CE-11001-03-15-000-2021-01930-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE

CONTROL DE PROTECCIÓN A LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO

DETERMINADO DE PERSONAS / CONTRADICCIÓN AL DICTAMEN

PERICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA

VALORACIÓN NORMATIVA

[L]a parte actora estimó que la providencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por la autoridad judicial accionada [incurrió] en errada interpretación normativa de los artículos 227 y 228 del Código General del Proceso, en tal sentido, si bien el actor no precisó el defecto en que incurrió la autoridad judicial cuestionada, de la lectura de los argumentos de la demanda se logra inferir que se refiere al defecto sustantivo, razón por la cual esta Sala de Decisión procederá en ese sentido a analizar la providencia censurada. (…) [Esta Sala] evidencia que la tesis que aplicó la Sección Tercera al caso de marras tuvo en cuenta la normativa relativa al dictamen pericial y la contradicción de los mismos, solo que, al abordar el caso no concluyó lo mismo que el a quo. Sin embargo, para esta Sala de Decisión es importante señalar la necesidad de que el juez de instancia, en cumplimiento a sus deberes legales y constitucionales, debe hacer un análisis de la congruencia de la providencia respecto de las pretensiones del proceso en curso y los argumentos de contradicción. Así mismo, cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta de los criterios anteriormente descritos, incurre en una vía de hecho constitucional, generando una alteración sustancial del objeto del proceso en curso y el fin

esperado a través del mismo, lo que conlleva a un quebrantamiento del derecho de defensa y contradicción de las partes, circunstancia que no se evidencia del presente proceso. (…) [De modo que,] no se [está] ante ninguna vía de hecho, o vulneración evidente por parte de la autoridad judicial accionada, y mucho menos se ha violado el debido proceso del accionante, lo anterior debido a que de igual manera este tendrá la posibilidad al interior del proceso ordinario controvertir las pruebas o dictámenes presentados por la aseguradora, lo cual denota que no se ha configurado ninguna circunstancia tendiente al desmedro de los derechos de las partes, pues este tendrá en la etapa procesal correspondiente el espacio para debatir sobre los medios de prueba respectivos. Por lo anterior, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, no podía realizar apreciaciones diferentes a las establecidas dentro de la providencia de 9 de noviembre de 2020. La Sala, una vez revisada la providencia judicial cuestionada, los argumentos esbozados dentro de los cargos planteados, y las intervenciones, concluye que no hay lugar a acceder al amparo deprecado, por no encontrarse configurado el defecto sustantivo planteado.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de la doctora Rocío Araújo

Oñate.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01930-00(AC)

Actor: YIMMY ARLEY VIZCAYA ROJAS Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela El 21 de abril de 2021, el señor Yimmy Arley Vizcaya Rojas, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y la igualdad.

Estimó vulneradas las anteriores garantías constitucionales con ocasión del auto de fecha 9 de noviembre de 2020, proferido por la autoridad judicial accionada, al interior del trámite de la acción de grupo identificada con el radicado No. 7300123-33-000-2015-00741-00, promovida por el accionante y otros contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Isagen S.A. E.S.P., y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, en el cual se vinculó a Mapfre Seguros Generales Colombia S.A. y Allianz Seguros S.A., en calidad de llamadas en garantía.

2. Hechos Los supuestos fácticos de la presente solicitud, en síntesis, son los siguientes:

2.1. El señor Yimmy Arley Vizcaya Rojas y otros2 promovieron demanda de acción de grupo con el fin de lograr el pago de los perjuicios causados a los demandantes en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Isagen S.A. E.S.P., y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 1 Modificado por el numeral 8 del artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021. 2 Huver Jairo Cruz Romero, Sor Yaneth Pérez Loaiza, José Emilio García Molina, Marleny Arias Malambo, Ana Beatriz Romero Galvis, Rosalba Vásquez Medina, Manuel Antonio Avendaño, Alexander Matoma Rincón, Ángel Enrique Fajardo Caicedo, Ferney Matoma León, Jair Marín Piñeres, Felisa Chaue Remigio, Hermógenes Rincón Cortés, Victor Manuel Márquez, Reinaldo Rincón Avendaño, Melquicedec Bustos, Fanny Morales Pérez, Rosa María Moya Avendaño, Rafael Matoma Cuellar, Simón Monjes Quiñonez, Miguel Ángel Zapata García, Luz Alba Rojas González, Bellarina Rincón Borbón y Rogelio Lezama, también demandantes en la acción de grupo descrita. Cortolima, por los perjuicios causados a un grupo determinado de personas, con el fin de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsables por haber desaparecido algunas fuentes hídricas como quebradas, arroyos y espejos de agua, de sus fincas productoras, proceso llevado a cabo ante el Tribunal Administrativo del Tolima con radicación 7300123-33-000-2015-00741-00.

2.2. Al interior del proceso anteriormente descrito, el magistrado ponente corrió traslado, el 30 de noviembre de 2017, del dictamen pericial presentado por la parte accionante a los demás sujetos procesales, sin embargo, el apoderado de la aseguradora Allianz Seguros S.A. el 14 de diciembre de 2017 solicitó ampliación del término para poder allegar dictámenes periciales, y para controvertir el aportado por la parte demandante, solicitud que fue resuelta por el tribunal el 17 de enero de 2018, mediante auto que la denegó, indicando: “el término de contradicción otorgado se encuentra ajustado a derecho y porque, además, la audiencia para la contradicción de la prueba pericial, ha sido fijada para el día 20 de febrero del año en curso, lapso prudencial para que las partes, si a bien los tienen, soliciten complementación o aclaración, o presenten y fundamenten sus objeciones” 2.3. El 23 de enero de 2018, la aseguradora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto anteriormente descrito, manifestando que, debido a la complejidad y magnitud del dictamen pericial presentado por el extremo accionante, era imposible realizar un estudio y nuevo peritaje sobre el tema en 10 días, solicitando se aplicara el artículo 227 del C.G.P. otorgando un término para presentar el informe contradictorio. 2.4. El 9 de febrero de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió no reponer el auto del 17 de enero de 2019, donde precisó que no se estaba vulnerando el derecho al debido proceso de Allianz Seguros S.A.,

dado que tendría la oportunidad de aportar el nuevo dictamen pericial en la audiencia dispuesta para tal efecto. 2.5. En consideración a lo anterior, el apoderado de la aseguradora Allianz Seguros S.A., allegó escrito el 20 de febrero de 2019 aportando dos dictámenes periciales con el propósito de que fueran incorporados al proceso y se pusieran a disposición de las partes. 2.6. El 4 de abril de 2019 el Tribunal Administrativo del Tolima profirió auto a través del cual convocó a audiencia de contradicción del dictamen pericial del perito de los accionantes, al interior de dicho proceso, señor Leonardo Arguelles Zarate y al perito de la aseguradora Allianz Seguros S.A. Carlos Aguirre Suarez. 2.7. En el curso de la citada audiencia, el apoderado de la aseguradora solicitó al a quo se interrogara a los peritos que realizaron la experticia para la contradicción y que admitiera los dictámenes aportados, empero, dicha Sala de Decisión precisó que dicha solicitud debía realizarse por escrito, en virtud de que no era el momento procesal correspondiente para formularla. 2.8. Así pues, el 8 de julio de 2019 el apoderado de la aseguradora presentó memorial solicitando la admisión de los dos dictámenes periciales antes descritos, presentados el 20 de febrero de 2019, a fin de que fueran tenidos como pruebas de las objeciones al dictamen presentado por la parte accionante. 2.9. El 23 de julio de 2019 el tribunal negó la solicitud de admisión de los dos

dictámenes periciales, donde determinó que se había allegado de manera extemporánea, pues el término de traslado en el que debió haber aportado los dictámenes para la contradicción corrió desde el 30 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2017. 2.10. El 26 de julio de 2019, el apoderado de la aseguradora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, argumentando que el tribunal accionado aplicó de manera errada la normatividad del Código General del Proceso, dado que el término de traslado en el trámite de contradicción de los dictámenes periciales, no era preclusivo, por tal razón los dictámenes no fueron presentados fuera del término; sumado a lo anterior, precisó que el 14 de diciembre de 2017 se había radicado de manera oportuna escrito en el que solicitó un término prudencial para poder allegar el dictamen pericial. 2.11. Mediante auto de 28 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima negó la reposición del auto de 23 de julio de 2019 y rechazó el recurso de apelación por improcedente, dado que las experticias aportadas eran extemporáneas, las cuales debieron ser presentadas dentro del término de traslado de los dictámenes periciales, y que el auto recurrido no se enmarcaba en los supuestos establecidos por el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 como susceptible de apelación. 2.12. Sin embargo, la aseguradora interpuso recurso de reposición y en subsidio de queja el 2 de septiembre de la misma anualidad indicando que el

auto que negó el decreto de la prueba pericial, sí era susceptible de apelación, de acuerdo con la remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 1998. 2.13. El 27 de febrero de 2019, el a quo decidió no reponer la decisión recurrida y procedió a que se expidieran copias para surtir el trámite de queja. 2.14. El 28 de enero de 2020 la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció respecto del recurso de queja formulado y consideró que el auto que negó el decreto de pruebas sí era susceptible del recurso de apelación, por lo que dicha impugnación fue concedida en el efecto devolutivo. 2.15. La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, mediante providencia de 9 de noviembre de 2020, ordenó revocar la decisión de 28 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y decretó, los dictámenes periciales presentados por la aseguradora el 20 de febrero de 2019, para lo cual deben ser sometidos a la respectiva contradicción de acuerdo con lo establecido en la ley. En tal sentido expreso: “si bien es cierto que el Tribunal Administrativo del Tolima no fundamentó sus decisiones en el artículo 227 del Código General del Proceso, no puede pasarse por alto que sí le manifestó́ al llamado en garantía que este se encontraba facultado para aportar su contra dictamen hasta la celebración de la audiencia de contradicción del dictamen decretado en favor de la parte demandante, lo que significa que tácitamente aceptó el planteamiento del actor de prorrogar el

mencionado plazo.” (…) “el despacho considera que el a quo indujo a error al llamado en garantía al manifestarle que era posible que allegara el contra dictamen hasta la audiencia de contradicción del dictamen pericial solicitado por la actora, de ahí que sea razonable que se entienda que la oportunidad para presentarlo fue extendida hasta ese momento.

15. En ese sentido, no puede tenerse como extemporánea la petición probatoria formulada por la llamada en garantía y, en consecuencia, debe revocarse la decisión adoptada en primera instancia.

16. Por otro lado, el despacho considera que la experticia allegada cumple con los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, toda vez que versa sobre los hechos del proceso, su propósito es desvirtuar otro dictamen pericial y es idónea para demostrar lo que se pretende, por lo que resulta procedente su decreto. No obstante, se destaca que la prueba podrá ser controvertida conforme a lo previsto en la ley.”

3. Sustento de la vulneración La parte accionante sostuvo que el auto de 9 de noviembre de 2020 proferido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad del grupo actor, ya que la solicitud realizada por la aseguradora ya había sido resuelta a través de dos decisiones judiciales en firme: i) el auto de 9 de febrero de 2018, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Tolima no repuso el auto de 17 de enero de 2018 y que negó el recurso de apelación y; ii)

la providencia de 22 de abril de 2019, que negó la solicitud de 9 de abril de la misma anualidad donde la aseguradora pretendía se autorizara comparecer dos peritos autores de dos conceptos técnicos, al interior de la audiencia de contradicción del dictamen pericial. Con base a lo anteriormente descrito, indicó que el auto cuestionado mediante la presente acción constitucional vulneró los derechos fundamentales del grupo actor, revivió un asunto ya resuelto, desconociendo los principios de cosa juzgada, preclusión y seguridad jurídica. Manifestó que el Consejo de Estado realizó una interpretación errada de la ley procesal, precisando que “las decisiones que negaron las solicitudes de ALLIANZ SEGUROS S.A., son claras, con respecto a la ampliación del plazo para presentar los contra dictámenes, la autorización para que sus peritos comparecieran a la audiencia de contradicción del dictamen, la incorporación de los dos dictámenes” y que “el Consejo de Estado en el auto cuestionado considera que “significa que tácitamente aceptó el planteamiento del actor de prorrogar el mencionado plazo”, errando en la interpretación de los artículo 227 y 228 del Código General del Proceso. Precisó que el artículo 227 del CGP regula la oportunidad para la incorporación de dictámenes al interior del proceso, y el 228 ibídem trata específicamente la contradicción de los dictámenes, regulación que, en su sentir, no puede utilizarse para subsanar la falta de diligencia de las partes, extendiendo su interpretación a otras situaciones reguladas de manera especial en otras normas. Adujo que la petición probatoria presentada por la aseguradora es extemporánea, sin embargo, la Sección Tercera de esta Corporación, consideró

que estaba dentro del término para presentarla. Expresó que la falta de diligencia por parte de la aseguradora no puede considerarse como una inducción al error por parte del juez de primera instancia, ya que “el apoderado debió ser diligente y utilizar todos los medios de defensa a su alcance dentro de las oportunidades que ofrece la ley para hacer que el proceso retomara el camino correcto, pero reaccionar de manera tardía o inadecuada no subsana su falta de diligencia.”

4. Pretensión constitucional El accionante solicitó, en su escrito de tutela, lo siguiente: “1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad del grupo actor de la acción de grupo con radicación 73001233300020150074100, la cual se tramita en el Tribunal Administrativo del Tolima, vulnerados con el auto proferido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, fechado 09 de noviembre de 2020, con radicación 73001-23-33000-2015-00741-01 (65244), con ponencia del Honorable Magistrado RAMIRO

PAZOS GUERRERO.

2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin ningún valor y efecto el auto proferido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, fechado 09 de noviembre de 2020, con radicación 73001-23-33-000-2015-00741-01 (65244).”3

5. Trámite de primera instancia 5.1. Mediante auto del 29 de abril de 20214, el despacho de quien ahora funge como ponente admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar por el

3Acción de tutela ubicada en el aplicativo SAMAI índice 2, folio 1, del archivo denominado: 3ED_DEMANDA_21_4_202111_01_25P NBSPM(.pdf); rad. 11001-03-15-000-2021-01930-00 4 Aplicativo SAMAI, índice 5, documento denominado: 9AUTOQUEADMITELAACCION(.doc); rad. 11001-03-15-000-2021-01930-00 medio más expedito y eficaz a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que contestara la presente tutela y allegara los documentos que pretendiera hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio; y como terceros con interés dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo del Tolima, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Isagen S.A. E.S.P., la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, Mapfre Seguros Generales Colombia S.A., Allianz Seguros S.A., Huver Jairo Cruz Romero, Sor Yaneth Pérez Loaiza, José Emilio García Molina, Marleny Arias Malambo, Ana Beatriz Romero Galvis, Rosalba Vásquez Medina, Manuel Antonio Avendaño, Alexander Matoma Rincón, Ángel Enrique Fajardo Caicedo, Ferney Matoma León, Jair Marín Piñeres, Felisa Chaue Remigio, Hermógenes Rincón Cortés, Victor Manuel Márquez, Reinaldo Rincón Avendaño, Melquicedec Bustos, Fanny Morales Pérez, Rosa María Moya Avendaño, Rafael Matoma Cuellar, Simón Monjes Quiñonez, Miguel Ángel Zapata

García, Luz Alba Rojas González, Bellarina Rincón Borbón y Rogelio Lezama. Por otro lado, dada la naturaleza del proceso en el cual se dictó la decisión reprochada en tutela, esto es en el marco del medio de control consignado en el artículo 145 del CPACA5, se ordenó a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima6 y a la Secretaría General de esta Corporación7, que realizaran una publicación en el sitio web correspondiente, para que pongan en conocimiento de la comunidad en general la existencia de la presente solicitud de amparo.

6. Intervenciones Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

6.1. Allianz Seguros S.A. Mediante correo electrónico de 4 de mayo de 20218, el apoderado de la aseguradora dio respuesta a la presente acción de tutela argumentando que el actor pretende convertir en tercera instancia procesal la solicitud de amparo, ya que no acreditó haber discutido en sede ordinaria la cuestión que ahora pretende debatir. 5 Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo

obligatorio. 6 Aplicativo SAMAI, índice 8, documento denominado: 9AUTOQUEADMITELAACCION(.doc); rad. 11001-03-15-000-2021-01930-00 7 Aplicativo SAMAI, índice 26, documento denominado: 9AUTOQUEADMITELAACCION(.doc); rad. 11001-03-15-000-2021-01930-00 8 Aplicativo SAMAI, índice 12, documento denominado: 19RECIBEMEMORIALESPORCORREOELE CTRONICO_04052021RESPUESTATUTE LA(.pdf) Adujo que el actor no hizo uso de las oportunidades adjetivas ordinarias para ejercer su derecho de contradicción en torno al recurso de queja y de apelación legal, que fueron oportunamente interpuestos, para lo cual, no planteó oposición alguna a la postura que desde diciembre de 2017 se establecieron en torno a las reglas que rigen la práctica y contradicción de los dictámenes periciales en las acciones de grupo de conformidad al Código General del Proceso. Indicó que el relato de los hechos por parte del accionante no corresponde a la verdad acaecida, argumentando que el magistrado ponente de la providencia hoy objeto de controversia nunca desconoció las providencias ejecutoriadas. Además, planteó que la relación de los hechos fue inexacta y fragmentaria, razón por la cual, manifestó que la verdad procesal se puede apreciar con claridad en el expediente del procedimiento ordinario. Expresó que la regulación procesal sobre el dictamen pericial en el Código General del Proceso no permite concluir “que el único espacio con el que contaban

los sujetos procesales para aportar experticios que permitieran fundamentar los reparos a las conclusiones y análisis del Ing. Argüelles, fuese el lapso acaecido entre el 30 de noviembre de 2017 y el 14 de diciembre del mismo año. Antes bien, no hay duda que la normatividad reinante deja varios vacíos e interrogantes, que bajo ninguna circunstancia pueden ser subsanados mediante interpretaciones que se dirijan a crear, de modo extralegal, requisitos formales y oportunidades perentorias que limiten el ejercicio del derecho de contradicción de las partes, y dificulten la materialización del derecho sustancial (arts. 1179 y 12810 CGP).” Por lo tanto, concluye que nunca se ha estado en presencia de un término procesal legal que delimitara, el periodo en el que las partes pudieran aportar experticios para contradecir el dictamen del ingeniero Argüelles. En tal sentido, y con fundamento en los anteriores argumentos solicitó se niegue la petición de amparo, dejando incólume el auto del 9 de noviembre de 2020. 6.2. Isagen S.A. E.S.P. Mediante correo electrónico de 5 de mayo de 202111, el apoderado de la empresa Isagen dio respuesta a la presente acción de tutela, realizó un breve recuento de los hechos ocurridos al interior de la acción de grupo en la cual 9 “Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido

proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”. 10 “Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial”. 11 Aplicativo SAMAI, índice 12, documento denominado: 19RECIBEMEMORIALESPORCORREOELE CTRONICO_04052021RESPUESTATUTE LA(.pdf) actúa como demandada, aduciendo que se ha garantizado el derecho de defensa y contradicción de las partes procesales, y se ha otorgado la oportunidad para controvertir las pruebas al interior de esta. Por otra parte, indicó que la decisión que se pretende atacar, vía acción de tutela, no fue arbitraria, ni ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico, por el contrario, como se encuentra probado el auto proferido el 9 de noviembre de 2020, fue apoyado en las pruebas oportunamente allegadas, en la legislación aplicable y en la jurisprudencia vigente. Adujo que la decisión controvertida, no encuadra en ninguno de los presupuestos enunciados para que pueda proceder la tutela contra la misma, y reiteró que la decisión emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” no incurrió en ninguna irregularidad procesal, razón por la cual la tutela no esta llamada a prosperar. Argumentó que no hay vulneración al debido proceso deprecado por el

accionante, toda vez que el trámite procesal llevado a cabo en el proceso, que se adelantó en desarrollo de la acción de grupo, fue seguido con estricta rigurosidad la normativa aplicable al caso en estudio. Con base en lo anteriormente expuesto, solicitó negar por improcedente la presente acción, toda vez que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno. 6.3. Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado Mediante escrito enviado el 6 de mayo de la presente anualidad, el magistrado ponente de la providencia objeto de controversia, contestó la presente acción indicando que “aunque la parte accionante expresa que esta Corporación interpretó de manera errónea las disposiciones establecidas en los artículos 227 y 228 del Código General del Proceso, debe señalarse que dicha circunstancia fue ampliamente desarrollada en el proveído del 9 de noviembre de 2020, en el cual, valga decir, se estimó que los citados artículos se debían interpretar de manera armónica con la finalidad de que todas las partes procesales lograran ejercer su derecho de defensa y contradicción.” Por otra parte, precisó que la manifestación hecha por el tribunal en el auto de 9 de febrero de 2019, donde indicó que no se estaba vulnerando el derecho al debido proceso, pues la solicitante tendría la oportunidad de aportar el nuevo dictamen pericial en la audiencia dispuesta para tal efecto, abrió la posibilidad de que pudiera aportarlo en la audiencia de contradicción del dictamen. Esta circunstancia indujo a error a la sociedad aseguradora al manifestarle que era posible aportar el nuevo dictamen, así pues, dicha situación no se le puede

endilgar a la aseguradora, pues esta aportó con posterioridad y previo a la realización de la audiencia de contradictorios los dictámenes que pretendía hacer valer. Sumado a lo anterior, precisó que al interior de la providencia censurada se realizó un estudio de las experticias allegadas por la aseguradora, concluyendo que estas cumplían con los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba. Por último, mediante el auto de 9 de noviembre de 2020, se dispuso que los dictámenes allegados por la sociedad aseguradora debían ser sometidos a la respectiva contradicción, de acuerdo con la ley, por tal motivo el accionante tiene la posibilidad de debatir el contenido de estos al interior de la audiencia de contradicción de dictamen, así como dentro del trámite de la acción de grupo. Así pues, solicitó desestimar la petición de amparo formulada, por cuando la decisión adoptada en la providencia encartada se ajustó a la ley procesal vigente. 6.4. Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima Mediante escrito remitido a través de correo electrónico, la apoderada de Cortolima contestó la presente acción manifestando que es inexistente el argumento del accionante tendiente a determinar la vulneración de los derechos fundamentales descritos, toda vez que la providencia emitida el 9 de noviembre de 2020 por el Consejo de Estado, resolvió el recurso de queja interpuesto por la aseguradora, el cual se encuentra establecido en la legislación y que se ciñó a la normatividad aplicable, basándose en argumentos jurídicos y procesales por parte de la autoridad accionada en la presente solicitud, sumado a que

todas las partes intervinientes en el proceso han gozado de las mismas prerrogativas y oportunidades, atinentes al derecho de contradicción, las cuales adicionalmente todavía sigue teniendo, dado que se encuentran en la etapa probatoria de la acción de grupo pudiendo hacer ejercicio de los derechos anteriormente descritos en igualdad de condiciones. Por otra parte, adujo que el accionante omitió precisar el cumplimiento de los mecanismos de defensa ordinarios a que tiene derecho al interior del proceso estudiado, y tampoco demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que lo obligara a utilizar el presente mecanismo judicial, siendo este de carácter excepcional. Concluyó indicando que el accionante omitió identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación, razón por la cual solicitó negar el amparo. 6.5. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Por medio de correo electrónico enviado el 7 de mayo de la presente anualidad, la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta la presente acción constitucional haciendo una breve descripción del Decreto 2591 de 1991 y el Código General del Proceso, relativo al objeto, actuación judicial y computo de términos procedentes para la acción de tutela. Adicionalmente realizó un resumen de los hechos esbozados por el accionante, y los fundamentos jurídicos, para posteriormente manifestar los argumentos de defensa del ministerio, precisando que no hay prueba alguna tendiente a demostrar la vulneración de los derechos del accionante, siendo su obligación, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso.

Por otra parte, contrario a lo manifestado por el accionante, respecto a que el Consejo de Estado desconoció las providencias proferidas por el tribunal, este dio pleno valor a estas, dado que el Tribunal Administrativo del Tolima indicó que en la audiencia de contradicción del dictamen podía ejercer la objeción de este. Así pues, solicitó de manera comedida sean denegadas por improcedentes las peticiones de amparo constitucional. 6.6. Tribunal Administrativo del Tolima El tribunal por su parte se limitó a informar el trámite seguido con relación a la publicación en la pagina web de la rama judicial la admisión de la presente acción, con el fin de poner en conocimiento a los terceros con interé