CE-11001-03-15-000-2021-02153-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL

PROBATORIO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN /

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO MATERIAL / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO – No se acreditó el lucro cesante / PRESUNCIÓN DEL LUCRO CESANTE – Respecto de los hijos menores de 25 años / RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN A FORFAIT - Compatibilidad con la indemnización por responsabilidad extracontractual / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACCIDENTE AÉREO / MUERTE DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, se refirió a las pruebas testimoniales practicadas a la señora [Y.N.O.F.] y [D.E.A.], respecto de las cuales concluyó que si bien se indicó que con posterioridad a la muerte del señor [D.G.O.U.] la familia se afectó económicamente, lo cierto es que las testigos afirmaron que desconocían cómo la víctima directa ayudaba a sus familiares, es decir, no se probó cuanto se dejó de percibir si no hubiera ocurrido el daño antijurídico. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial accionada afirmó que no se

aportaron pruebas adicionales con el fin de evidenciar la configuración de un perjuicio material, es decir, que la parte interesada no cumplió con la carga probatoria relacionada con el lucro cesante. Igualmente, si bien el tribunal reconoció la compatibilidad entre la indemnización a forfait y la responsabilidad extracontractual del Estado, lo cierto es que este no negó el reconocimiento del perjuicio material por haberse reconocido esa indemnización, sino por el hecho de que la demandante no asumió la carga procesal que le correspondía para demostrar el mencionado perjuicio. En efecto, las testigos afirmaron que desconocían la colaboración económica del esposo fallecido de la señora [C.R.], lo cual no favoreció a la actora respecto a la pretensión relacionada con el reconocimiento del lucro cesante. (…) De lo anterior, la Sala constató que las anteriores pruebas aportadas y solicitadas se allegaron al proceso ordinario en debida forma y fueron admitidas en el curso de la audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2018, además se ordenó la recepción de testimonio de las señoras [Y.N.F.] y [D.E.R.A.]. A juicio de la Sala, la parte actora aportó y solicitó pruebas que iban encaminadas a demostrar la responsabilidad extracontractual del Estado por la falla en el servicio en el accidente aéreo en el que falleció su esposo, pero no se orientaban a demostrar la dependencia económica. Sobre este particular, valga indicar que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido, reiteradamente, que el lucro cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el

futuro al patrimonio de los perjudicados o víctimas indirectas. Igualmente, ha considerado que, como todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que como consecuencia del daño antijurídico dejó de percibir el salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia. De otro lado, la demandante insiste en que las mismas pruebas con las que se reconoció la indemnización a forfait son las mismas para acreditar el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, sin embargo, dicha afirmación no es acertada, pues los requisitos para la primera se encuentran establecidos en la ley, y respecto a la segunda, depende de las particularidades de cada caso concreto, para lo cual los interesados cuentan con los diferentes medios de prueba consagrados en el ordenamiento jurídico. Por otra parte, respecto de la supuesta vulneración del principio a la igualdad, en razón a que a su hija se le reconoció el lucro cesante, la Sala debe destacar que la autoridad judicial accionada indicó sobre ese particular que “existe una presunción legal – más exactamente jurisprudencialen el sentido, que los hijos dependen económicamente de los padres hasta los 25 años”. Es decir, que la señora [J.C.R.] y su hija menor de edad no están en igualdad de condiciones, por lo que el reconocimiento del lucro cesante en las condiciones que determinó la

autoridad judicial accionada no vulnera el derecho a la igualdad alegado por la demandante. En esas condiciones, no se evidencia que el tribunal demandado valorara de manera irracional o caprichosa los testimonios o, en su defecto, que dejara de valorar alguna prueba encaminada a demostrar la ocurrencia del perjuicio material en la modalidad del lucro cesante por la muerte del esposo de la accionante, razón por la cual no se observa que en la sentencia objetada se configure un defecto fáctico. Tampoco se observa que haya incurrido en violación directa de la Constitución, por vulnerar el derecho a la igualdad. En consecuencia, la Sala se negará las pretensiones de la acción de tutela presentada por la parte actora.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02153-00(AC)

Actor: JULIANA CASTAÑO ROJAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Perjuicio material en la modalidad de lucro cesante. Defecto fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y precedente judicial SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela

promovida por la señora Juliana Castaño Rojas, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con la decisión de negar el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de la actora dentro del medio de control de reparación directa que adelantaron contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, en el que solicitó la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por el fallecimiento de su cónyuge, el señor David Gustavo Orjuela Urrego.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos La accionante afirmó que su esposo, quien se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional, falleció en un accidente de helicóptero el 13 de marzo de 2016, en el municipio de San Calixto, Santander.

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, en la que solicitó el resarcimiento de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante, los cuales se generaron como consecuencia de la muerte de su cónyuge. Relató que el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Bogotá, Sección Tercera, en fallo de 30 de mayo de 2019, declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional y reconoció los perjuicios morales a la ahora accionante y a

su hija, y negó el pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. Indicó que contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 21 de mayo de 2020, modificó parcialmente el fallo de primera instancia en lo concerniente al reconocimiento del perjuicio material por lucro cesante, el cual se concedió solo respecto a la hija menor de edad y no frente a la señora Juliana Castaño Rojas. Señaló que la anterior decisión se sustento en el hecho de que no se probó “LUCRO CESANTE de la esposa de la víctima, o mejor, que a pesar de concederle los perjuicios materiales de la hija los niega a la cónyuge sobreviviente con un argumento desatinado, aceptando la indemnización a forfait, pero exigiendo haber demostrado una supuesta diferencia entre lo recibido por la pensión y lo que excede del perjuicio material; algo completamente novedoso y hasta descabellado para la jurisdicción contenciosa; repetimos, completamente en contravía con la indemnización a forfait y contradiciendo por completo la misma sentencia aquí impugnada”. Por último, manifestó que por auto de 5 de noviembre de 2020, la sentencia de 21 de mayo de 2020 fue corregida, por lo que la decisión quedó ejecutoriada el 14 de noviembre de 2020.

2. Fundamentos de la acción La parte accionante sostuvo que el tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con la decisión de negar el lucro cesante, modalidad de perjuicio material

que fue reconocido a su hija menor de edad. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico “por OMISION EN LA VALORACION PROBATORIA respecto de la prueba del lucro cesante de la esposa de la víctima, como perjuicio por dejar de recibir una ayuda periódica por actividad lícita lucrativa por el resto de su vida con ocasión de la muerte de su esposo, conforme a derecho y causalmente relacionada con el daño antijurídico reconocido en el Proceso”. Señaló que la sentencia, al negar indebidamente una prueba legalmente aportada al expediente, o al exigir más allá de lo probado una prueba imposible, vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales de la accionante. Indicó que el tribunal accionado desconoce que en el presente asunto la prueba del lucro cesante deriva de las mismas circunstancias que sirvieron de prueba a la indemnización a forfait, pues se trata del mismo trabajo, salario e igual pérdida, pese a que la causa jurídica de la indemnización difiere. Resaltó que la sentencia objetada omitió valorar la prueba testimonial válidamente allegada en relación con el lucro cesante, pues haciendo parte del acervo probatorio la prueba del trabajo de su difunto esposo como patrullero de la Policía Nacional, con un salario establecido y su muerte en el accidente del helicóptero, las cuales utilizó para aceptar que ya se había recibido una indemnización administrativa predeterminada de naturaleza laboral, sin embargo, la desconoció para probar el lucro cesante como daño hacia el futuro. Relató que el tribunal demandado vulneró el principio de igualdad, toda vez que bajo las mismas pruebas otorgó el perjuicio material en la modalidad de lucro

cesante a su hija menor de edad, sin embargo, bajo esas mismas condiciones se lo negó a la actora. Finalmente, manifestó que “la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Proceso de Reparación Directa de Juliana Castaño Rojas y Otros contra NaciónMinisterio de Defensa – Policía Nacional - Radicación No. 1100133-43-062-2017-00125-01, Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Garzón Martínez, también incurre en un defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto al dejar de un lado lo sustancial para negarle el perjuicio material a la accionante CASTAÑO ROJAS; de igual forma desconoce múltiples precedentes judiciales del Honorable Consejo de Estado, como máximo órgano de lo contencioso administrativo”, sin señalar las sentencias que invoca como precedente ni la regla jurisprudencial supuestamente aplicable.

3. Pretensiones La actora formuló las siguientes: “Acudo al Juez Constitucional, señoría, en los términos y condiciones del artículo 86 de la constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991, para solicitar que judicialmente se reconozca que a través de la Sentencia del 21 de mayo de 2020, Proceso de Reparación Directa de Juliana Castaño Rojas y Otros contra NaciónMinisterio de Defensa – Policía NacionalRadicación No. 11001-33-43-062-2017-00125-01, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección “A” Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Garzón Martínez, se violaron los derechos fundamentales y principios constitucionales invocados en el

presente escrito y como consecuencia de lo anterior respetuosamente solicito:

1. Que se conceda la tutela de los derechos fundamentales a la Igualdad, Debido Proceso, Acceso a la administración de justicia, Precedente Jurisprudencial y demás que fueron conculcados a través de la Sentencia de fecha 21 de mayo de 2020, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, notificada por correo electrónico el 1 de junio de 2020, pero corregida en el mes de noviembre de 2020, quedando ejecutoriada el 14 de noviembre de 2020, Proceso de Reparación Directa de JULIANA CASTAÑO ROJAS y Otros. contra NaciónMinisterio de Defensa –

Policía Nacional - Radicación No. No. 11001-33-43-062-2017-00125-01,

Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Garzón Martínez.

2. En consecuencia se ORDENE valorar y reconocer la prueba del LUCRO CESANTE DE LA VICTIMA aportada al proceso, y consecuentemente se disponga su indemnización.

3. Se disponga DEVOLVER el expediente a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo, para que modifique su fallo”.

4. Pruebas relevantes Mediante correo electrónico de 12 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, allegó copia digital del expediente que contiene el medio de control de reparación directa radicado bajo el Nº 11001-33-43-062-2017-00125-01.

5. Trámite procesal

Por auto de 5 de mayo de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, a Gabriela Orjuela Castaño, María Mirilina Urrego Linares, Angélica María Orjuela Urrego Ramses Duqueiro Orjuela Urrego y Omar René Orjuela Godoy, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 387371, 38743 a 38747 de 11 de mayo de 20212, y 43436 a 43440 de 21 de mayo de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión3.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” 1 El oficio se remitió a las siguientes direcciones electrónicas lachicajuliana22@hotmail.com y fabiohforerolopez@gmail.com. 2 Los oficios se enviaron a los siguientes correos electrónicos: scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, jadmin62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin62bta@notificacionesrj.gov.co, Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co y segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co. 3 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de

correo electrónico: uoama@hotmail.com, lachicajuliana22@hotmail.com, marilinaul@hotmail.com, omarreneorjuelagodoy77@gmail.com, ramsesorjuela@gmail.com. En escrito de 12 de mayo de 2021, el magistrado ponente de la sentencia cuestionada pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en subsidio, que se nieguen las pretensiones. Afirmó que la accionante pretende utilizar la solicitud de amparo como una tercera instancia y, además, no expone una vulneración de derechos fundamentales, sino que se orienta a controvertir los argumentos expuestos en la providencia objetada, razón por la cual no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional. Agregó que “i) no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del Juez de tutela; ii) el caso carece de relevancia constitucional y; iii) los argumentos de la parte accionante no se orientan a evidenciar la vulneración de sus derechos fundamentales, sino a que el Juez de tutela se constituya en una tercera instancia dentro del medio de control de reparación directa, fin para el cual no fue previsto el amparo constitucional”. Respecto al defecto fáctico, indicó que contrario a lo sostenido por la accionante, al momento de proferir la sentencia se valoraron todos y cada uno de los medios de prueba aportados y practicados en el curso del proceso, tendientes a demostrar la causación del lucro cesante, sin embargo, estos no acreditaron la configuración del lucro cesante, no se acreditaron los dineros que dejo de recibir la accionante

con ocasión de la muerte de su cónyuge, tampoco se demostró la dependencia económica por parte de esta, respecto de su fallecido esposo. Indicó que el defecto procedimental se presenta cuando el juez actúa al margen del procedimiento establecido, circunstancia que en el caso concreto no ocurre, pues, contrario a lo sostenido por la actora, se valoró todos y cada uno de los medios probatorios, y a partir del análisis detallado de los mismos concluyó que no se encontraba acreditada la causación del lucro cesante, no solo desde un punto de vista formal, sino sustancial. Por último, advirtió que si bien la parte accionante afirmó que se desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, lo cierto es que no indica en concreto cuál es el precedente judicial que presuntamente se desconoció y si en gracia de discusión se analiza dicho cargo, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en tratándose del reconocimiento de lucro cesante a favor del o la cónyuge supérstite, debe estar plenamente demostrada la causación del perjuicio, circunstancia que no solo implica demostrar el salario que devengaba la víctima antes de su muerte, sino también la dependencia económica. 6.2. Respuesta del Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera En escrito de 13 de mayo de 2021, la titular del despacho informó que no vulneró derecho fundamental alguno, a lo que agregó que la decisión contenida en la sentencia por esa instancia judicial dentro del proceso de reparación directa obedeció a la valoración del acervo probatorio que reposaba en el expediente y se

dio garantizando el debido proceso, surtiendo todas las etapas procesales y permitiendo a las partes controvertir y acceder a sus recursos y demás garantías dentro del proceso, muestra de ello es que este llegó a su culminación y se concedió el recurso de apelación contra la sentencia que dio fin a la primera instancia. Relató que llevó a cabo un estudio juicioso y detallado para tomar la decisión de fondo, lo que se puede evidenciar al revisar el fallo en el que se hizo una exhaustiva valoración probatoria para determinar si el accidente de la aeronave se dio con ocasión a la falla en el servicio de las demandadas, luego de revisar las pruebas que dan cuenta de la formación dada al señor David Gustavo Orjuela Urrego como tecnólogo en mantenimiento aeronáutico, se hizo la revisión de los informes, de la investigación por el accidente y la bitácora de navegación de la aeronave para determinar que el helicóptero se accidentó ante la concurrencia del factor piloto y factor supervisor, por la decisión de emprender la misión en las condiciones meteorológicas y por la presión autoimpuesta de ayudar a uno de sus compañeros lesionado. Señaló que en esa instancia se resolvió cada una de las solicitudes efectuadas por el accionante, impartiéndole el trámite correspondiente con estricta sujeción a los procedimientos establecidos en materia constitucional y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la ley. Sostuvo que la accionante no probó que hubiera otros procesos con los mismos supuestos fácticos y jurídicos en los que se resolviera de manera diferente, en

todo caso la sentencia materia de inconformidad es la de segunda instancia. Por último, manifestó que de conformidad con la sentencia SU-116 de 2018, no se observa la existencia de criterios de procedibilidad de la acción, ni causales especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, por lo que obró con respeto del ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico 2.1. En el escrito de tutela, la accionante indica que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, incurrió en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente judicial, sin embargo, no expuso razones argumentativas mínimas, por lo que no se hará análisis de fondo en relación con los mismos.

De otro parte, la actora hace mención a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad, por lo que su análisis se realizará bajo la caracterización de la violación directa de la Constitución. 2.2. Con esa precisión metodológica, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia

de 21 de mayo de 2021, en la que supuestamente incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución por no valorar en debida forma la prueba testimonial rendida en el proceso ordinario y de las demás pruebas que se aportaron con el fin de demostrar la configuración del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, las cuales sirvieron para acceder al reconocimiento frente a su hija y al mismo tiempo se utilizaron para negarlo a la actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias

judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058. Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii) Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi) Decisión sin

4 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 9 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 12 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 13 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución. Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17. En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto 4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto, a diferencia de lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, el asunto (i) goza de relevancia constitucional porque el reproche que se hace frente a lo expuesto en la providencia objeto de tutela vulnera, supuestamente, sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, por el no reconocimiento del lucro cesante en las mismas condiciones que a su hija menor de edad; (ii) la providencia atacada se dictó en el marco del recurso de apelación y los cargos alegados no se enmarcan dentro de las causales del recurso extraordinario de revisión, por lo que la accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses18 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación19; (iv). los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la solicitud no es contra un fallo de la

misma naturaleza. 4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto fáctico, ni en violación directa de la Constitución 14 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 16 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

18 La providencia atacada se profirió el 21 de mayo de 2020, la que fue objeto de aclaración y corrección en auto de 5 de noviembre de 2020 y pese que no se pudo constatar la fecha de notificación, la demandante afirmó que esta quedó ejecutoriada el 14 de noviembre de 2020, por lo que la acción de tutela se instauró el 3 de mayo de 2021, es decir, dentro de los seis (6) meses. 19 Expediente: