CE-11001-03-15-000-2021-02250-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA /

ACREDITACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA /

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE LA PRESUNTA AMENAZA DE DERECHOS FUNDAMENTALES / LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA PARA PRESENTAR LA ACCIÓN DE TUTELA – Por afectación de derechos fundamentales en el marco de la protesta social / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - Se declara no probada En el caso concreto, la Presidencia de la República y la Policía Nacional alegaron que los demandantes carecían de legitimación en la causa por activa, por cuanto no aportaron prueba, siquiera sumaria, sobre una afectación personal al derecho a la protesta y que, por el contrario, se refirieron a afectaciones ajenas o de terceros. De la revisión de los escritos de tutela, se advierte que los demandantes buscan el amparo del derecho a la protesta social, derecho reconocido en la Constitución Política como una expresión y materialización del derecho a la libre expresión, a la reunión y manifestación. Los demandantes son titulares de este derecho, pues el propio artículo 37 de la Constitución Política establece que “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. No puede perderse de vista que los actores alegan la amenaza del derecho a la protesta social por parte de algunas actuaciones de las entidades demandadas. La acción de tutela, como se sabe, no solo puede presentarse ante la vulneración de derechos fundamentales, sino ante la amenaza de un derecho fundamental, esto es, cuando

el interesado ve inminente la ocurrencia de una acción u omisión que afectará gravemente un derecho. De ahí que el hecho de que los demandantes aleguen la amenaza a las garantías constitucionales en el marco de la protesta social es un motivo suficiente para que quienes afirman actuar como manifestantes, se encuentren legitimados para solicitar protección mediante la acción de tutela. En el mismo sentido, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 18 de febrero, precisó que, en casos de protesta social, los demandantes están legitimados para solicitar a través de la acción de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión y a reunirse y manifestarse públicamente, “cuando lo que pretende es que se les permita ejercerlos pacíficamente”. Por lo tanto, está demostrado que los demandantes están invocando la protección de un derecho propio y se descarta, entonces, el argumento de la falta de legitimación en la causa por activa propuesto por la Presidencia de la República y la Policía Nacional. (…) [En cuanto a la presunta falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de las autoridades demandadas,] [e]n el presente asunto, la parte actora alega que la presunta amenaza o vulneración de derechos fundamentales proviene de actuaciones de, entre otros, el Ministerio del Interior y el Departamento del Valle del Cauca. No obstante, esas entidades solicitaron la desvinculación de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, con sustento en que no son competentes para atender las pretensiones de la parte actora. (…) [A juicio de la Sala,] tanto el Ministerio del Interior como el departamento del Valle del Cauca

están legitimados en la causa por pasiva en el presente asunto, pues la amenaza de los derechos fundamentales que alega la parte actora y que, entre otras cosas, se deriva de la activación de la asistencia militar sí está relacionada con las competencias asignadas a dichas autoridades. De hecho, durante el trámite de la tutela el Presidente de la República activó la asistencia militar, mediante el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021. Ese decreto fue suscrito por el Presidente de la República junto con el Ministro del Interior. Y respecto del departamento del Valle del Cauca, el Decreto 575 de 2021 ordena a la gobernadora a coordinar con las autoridades militares y de policía la asistencia militar. De ahí que resulte evidente el interés que les asiste a esas entidades en comparecer a este trámite. Por lo tanto, la Sala declarará no probada la falta de legitimación alegada por el Ministerio del Interior y el departamento del Valle del Cauca. ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Decreto 575 de 2021 / CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTROS MECANISMOS DE DEFENSA JUDICIAL - No vuelve improcedente per se la acción de tutela En el presente asunto, la Presidencia de la República y la Policía Nacional coinciden en alegar que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito de subsidiariedad. Para la Presidencia de la República, los demandantes pueden presentar peticiones, denuncias penales y procesos disciplinarios para poner de

presente todas las presuntas irregularidades que afecten derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional o miembros de la Fuerza Pública. La Policía Nacional, por su parte, consideró que la parte actora contaba con la acción popular para la protección de los derechos que invoca. Como se expuso en los antecedentes de esta providencia, la parte actora pretende la protección de los derechos fundamentales a la protesta social, a la integridad personal, al debido proceso, a la vida, a la libertad personal frente a una posible amenaza por parte de la activación de la figura de la asistencia militar, prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Adicionalmente, requiere que se emita una serie de órdenes, que, a su juicio, son necesarias para que cese la amenaza, tales como: (i) que la Fuerza Pública se abstenga de disparar armas letales a la población civil, (ii) que el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali, conformen una mesa de diálogo, y (iii) que el ministro de Defensa ofrezca disculpas públicas. La Sala comienza por decir que no desconoce la importancia de interponer peticiones, quejas y denuncias ante las autoridades competentes por presuntos abusos de la Fuerza Pública que puedan presentarse en el marco de las protestas sociales. Estos instrumentos permiten poner en marcha los órganos de control y vigilancia del Estado con el fin de garantizar la efectividad de los derechos. Es más, como se verá más adelante, estos instrumentos ya se han ejercido, pues se están adelantando investigaciones por los hechos aquí denunciados. La existencia de estos instrumentos no vuelve

per se improcedente la acción de tutela ni impide al juez analizar el asunto de fondo. Primero, porque una de las pretensiones de los demandantes está dirigida a evitar la activación de la asistencia militar, que finalmente ocurrió con la expedición del Decreto 575 del 28 de mayo 2021, pretensión que no se puede lograr mediante el ejercicio de denuncias o quejas, si se tiene en cuenta que esos mecanismos permitirían endilgar la responsabilidad individual de los sujetos que hubieren cometido alguna conducta punible o disciplinable, mas no tienen la virtualidad de suspender la aplicación de un decreto nacional. Y, segundo, porque al decidir de fondo esta acción de tutela de ninguna manera se invadirán las competencias de los órganos que han adelantado investigaciones con ocasión de los hechos ocurridos en el paro nacional. La acción de tutela busca la adopción de medidas para la prevención por la posible amenaza de derechos fundamentales y, en ese mismo sentido, le corresponderá a la Sala resolver la demanda. ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICAAmpara / ASISTENCIA MILITAR EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES / AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES - Cuando se presenten hechos que afecten gravemente el orden público / PROHIBICIÓN DEL USO DE LA ASISTENCIA MILITAR EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES - Al no tratarse de un asunto de defensa nacional o amenaza contra el orden

constitucional / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA

PROTESTA SOCIAL, A LA INTEGRIDAD PERSONAL, AL DEBIDO PROCESO,

A LA VIDA, A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA NO DESAPARICIÓN FORZADA Y A LA PAZ ¿La asistencia militar ordenada por el Presidente de la República, mediante el Decreto 575 de 2021, amenaza los derechos fundamentales a la protesta social, a la integridad personal, al debido proceso, a la vida, a la libertad personal, a no ser sometidos a la desaparición forzada y a la paz de los demandantes? (…) La Sala anticipa que accederá a la suspensión de la asistencia militar ordenada en el Decreto 575 de 2021, porque está relacionada con la intervención de las Fuerzas Militares en movilizaciones sociales y las órdenes que se dieron ponen en situación de amenaza el derecho a la reunión y manifestación de los demandantes y de los manifestantes en general. (…) [En efecto,] [d]e la revisión del Decreto 575 de 2021 se advierte que, luego de hacer referencia a normas constitucionales y legales, así como a jurisprudencia de la Corte Constitucional, se menciona la necesidad de restablecer el orden público que se ha visto gravemente turbado. Los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público son el bloqueo de vías; actos que se califican como vandálicos y violentos contra la infraestructura pública y privada; bloqueo y ataque de misiones médicas; la afectación a la seguridad ciudadana, a la institucionalidad del Estado y a la salud de los ciudadanos que residen en los municipios y distritos en los que se decretó la asistencia militar. La Sala ve que los hechos que justificaron la medida de asistencia militar tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana,

con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional. El decreto hace referencia a actos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana, hechos ante los cuales resulta admisible hacer uso de la fuerza policial, pero no militar, pues el decreto no menciona, por ejemplo, que se trate de un asunto de defensa nacional o amenaza contra el orden constitucional, que requiera la intervención de las Fuerzas Militares. En este punto, conviene reiterar que la Corte Constitucional, en sentencia C-281 de 2017, determinó que “la protesta social por sí sola no representa una amenaza contra el orden constitucional ni contra la soberanía nacional. Por el contrario, es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento por las autoridades”. (…) [Así pues,] [l]La asistencia militar ordenada, entonces, implica la aplicación de límites legales al derecho de reunión, pues, aunque el decreto no lo diga expresamente, resulta evidente que la medida se decretó por el impacto de las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril de 2021 y que, de hecho, aún se mantienen. Por tanto, las medidas de superar la alteración a la seguridad y convivencia; de levantar bloqueos y evitar la instalación de nuevos bloqueos, así como la reactivación de la movilidad, incluye la posibilidad de aplicación de la fuerza física por parte de las Fuerzas Militares en contra de los manifestantes, posibilidad que no está permitida por la Constitución. Claro que no se desconoce que el ejercicio del derecho fundamental a la reunión y manifestación puede limitarse cuando ocurre la afectación grave al orden público,

pero, en esos casos, lo que resulta admisible, y con criterios de necesidad y proporcionalidad, es el uso de la fuerza policial, mas no militar. Para la Sala, las órdenes dadas en el Decreto 575 de 2021 ponen en situación de amenaza el derecho a la protesta social, en la medida en que la presencia e intervención militar puede terminar en la disolución indirecta de la marcha o en que los manifestantes sientan reprimida la libertad de expresión. (…) Por las anteriores razones y en los términos de la sentencia C-132 de 2018 , la Sala estima que, en este caso, debe concederse el amparo del derecho a la protesta social de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues las instrucciones dadas en el Decreto 575 de 2021, concretamente, la decisión del Presidente de la República de ordenar la asistencia militar para afrontar y superar los hechos que alteraron el orden público en el marco de las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021 podría llegar a frustrar el derecho a la protesta social de los demandantes y de los demás manifestantes. ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICAAmpara / DESCONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SOBRE USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS SOCIALES - Configuración / ACREDITACIÓN DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL ¿La Policía Nacional ha desconocido los protocolos sobre el uso de la fuerza en el

marco de las protestas que iniciaron con el paro nacional del 28 de abril de 2021? (…) La Sala no desconoce que en el desarrollo de las manifestaciones sociales pueden presentarse hechos de violencia y, para restablecer el orden, la policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley. También es cierto que cuando la protesta social se torna violenta se pierde el derecho a manifestarse, pues la protección constitucional del derecho a la protesta parte de la presunción de que su ejecución es pacífica, de manera que toda manifestación que involucre violencia o que incite al odio o la agresión, como aquellas que involucren actos delictivos, no cuentan con protección constitucional. Sin embargo, una cosa es perder el derecho a la manifestación, por tornarla violenta. Y otra, muy distinta, perder los demás derechos reconocidos en la Constitución, como la vida, la integridad personal y el debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 28 de noviembre de 2018, recalcó que a pesar de que los participantes en una reunión no actúen de forma pacífica y, en consecuencia, pierdan el derecho de reunión pacífica, conservan todos los demás derechos con sujeción a las limitaciones normales. (…) La Sala estima que, en este caso, los miembros del poder policivo han desconocido los límites al mantenimiento del orden, que indican que “la policía solo puede adoptar las medidas que sean necesarias, proporcionales y que razonablemente sirvan para restablecer el orden público. Las soluciones más enérgicas –aquellas que impliquen un mayor uso de fuerza represivasolo son

admisibles si están sustentadas por su estricta necesidad y siempre que ellas no restrinjan o hagan nulo el derecho a la libertad de reunión y no vulneren derechos como la integridad personal de los manifestantes”. Sin duda, que la muerte de tres personas sea atribuible a los miembros del poder policivo demuestra que, en el marco de las protestas sociales, al ejercer la fuerza se desconoció el derecho a la vida y a la integridad de esas personas, hecho que, a la vez, pone en situación de amenaza los derechos de los demás manifestantes. Ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman el fin de su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social. A pesar de que existe un “estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica”, el actuar de los miembros del poder policivo demuestra que no se están siguiendo sus lineamientos, desatendiendo así los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben regir sus actuaciones. Por lo tanto, la Sala también concederá el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO

SUPERADO / INSTALACIÓN Y CONCERTACIÓN DE MESAS DE DIALÓGO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS MANIFESTANTES - Para establecer una solución pacífica frente a las situaciones de violencia en el marco de la protesta social / EXHORTO A LOS ACTORES DE LAS MESAS DE DIÁLOGO

PARA QUE MANTENGAN LAS CONVERSACIONES PARA UNA SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA PLANTEADA ¿Es procedente ordenar al Gobierno Nacional y al alcalde de Cali la conformación de una gran mesa de diálogo para solucionar de manera pacífica el conflicto y satisfacer las demandas de las protestas? (…) [Sobre este aspecto,] la Sala encuentra que ya fueron establecidas las mesas de diálogo que la parte actora requiere que sean convocadas a manera de solución pacífica frente a las situaciones de violencia que se presentan en las manifestaciones y atender las demandas sociales en el municipio de Cali. Como se corrigió la conducta que se reprochaba de la autoridad demandada, carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, en los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. (…) En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado y resuelve así el tercer problema jurídico propuesto. De todos modos, en aras de resaltar el valor del diálogo público, la Sala instará a los actores de las mesas de diálogos para que mantengan la disposición a las conversaciones como instrumento para superar las diferencias y encontrar soluciones a las problemáticas sociales. El diálogo, el debate y la escucha son valiosos y necesarios instrumentos para la comprensión de las necesidades de las partes y la proposición de compromisos frente a la real situación que afronta el municipio de Cali, en el marco del Paro Nacional.

NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del consejero Milton Chaves García. Sobre la posibilidad de que, en el marco de las protestas sociales, los

manifestantes estén legitimados para presentar acciones de tutela, ante la eventual amenaza de derechos fundamentales, puede consultarse la sentencia de tutela del 18 de febrero de 2021, proceso No. 25-000-23-15-000-2020-02100-01. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02250-00(AC)

Actor: CATALINA ARBELÁEZ TRUJILLO Y OTROS Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Temas: Protesta social. Asistencia militar en el marco de protestas sociales. Uso de la Fuerza Pública. Mesas de diálogo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta1 por los señores Catalina Arbeláez Trujillo, María Antonia Marmolejo Corrales, Carlos Felipe Rojas Flórez, Steven Antonio Ospina, Valeria David Medina Corrales, Juan Sebastián Londoño Guerrero, Paola Andrea Narváez Loaiza y Katherine Garzón Patiño2 contra la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Cali, Policía Nacional y Fuerzas Militares.

ANTECEDENTES

1 La demanda fue presentada el cinco de mayo de 2021.

2

Acumulados: 11001-03-15-000-2021-02224-00 y 11001-03-15-000-2021-02348-00

Preliminarmente, la Sala debe indicar que, mediante autos del 14 y 10 de mayo de 2021, el magistrado sustanciador decretó la acumulación, en su orden, de los procesos 11001-03-15-000-2021-02224-00 y 11001-03-15-000-2021-02348-00, al proceso 11001-03-15-000-2021-02250-00. Como consecuencia de la acumulación, le corresponde a la Sala dictar sentencia en esos procesos.

1. Pretensiones 1.1. De la revisión de los procesos acumulados, se advierte que las pretensiones son comunes. En efecto, en ejercicio de la acción de tutela, los señores Catalina

Arbeláez Trujillo, María Antonia Marmolejo, Carlos Felipe Rojas Flórez, Steven Antonio Ospina, Valeria David Medina Corrales, Juan Sebastián Londoño Guerrero, Paola Andrea Narváez Loaiza y Katherine Garzón Patiño pidieron la protección de los derechos fundamentales a la protesta social, a la integridad personal, al debido proceso, a la vida, a la libertad personal, a no ser sometidos a la desaparición forzada y a la paz, que estiman amenazados y vulnerados por la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Departamento del Valle del Cauca, el Municipio de Cali, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. En los diferentes escritos de demanda, formularon idénticas pretensiones, así:

PRIMERO: Que el Gobierno Nacional suspenda la figura de “asistencia militar” establecida en el artículo 170 del Código de Policía y que fue activada días atrás.

SEGUNDO: Que se ORDENE a la FUERZA PÚBLICA, a la POLICÍA NACIONAL y a las FUERZAS MILITARES abstenerse de disparar con armas letales (de fuego y traumáticas) a la población civil que se manifiesta de manera pacífica y también quienes lo hacen mediante piedras, palos y otros objetos contundentes improvisados pues no es para nada proporcional disparar con armas letales a personas inermes o a quienes se defienden de la represión policial y militar con piedras y palos.

TERCERO: Que se ORDENE al GOBIERNO NACIONAL y a la ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI la conformación inmediata de una gran mesa de diálogo donde se establezcan compromisos concretos entre las partes (Gobierno Nacional, Fuerzas Militares y de Policía, Gobierno Departamental, Gobierno Distrital, movimientos sociales, organizaciones del paro, estudiantes, oposición, partidos políticos, universidades, organizaciones del paro, estudiantes, oposición, partidos políticos, universidades, organismos de control y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros), con el fin de solucionar de manera pacífica el conflicto y satisfacer las demandas sociales de las protestas.

CUARTO: ORDENAR al MINISTRO DE DEFENSA que pida al Pueblo de Colombia y en especial al Pueblo de Santiago de Cali, PERDÓN PÚBLICO, por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el contexto del Paro Nacional por excesos y

abuso de la fuerza de los agentes del Estado mencionados.

QUINTO: Lo demás que sus señorías consideren pertinente para solucionar esta crítica situación.

2. Hechos y argumentos de la acción de tutela Las pretensiones se fundan en los siguientes hechos y argumentos, que también son comunes en todos los expedientes y que la Sala resume enseguida: 2.1. El 28 de abril de 2021 inició el paro nacional en Colombia. Los señores Catalina Arbeláez Trujillo, María Antonia Marmolejo, Carlos Felipe Rojas Flórez, Steven Antonio Ospina, Valeria David Medina Corrales, Juan Sebastián Londoño Guerrero, Paola Andrea Narváez Loaiza y Katherine Garzón Patiño afirman haber participado en el paro nacional en ejercicio del derecho a la protesta pacífica. 2.2. El 1º de mayo de 2021, el Presidente de la República de Colombia anunció que se haría uso de la asistencia militar, en virtud del artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía). 2.3. La parte actora sostiene que las autoridades demandadas han implementado y ejecutado prácticas policiales y militares sistemáticas en contra de la protesta ciudadana, que son de público conocimiento y vulneran y amenazan de forma continua los derechos fundamentales a la protesta, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada. 2.4. Que, particularmente, la Policía Nacional –a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)–, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y el

Ejército Nacional, al momento de acompañar e intervenir las protestas y movilizaciones pacíficas han desarrollado las siguientes acciones: (i) disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas; (ii) utilización ilegal (contrario a reglamentos y protocolos) de armas potencialmente letales y armas de fuego contra personas inermes; (iii) uso arbitrario de mecanismos químicos de dispersión de manifestaciones; (iv) utilización arbitraria de mecanismos policiales para detener a manifestantes; (v) violencia sexual, y (vi) agresiones e incluso disparos por parte de la Fuerza Pública contra la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y contra organizaciones de defensa de Derechos Humanos. 2.5. Expuso que también se han presentado prácticas de estigmatización y militarización de la movilización que generan miedo y zozobra, al tiempo que desincentivan la participación ciudadana en protestas, derivadas de la “comprensión de las movilizaciones como un asunto que afecta el orden público, y no como el ejercicio de un derecho fundamental de carácter complejo”. 2.6. Reprochó que la figura de asistencia militar, por el contexto en que se implementa, esto es, contra personas que aduce protestan sin armas de fuego y que únicamente se defienden con palos y piedras cuando son atacadas por la Fuerza Pública, resultaba altamente peligrosa para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, al poner en riesgo el derecho a la vida, debido a que las Fuerzas Militares y el GOES de la Policía no eran organizaciones capacitadas para operar en medio de las protestas, dado que su marco de acción ha sido el

conflicto armado interno y que se desarrolla contra organizaciones al margen de la ley, armadas con fusiles, granadas, explosivos y diversos tipos de armamento letal y no simplemente con piedras y palos. 2.7. Finalmente, la parte actora solicitó que se tuviera en cuenta la sentencia de tutela STC7641 del 22 de septiembre de 2020, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que guarda estrecha relación con el tema de la presente solicitud de amparo.

3. Trámite procesal 3.1. Por auto del 7 de mayo de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de tutela, denegó la medida provisional solicitada3 y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al director del departamento administrativo de la Presidencia de la República, al ministro de defensa, al ministro del interior, a la gobernadora del Valle del Cauca, al alcalde de Santiago de Cali, al director general de la Policía Nacional y al comandante general de las Fuerzas Militares. 3.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 12 de mayo de 2021. 3.3. Mediante autos del 14 y 10 de mayo de 2021, fueron acumulados los procesos 11001-03-15-000-2021-02224-00 y 11001-03-15-000-2021-02348-00, respectivamente, al proceso 11001-03-15-000-2021-02250-00. 3.4. Por auto del 11 de junio de 2021, el Despacho Sustanciador vinculó, en

calidad de terceros con interés, al procurador general de la Nación, al defensor del pueblo y al fiscal general de la Nación. 3 La parte actora solicitó, como medida provisional, que se ordenara la suspensión de la figura de “asistencia militar” activada por el Presidente de la República, así como de la intervención del ESMAD o cualquier autoridad militar o policial similar en todas las manifestaciones que se adelantaran a nivel nacional. 3.5. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de junio de 2021. 3.6. El 21 de junio de 2021, el proceso pasó a despacho para fallo.

4. Intervenciones 4.1. La apoderada de la Presidencia de la República sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente porque los demandantes carecen de legitimación en la causa por activa y que, en todo caso, no se ha vulnerado ni amenazado ninguno de los derechos fundamentales invocados. 4.1.1. Que, en efecto, la parte actora no tiene legitimación en la causa para promover la presente acción de tutela, porque se refiere, en general, a la garantía de la protesta de toda la ciudadanía que la ejerce en las calles y hacen afirmaciones frente a afectaciones ajenas o de terceros, sin allegar prueba, siquiera sumaria, de su afectación personal. Que, además, los demandantes no acreditaron la imposibilidad de los agenciados para acudir directamente ante el juez constitucional en busca de la protección de los derechos fundamentales invocados. 4.1.2. Que las pretensiones de la parte actora relacionadas con que se ordene a

todos los miembros de la Policía Nacional abstenerse de incurrir en las conductas denunciadas en este trámite, así como de ordenar al Ministerio Público acompañar a las personas en actos de protestas y brindarles asesoría jurídica a quienes resultaren afectados, tendrían efectos erga omnes y que, por ende, el juez de tutela no podría otorgarlas, so pena de exceder sus competencias. 4.1.3. Que, en todo caso, no existía vulneración de los derechos fundamentales por parte de la Presidencia de la República y que la acción de tutela era improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que existían otros mecanismos de defensa judicial, como la petición, la denuncia penal y el proceso disciplinario, para poner de presente todas las presuntas irregularidades que afecten derechos fundamentales por parte de la Policía Nacional o miembros de la Fuerza Pública. Que dichos mecanismos no han sido utilizados, ya que no se demostró que los demandantes hubiesen interpuesto alguna queja ante la Policía Nacional en la que se acusara a miembros de esa institución por abusos de autoridad o violación de derechos humanos. 4.1.3.1. Que la parte demandante no alegó encontrarse en las excepciones al cumplimiento del principio de subsidiariedad que justificara la utilización de la tutela en lugar de los mecanismos idóneos referidos. 4.1.4. Por lo demás, la Presidencia de la República se refirió a las afectaciones generadas por los bloqueos, a las acciones generalizadas por parte del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública orientadas a propender por el abastecimiento y

distribución de medicamentos, a las instrucciones del ministro de Defensa Nacional en el marco del paro nacional, a las potestades de la Fuerza Pública y a las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional luego del p