CE-11001-03-15-000-2021-02173-00 (AC)

REQUISITOS QUE CONFIGURAN LA TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / MALA FE / FALTA DE NOTIFICACIÓN DE AUTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA Para la Sala no existe duda alguna en cuanto a que la demanda presentada el 2 de mayo del 2021 ante la Sección Reparto de la Oficina Judicial-Seccional Caliradicada con el número 11001-03-15-000-2021-02173-00no solo comprende iguales extremos de la relación procesal y comparte los mismos hechos y derechos a los invocados en la demanda presentada el 14 de enero del 2021, también ante la Oficina Judicial-Seccional Cali y con radicado número 76001-2333-000-2021-00057-00, sino que se trata de la misma demanda formulada en idéntico formato, como se concluye de un simpe cotejo de los dos textos. (…) Fue con posterioridad a la presentación de la segunda demanda, o sea, solo hasta el 4 de mayo del 2021 que el actor fue notificado de dos (2) providencias proferidas por la Sala de Conjueces del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, esto es, tanto del auto del 4 de mayo del 2021 que aceptó el impedimento, como del auto también de esa fecha que, entre otros, avocó el conocimiento de la acción y negó la medida provisional solicitada. (…) Aunque el hecho de la presentación de una demanda anterior debió haber sido informado por el actor en el texto de la nueva demanda, pues se trata de un aspecto de suma trascendencia para

salvaguardar el principio de lealtad procesal, y, que -por el contrariolo que se manifestó de manera expresa y bajo la gravedad del juramento es que ello no había ocurrido (…) tal situación no alcanza a revestir la connotación de mala fe, ni es pasible de vincularla a un actuar doloso del peticionario -a la luz del derrotero jurisprudencial reseñado-, para considerar dicha actuación como temeraria. (…) Ahora bien, es importante indicar que la primera demanda ya fue fallada de fondo13 en el sentido de declarar la improcedencia de la acción, advirtiendo que contra la providencia proferida por el tribunal de instancia, no se presentó impugnación alguna. (…) Así las cosas, aunque no se tendrá como temeraria la acción incoada el 2 de mayo del 2021 por [E.V.G.] y por ende no estará sujeta a ninguna sanción, está si debe ser declarada como improcedente y merecerá para el actor el reproche de rigor.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE Es evidente que los accionantes cuentan con mecanismos de defensa judicial expresamente previstos en el ordenamiento jurídico, si lo que se pretende es cuestionar la legalidad de los Decretos 1779, 1785 y 1786 del 2020, expedidos por el Gobierno Nacional. (…) En efecto, el legislador expidió el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, que consagra el medio de control de nulidad (art. 137) y por su virtud, toda persona puede solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general, para cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…) Por su parte, el artículo 135 ibídem, contempla el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, que permite a los ciudadanos -en cualquier tiemposolicitar que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional, por infracción directa de la Constitución. (…) Así las cosas, la Sala llama la atención sobre la primera de las pretensiones -común a todos los accionantes-, encaminada a obtener la suspensión de los efectos del Decreto 1779 del 2020, posibilidad que se encuentra prevista en la ley para ser solicitada por la parte demandante como una medida cautelar dentro de los procesos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa (CPACA, art. 229). (…) Adicionalmente, el artículo 231 ibídem es contundente al señalar: “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito

separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.” (…) Claro está, la misma norma impone que para que sea viable la adopción de la medida, es menester que se cumplan, entre otros requisitos, una de las siguientes condiciones, (i) bien que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios, (ii) ora que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEGISLATIVO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 – NUMERAL 1º / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO / INCREMENTO DE PENSIÓN / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE En lo que atañe al propósito de modificar los Decretos 1785 y 1786 del 2020, es obvio que los mecanismos judiciales descritos no son per se suficientes para logar este cometido. (…) Frente a la aspiración de los accionantes tendiente a que se ordene a los demandados fijar el aumento de las pensiones -por considerar que en el año 2020 no se realizó un incremento-, es necesario poner de presente el medio de defensa previsto en la ley, relacionado con la acción de cumplimiento (L. 393/1997), que permite a toda persona acudir ante la autoridad judicial para hacer

efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. (…) En tal sentido, si los demandantes interpretan que los accionados han incumplido algún mandato legal frente a la eventual obligación de incrementar las mesadas a los pensionados, la Sala considera que el mecanismo jurídico señalado resulta idóneo y eficaz para obtener tal pretensión, lo que ratificaría el incumplimiento del requisito de subsidiaridad exigido para la prosperidad de la presente acción, amén de insistir en la ya comprobada ausencia de demostración de un perjuicio irremediable.

FUENTE FORMAL: FUENTE FORMAL: LEY 393 DE 1997.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL / REAJUSTE DE ASIGNACIÓN

DE CONGRESISTA / FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL / INCREMENTO

DEL AUXILIO DE TRANSPORTE / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE Sobre la naturaleza de los actos cuestionados por todos los accionantes, esto es, que se trata de actos de contenido general, impersonal y abstracto, no recae ninguna duda, si consideramos la posición jurisprudencial (…) Se reitera en este punto, que los accionantes no demostraron la ocurrencia de alguna circunstancia que pueda catalogarse como de perjuicio irremediable, en los términos definidos jurisprudencialmente -como se analizó en el numeral anterior-, por lo que tampoco se cumple con los requisitos exigidos para lograr el tratamiento excepcional previsto para el efecto. (…) En el mismo sentido, no han demostrado como el

contenido del Decreto 1779 del 2020 (que reajusta la asignación mensual de los miembros del Congreso), del Decreto 1785 del 2020 (que fija el salario mínimo mensual legal) y del Decreto 1786 del 2020 (que fija el auxilio de transporte), afectan -y de qué maneralos derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a los principios de equidad e igualdad, al poder adquisitivo de la moneda y al mínimo vital y móvil, de todos y cada uno de los demandantes. (…) Así pues, en este caso, la acción de tutela resulta improcedente prima facie por la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo 2591 de 1991, al tener los decretos cuestionados el carácter de actos generales, impersonales y abstractos.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEGISLATIVO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 –

NUMERAL 5º.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: CONJUEZ HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre del dos mil veintiuno (2021) Proceso: ACCCION DE TUTELA Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02173-00 (AC)

Actor: EDGAR VICTORIA GONZÁLEZ Y OTROS

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y otros

(acumulados 11001-03-15-000-2021-01639-00, 11001-03-15-000-2021182200,11001-03-15-000-2021-01839-00,11001-03-15-000-2021-0207800,1100103-15-000-2021-02108-00 y 11001-03-15-000-2021-02135-00). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Decide la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta las acciones de tutelaacumuladaspresentadas por los ciudadanos Edgar Victoria González, Álvaro Ramírez, Norha Claudia Ramírez Torres, Marcela Marta del Pilar Corredor Moyano, María Eugenia Vergara Ariza, Ana Rosa López Quiñones, Miriam Galeano Rodríguez, José Mendoza Lalinde, Luis Henry Moya Contreras, Dora Liv Bossa, Isabel Cristina Moyano Sánchez, Ismenia Benítez, Hernando Winston Moyano Núñez, Gabriel Santana Paredes, Edgar Gaona Flórez, Luis Cepeda Rincón, Nelly Méndez Leal, José Domingo Uribe Neira, Juan de Dios Rueda Díaz, Ilma León Dueñas, Alirio Barrios, Rosalba Moreno de Barrios, Claudio Delgado Jaimes, Edilma Navarro de Torres, Lucila Plata de Mutis, Paulina Calderón, María Teresa Fuentes Manrique, José Reynel León Niño, Yolanda Moreno de León, Marina Plata de Rincón, Amado Manzano, Sara Plata Sarmiento, Néstor Serrano Rodríguez, José Vicente Tarazona Rodríguez, Álvaro Hita Cabarca, Ernesto Plata Sarmiento, Olga Lucía Sánchez Mejía, Amparo Téllez Bautista, Melquíades

Malagón, Libardo Gómez Rodríguez, Leonor Bermúdez, Gilberto Gamboa Sánchez, Gustavo Bueno Bueno, Luis Ernesto Manrique, Teodocio Toloza Montaña, Ligia Margoth Espinosa, Germán Alarcón Méndez, Rodolfo Gómez, Fernando Muñoz Valero, María Moreno Rodríguez, Carlos Zambrano Uribe, William Delgado Cepeda, Eliécer Soler Ávila, Félix Acevedo Gaviria, Manuel Guillermo Pérez, Flor Ángela Díaz Díaz, Luis Robayo Rodríguez, Luz Mantilla Mantilla, Jorge Llanes Gutiérrez, Antonio María Quintero Díaz, José Martínez Valencia, Teresa Acevedo Gómez, Pedro Cala Pradilla, Álvaro Cortés Rodríguez, Jairo Torres Franco, Victoria Quintero Lozano, Beatriz Ramírez Gómez, Raúl Martínez Parra, Jaime Alberto Rangel Rodríguez, Orlando Quintero Caicedo, Hernán Pinzón Avendaño, Luis Reyes Murallas Contreras, José Manuel Rodríguez Hernández, Nubia Rodríguez Hernández, Rosinda Villamizar Ramírez, José A. Villamizar Salazar, Smith Cogollo Mantilla, José Joaquín Torres Rueda, Ana Nubia Gómez de Flórez, Néstor Palenque Mariño, Nancy Duarte Ayala, José Gómez Gaviria, Álvaro Blanco Sánchez, Cecilia García Durán y Jairo Torres Pabón, en contra del señor Presidente de la República, de los Ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, del Director del Departamento Nacional de Planeación y del Procurador General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas presentadas y actuación procesal inicial. 1.1. Por parte de Edgar Victoria González. El escrito se presentó el 2 de mayo del 2021 ante la Sección Reparto de la Oficina Judicial-Seccional Cali.

Acudiendo a las previsiones del Decreto 333 del 2021 , el Jefe de Reparto de esa Oficina Judicial remitió el proceso a esta Corporación para reparto, correspondiendo inicialmente al Consejero de Estado Julio Roberto Piza Rodríguez, quién por auto del 5 de mayo del 2021 avocó el conocimiento al disponer la admisión de la acción incoada, denegando la medida provisional solicitada. Ante la declaración de impedimento formulada con posterioridad por la totalidad de los Consejeros de la Sección Cuarta, se ordenó el sorteo de la Sala de Conjueces que se llevó a cabo mediante acta calendada el 4 de junio del 2021, Sala que quedó integrada por los Conjueces Elizabeth Whittingham García, Jeannette Bibiana García Poveda, Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Humberto Aníbal Restrepo Vélez, éste último en calidad de Conjuez ponente. Estando el proceso en estudio de los impedimentos presentados, se recibió la solicitud de acumulación del proceso 11001-03-15-000-2021-02135-00 al proceso 11001-03-15-000-202102173-00, elevada por la Consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto mediante auto proferido el 18 de mayo del 2021 y remitida a este despacho por auto del 28 de mayo del 2021, proferido por el Consejero de Estado Julio Roberto Piza Rodríguez.

La Sala de Conjueces decidió aceptar el impedimento propuesto y separar a los Consejeros de Estado de la Sección Cuarta para que conocieran de la presente acción, avocando su conocimiento, como lo confirma el auto del 21 de junio del 2021. Esta misma providencia ordenó la práctica de pruebas de oficio, destinadas a (i) procurar por parte de la Secretaría General una certificación acerca de la presentación con anterioridad -y ante esta misma sede judicialde tutelas similares, y (ii) solicitar al H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, información del estado del proceso de tutela promovido por el señor Edgar Victoria González, radicado bajo el número 76001-23-33-000-2021-00057-00 y que se remitiera copia del expediente por medio magnético. Atendiendo a la certificación secretarial del 8 de julio del 2021, el auto fechado el 28 de julio del 2021 ordenó la remisión a este despacho de los expedientes 1100103-15-000-2021-0163900, 11001-03-15-000-2021-1822-00, 11001-03-15-0002021-01839-00, 11001-03-15-0002021-2078-00, 11001-03-15-000-2021-02092-00 y 11001-03-15-000-2021-02108-00, para estudiar su eventual acumulación. Mediante auto del 4 de octubre del 2021, el despacho ordenó la acumulación al presente proceso de los expedientes 11001-03-15-000-2021-01639-00, 11001-0315-000-2021-1822-00,

11001-03-15-000-2021-01839-00, 11001-03-15-000-2021-02078-00, 11001-03-150002021-02108-00 y 11001-03-15-000-2021-02135-00. 1.2. Por parte de Álvaro Ramírez. El escrito fue presentado en medio electrónico el 13 de abril del 2021, ante la Oficina Judicial-Seccional Cali. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca -mediante auto interlocutorio 083 del 13 de abril del 2021-, dispuso remitir a esta Corporación la solicitud de tutela, atendiendo a que uno de los accionados es el Presidente de la República -según las previsiones del Decreto 333 del 2021-, siendo repartido a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ante la declaración de impedimento formulada por la totalidad de los Consejeros de la Sección Segunda, la Sala de Conjueces sorteada para el efecto decidió aceptarlo y separarlos del conocimiento de la presente acción, avocando su conocimiento, como lo confirma el auto del 21 de junio del 2021. El expediente fue enviado a este despacho en cumplimiento del auto fechado el 15 de septiembre del 2021, proferido por el Consejero de Estado César Palomino Cortés. Por auto fechado el 4 de octubre del 2021, el despacho ordenó la acumulación del proceso al expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00, dispuso la admisión de la demanda, se vinculó como tercero interesado al Congreso de la República y se

negó la solicitud de medida provisional allí propuesta. 1.3. Por parte de Norha Claudia Ramírez Torres. El escrito fue presentado en medio electrónico el 19 de abril del 2021, ante la Oficina Judicial-Seccional Cali. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca -mediante auto interlocutorio 091 del 19 de abril del 2021-, dispuso remitir a esta Corporación la solicitud de tutela, atendiendo a que figura como accionado el Presidente de la República, conforme lo dispuesto por el Decreto 333 del 2021. La Sala de Conjueces de la Sección Tercera avocó el conocimiento de esta acción, según da cuenta el auto fechado el 27 de julio del 2021. El expediente fue remitido a este despacho por disposición del auto fechado el 15 de septiembre del 2021, proferido por el Conjuez Ponente Gonzalo Suárez Beltrán. Mediante auto proferido el 4 de octubre del 2021, el despacho ordenó la acumulación del proceso al expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00, dispuso la admisión de la demanda, se vinculó como tercero interesado al Congreso de la República y se negó la solicitud de medida provisional allí propuesta. 1.4. Por parte de Marcela Marta del Pilar Corredor Moyano y otros. El escrito fue presentado en medio electrónico el 21 de abril del 2021. La acción fue admitida mediante auto fechado el 4 de junio del 2021 y el expediente fue remitido este despacho por disposición del auto del 8 de septiembre del 2021, proferido por la Conjuez Ponente María Teresa Palacio

Jaramillo. Mediante auto fechado el 4 de octubre del 2021, el despacho ordenó la acumulación del proceso al expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00. 1.5. Por parte de Edgar Gaona Flórez y otros. El escrito fue presentado -en medio electrónicoel 29 de abril del 2021, ante la Oficina Judicial-Seccional Bucaramanga. La demanda fue enviada a esta sede judicial el 30 de abril del 2021, atendiendo a que uno de los accionados es el Presidente de la República –de acuerdo a las previsiones del Decreto 333 del 2021-, siendo repartido a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso. El expediente fue remitido a este despacho en cumplimiento del auto fechado el 29 de septiembre del 2021, proferido por el Conjuez Ponente Juan Carlos Henao Pérez. Mediante auto del 4 de octubre del 2021, el despacho ordenó la acumulación del proceso al expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00, dispuso la admisión de la demanda, se vinculó como tercero interesado al Congreso de la República y se negó la solicitud de medida provisional allí propuesta. 1.6. Por parte de Melquíades Malagón y otros. El escrito fue presentado en medio electrónico el 29 de abril del 2021, ante la Oficina Judicial-Seccional Bucaramanga. El libelo demandatorio se envió al Consejo de Estado el 30 de abril del 2021, atendiendo a que uno de los accionados es el Presidente de la República -según las previsiones del Decreto 333 del 2021-, siendo repartido a la Sección Primera

de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El expediente fue remitido a este despacho en cumplimiento del auto fechado el 20 de agosto del 2021, proferido por el Conjuez Ponente Gustavo Cuello Iriarte. Mediante auto calendado el 4 de octubre del 2021, el despacho ordenó la acumulación del proceso al expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00, dispuso la admisión de la demanda, se vinculó como tercero interesado al Congreso de la República y se negó la solicitud de medida provisional allí propuesta. 1.7. Por parte de Orlando Quintero Caicedo y otros. El escrito fue presentado por medio electrónico el 29 de abril el 2021 ante la Oficina Judicial-Seccional Bucaramanga. La demanda fue remitida a esta Corporación atendiendo a que uno de los accionados es el Presidente de la República, según las previsiones del Decreto 333 del 2021. Por reparto le correspondió a la Consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-02135-00, quién mediante auto del 18 de mayo del presente año ordenó remitir el expediente para proveer acerca de una posible acumulación al proceso 11001-03-15-000-2021-02173-00, inicialmente a cargo del Consejero de Estado Julio Roberto Piza Rodríguez, quién ordenó remitir la solicitud de acumulación al Conjuez Ponente designado, como lo señala el auto del 28 de mayo 2021. Por auto fechado el 4 de octubre del 2021, este despacho ordenó la acumulación del proceso al expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00, dispuso la admisión

de la demanda, se vinculó como tercero interesado al Congreso de la República y se negó la solicitud de medida provisional allí propuesta.

2. Fundamento de las acciones. 2.1. Acerca de las pretensiones.

En términos generales, concuerdan todas las demandas en la solicitud de tutelar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a los principios de equidad e igualdad, al poder adquisitivo de la moneda y al mínimo vital y móvil, amparados por el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 48, 53 y 187 de la Carta Magna de 1991. Y como consecuencia, pretenden: “… Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP, SUSPENDER LOS EFECTOS DEL DECRETO Decreto (sic) 1779 de 2020 este 24 de diciembre, que determina el aumento al salario de los congresistas en Colombia en un 5.12%. (Aumento del Salario Congresistas del año 2020).” En algunas demandas se pretende adicionalmente: “o en su defecto, que DICHO PORCENTAJE, sea el mismo al Salario Mínimo y a TODOS los Pensionados de Colombia” “… Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP, aplicar los PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE EQUIDAD para el aumento del salario mínimo y el aumento de las pensiones, FRENTE A LOS DECRETOS,

Decreto (sic) 1785 de 2020, (Aumento del Salario Mínimo 3.5%), Decreto 1786 de 2020 (Aumento del Subsidio de Transporte 3.5%, ajustándolos al mismo porcentaje del decreto 1779 de 2020 (aumento para los Congresistas del 5,12%).” Una de las demandas incluye el “IPC del año 2020 publicado por el DANE en enero 05 de 2021 (aumento de los pensionados del 1,61%)”. “… Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP, FIJAR el Aumento de las PENSIONES, teniendo en cuenta que en el año 2020 NO HUBO INCREMENTO, APLICANDO LAS MISMAS REGLAS DEL AUMENTO DEL CONGRESO Y DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA.” “… ADVERTIR al accionado el cabal cumplimiento de la providencia y de las Sanciones a lugar.” A la demanda presentada por Edgar Victoria González se le agrega la petición de “Ordenar al

Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE

TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP y, AL SEÑOR

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, CONVOCAR A ASAMBLEA CONSTITUYENTE, POR CUALQUIERA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en atención a los daños en materia económica, la no participación directa del pueblo soberano, y demás derechos fundamentales afectados, de acuerdo a lo reseñado.”.

Otras demandas pretenden, además, que -en aras del derecho a la igualdadel fallo tenga efectos erga omnes, es decir, “… para todos los pensionados de Colombia, del régimen público y del privado.” 2.2. Sobre los hechos. Todas las demandas coinciden -en líneas generalesen una misma fundamentación fáctica, de la que se puede hacer un apretado resumen, al señalar los siguientes hechos: “El señor Presidente de la República, el Ministro del Trabajo y el Ministro de Hacienda y Crédito Público expidieron los Decretos 1779, 1780, 1785 y 1786 del 2020, a lo cual se ha manifestado que con esto ha cumplido con superar la meta de un millón de pesos como mínimo, sin embargo, es una manifestación fuera del marco real.” “El reajuste de la asignación mensual de los miembros del Congreso en un 5.12% establecido por el Decreto 1779 del 2020, se aleja del principio de solidaridad que rige en nuestra magna carta y no es equitativo con el aumento de los pensionados y el del salario mínimo mensual legal vigente.” “Según el DAFP el aumento real del salario, descontando la inflación fue de 1.32% de restar al reajuste del 5.12% la inflación del 3.8% del año 2019. O sea que a los pensionados que les incrementó para el 2020 el 3.8%, el aumento real fue del cero %, lo que se sintetiza en que no hubo poder adquisitivo de la moneda.” “Para el 2020 el mínimo aumentó en $ 49.687 y a los congresistas les aumentaron

$1.676.000, lo que significa que no existe equidad, porque lo que se observa es un abismal y abrupto presunto abuso del poder. Equiparar el aumento de los congresistas al compararlo ante el salario minino, era aumentar el mismo a la suma de $49.687.” “Una abismal diferencia social, que solo la sufre el pobre esclavo (limite social). Los sueldos altos se aplican el 5.12% y a los de abajo (Pobre, luchador, Trabajador de clase obrera, el campesino, el labrador) nos aplican el 3.5%. y al pensionado le aumenta solo un 1,61%. Un desequilibrio total.” “En Colombia ya no existe ni equidad, ni igualdad, ni dignidad humana, menos aún, unos fines del estado y obedecimiento a la constitución de 1991, pues, si bien es cierto, que la ley no es justa y que lo justo no es bueno, una obligación de las ramas del poder público, es equiparar las oportunidades sociales, dignificar al pueblo soberano. No obstante, de acuerdo a lo entredicho, es ilegal la diferencia entre un salario mínimo y un aumento desproporcionado para el congreso, cuando al ejercer el test de proporcionalidad, se observa un abrupto cañón del Chicamocha entre el aumento del 3.5% del mínimo equivalente a $ 30.000 y un aumento del 5.12% del senado equivalente a $1.600.000, aproximadamente.” “El ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucional, o de una demanda de inconstitucionalidad, o de la acción de cumplimiento, no se pueden instaurar,

porque las sedes judiciales se encuentran en vacancia hasta el día 11 de enero de 2021 -sic-. Y por tratarse de un asunto constitucional, se debe someter a un ipso iure absque mora (La misma ley sin dilación).” “Aún más grave, es considerar justo y legal el art 14 de la Ley 100 de 1993, cuando contraviene el marco Constitucional de los principios de Igualdad, de equidad, frente al tema del reajuste de pensiones (Art 100 L 100/93). Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.” “Lo cierto es que los pensionados que han cometido el grave y perverso delito económico de ganar más de un (1) SMMLV van rumbo a lo que tienen planeado los sistemas económicos a nivel mundial, que desaparezca la clase media (sándwich) y solo existan ricos y pobres.” “El salario mínimo, el aumento de los pensionados, deben contener un rol debidamente discriminado, un rol que contenga una verdadera calibración de

cubrir las necesidades del mínimo móvil y vital. Y en dicha circunstancia, la fijación del mínimo no conlleva a determinar estos aspectos, pues, solo se ajustan a los salarios de los Congresistas, dirigentes políticos (Ministros, Presidente, Vicepresidente, Directores, etc), funcionarios públicos.” “La pensión no es el pago por un trabajo, sino consta es del sinónimo de ahorro, llamado semanas o cotizaciones, en síntesis, es la retribución social de lo aportado, durante años, que es cotejado y sometido a la ley, no por la fecha de su afiliación o cotización, ni de su rol laboral, sino, de la norma vigente al momento del status, que se reduce, en un acto vago, vano, injusto y en especial, inequitativo en cualquier esfera legal.” “Una mirada a la realidad, es la validación de la verificación del incremento del año 2020 y del 2021. Incremento 2020 congresistas 5.12%, salario mínimo 6% (año 2020), aumento del mínimo año 2021 es del 3,5% aumento de la pensión IPC 3.80% (año 2020), aumento de la pensión IPC 1,61% (Año 2021) ¡Significa, el exterminio para los pensionados! Se trata entonces, de un Gobierno inequitativo perverso e injusto, porque va en contra de la síntesis del poder adquisitivo de la moneda. Según el DANE, desde el año de 1994 hasta la fecha, los pensionados en Colombia, HAN PERDIDO desde la entrada en vigencia de la Ley 100/93 (01 de abril-1994) al año 2020 el 23,69% (Aplicación del IPC) más el 8% por aporte de

salud, por cambiar de estado de activo (empleado trabajador) a pensionado (RPM - RAIS), equivalente a un total del 31,69% del valor adquisitivo de la moneda.” “Nuestro estado, se encuentra en una ubicación paquidérmica, ha alcanzo los límites de la era de hielo, está buscando procrearse en los apopléjicos mundos jurásicos, teniendo en cuenta el derecho comparado de la esperanza de vida, de acuerdo al cronograma del año 2012 de la OMS. Esto significa, un abismal margen de inseguridad por efectos de la violencia, por el desgaste social de tener mayor carga laboral, por tener un efecto más difícil de desenvolverse en el rol social en la oportunidad de trabajar y pensionarse.” Adicionalmente, la demanda presentada por el ciudadano Edgar Victoria González, expone, en resumen, otros hechos, así: “En Colombia el poder constituyente recae sobre el Pueblo, no obstante, el pueblo no tiene vocación legal para convocar una nueva constituyente a razón de que dicha facultad solo recae en el Congreso, cuando el pueblo es el sometido a la mayor pobreza absoluta por la inequidad y la falta de igualdad en las decisiones estatales.” “El uso del Plebiscito está a cargo del señor Presidente, pues, según el artículo 7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. El efecto de la votación: El pueblo se decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral.”

“Incluso, revisando nuestra carta magna, no nos permite convocar una constituyente, sino está en cabeza por parte de una de las ramas del poder público, es decir, el pueblo no es soberano de nada, solo de obedecer y de cumplir.” “Se debe hacer una reforma constitucional que asegure que ningún trabajador o pensionado en Colombia recibirá un aumento salarial menor al que reciben los miembros del c