CE-11001-03-15-000-2021-01897-00(AC)

TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE TUTELA COMO

MECANISMO TRANSITORIO / TRASLADO A FUNCIONARIO DE LA RAMA

JUDICIAL / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO La [accionante], por intermedio de apoderado, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la protección laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud, que estima vulnerados con la Resolución 025 del 14 de abril de 2021, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante la cual concedió el traslado del señor [F.J.U.Y.] de juez primero penal del circuito de Ocaña al de juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta, en provisionalidad. (…) [E]n el asunto bajo examen, se justifica la interposición de la acción de amparo como mecanismo transitorio de protección, pues a más de la condición de salud de la actora y de la afectación de su situación económica ante la desvinculación del cargo que desempeña, toman especial relevancia las condiciones de salud de su hijo, que aunque es cierto que podría gestionar su vinculación en el Sistema de Seguridad Social en Salud del régimen subsidiado, no lo es menos que se causaría un traumatismo en el cambio de especialistas que conocen de su patología. De ahí que la Subsección procede a analizar la solicitud de amparo. (…) En el sub judice se está en presencia de un acto administrativo que concedió el traslado a favor de un tercero, para la plaza

ocupada por una persona que desempeñaba el empleo en provisionalidad y que, por contera, produjo su desvinculación automática del cargo, la cual no requiere de motivación. Sin embargo, es claro que la decisión de traslado, en estricto sentido, sí puede ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que es del caso aceptar como procedente la aplicación de la jurisprudencia al asunto y, en tal sentido, según la salvedad hecha por la Corte Constitucional, acceder al amparo para pedir de la autoridad nominadora la motivación del acto administrativo que concedió el traslado, no así para ordenar que el traslado se realice a alguno de los otros dos juzgados vacantes en el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta, según el pedimento de la accionante. Así las cosas, corresponde a la Sala conceder el amparo al debido proceso de la accionante y, en consecuencia, ordenar al Tribunal accionado que proceda a motivar la decisión de traslado del señor [F.J.U.Y.] al cargo de juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta, en provisionalidad, teniendo en consideración las particularidades señaladas por la [accionante] en el escrito del 5 de abril de 2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01897-00(AC)

Actor: MARJOIRIE TATIANA FUENTES PIMIENTA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y el Comité Seccional de Género de la Rama Judicial.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta, por intermedio de apoderado, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la salud y a la protección laboral reforzada.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Tribunal Superior de Santa Marta que proceda a dictar un nuevo acto administrativo en el que se ordene el traslado a alguno de los otros dos juzgados vacantes, en el cargo de juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta. Esto, de manera temporal, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo defina el fondo del asunto; por lo que deberá ordenarse interponer el medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la providencia de tutela. Y, como medida provisional, solicitó que se suspendan los efectos de la Resolución 25 de 2021, hasta el momento en el cual se dicte fallo definitivo que resuelva la presente acción de tutela. 1.1.2. Los hechos El apoderado de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co i) La señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta ingresó al servicio de la Rama Judicial desde el 1.° de abril de 2008, en el cargo de oficial mayor de un juzgado de pequeñas causas; posteriormente, se desempeñó como juez primero penal municipal con funciones de control de garantías de Santa Marta; y, desde el 31 de mayo de 2016, se le designó como juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad del circuito penitenciario y carcelario de Santa Marta, en provisionalidad, por lo que cuenta con más de 13 años de experiencia. ii) El 16 de febrero de 2015, presentó accidente de origen laboral debidamente calificado en el Dictamen 39045684-110 del 12 de mayo de 2016, en el que se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 7% y le prescribieron restricciones médico laborales, que fueron debidamente notificadas a la Presidencia del Tribunal Superior de Santa Marta. iii) En el año 2021, el señor Fabio José Urrego Yáñez, juez primero penal del

circuito de Ocaña, presentó solicitud de traslado por razones de seguridad, y, en sesión del 17 de febrero de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura rindió concepto favorable, para su traslado a un juzgado de ejecución de penas de la ciudad de Santa Marta. iv) Con ocasión de lo anterior, la señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta solicitó a la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta no tener en cuenta, para el anterior traslado, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Penitenciario y Carcelario de Santa Marta, en atención a su situación médica e, inclusive, de su empeoramiento, ante la excesiva carga de trabajo, razones por las cuales se encuentra sometida a tratamientos particulares de fisioterapia y psicología. De esta solicitud se envió copia a la Comisión de Género de la Rama Judicial. v) Mediante la Resolución 025 del 14 de abril de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Plena, sin hacer referencia alguna a la solicitud de la señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta y, sin motivación alguna, concedió el traslado del señor Fabio José Urrego Yáñez para el cargo de juez, en provisionalidad, en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta. 1.1.3. Los fundamentos jurídicos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1.3.1. Sobre la procedencia de la acción

1. La Corte Constitucional ha señalado que cuando se interpone una acción de tutela contra actos administrativos la regla general es la improcedencia, comoquiera que dentro del proceso contencioso existe el mecanismo de la suspensión provisional; y que sólo de manera excepcional procede la tutela para controvertir actos administrativos de contenido particular, cuando estos vulneran derechos fundamentales y existe la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable. ii) De igual forma, ha indicado que para que la acción de tutela no sea desplazada por el mecanismo de la suspensión provisional, decretada en proceso contencioso, es necesario que se presente la necesidad urgente de amparar un derecho de rango constitucional y no legal, asunto que debe ser verificado cuidadosamente por el juez al establecer la procedibilidad de la acción de amparo.1 iii) En ese entendido, ha referido que cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el juez constitucional debe ordenar la suspensión del acto administrativo enjuiciado hasta tanto el juez contencioso resuelva el fondo del asunto.2 Por lo que se trata de una orden temporal, en aras de garantizar la efectividad del derecho que se pretende proteger mediante la acción ordinaria. 1.1.3.2. Sobre la acreditación del perjuicio irremediable i) El asunto trata de una situación inminente, pues el acto administrativo de traslado fue comunicado al señor Fabio José Urrego Yáñez el 16 de abril de 2021 y, por ende, la desvinculación de la accionante se producirá en los días subsiguientes, de forma tal que la vulneración de sus derechos se materializará en

cuestión de días. ii) La cuestión planteada reviste características de alta gravedad, en atención a la condición de debilidad manifiesta de la actora, pues presenta una disminución 1 Corte Constitucional sentencia SU-697 de 2017. 2 Corte Constitucional, sentencia T-629 de 2008. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co física derivada de un accidente de un trabajo que le ocasionó pérdida de la capacidad laboral, situación que no fue tomada en cuenta por el Tribunal. iii) Además, la señora Marjoirie Tatiana Fuentes depende, en su integridad, de su salario como jueza para su sustento, en tanto no tiene otras fuentes de ingresos para asegurar su manutención, vive en arriendo, ha adquirido varios créditos, en particular, uno con la financiera Juriscoop por valor superior a los $87.000.000, no posee bienes económicos de relevancia que le permitan asumir su manutención en caso de quedar desempleada en plena pandemia por Covid-19, y, además, responde por la educación de su hijo José Rafael Redondo Fuente, quien tiene 19 años y estudia actualmente en la Universidad Sergio Arboleda. iv) De igual manera, su hijo, quien figura como su beneficiario en el régimen contributivo en salud, padece de múltiples cardiopatías congénitas (Tetralogía de Fallot), ha sido intervenido quirúrgicamente en 5 ocasiones, última de las cuales se produjo el 27 de agosto de 2018, en la que se le realizó cambio de válvula

pulmonar, por lo cual requiere de rigurosos y costosos controles, y atención médica integral por parte de la Fundación Cardio Infantil en la ciudad de Bogotá, procedimientos que no podrían serle garantizados en caso de resultar removida de su cargo, de ahí que la interrupción del tratamiento para su enfermedad causaría un detrimento irreversible en sus condiciones vitales. v) Dado que el traslado ordenado se realizará en los próximos días, la acción de tutela es el único medio de defensa con la eficacia suficiente para lograr proteger los derechos fundamentales de la accionante y, por contera, evitar el traslado del señor Fabio José Urrego Yáñez al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta. 1.1.3.3. Sobre la vulneración de los derechos fundamentales alegada i) Se tiene claro que el señor Fabio José Urrego Yáñez agotó el procedimiento previsto en la norma para la solicitud del traslado, motivo por el cual no se controvierte la constitucionalidad o legalidad de esa medida; sin embargo, debe tomarse en cuenta que se trata de otro funcionario que, al igual que la accionante, se encuentra en provisionalidad3 y no en carrera administrativa. 3 Así se sostuvo en el escrito de tutela, página 17. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) Pese a que en la ciudad de Santa Marta existen, en la actualidad, tres juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, el Tribunal accionado concedió el

traslado al Juzgado Primero, ocupado por la accionante, sin tener en cuenta que en los otros dos despachos judiciales no existía ninguna circunstancia de protección constitucional o de debilidad manifiesta, pues, por un lado, el Juzgado Segundo está ocupado por un funcionario que se encuentra en situación administrativa de licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, comoquiera que su cargo, en propiedad, corresponde al de juez promiscuo municipal de Juan de Acosta (Atlántico), y, por otro lado, el Juzgado Tercero está a cargo de un funcionario nombrado en provisionalidad desde el mes de noviembre de 2020, cuando el despacho judicial fue creado. iii) Dado que las tres plazas de juez se encuentran vacantes, pues ninguna está ocupada en propiedad, el Tribunal debía revisar la existencia de circunstancias particulares sobre las personas que las ocupan y proceder a ordenar el traslado en la sede que menor impacto de vulneración de derechos presentase, circunstancia que omitió, en pleno desconocimiento de los derechos fundamentales de la actora. iv) El Tribunal no cumplió con su deber de motivar el acto administrativo de traslado, pese a que existía una solicitud expresa, formulada por la accionante, en la que puso en consideración su precario estado de salud, desconociendo con ello el precedente constitucional sentado en la Sentencia SU 556 de 2014, sobre la motivación de los actos de retiro de funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad, teniendo en cuenta que se trata de una insubsistencia tácita. v) En el caso se está manteniendo un nombramiento en provisionalidad (precario),

para proteger la seguridad de un funcionario, pero, en cambio, se está lesionando otro nombramiento en provisionalidad, pero con persona que ostenta condición de especial protección constitucional. 1.2. Actuación Procesal 1.2.1. Mediante auto del 6 de mayo de 2021, se inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, se requirió al abogado Hernán Guillermo Jojoa Santacruz para que allegara memorial aclaratorio en el que i) manifestara bajo la gravedad del juramento, si había presentado otra acción de tutela sobre iguales hechos, partes o pretensiones, y ii) explicara las razones por las cuales el Consejo Superior de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Judicatura, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y el Comité Seccional de Género de la Rama Judicial se señalaron como autoridades accionadas. 1.2.2. A través de memorial del 11 de mayo de 2021, el apoderado de la parte actora manifestó, bajo la gravedad de juramento, que no ha presentado otra acción de tutela respecto de iguales hechos, derechos, partes o pretensiones, y explicó lo siguiente: i) El Consejo Superior de la Judicatura no tuvo en cuenta que el señor Fabio José Urrego Yáñez ocupa un cargo en propiedad4 y que, en consecuencia, la primera opción era trasladarlo a un empleo de igual naturaleza a aquel respecto del que ostenta derechos de carrera, esto es, al de secretario de Juzgado Circuito

Equivalente o Nominado y no a un cargo de juez en provisionalidad. Lo anterior, según da cuenta el registro de elegibles del 18 de abril de 2016, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander. ii) La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial dio respuesta a la petición del 5 de abril de 2021, en la que la señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta solicitó el acompañamiento e intervención urgente en el proceso de nombramiento del señor Fabio José Urrego Yáñez, como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta, en provisionalidad, solo hasta el 26 de abril de 2020, sin acoger lo solicitado, circunstancia que se pone en conocimiento del despacho para que sea valorada al momento de resolver la acción de tutela. iii) En cuanto al Comité Seccional de Género de la Rama Judicial, se tiene que a pesar de que el día 5 de abril de 2021, la accionante también le solicitó acompañamiento e intervención frente al proceso de nombramiento en provisionalidad del señor Fabio José Urrego Yáñez, a la fecha, no ha dado respuesta a la peticionado. 1.2.3. Por medio de auto del 27 de mayo de 2021, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y al Comité Seccional de Género de la Rama Judicial del Magdalena, como demandados, y al señor Fabio 4 De acuerdo con lo que se afirmó en el memorial del 11 de mayo de 2021.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co José Urrego Yáñez, juez primero penal del circuito de Ocaña, como tercero interesado en las resultas del proceso, para que, dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. De igual forma, se requirió i) a la Rama Judicial, Comité Seccional de Género del Magdalena para que indicara si el día 5 de abril de 2021 fue allegada solicitud por parte de la señora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta y, si es el caso, señalara si le dio contestación; y ii) al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Administrativa, que informara si el señor Fabio José Urrego Yáñez ocupaba algún cargo en propiedad dentro de la Rama Judicial. Y además, no se decretó la medida provisional solicitada por la accionante, al no existir evidencia que permitiera concluir que la protección de los derechos fundamentales invocados no pudiera esperar el trámite expedito de la acción de tutela y, porque, en todo caso, resultaba improcedente, al encontrarse estrechamente relacionada con las pretensiones de la acción. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. Los magistrados David Vanegas González y José Alberto Dietes Luna, integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, informaron que no participaron en la Sala Plena Extraordinaria convocada para el 14 de abril de 2021 en la que se abordó el estudio de la solicitud de

traslado del servidor señor Fabio José Urrego Yáñez, debido a que para esa fecha y hora, como todos los miércoles, está fijada la Sala de Decisión Penal en la que se discuten los proyectos presentados por cada uno de los magistrados que conforman la Sala, según consta en el Acta 049 de esa fecha. 1.3.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Género, a través de la presidenta Stella Jeannette Carvajal Basto, solicitó denegar el amparo constitucional, en atención a los siguientes argumentos: i) La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, creada mediante Acuerdo PSAA08-4552 de 2008, adicionado por el Acuerdo PSAA12-9743 de 2012 y modificado por el Acuerdo PCSJA17-10661 de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, no tiene competencia alguna para efectuar nombramientos al interior de la Rama Judicial como tampoco para intervenir o acompañar dichos procesos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ii) La Comisión Nacional no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, pues mediante oficio del 26 de abril de 2021, remitido vía correo electrónico, se dio respuesta a la solicitud elevada por la jueza Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta, en el que se le informó que la Comisión es un órgano de apoyo al Consejo Superior de la Judicatura para la aplicación de la equidad de género y la fijación de la política de igualdad y no discriminación en la Rama Judicial con

enfoque diferencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo 4552 de 2008 y que, en consecuencia, no tiene competencia directa sobre las intervenciones requeridas en la solicitud del 5 de abril de 2021. 1.3.3. El Comité Seccional de Género del Magdalena, por intermedio de la presidente María del Pilar Herrera Barros, rindió informe en los siguientes términos: i) El 23 de abril de 2021, se convocó a una reunión extraordinaria a efectos de debatir la solicitud de acompañamiento presentada por la doctora Marjoirie Tatiana Fuentes Pimienta, jueza primera de ejecución de penas de Santa Marta, en relación al traslado a ese cargo del doctor Fabio José Urrego Yáñez. La reunión se realizó el 26 de siguiente, a través de la plataforma Teams y a ella concurrieron todos los miembros del Comité, a excepción de la doctora Miriam Fernández de Castro, a quien se le aceptó impedimento, pues, como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, hizo parte del cuerpo colegiado que decidió la petición de traslado que afectaba a la tutelante. ii) Analizado el requerimiento, en atención a la interpretación de la naturaleza y funciones de los Comités Seccionales de Género, se concluyó que estos no tenían la potestad para hacer intervenciones puntuales en casos concretos, y así se le expresó a la accionante en la respuesta que se remitió a su correo institucional mfuentepi@cendoj.ramajudicial.gov.co el 27 de abril de 2021, por lo que no es cierta la afirmación de su apoderado consistente en que no se resolvió su solicitud.

1. A la luz de lo dispuesto por el artículo 10 del Acuerdo PSAA084552 del 20 de febrero de 2008 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los Comités Seccionales de Género, que funcionan en cada Distrito Judicial del país, tienen como función aplicar y velar por el cumplimiento de las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directrices de la Comisión Nacional de Género5 y, a su vez, esta última tiene como misión orientar e impulsar el desarrollo de la equidad de género y el cumplimiento de sus objetivos y planes de acción encaminados a garantizar la igualdad y la no discriminación de las mujeres en el acceso a la administración de justicia y a los cargos de la judicatura, y la introducción de la perspectiva de género en la actuación y la formación judicial. iv) Los Comités Seccionales de Género y la Comisión Nacional de Género no pueden desplegar acciones puntuales que interfieran en las competencias específicas de las autoridades judiciales, ni en su función natural de impartir justicia, ni en la accidentales de carácter administrativo como la relativa a los hechos y actos en los cuales la accionante finca la hipotética vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, integridad personal y dignidad humana. v) Pese a las especiales circunstancias que rodean el traslado alegado como vulneratorio de los derechos fundamentales de la accionante, la actuación del Comité está ajustada a las competencias que le otorga la norma que dispuso su

creación y funcionamiento, y cualquier otra conducta no solo desbordaría su competencia, sino que supondría una injerencia arbitraria en las facultades de otra autoridad, en este caso, del Tribunal Superior de Santa Marta que tenía el deber de decidir sobre el traslado del funcionario amenazado. 1.3.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dejó transcurrir el término de traslado en silencio.

2. Consideraciones 2.1. Competencia De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,6 modificado por el inciso segundo del numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, según el cual «cuando se trate de acciones de tutela presentadas por 5 La Comisión Nacional de Género a su vez tiene como misión “orientar e impulsar el desarrollo de la equidad de género y el cumplimiento de sus objetivos y planes de acción encaminados a garantizar la igualdad y la no discriminación de las mujeres en el acceso a la administración de justicia y a los cargos de la judicatura y la introducción de la perspectiva de género en la actuación y la formación judicial”. 6 Modificado por el numeral 8 del artículo 1.o del Decreto 1983 de 2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo […] En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la

Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado», la Sala es competente para conocer del presente asunto. 2.2. Problema jurídico Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir el acto administrativo contenido en la Resolución 025 del 14 de abril de 2021, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Plena. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida decisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la protección laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de la accionante, al ser proferida sin motivación alguna. 2.3. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de tutela contra actos administrativos es improcedente, en atención a que contra estos el legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento, de forma tal que aceptar su procedencia directa para controvertir actos administrativos desdibujaría su carácter excepcional y, además, contravendría lo previsto en el artículo 86 Constitucional, en el que, de manera clara, se señala que el mecanismo de amparo procede solamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, el referido artículo abre la excepción de que la acción de tutela puede proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada

de la Corte Constitucional, debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente, es decir, si está ocurriendo o está próximo a ocurrir; ii) grave, o tiene la potencialidad de dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante; iii) que requiere de medidas urgentes; e iv) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co impostergable, a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo, en toda su integridad. Y a más de lo anterior, la Corte también ha desarrollado como excepción adicional, el evento en que el medio judicial ordinario no sea idóneo o eficaz dadas las circunstancias del caso concreto o las condiciones personales de vulnerabilidad o debilidad del afectado, situaciones que, de ser comprobadas, darían lugar a la procedencia del mecanismo de amparo como solución definitiva del asunto.7 Quiere decir lo anterior que el instrumento de amparo solo tiene lugar cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse, o cuando dentro de los diversos medios legales existentes ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado. De no tenerse en cuenta dichos parámetros, el juez constitucional desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del ordenamiento jurídico. 2.4. Sobre la provisión de vacantes en la Rama Judicial Frente a este evento pueden confluir dos situaciones jurídicas: de un lado, el

nombramiento en la vacante de quien superó un proceso de selección y resultó elegible para proveer el cargo en razón del mérito y, de otro, la provisión de la vacante con ocasión de la situación administrativa de traslado, del que, en términos de los artículos 134 y 152 de la Ley 270 de 1996, pueden hacer uso los empleados judiciales nombrados en propiedad en cargos de la Rama Judicial. Es decir, que pueden confluir para una misma vacante, tanto una lista de elegibles como una o varias solicitudes de traslado. Frente a este último evento, que es el que compete al caso en estudio, es válido traer a colación la Sentencia C-295 de 2002, en la que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la modificación efectuada al artículo 1348 de la Ley 270 7 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013, T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras. 8 Artículo 134. Traslado. Modificado por el art. 1, Ley 771 de 2002. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslado entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Procede en los siguientes eventos: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co de 1996, sobre los eventos en que procede la solicitud de traslado por parte de los empleados judiciales, como la del numeral 69 del artículo 152 de dicha preceptiva, que prevé el derecho a la solicitud de traslado cuando, por razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible continuar en el cargo. Refirió la Corte, en aquella ocasión, que el derecho señalado para todas las hipótesis establecidas en el artículo 134 en mención, no implica que el traslado solicitado por el empleado judicial opere automáticamente, pues para que este proceda se requiere de condiciones y requisitos que deben ser cumplidos por los interesados, de la emisión de conceptos favorables, de competencia específica de los Consejos Seccionales de la Judicatura o del Consejo Superior de Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, como de la decisión de los respectivos nominadores en aceptar o no las solicitudes de traslado. Así, en el artículo 22 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017,10 se dispuso que para la decisión definitiva de las solicitudes de traslado se deben remitir a las respectivas autoridades nomin