CE-11001-03-15-000-2021-01955-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / PROCESO EJECUTIVO / REQUISITOS DEL TÍTULO VALOR - Que contenga una obligación clara, expresa y exigible / ACTA DE LIQUIDACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA - No contiene una obligación clara, expresa y exigible, si en ella se estipulan cláusulas contradictorias / DEFECTO SUSTANTIVOConfiguración / INADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de EstadoSección Segunda, Subsección A, que negó el amparo de tutela invocado por [la parte actora], o si la solicitud de amparo es procedente para verificar las presuntas irregularidades en las que incurrió Tribunal Administrativo de BolívarSala de Decisión N° 7 al proferir la sentencia de 26 de febrero de 2021, dentro del proceso ejecutivo promovido por CONSASOLUCIONES S.A.S., contra [la entidad accionante] y Cormagdalena. (…) [Para la Sala,] el acta de liquidación bilateral no cumple con los requisitos definidos por la ley para configurar un título ejecutivo, dado que no cuenta con los elementos que integran la obligación de dar, ni los que otorgan certeza de la información contenida. De suerte que no es posible establecer a ciencia cierta, qué es lo que se adeuda, ni a que corresponde el valor adeudado. Por el contrario, consta la disposición contenida en la cláusula segunda de dicha acta, de acuerdo con la cual, las partes se encuentren a paz y

salvo por todo concepto. (…) De acuerdo con lo anterior, para que un acta de liquidación contractual, cumpla con los requisitos para prestar mérito ejecutivo, requiere que defina con claridad la suma adeudada al contratista o el saldo pendiente de pago y la forma como se va a pagar, sin que dé lugar a suposiciones o a interpretaciones. Por otro lado, conviene recordar que, tal como lo señala el artículo 297 numeral 3 del CPACA, el acta de liquidación contractual constituye título ejecutivo cuando en ella se establecen obligaciones expresas, claras y exigibles, de allí entonces que si las partes suscriben dicho acto de mutuo acuerdo, incorpora un negocio jurídico que expresa la manifestación de voluntad de las partes y en esa medida solo puede ser invalidado por algún vicio de consentimiento, esto es, error, fuerza o dolo. Asimismo, en el acta de liquidación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, se deben dejar consignadas las obligaciones por ejecutar, los acuerdos, conciliaciones o transacciones pendientes entre las partes; lo que no ocurrió en el presente caso, dado que sobre el particular las partes guardaron silencio y manifestaron estar a paz y salvo. (…) En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia de 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, pues la decisión de revocar la providencia de 30 de septiembre de 2019 , estuvo basada en una interpretación errónea de la norma, en la medida en que no era evidente que el acta de liquidación contractual incorporara una obligación clara, expresa y

exigible, susceptible de ser reclamada por vía ejecutiva, conforme lo dispone el artículo 422 del CGP. Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada efectúo un análisis equívoco del material probatorio allegado al expediente del proceso ejecutivo y aplicó e interpretó la normativa aplicable al caso de forma errónea, lo que no resulta válido a la luz de los criterios jurisprudenciales de la Corporación; de forma tal que la providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró el derecho fundamental al debido proceso, invocado por la parte accionante, constituyendo vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 297 - NUMERAL 3 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 422 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 430

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-01955-01(AC)

Actor: MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado del Municipio de Hatillo de Loba contra el fallo de 20 de mayo de 2021, proferido por el Consejo de EstadoSección Segunda, Subsección A, por medio del cual negó el amparo de tutela solicitado por el accionante.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones El Municipio de Hatillo de Loba, en ejercicio de la acción de tutela, por intermedio de su apoderado, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad procesal y a la defensa, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de BolívarSala de Decisión N° 7, al proferir la providencia de 26 de febrero de 2021, dentro del proceso ejecutivo con radicado N° 13001-2333-004-2014-00208-01 (04), promovido por Construcciones Asesorías y Soluciones-Consasoluciones S.A.S., contra el Municipio de Hatillo de Loba y la

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la MagdalenaCormagdalena. 2

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia En el escrito de tutela, la parte actora solicita: “(…) respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y configuración de una autentica vía de hecho,

estableciendo las consecuencias jurídicas constitucionales que a bien tenga ustedes en decretar, que para el presente caso sería en primer lugar, ordenarle al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión N°. 7 dejar sin efectos el fallo de Segunda Instancia de fecha 26 de febrero de 2021, el cual fue notificado por email al Municipio de Hatillo de Loba, Bolívar, el día 16 de abril de 2021, y en su lugar, sea confirmado la sentencia proferida por el ad-quo dentro del proceso donde funge como parte actora CONSASOLUCIONES S.A.S., y parte ejecutadas: MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, BOLÍVAR Y CORMAGDALENA, bajo la radicación: 13001-23-33-004-2014-00208-00” (Sic)

2. Los hechos La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación: Indicó que el Municipio de Hatillo de Loba y Cormagdalena, suscribieron el convenio interadministrativo N° 1-0027-2009 de 13 de octubre de 2009, por un valor de $2.205.492.744 COP, destinado a realizar diseños y obras de control de inundaciones y erosión en el municipio.

Precisó que para darle cumplimiento a lo anterior, el municipio celebró el contrato de obra LP-001-2010 de 7 de enero de 2010 con la Unión Temporal Yangtse1, que tuvo por objeto el diseño y construcción de obras para el control de inundaciones y erosión en el municipio de Hatillo de Loba. Señaló que el contrato de obra LP 001-2010 de 7 de enero de 2010, fue liquidado

bilateralmente el 31 de enero de 2013 y en su numeral segundo señaló “que las partes se encontraban a paz y salvo”, y no se establecieron salvedades ni se dejó constancia de reclamación ni de alguna obligación pendiente. Adujo que con posterioridad a la ejecución y terminación del mencionado contrato, el 29 de junio de 2012, se celebró un contrato de cesión de derechos patrimoniales entre la Unión Temporal Yangtse y Construcciones Asesorías y Soluciones S.A.S., quienes iniciaron un proceso ejecutivo que correspondió conocer en primera instancia al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena 1 La unión temporal Yangtse fue constituida el 14 de diciembre de 2009 integrada por S&P Asesoría y Proyectos Limitada y Eduardo Gabriel Hernández Peña. 3

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia que en providencia de 30 de septiembre de 2019, declaró probada la excepción de fondo de inexistencia de la obligación.

Contra dicha decisión la parte ejecutante presentó recurso de apelación que conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar, que mediante fallo de 26 de febrero de 2021 revocó la decisión del a quo. 2.1 Consideraciones de la parte actora. La parte actora alega que en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de BolívarSala de Decisión N° 7, no se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 422 del Código General del Proceso y desconoció la normativa procesal

sobre las obligaciones que son susceptibles de reclamación en un proceso ejecutivo, esto es, le dio valor de título ejecutivo al acta de liquidación del contrato, sin que en el mismo constara una obligación clara, expresa y exigible, por lo que se puede inferir que pretende que se estudie si se incurrió o no en un defecto sustantivo.

3. Trámite procesal Mediante auto de 30 de abril de 2021 se admitió la demanda, se ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Tribunal Administrativo de BolívarSala de Decisión N° 7, y se puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, a la empresa Construcciones Asesorías y SolucionesCONSASOLUCIONES S.A.S., a la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la MagdalenaCORMALGDALENA y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, para que realizaran las manifestaciones pertinentes.

4. Intervenciones 4.1 Consasoluciones S.A.S. 2, hoy Conshdez Vergara y Cia en C, indicó que la pretensión de la parte tutelante es utilizar la acción de tutela como una tercera 2 Enviado mediante correo electrónico chopevergara@yahoo.com

4

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia instancia, máxime cuando no expuso cuál o cuáles son las causales específicas de procedibilidad de este mecanismo constitucional, y se limitó a citar los

argumentos del salvamento de voto de uno de los integrantes de la corporación accionada sobre la sentencia del 26 de febrero de 2021. Por otro lado, precisó que la decisión del Tribunal estuvo basada en la ley y la jurisprudencia aplicables al caso, esto eso, sobre la ejecución de las obligaciones contenidas en las actas de liquidación de los contratos estatales, ya que en las mismas debe constar una obligación clara, expresa y exigible. 4.2 El Tribunal Administrativo de Bolívar3, solicitó se declare improcedente el amparo de tutela con base en lo siguiente: Señaló que la liquidación de un contrato es el momento en el cual cada parte adquiere conocimiento de sus derechos y obligaciones a cargo y así se debe dejar consignado en la respectiva acta de liquidación, de manera que la declaratoria de paz y salvo implica la conformidad de ambas partes con la ejecución contractual, excepto si hubo salvedades anotadas, ya que son necesarias para legitimar una posible reclamación judicial posterior. Indicó que la sentencia atacada se fundamentó en el soporte probatorio, normativo y jurisprudencial sobre el particular por lo que no es arbitrario, ni vulnera ningún derecho fundamental. 4.3 La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA, manifestó su deseo de coadyuvar la presente acción de tutela, para lo cual indicó: Señaló que la Universidad de Antioquia, quien actuó como interventora en el contrato interadministrativo N° 1-0027 de 2009, presentó informe final en agosto de 2011, en el cual precisó que “la ejecución de las obras marco del contrato de

obra KP 001-2010 se encuentran las obras inconclusas (sic) debido a la 3 Enviado mediante correo electrónico desta02bol@notificacionesrj.gov.co 5

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia negligencia del contratista en lo que corresponde a su ejecución, y se ha empleado el 100% del plazo a la fecha del presente informe y se tiene un avance de obra del 81.39% respecto al valor total del contrato”, es decir que el contratista no cumplió con la totalidad del contrato.

Indicó que con la sentencia de segunda instancia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en la medida en que no se ajusta a lo previsto en el ordenamiento jurídico ni a los precedentes judiciales expedidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Señaló que en el acta N°1 de 29 de septiembre de 2010, celebrada entre el Municipio de Hatillo de Loba y Cormagdalena, se modificó el convenio interadministrativo, así: “(…) las partes acuerdan: PRI MERO.- Modificar la CLAUSULA precitada la cual quedará así: CLAUSULA CUARTA: DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOSCORMAGDALENA, pagará mediante actas parciales de corte de obra mensual, autorizados y con vistos buenos de la interventoría del convenio. PARÁGRAFO. El último desembolso está supeditado a la suscripción del acta de liquidación por parte del Municipio.”

Por lo que teniendo en cuenta lo anterior, el desembolso por parte de Cormagdalena tenía dos condiciones: la primera era tener el visto bueno de la interventoría y que se debía suscribir un acta de liquidación; sin embargo, una de las mismas no fue cumplida, ya que el informe de interventoría indica que las obras se encontraban inconclusas, lo cual generó el incumplimiento de lo estipulado en el acta N°1 de 29 de septiembre de 2010 y, por ende, no era posible atribuirle una obligación a Cormagdalena. Señaló que se debe tener en cuenta que el acta de liquidación celebrada entre el contratista y el municipio no tiene la obligación expresa que pretende exigir la Sociedad Consasoluciones S.A.S., en la medida en que la simple suscripción de la misma no configura título ejecutivo, por lo que hubo una indebida valoración probatoria, esto es, un defecto fáctico. 6

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia Alegó que el Tribunal incurrió en defecto orgánico porque ordenó seguir adelante con la ejecución sin tener competencia para ello, también en defecto sustantivo porque realizó una interpretación errónea de la norma y los precedentes judiciales aplicables sobre los requisitos de configuración de un título ejecutivo. 4.4El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, guardó silencio en esta etapa procesal.

5. La providencia impugnada El Consejo de EstadoSección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de

20 de mayo de 2021, negó el amparo de tutela invocado por el Municipio de Hatillo de Loba, argumentando lo siguiente: Advirtió que la parte actora no señaló cuál o cuáles son los defectos en que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de Bolívar al expedir la sentencia atacada; sin embargo, de los argumentos expuestos, se infiere que enuncia la configuración de un defecto sustantivo derivado de la desatención del artículo 422 del Código General del Proceso. Indicó que Cormagdalena solicitó que se le reconociera como coadyuvante y aunque se evidenció que tiene un interés legítimo en los resultados del proceso, aclaró que solo se tendrán en cuenta los argumentos relativos a las pretensiones de la entidad, en la medida en que ese es el alcance la figura de coadyuvancia, la cual no implica el reconocimiento de intereses personales, o pretensiones particulares, ni tampoco la condición de accionante, porque existe la prohibición de que el tercero coadyuvante realice planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el peticionario. Con el fin de determinar si hubo o no defecto sustantivo, realizó un análisis de la providencia atacada, esto es la sentencia de 26 de febrero de 2021, que revocó la providencia de 30 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, que declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación y finalizó el proceso y, en su lugar, encontró no 7

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia demostrada esa excepción ni las propuestas por la parte ejecutada de contrato no cumplido y falta de legitimidad del título ejecutivo y ordenó seguir adelante con la ejecución, por lo que el Tribunal determinó que dicha acta de liquidación si contenía obligaciones claras, expresas y exigibles y, por ende, constituía título ejecutivo al definir los crédito y deudas recíprocas y obligarse a lo estipulado en el documento suscrito.

Adicionalmente, precisó que en la etapa post contractual es donde las partes se declaran a paz y salvo y señalan cuáles son las prestaciones insolutas y fijan las condiciones de cumplimiento, y de no estar de acuerdo están en la posibilidad de hacer observaciones o salvedades sobre el particular, por lo que si no se realizaron las mismas, no es posible después realizar reclamaciones judiciales sobre aspectos que no fueron objeto de salvedad. Luego, explicó que pese a que en el numeral segundo declararon encontrarse a paz y salvo, ello no constituía una contradicción que restara claridad a la obligación o validez del documento como título ejecutivo porque el reconocimiento de un saldo a favor del contratista era una salvedad que se estaba reclamando a través de la acción ejecutiva, máxime cuando quedó acreditado que el pago del último desembolso a favor del contratista estaba condicionado a la suscripción del acta de liquidación en Acta N°1 de 29 de septiembre de 2020 que modificó la cláusula cuarta del contrato LP 001-2010. Por lo que en virtud de lo anterior, el tribunal accionado concluyó que no existió

ninguna contradicción entre el reconocimiento del saldo a favor del contratista y la declaratoria de paz y salvo consignada en el título ejecutivo porque el último desembolso estaba condicionado a la suscripción del acta de liquidación y en esa medida, con la firma de dicho documento surgió la obligación para la ejecutada de pagar al ejecutante la suma reclamada, obligación que es clara, expresa y exigible. En suma, se encontró que la pretensión no tenía ánimo de prosperar porque el Tribunal explicó que el acta de liquidación contenía una obligación clara, expresa y 8

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia exigible, derivada del pago del saldo final a favor del contratista, lo cual se encuentra en armonía con el artículo 422 del Código General del Proceso; por lo tanto, la autoridad judicial accionada no incurrió en indebida interpretación de la disposición invocada, sino que determinó a partir del análisis del contenido del acta que se encontraban satisfechos los presupuestos legales para exigir su pago a través de la actuación ejecutiva, en tanto que se probó que existía un pago pendiente del valor del contrato, obligación que estaba condicionada a la suscripción del acta de liquidación y que fue incluida en el título ejecutivo.

Por otro lado, el Dr. Roberto Mario Chavarro Colpas presentó salvamento de voto en el sentido de que se debió haber confirmado la providencia recurrida toda vez que el título ejecutivo no reúne uno de los requisitos, esto es, contener una

obligación clara y no se tiene que exista aceptación expresa de la acreencia adeudada al ejecutante por parte del ejecutado, por lo que para reclamar las deudas generadas de un contrato que se liquidó bilateralmente es necesario que se haya dejado constancia expresa en el acta de liquidación de las obligaciones recíprocas, las que deben contener un mínimo de especificación de las mismas.

6. La impugnación El Municipio de Hatillo de Loba, a través de su apoderado impugnó4 la sentencia del Consejo de EstadoSección Segunda, Subsección A, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones: Señaló que no concuerda con lo decidido por el juez a quo, y solicita se revisen los argumentos planteados en la demanda.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 4 Enviado mediante correo electrónico dircelabogado25@gmail.com 9

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

2. Problema jurídico La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de EstadoSección Segunda, Subsección A, que negó el amparo de tutela invocado por el Municipio de Hatillo de Loba, o si la solicitud de amparo es

procedente para verificar las presuntas irregularidades en las que incurrió Tribunal Administrativo de BolívarSala de Decisión N° 7 al proferir la sentencia de 26 de febrero de 2021, dentro del proceso ejecutivo promovido por CONSASOLUCIONES S.A.S., contra el Municipio de Hatillo de Loba y Cormagdalena.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional5 y el Consejo de Estado6 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente. 5 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842

de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T-074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T059 de 2015. 6 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de

2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos

Alimenticios S.A. 10

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los

requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes7: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el

mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política. Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional. 7 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. 11

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar

Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia 3.1 El Defecto Sustantivo La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática (…)”.8 La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del

principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, consideró: “[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”9. En las sentencias T092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó: “[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por 8 Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández 9 Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 12

Radicado: 11001-03-15-000-2021-01955-01

Demandante: Municipio del Hatillo de Loba

Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia tratarse de una interpretación contraevidente10 (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes11 (irrazonable o desproporcionada) […]”.

(Destacado de la Sala).

4. Caso concreto 4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que el defecto alegado puede llevar consigo una violación del derecho fundamental al debido proceso, igualdad procesal y defensa, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues se interpusieron los recursos pertinentes dentro del proceso ejecutivo promovido por Consasoluciones S.A.S., contra el Municipio de Hatillo de Loba y Cormagdalena, y, no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión12. Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que las providencias que se cuestionan en el asunto de la referencia no fueron proferidas dentro de una acción de tutela, sino qu