERIDAD’.

En claro lo anterior (sic), no podría considerarse que con la decisión de ordenar la práctica de la prueba pericial solo respecto del señor Freddy Giovanny Leguizamón Torres, excluyendo a los demás miembros de las organizaciones de víctimas de Monterrey, se haya negado al demandante la práctica de una prueba pedida oportunamente y ya decretada, sino que se trata de una falta de comprensión de lo decidido por el Tribunal Administrativo de Casanare en auto de 27 de febrero de 2020.” 2.8. El 23 de febrero de 2021, el actor presentó recurso de queja en contra el auto de 18 de febrero de 2021 que se pronunció sobre la prueba grafológica. Mediante auto de 8 de abril de 2021 (providencia controvertida), el Tribunal Administrativo de Casanare declaró que en el auto de 18 de febrero de 2021, relativo al dictamen pericial grafológico, se negó adecuadamente el recurso de apelación propuesto por el actor. Como fundamento de su decisión, el Tribunal manifestó lo siguiente: “Revisado el proveído objeto de queja, en efecto se constata que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal rechazó por improcedente el recurso de apelación propuesto en contra de la decisión de practicar la prueba grafológica de manera exclusiva al señor Freddy Giovanny Leguizamón Torres. Sobre este tópico estima el Despacho que fue correctamente denegado, dado que dentro de las decisiones enlistadas tanto en el artículo 243 se contempla la apelación para los casos en los cuales se niegue la

práctica de una prueba, situación que aquí no ocurrió porque se pudo verificar que el a-quo decretó la prueba de conformidad con la fijación del litigio y el cargo formulado. Se aclara, que el impugnante expone además su inconformidad porque el Juzgado no ha resuelto a su favor las solicitudes de nulidad en que planteó varias situaciones atinentes a los poderes, las contestaciones de la demanda, la extemporaneidad de las actuaciones entre otras circunstancias que nada tienen que ver con este trámite. Se precisa que tales aspectos desbordan la competencia atribuida a este Despacho, pues no hacen referencia al objeto del recurso de queja.”

3. Fundamentos de la acción de tutela 3.1. La parte actora manifestó su desacuerdo con los autos de 13 de febrero de 2020, 24 de febrero de 2020, 19 noviembre de 2020 y 18 de febrero de 2021

(dos providencias) proferidos por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare y el auto de 8 de abril del 2021 dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare. Asimismo, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto, sustantivo, fáctico, error inducido, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, por los motivos que se expondrán a continuación: Defecto procedimental absoluto, debido a que al resolver el recurso de queja el Tribunal accionado “avala las irregularidades proferidas por el A Quo al pronunciarse de fondo que él actor requiere que se haga un estudio de toda la actuación

incluyendo situaciones que a su juicio son nulas, aspecto para el cual no tiene competencia este Tribunal, menos si se tiene en cuenta que todas las solicitudes elevadas por el señor Leguizamón Arias son reiterativas y pretenden provocar nuevos pronunciamientos de situaciones ya consolidadas y decididas (Auto del 8 de abril de 2021, Tribunal), es decir, si lo decidido ha violado los derechos constitucionales fundamentales de la parte demandante entonces así debe quedar consolidado, con vicios de legalidad con vulneración de los derechos fundamentales y de derechos humanos”4. Defecto sustantivo, porque se desconocieron los artículos 207 y 212 y de la Ley 1437 de 2011. Defecto fáctico, en razón a que en el auto de 13 de febrero de 2020 el Juzgado accionado “aprueba la postulación de supuestos doctores (CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ BENAVIDES y ALEXANDER CRISTANCHO MEDINA)”, pese a que no se allegó prueba al proceso ni de los poderes judicial ni “del doctorado”5 de dichos profesionales. Entonces, al no existir firma de los poderdantes ni podía tenerse por contestada la demanda judicial ni podía entenderse que las contestaciones se presentaron oportunamente. Agregó que el abogado Cristancho Medina, representante de la Personería Municipal, está inhabilitado e impedido para actuar en el medio de control, ya que “ha estado supuestamente defendiendo a la parte que integra el demandante en otro proceso judicial en un periodo aproximado antes de tres meses”. Error inducido, en virtud a las actuaciones ocultas del abogado que

representa a la Personería Municipal de Monterrey, Casanare. Decisión sin motivación, en razón a que en el Auto del 13 de febrero de 2020 y en la audiencia inicial “se permitió que el abogado JHONY ALEXANDER CRISTANCHO MEDINA se cambiara el nombre sin que el mismo hubiere hecho presentación personal cuando radicó la contestación de la demanda ni que éste rectificara su nombre en la audiencia inicial ya que el mismo se hace pasar a propósito con el nombre de ALEXANDER CRISTANCHO MEDINA”. Desconocimiento del precedente, debido a que no se aplicó el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 referente a las oportunidades probatorias. Contrario a lo dispuesto en tal norma, se tuvieron en cuenta las pruebas solicitadas por los abogados Carlos Fernando Rodríguez Benavides y Jhony Alexander Cristancho Medina en las contestaciones a la demanda, pese a que estas no se presentaron dentro del término de traslado de la demanda y a pesar de que al primero de estos no se le confirió poder debidamente. Violación directa de la Constitución por los argumentos expuestos con antelación. 3.2. Por otro lado, la parte actora aseguró que en el proceso se ha presentado una dilación judicial, en razón a que desde la interposición de la demanda ha transcurrido más de un año y seis meses. 4 Escrito de tutela. Folio 5. 5 Escrito de tutela. Folio 6. 3.3. Asimismo, el tutelante expresó sus inconformidades frente a las siguientes circunstancias, que en su criterio constituyen irregularidades de parte de las autoridades judiciales accionadas,:

Respecto al Juzgado Primero Administrativo de Yopal Casanare: (i) Que la audiencia inicial fue programada a las 9:00 AM, sin embargo, la diligencia empezó a las 9:38 AM sin motivo justificante, “con un solo fin siendo el de favorecer a la parte demandada para que subsanara una irregularidad”6 frente a los poderes de los abogados de la contraparte. (ii) Que para la contestación de la demanda, los abogados Carlos Fernando Rodríguez Benavides y Jhony Alexander Cristancho Medina no cumplieron los requisitos de ley para fungir como representantes de la contraparte, debido a las irregularidades en los poderes y falta de presentación personal. 6 Escrito de tutela. Folio 44. Ante tales falencias, debió tenerse como no contestada la demanda; contrario a esto se les reconoció personería jurídica y se les permitió subsanar los errores de los poderes. E inclusive se permitió que el abogado Jhony Alexander Cristancho “se cambie o suprima o altere el nombre con el cual fue inscrito para ejercer la abogacía (…) no siendo un mero error de transcripción del nombre sino un cambio de nombre a propósito”7. (iii) Que no se decretaron una serie de pruebas solicitadas en los incidentes de nulidad propuestos; (iv) Que se dio prevalencia a la doctrina sobre la ley con respecto a la obligación de los abogados de utilizar en los estrados judiciales su nombre completo. (v) Que no se decretó la prueba pericial grafológica en los términos solicitados en la demanda, en la que se pretendía que se analizaran las firmas de todas las

personas que suscribieron actas de constitución para la elección de la Mesa de Víctimas. Esto pese a que en Auto del 27 de febrero del año 2020, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó la prueba pericial grafológica conforme se solicitó en la demanda electoral. 7 Escrito de tutela. Folio 37. De hecho, al decretar la prueba pericial exclusivamente para analizar la rúbrica de Fredy Giovany Leguizamón Torres se reformaron los hechos y pretensiones expuestos en la demanda de nulidad electoral. Respecto al Tribunal Administrativo de Casanare (vi) Que al resolver el recurso de queja, el Tribunal erró al sostener que el Juzgado accionado denegó adecuadamente la apelación en lo relativo a la prueba pericial de grafología. (vii) Que con lo dispuesto en el auto que resolvió la queja, cambió su posición primigenia contenida en el auto de 27 de febrero de 2020, en el que se no se especificó que la prueba grafológica se realizaría únicamente frente a la firma de Fredy Giovany Leguizamón Torres. 3.4. Finalmente, solicitó como medida cautelar que “se suspenda la práctica de las pruebas decretadas ilegalmente de los interrogatorios de parte solicitados en contra del suscrito CAMILO TORRES LEGUIZAMÓN antes CAMILO LEGUIZAMÓN ARIAS los cuales se determinaron en el litigio N° 2019-00397 siendo tal suspensión hasta que se decida definitivamente la presente acción de tutela”.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En Auto de 21 de abril de 2021, se ordenó lo siguiente:

(i) admitir la acción de tutela interpuesta por Camilo Torres Leguizamón contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare; (ii) vincular en calidad de terceros con interés legítimo al Municipio de Monterey - Casanare, a la Personería Municipal de Monterrey, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Miriam Alvares, Claudia Yudith Maldonado, María Leticia Casteblanco, Mabel Patricia Galvis, Rubiela Benítez, Sandra Milena Torreyes, Yaqueline Perdomo Moha, Ana Aydee Quintero, Luz Marina Velásquez, German Augusto Barbosa, José Alirio Barrera Pinto, Luis Olivo Ortega, Diego Andrés Cubillos, Gloria Amparo Rodríguez, Fainory Alfonso Díaz, José Antonio Franco, Martha Fidelia Vanegas Mendoza, Ángela Patricia Alfonso Díaz, Martha Mery Barajas, Emilia Beatriz Corredor Hidalgo, Jefferson Andrés Vargas, María Cristina González, Carlos Eduardo Guzmán Bogotá, Nelson Gómez Espitia, Yorjanis De La Hoz, Yuley Andrea Contreras Alvares, Jonatang Mesa González, Maglia Preley Casteblanco Parra, Angy Karina Rojas, José Isaac Vergel Mazo, Yaneth Lesmez Gomes, Lisbeth Marcela Leguizamón Arias, Mercedes Leguizamón Arias y Flor Marina Aguirre Caballero –estos últimos fungen como demandados medio de control por ser