CE-11001-03-15-000-2021-01821-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL / IMPROCEDENCIA EN LA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PERSECTIVA DE GÉNERO - No se acreditó un tratamiento discriminatorio contra la mujer [De manera preliminar, la Sala encuentra que, respecto al argumento de la accionada de aplicar al caso concreto una decisión judicial con enfoque de género,] si bien el Juez tiene la obligación de proferir decisiones con enfoque de género, ello solo es procedente en aquellas controversias que así lo ameriten, donde se puedan evidenciar actos de discriminación a la mujer, no por una mera solicitud. Dicho ello, la Sala no comprende el pedimento de la Jueza Segunda de Familia, en tanto no se esbozó dicho o prueba alguna que permita establecer que se encuentra en las condiciones mencionadas; además, no sobra recordar que la controversia a decidir en el presente asunto, no es otra que definir si se otorgó o no cumplimiento a una sentencia judicial, sin perjuicio de los diferentes pedimentos por parte del actor ante ella y otras autoridades judiciales.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL - Ampara / OMISIÓN EN EL TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA JUDICIAL - No configuración / RECURSO DE INSISTENCIA /

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓNDE JUSTICIA Y DE PETICIÓN / INDEBIDO COBRO DE

ARANCEL JUDICIAL / EXTRALIMITACIÓN DEL JUEZ AL ORDENAR LA

EXPEDICIÓN DE COPIAS NO SOLICITADAS DENTRO DEL PROCESO - Sobre

documentos que pueden contener información reservada ¿La Jueza Segunda de Familia del Circuito de Cúcuta vulneró los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, del acceso a la administración de justicia y de la tutela judicial efectiva del señor [N.A.B.P.], al no otorgarle las copias de la documental por él solicitada, en los términos de la providencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el trámite del recurso de insistencia 54001233300020200002100? (…) [L]a Sala no comprende la interpretación adoptada por la autoridad judicial accionada, ante la claridad de la decisión judicial, la cual deja ver que el Tribunal Administrativo autorizó la entrega de las copias solicitadas correspondientes a los incidentes de desacato señalados por el peticionario; diferente es, que en dichas copias puedan “existir documentos o informaciones que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas que figuren como partes”, piezas procesales que la Jueza tiene la obligación de proteger y evitar su promulgación. Es decir, no se trata de que la titular del despacho, a su libre albedrío, determine que documentación entregará al actor, pues ello ya fue definido por el Tribunal Administrado de Norte de Santander en providencia del 13 de febrero de 2020; diferente es, si en aquella documental autorizada se encuentra información de las partes que pueda afectar sus derechos a la privacidad e intimidad, punto este, en que si será la Jueza quien determine que documentos tienen tal connotación, y por lo mismo deberá mantener su reserva. Ahora, llama la atención de la Sala que la

inconformidad del actor no radica en que le hayan negado alguna información que deba permanecer bajo reserva, sino el hecho que se le informe que debe cancelar por la digitalización de 2308 folios, cuando su interés no es ese, sino unos folios en particular de cada incidente de desacato cuya copia se autorizó. Es decir, de ninguna manera puede la Jueza Segunda de Familia de Oralidad de Cúcuta, exigir el pago del arancel respecto del número de folios por ella identificados, cuando el señor [N.A.B.P.] insiste en que su interés, solo recae respecto de parte de ellos, «los tres primeros folios de cada cuaderno de incidente de Desacato”; situación que genera la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección invoca.

NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del doctor César Palomino Cortés, sin medio magnético a la fecha.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01821-00(AC)

Actor: NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y OTRO La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla2, contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Cúcuta, con ocasión de la falta de

cumplimiento a la decisión judicial del 13 de febrero de 2020, proferida en el trámite de un recurso de insistencia, donde se ordenó la expedición de varios documentos; lo cual considera vulneratorio de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición y del acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES. 1.1. ESCRITO DE TUTELA Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite establecer los supuestos fácticos y jurídicos planteados en el escrito petitorio, así: El señor Nerio Alexander Bastidas padilla fue vinculado al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, en el cargo de Citador Grado 3, del cual fue declarado insubsistente el día 18 de marzo de 2019, por el 1 El expediente ingresó al despacho el 3 de mayo de 2021, según informe electrónico de la secretaría general de la Corporación. 2 Todas las actuaciones adelantadas, informes y pruebas allegados, se podrán consultar en el respectivo expediente electrónico, en el aplicativo SAMAI. incumplimiento de sus funciones relacionadas con el trámite de unos incidentes de desacato.

El 28 de agosto de 2019, presentó derecho de petición ante el referido Despacho judicial, con el fin de que se le entregara copia simple de los incidentes de desacatos que sirvieron de fundamento para la declaratoria de su insubsistencia; respecto de lo cual, se le informó que lo pretendido no era posible al tener “reserva”. Situación que lo conllevó a presentar recurso de insistencia, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de providencia del 13 de febrero de 2020, en la que se ordenó a la Jueza de Familia

que, en el término de tres (3) días, entregara al interesado la documental solicitada. En este punto, afirmó el actor que para la fecha que la jueza lo citó se encontraba la pandemia en su pico más alto, lo que limitó el acceso a las instalaciones del palacio de justicia para realizar la verificación de los incidentes de desacato y poder realizar el conteo de los folios que se requirieron, pues solamente solicitó los 3 primeros folios de cada cuaderno principal de los incidentes de desacato relacionados en la declaratoria de insubsistencia. Ante el presunto incumplimiento a la orden de insistencia, el actor radicó ante el Tribunal Administrativo de conocimiento incidente de desacato, el cual fue desatado a través de providencia del 6 de julio de 2020, en la que se le informó que dicho trámite era compatible con la acción de tutela a la luz del Decreto 2591 de 1991, y no con la Ley 1437 de 2011, por lo cual se abstuvo de dar trámite. En febrero de 2021, el actor allegó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitud de impulso procesal, por cuanto la Jueza Segunda de Familia no ha permitido realizar el conteo de los folios que habían sido solicitados en los incidentes de desacato, la cual, en sentir del actor, vulnera sus derechos al debido proceso y del acceso a la administración de justicia. Indicó que el «30 de julio de 2020, y sin que el suscrito haya realizado el conteo de los folios que requirió[,] la Juez Segunda de Familia remite a mi correo electrónico un listado exorbitante de números de folios que según esta debía de cancelar para ser entregados,

pues desde ese mismo instante le manifesté que no era la cantidad de folios que requería, que solo necesitaba los tres primeros folios de cada cuaderno de incidente de Desacato, pues para el suscrito es absurdo e inverosímil que la Juez Segunda de Familia me imponga una cantidad de folios que no he solicitado, y que estoy en el derecho de expresar cuales son los folios que necesito y cuáles no, lo que sin lugar a duda vulnera el derecho el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho fundamental de petición, pues tal imposición impone una carga que el suscrito no está en la obligación legal de soportar». Dijo que el 5 de abril de 2021, peticionó ante el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cúcuta, «1Se me indique la fecha y hora para acudir a la referida Unidad Judicial para realizar el conteo de los folios de los incidentes de desacato relacionados en el Recurso de Insistencia 2020-021, y poder proceder a pagar el arancel correspondiente, y dar así cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el en referido Recurso […]»; respecto de lo cual, el 16 de abril siguientes, la Jueza le informó: «[…] Frente a esta petición, me permito recordarle que esto ya fue objeto de decisión por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del trámite del recurso de insistencia radicado bajo el N°54-001-23-33-000-2020-00021-00, decisión en la que de una lectura enderezada puede entenderse que quien define lo

que debo entregar es la directora del Juzgado y proceso. Así que, deberá atender lo decidido y no volver sobre el mismo asunto de manera obstinada, pues, por intermedio de la secretaría del Juzgado, se le puso en conocimiento la cantidad de folios por incidente de desacato desde el 30 de julio del año 2020, no habiendo lugar a la fijación de una cita presencial, máxime porque usted mismo aludió ante este Despacho, una supuesta comorbilidad que no le permite asistir presencialmente al Juzgado […]». (Subrayado por el actor) Frente a la respuesta anterior, el tutelante consideró que la misma vulnera sus derechos fundamentales, se torna irrespetuosa y le impone una carga que no debe soportar, «pues como se ha reiterado desde un principio solo se requiere el escrito por medio del cual se solicitó abrir los referidos incidentes de desacato los cuales no sobre pasan los 3 folios cada uno, y no la cantidad exorbitante que la Juez Dra. Saida de Luque me quiere hacer pagar, pues los mismos no son requeridos por el accionante». (sic). 1.1.1. Pretensiones. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, el accionante solicitó que, en amparo de sus derechos fundamentales, «se Ordene al Juzgado Segundo de Familia Oral del Circuito Judicial de Cúcuta, permitir al suscrito por medio de apoderado o de manera personal realizar el conteo de los folios de los cuadernos principales de los incidentes de desacatos relacionados en el Recurso de Insistencia proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con No de Radicado 54-001-23-330002020-00021-00, de fecha 13 de febrero de 2020, para poder cancelar el arancel correspondiente y no la cantidad exorbitante de folios que quieren ser impuestos por la Juez[a] Segunda de Familia, como se puede observar en la respuesta allegada el 30 de julio de 2020, […]».

1.2. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA.

Mediante auto del 23 de abril de 2021, la Consejera ponente admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y de la Jueza Segunda de Familia del Circuito Judicial de Cúcuta, en calidad de accionados.

1.3. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO.

1.3.1. Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Cúcuta. La Jueza titular del despacho accionando, mediante oficio 526 del 9 de abril de 2021, se opuso a la pretensión de amparo con fundamento en los siguientes argumentos: - El señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, vinculado a ese despacho3 hace más de dos años, tiempo que, casi que, en su integridad, ha estado en incapacidad, desconociendo la suerte de este, en el momento, pues, a pesar de los requerimientos que le ha hecho para que manifieste lo que a bien tenga por su ausencia al lugar de trabajo, ha hecho caso omiso; y que, en definitiva, solo asistió al despacho 4 o 5 días, y luego atribuyó haber sufrido un accidente laboral que nunca ocurrió en el juzgado, tal como lo atestiguaron todos los integrantes del equipo de trabajo, y por lo cual la ARL desestimó su acogimiento.

• El actor ha iniciado diferentes acciones frente a las copias de las que acusa como no recibidas, de las cuales se da cuenta de manera detallada. - Mediante memorial de 30 de enero de 2020, el actor presentó recurso de insistencia en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el que solicitó «Que se ORDENE a la Juez[a] Segunda de Familia Oral del Circuito Judicial de Cúcuta,

3Es confuso “temporalmente hablando” el informe rendido, pues se afirma acerca de un vínculo laboral actual del actor, cuando lo cierto es que fue declarado insubsistente desde el 18 de marzo de 2019, a través de Resolución 026, y si bien se dice que la misma «perdió vigencia desde el 9 de abril de 2019, con la emisión de la Resolución N°032 – complementada por la resolución N°061 del 27 de junio del mismo año-, mediante la cual se repuso el acto N°026 memorado», no se allegó copia de esta última que permita establecer con claridad su situación administrativa. Saida Beatriz de Luque Figueroa, remita al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, las copias solicitadas en el derecho de petición de fecha 28 de agosto de 2019, y que sea ésta, la autoridad que determine si las mismas cuentan o no con el carácter de reserva legal.[…]». - El asunto fue desatado de manera favorable, a través de sentencia del 13 de febrero de 2020, en la que «se ORDENA a la señora Jueza Segunda de Familia Oral de Cúcuta, en su calidad de Directora del citado Despacho, que proceda en el término de tres (3) días contados a partir de la comunicación de la presente providencia, a impartir la

orden pertinente a fin de hacerle entrega al señor Nerio Alexander Bastidas Padillas, de los siguientes documentos: […] 1°.- copia simple de los Incidentes de Desacato relacionados en la Resolución No.026 del 18 de marzo de 2019, proferida por la señora Jueza Segunda de Familia Oral de Cúcuta, cuyos radicados son: 2018-0421, 2016-0113, 2017-0157, 2018-0400, 2018-0586, 2018-024, 2018-0521, 2018-015, 2018-374, 20180572, 2017330, 2011-330, 2018-167, 2018-028, 2018-155. 2015-762, 2018-464 y 2018293. […] En el evento en que dentro de las copias de los citados incidentes, existan documentos o informaciones que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas que figuren como partes, no se podrá hacer entrega de copias de tales documentos o informaciones. […] 2.- Copia simple del acuse del envío del correo electrónico de la actuación correspondiente a cada incidente de desacato radicado: 20180421, 2016-0113, 2017-0157, 2018-0400, 2018-0586, 2018-024, 20180521, 2018-015, 2018-374, 2018-0572, 2017-330, 2011-330, 2018-167, 2018-028, 2018-155. 2015-762, 2018-464 y 2018-293. […]» (Negrillas y subrayado de la Jueza accionada).

• El Juzgado solicitó aclaración de la anterior decisión , pues «a pesar de entenderse la orden emitida, no existe claridad con la relación que aquella guarda con el objeto propio del recurso de marras, pues, a pesar de informar que se concede el mismo, se deja a potestad de las suscritas el discernimiento de seleccionar cuales son los documentos solicitados por el petente que se deben someter a reserva, lo que, según conoce ese Honorable Tribunal, ya se estudió determinando que en su totalidad tienen esa calidad, además de extrañarse la legitimación del peticionario para su solicitud, al ser ajeno a las causas relacionadas, razones que conllevaron a la negativa de su expedición, en dos oportunidades anteriores […]»; la cual fue desatado de manera desfavorable. - En vista de tal decisión, resalta que la orden se dictó encaminada a la «[…] copia simple de los Incidentes de Desacato […]», emitiéndose las siguientes directrices: «[…] o El 28 de febrero de 2020 emití la Resolución N°010 de 2020, mediante la cual resolví: «(…) PRIMERO. DISPONER que la secretaria del Juzgado ejecute la expedición y entrega de copias de los documentos contentivos en las causas consignadas en la parte motiva de este proveído. Lo anterior previo escrutinio de los documentos, absteniéndose de hacer entrega de: “(…) documentos o informaciones que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas que figuran como partes (…)”», decisión notificada el mismo día a la secretaria. o El mismo 28 de febrero de 2020, la secretaria elevó constancia secretarial

indicando que las copias solicitadas por el gestor no habían sido expedidas por la falta de pago del arancel por parte del interesado, aunado al hecho de que los expedientes de los incidentes de desacato del caso, se encontraban archivados entre los más de 6000 procesos que se encontraban en el archivo perteneciente al Juzgado. o El 2 de marzo de 2020, la secretaria del Juzgado le remitió al petente el oficio N°435, vía correo electrónico –nerio2905@yahoo.es-, solicitándole el pago del arancel correspondiente a la emisión de las copias pretendidas, según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11176 del 13 de diciembre de 2018 del H.C.S. de la J. o El 3 de marzo de 2020, la secretaria del Juzgado elevó constancia de los hechos acontecidos en la secretaría del Despacho así: “(…) siendo las 9:23 a.m., se hizo presente en este secretaría NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA (…) con el objeto de radicar dos memoriales, momento en el que la suscrita le recordó la necesidad del arancel judicial, para le emisión de las copias solicitadas respecto de los 18 incidentes de desacatos relacionados en el recurso de insistencia absuelto positivamente por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a lo que manifestó que desconocía la cantidad de folios, por lo que la suscrita le indicó que ya se los facilitaba para que, de manera conjunta, verificaran la cantidad de los mismos; no obstante, cuando me di vuelta para acercarle los respectivos expedientes, el mismo se retiró del recinto sin informar nada al respecto”(…).”, constancia suscrita, además por la oficial mayor

y escribiente que presenciaron los hechos. o Ante el silencio y pasivismo del interesado, la secretaria reiteró el oficio N°435, el 28 de julio de 2020, en los siguientes términos: “(…) Mediante el presente me permito reiterarle, POR SEGUNDA VEZ, el requerimiento de la referencia, pues debido a la falta de cumplimiento de su carga, no se ha podido cumplir con la emisión de las copias ordenadas por el H. Tribunal Administrativo de Cúcuta; y por el contrario ha adoptado usted una actitud renuente, tal como se observó el pasado 3 de marzo del dos mil veinte (2020) cuando, siendo las 9:23 a.m., se hizo presente en la secretaría del Juzgado, con el objeto de radicar dos memoriales, momento en el que la suscrita lo requirió –primera reiteración-, nuevamente, para que supliera la necesidad del arancel judicial, para la emisión de las copias solicitadas respecto de los 18 incidentes de desacatos relacionados en el recurso de insistencia absuelto positivamente por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a lo que manifestó que desconocía la cantidad de folios, por lo que la suscrita le indicó que ya se los facilitaba para que, de manera conjunta, verificaran la cantidad de los mismos; no obstante, cuando me di vuelta para acercarle los respectivos expedientes, usted se había retirado del recinto sin informar nada al respecto(…)”. o Reiteración insistida el 30 de julio de 2020, mediante correo electrónico remitido por la secretaria del Juzgado, en el que, luego de una revisión exhaustiva de todos los expedientes para determinar los que debían ser excluidos por contener

información ligada con el derecho a la privacidad, le informó la cantidad de folios de cada uno de estos; así como la custodia que de dos de ellos ejerce el archivo central, con el objeto de que suministrara el arancel pertinente. En este punto se debe aclarar que, previamente, se había citado al interesado para el conteo de folios; no obstante, por la condición de pandemia que atravesamos en la actualidad –pandemia-, se optó por realizar el conteo directamente por parte de la secretaria y evitar el contacto entre dichos empleados. o Frente a lo anterior, el quejoso pretendió modificar su solicitud inicial, contrariando lo ordenado por el H. Tribunal en el recurso de insistencia. o Respuesta ante la cual, nuevamente, se le reiteró el requerimiento para el aporte del respectivo arancel judicial. […]». Finalmente, solicitó que se decida “con perspectiva de género; amén de estudiar la posibilidad de una sanción al quejoso, no sólo por la temeridad con la que claramente ha actuado durante estos últimos dos años, si no por el acoso y persecución frente a la suscrita y algunas empleadas que han sido nombradas por la misma al interior del Juzgado; verbi gratia, la secretaria y citadoras». 1.3.2. Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: i) competencia, ii) cuestión previa - delimitación del asunto a decidir, iii) de la procedibilidad de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de sentencia judiciales – Obligaciones de hacer, iv) problema

jurídico y, v) del caso concreto.

2.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 del 6 de abril de 20214, en cuanto estipula que «Las acciones de tutela dirigidas contra […] Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer la presente acción constitucional presentada contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Segundo de Familia del Circuito Judicial de Cúcuta 2.2. CUESTIÓN PREVIA - DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DECIDIR. 4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. Si bien el señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, identifica en su escrito petitorio como una de las autoridades accionadas al Tribunal Administrativo del Norte de Santander, y pone de presente las actuaciones judiciales adelantadas con ocasión de la sentencia proferida en un trámite de insistencia, cuyo cumplimiento hoy se persigue, no se esboza argumento en su contra, tan es así, que la pretensión de amparo formulada se dirige únicamente contra la Jueza Segunda de Familia del

Circuito Judicial de Cúcuta, con el fin de que acate la referida decisión judicial; razón por la cual, el estudio del asunto será en tal sentido. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de la Jueza accionada relacionada con que se estudie la posibilidad de imponer sanción al actor por la temeridad con que ha actuado ante las diferentes autoridades judiciales y el acoso y persecución respecto de ella y algunas empleadas del despacho del cual es titular; advierte la Sala que ello no tiene vocación de prosperar, pues a parte del dicho, no se esboza argumento que lo sustente ni prueba al respecto. Ahora, si lo pretendido por la Jueza Segunda de Familia es poner de presente conductas inapropiadas de parte del actor respecto de ella y algunas de sus colaboradoras, se advierte que ello no es competencia del Juez de tutela, en principio, y menos, se insiste, cuando no se acreditan tales circunstancias o que ya hayan adelantados los mecanismos correspondientes en búsqueda de correctivos al respecto. 2.2.1. De la perspectiva de género en la administración de justicia. Llama la atención de la Sala, el pedimento de la Jueza Segunda de Familia, en el sentido de que el presente asunto se estudie desde una perspectiva de género; razón por la cual, resulta relevante realizar algunas consideraciones al respecto: El Constituyente de 1991 determinó que «[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica»5; es decir, las mujeres tampoco deben ser discriminadas ni sometidas a tratos desiguales y/o violentos de ningún tipo, esto es, físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. 5 Artículo 13 Constitución Política. Sin embargo, la realidad social, no solo de nuestro país, permite ver que las mujeres viven día a día en un riesgo latente frente a conductas que las ponen en un alto grado de vulnerabilidad, dados los estereotipos en que han sido encasilladas por la misma sociedad a lo largo de la historia, cuya concepción en la actualidad se encuentra aún en evolución. Como mecanismos normativos relevantes en el asunto, se encuentra la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer, acogida por Colombia mediante la Ley 51 de 1981, de cuyo articulado se extraen las obligaciones impuestas a los Estados parte, como el hecho de «[m]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres»6, «reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley»7, entre muchas otras. Así mismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1981), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993) y, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la

Mujer (Beijing, 1995). Por otra parte, la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada mediante Ley 248 de 1995, en su artículo 4 reconoce que «[t]oda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos», entre estos, «[…] El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; [y] [e]l derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; […]». A su vez, mediante Ley 1257 de 20088, en protección de los derechos de la mujer, se ordenó «la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 6 Literal a) artículo 5. 7 Numeral 1 artículo 15. 8 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.»9 Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades,10 de la cual se destaca la sentencia C203 de 201911, en la que se

señaló: «[…] 3. La Constitución Política de 1991 reconoce la igualdad entre hombre y mujer, y particularmente, tiene una marcada tendencia de protección especial de las mujeres.12 Los artículos 40 (participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública), 42 (igualdad de derechos y obligaciones en las relaciones familiares), 43 (iguales derechos y oportunidades de las mujeres frente a los hombres y la prohibición de discriminación en razón del género) y 53 (protección especial de la mujer en el ámbito laboral), muestran el interés del constituyente de fijar en la Carta Política los ejes esenciales del papel de la mujer en el ordenamiento jurídico actual. Esto además se refuerza con la ratificación de tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y establecen obligaciones de los Estados de eliminar cualquier práctica o tratamiento discriminatorio contra ellas.13

4. Especialmente el artículo 43 de la Constitución, ha sido interpretado por la Corte en conjunto con el artículo 13 para establecer el derecho a la igualdad de las mujeres en todas las relaciones sociales. En la sentencia C-588 de 1992, como una de las primeras providencias en las que se pronunció sobre el asunto, la Corte se refirió a la “igualdad entre los sexos”. A propósito señaló que el “[h]ombre y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y están obligados por sus deberes en igual forma a la luz de la Constitución, pues ninguno de los dos sexos puede ser calificado de débil o subalterno para el ejercicio de los primeros ni para el cumplimiento de los segundos, ni implica "per se" una posición de desventaja frente

al otro. La pertenencia al sexo masculino o al femenino tampoco debe implicar, por sí misma, una razón para obtener beneficios de la ley o para hallarse ante sus normas en inferioridad de condiciones. De allí que sean inconstitucionales las disposiciones que plasman distinciones soportadas única y exclusivamente en ese factor»”.14

5. La jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con múltiples sentencias que desarrollan las normas constitucionales que reconocen el derecho a la igualdad 9 Artículo 1.°. 10 Ver también T-624 de 1995, C-588 de 1992, C-410 de 1994, C-068 de 1999, C-082 de 1999, C-112 de 2000, C-1440 de