CE-11001-03-15-000-2021-02283-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA / IMPROCEDENCIA POR CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL – Fallo de la Corte Suprema de Justicia / PROTOCOLO PARA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN PROTESTAS PACÍFICAS / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUSITO DE SUBSIDIARIEDAD – Existe otro medio de defensa / INCIDENTE DE DESACATO – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para exigir el cumplimiento del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia [S]e advierte que opera la cosa juzgada constitucional, puesto que en la sentencia del 22 de septiembre de 2020 se protegió el derecho fundamental a la protesta pacífica y sus efectos se hicieron extensivos a todas las personas que en un futuro ejercieran la garantía consagrada en el artículo 37 superior. (…) De lo cual se deriva que todas las autoridades accionadas deben garantizar el derecho a la protesta pacífica de las personas que participan en las manifestaciones que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. (…) Al margen de lo anterior, también se advierte que la parte accionante cuenta con el incidente de desacato si considera que las órdenes de tutela no cumplen a cabalidad en relación con la protección del derecho fundamental a la protesta pacífica. (…) [P]ara la Sala las aludidas pretensiones relacionadas con el uso de la fuerza en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y para que los miembros de la Policía Nacional y la intervención de las Fuerzas Militares, así

como el debido acatamiento del referido protocolo, se encuentran cobijadas por lo dispuesto en la mencionada decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. (…) En tal sentido, la parte accionante cuenta con el incidente de desacato para poner de presente su inconformidad respecto del uso de la Fuerza Pública en las protestas pacíficas; razón por la cual en relación con la segunda, tercera y cuarta pretensión, se declarará la improcedencia de la solicitud de tutela puesto que la parte actora cuenta con el incidente de desacato como medio defensa para la protección de sus derechos fundamentales. (…) [L]a Sala considera que en relación con la sentencia del 22 de septiembre de 2020, su cumplimiento se encuentra asignado al juez constitucional de primera instancia que conoció de esa acción de tutela, esto es, de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, frente a la competencia de Corte Constitucional, como ya se indicó el fallo de tutela fue excluido de la eventual revisión, con lo cual se configuró la cosa juzgada constitucional. (…) Por tanto, para la Sala tal pretensión resulta también improcedente pues el cumplimiento de la aludida decisión, que cobijó las anteriores pretensiones de la demandante, debe verificarse a través del incidente de desacato, en los términos antes expuestos y no mediante la «compulsa de copias» como lo pretende la parte actora. (…) En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de tutela, pues no cumple con el requisito de subsidiariedad en relación con todas las pretensiones de la demanda, en tanto que la parte accionante cuenta con el incidente de

desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 37.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02283-00 (AC)

Actor: MARÍA FERNANDA BARBOSA CABALLERO Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional Mediante escrito radicado el 5 de mayo de 2021 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial1, la señora María Fernanda Barbosa Caballero, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el presidente de la República de Colombia, el alcalde de Guadalajara de Buga, el ministro de Defensa, la gobernadora del Valle del Cauca, el comandante del Batallón de Artillería Palacé de Buga, el comandante de la Policía de Buga y el director del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Lo anterior, con el propósito de que se garantice la protección de sus derechos, así como el de «todos los protestantes y a los niños, niñas y adolescentes», a la protesta pacífica, a la participación ciudadana, a la integridad personal, física y mental, a la paz, a la dignidad humana, al debido proceso, a la vida, a la salud, a la libre reunión y circulación, a la libertad de expresión y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados en el marco de las protestas que se han venido desarrollando desde el 28 de abril de 2021 y que han llevado a militarizar a las distintas ciudades. A su vez, requirió que se vincule al presente trámite a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, a la Personería de Guadalajara de Buga, a la Procuraduría General de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Comité Nacional del Paro y las demás entidades de derechos humanos que se consideren pertinentes, en aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, con el fin de que den cuenta de los hechos ocurridos en la ciudad de Guadalajara de Buga, cuya información debe ser pública y verificable2. Como peticiones, la parte actora manifestó: «Conforme a lo anterior y a las intervenciones sistemáticas, violentas y arbitrarias por parte de la fuerza pública, el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales, detenciones ilegales, tratos inhumanos y crueles, se deben tomar las medidas necesarias y correspondientes para amparar mis

1 Remitido al día siguiente al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación. 2 La accionante presentó ampliación de la acción de tutela con la finalidad de que se vinculara a dichas autoridades y entidades, además de reiterar algunos hechos (documento 10 del expediente electrónico). derechos constitucionales y de los protestantes pacíficos y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buga.

1. Se me garantice a mí, a todos los protestantes y a los niños niñas ya adolescentes el ejercicio al derecho a la protesta pacífica, sin represión y uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, la participación ciudadana, la integridad personal, física y mental, la paz, la dignidad humana, el debido proceso, la vida, la salud, la libertad de expresión, la libre reunión y circulación.

2. Se me garantice el derecho a mí, a todos los protestantes y a los niños, niñas y adolescentes de Buga, el derecho a la vida, la integridad personal, la dignidad humana, a la protesta pacífica y el acceso a la administración de justicia, en el sentido que la fuerza pública actúe sin el uso de armas letales y/o químicas.

3. Se requiera al Ejército Nacional, y Ministerio de [D]efensa, respecto de las [ó]rdenes emitidas, limitaciones y restricciones que se puedan desplegar en la ciudad de Buga, especialmente frente a la figura de asistencia militar.

4. Se exhorte a la fuerza pública y demás autoridades el respeto por la Constitución, derecho internacional humanitario.

5. Se compulsen las respectivas copias a la sala de instrucción de la

Corte.» La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos3

Sostuvo que desde el 28 de abril del 2021 hasta la fecha de presentación de la demanda, los ciudadanos en todo el país han decidido iniciar protestas de forma pacífica en el territorio nacional en contra de las políticas del Gobierno, las cuales corresponden al ejercicio de un derecho legítimo de la ciudadanía. Indicó que el día 2 de mayo hogaño se presentó el retiro del proyecto de reforma tributaria en el congreso por parte del presidente. Señaló que el 3 de mayo presentó la renuncia el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, en donde el primero fue postulado para otro cargo público. Manifestó que el 3 de mayo del 2021, la ciudad de Cali fue militarizada, extendiéndose el uso excesivo de la Fuerza Pública, abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, quienes han reprimido el derecho a las protestas y estigmatizado a sus participantes. Refirió que desde el inicio de las protestas en la ciudad de Buga, los marchantes se ubicaron en el sector del Sena y Palo blanco, ciudad que se encuentra igualmente militarizada, agraviada y está siendo víctima de la violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. 3 Coadyuva a la acción de tutela la señora Carol Johana Ospina García y el señor Guillermo León Velásquez Parra (documentos 6 y 33 del expediente electrónico, respectivamente). Agregó que desde la noche del 4 y en la madrugada del 5 de mayo del 2021, en la ciudad de Guadalajara de Buga, se atacó a la población civil que se encontraba

desplegada en el sector conocido como Palo Blanco y Aures, en donde ingresaron directamente al barrio con gases lacrimógenos en el que resultaron lesionados menores de edad y al parecer extraoficialmente falleció uno de ellos4. Añadió que incluso el alcalde de Guadalajara de Buga en su página oficial de Facebook se pronunció al respecto5.

3. Sustento de la vulneración Precisó que la mayoría de los protestantes, incluida ella, han ejercido su derecho a la protesta de manera pacífica, no obstante, la Fuerza Pública ha decidido de manera desmedida y desproporcionada socavar, desestimular y debilitar su derecho a expresarse sin temor, así: «El secretario de Salud, expresa que actualmente se encuentran 53 heridos, dentro de los cuales se encuentran 7 niños, pero sin embargo no hablan de los desaparecidos.

https://www.facebook.com/TODONOTICIASTN/videos/757772001772320 En la madrugada del 5 de mayo, helicópteros sobrevolaron los barrios de la ciudad, disparando desde el aire donde aparentemente hay heridos: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1973541879476659&i d=976329485864575 https://www.facebook.com/976329485864575/videos/3759044814206719 https://www.facebook.com/canal.laconcordia/videos/792782968045137 https://www.facebook.com/groups/706098262823733/permalink/348883322 4550209»

4. Trámite de la solicitud de tutela Mediante auto de 27 de julio de 2021, se admitió la acción constitucional y se

denegó el decreto de las medidas cautelares. En consecuencia, se ordenó notificar a la parte actora y, como demandados al presidente de la República de Colombia, al alcalde de Guadalajara de Buga, al ministro de Defensa, a la gobernadora del Valle del Cauca, al comandante del Batallón de Artillería Palacé de Buga, al comandante de la Policía de Buga y al director del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). A su vez, se dispuso la vinculación del defensor del Pueblo, al fiscal General de la Nación, al personero municipal de Guadalajara de Buga, a la Procuradora General de la Nación, a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al presidente del Comité Nacional del Paro y al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para tal efecto, se ordenó «… a la Secretaría publicar en la página web del Consejo de Estado un aviso sobre la existencia de esta acción». 4 https://www.facebook.com/groups/526382741219573/permalink/1132487720609069. https://www.facebook.com/Facebuguita/posts/3862640090520969. 5https://www.facebook.com/JulianAdolfoRojas/photos/a.443714992453820/1957187761106528/.

5. Contestaciones Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes intervenciones: 5.1. Presidente de la República de Colombia Esta autoridad se puso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Solicitó que se niegue el amparo deprecado por cuanto no se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona, pues el Gobierno

Nacional y las autoridades territoriales pese a todo esfuerzo no han podido restablecer el orden público y dependen de las personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica. Indicó que además tienen la obligación de oponerse a los bloqueos y no permitir el desabastecimiento de varios territorios del país y ordenar que los mismos se levanten. Sumada la necesidad de negociar, estar en disposición para dialogar, entender que el orden público y su mantenimiento, así como el provisión del país son un imperativo para todas las autoridades territoriales y nacionales; por lo que, esa obligación no es negociable. Pidió que, en su defecto, se declare la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación material en la causa por activa o por la improcedencia de la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado. 5.2. Ministerio de Defensa Nacional, comandante del Batallón de Artillería Palacé de Buga, comandante de la Policía de Buga y director del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y Ejército Nacional La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, pues consideró que el actuar de sus miembros en caso de manifestaciones públicas se encuentra en el marco de las funciones constitucionales y legales, para la garantía no solo del derecho a la manifestación pública y pacífica, sino también para contrarrestar las graves alteraciones de orden público que se han venido presentado en algunas zonas del país. Al respecto, indicó: «… El actuar de la policía en caso de manifestaciones públicas se circunscribe a los siguientes escenarios de actuación:

• Acompañamiento a las manifestaciones públicas y pacíficas para garantizar el derecho fundamental de los manifestantes y de los no participantes, en un contexto normal y adecuado del derecho fundamental de manifestación, situación en la cual, las expresiones del derecho se ejecutan en determinado lapso de tiempo y culminan pacíficamente sin afectar derechos de otras personas. - Uso de la fuerza para dispersar las manifestaciones violentas y vandálicas, en cuyo marco la actuación de Policía Nacional, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y depositarios del uso legítimo de la fuerza, podrán utilizar este medio de policía, para controlar y hacer cesar las afectaciones derivadas de la violencia indiscriminada en un ejercicio ilegitimo del derecho constitucional. La Policía Nacional, ha cumplido a cabalidad las prerrogativas y obligaciones consagradas en el Decreto 003 del 05/01/2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores,

denominado ‘ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA

FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA’. El servicio de Policía en dicha jurisdicción fue planeado de conformidad con la normativa relacionada en el texto de esta contestación, disponiendo de las capacidades institucionales para garantizar el derecho de reunión y manifestación. Para las marchas y concentraciones, se efectuaron coordinaciones con el Ministerio Público ‘Defensoría, Procuraduría y Personerías’ como garantes

de los procedimientos policiales y el respeto de los derechos de los manifestantes. En las marchas y concentraciones, así como en las intervenciones policiales, se ha contado con la presencia de los Gestores de Convivencia. La Institución Policial como garante del ejercicio de los derechos constitucionales, dispuso que el personal policial adscrito a la fuerza disponible de esa Unidad, realizara el acompañamiento a las manifestaciones y marchas que se han venido presentando el en territorio Nacional con el fin de facilitar y garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación a los ciudadanos, los cuales en ningún momento tienen dentro de sus elementos del servicio armas letales y no letales. …» Asimismo, la Unidad de Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad y por la inexistencia de la vulneración alegada. A su vez, el Ejército Nacional manifestó que a la fecha se han levantado la mayoría de bloqueos en el país, como también y a raíz de reuniones con los representantes de las marchas y el Gobierno Nacional se han disminuido las marchas pacíficas. Añadió que frente a las actuaciones de vandalismo que no hacen parte de las marchas pacíficas es que en última ratio debe entrar a proteger la vida y bienes de los ciudadanos el ESMAD. Sostuvo que es importante señalar que a raíz del Decreto 003 de 2001, los procedimientos del caso que se han cumplido, siendo la Policía Nacional

acompañada por la Procuraduría, Veedurías, Defensoría y otros organismos no gubernamentales. 5.3. Gobernadora del Valle del Cauca Esta autoridad solicitó que se denieguen las pretensiones de la presente acción de tutela y, en consecuencia, se declare que el departamento del Valle del Cauca carece de legitimación en la causa por pasiva como quiera que no es el causante de los desmanes, taponamientos de vías, desapariciones y violencia generada por la alteración del orden público, y que han vulnerado los derechos fundamentales estipulados. 5.4. Procuradora General de la Nación La referida autoridad solicitó su desvinculación toda vez que: i) es un órgano de control independiente de cualquier entidad del Estado y, ii) ha realizado las actuaciones correspondientes en el marco de su misionalidad y las funciones atribuidas constitucional y legalmente, y en especial las otorgadas por el Decreto 262 del 2000. En un segundo informe, esta autoridad sostuvo que la Procuraduría General de la Nación junto con la Policía Nacional construyeron el Protocolo de Verificación de las personas trasladadas, detenidas o aprehendidas en el marco de las movilizaciones y como parte del mismo, la creación de una herramienta web que se insertaría en la página oficial de la entidad, a través del cual las organizaciones sociales, organismos internacionales y ciudadanía en general podrían conocer en tiempo real la ubicación y situación judicial de las personas objeto de este instrumento. 5.5. Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Esta autoridad solicitó se eximiera al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle, por cuanto no es la entidad que está propiciando la vulneración de

derechos de los menores, al contrario, es la que lidera e implementa los programas de atención a los niños, niñas y adolescentes en protección y prevención. Indicó que además la entidad que no ha incurrido en el desconocimiento de los derechos fundamentales de los accionantes desde su competencia funcional, con fundamento en las consideraciones del presente escrito. En consecuencia, pidió su desvinculación. 5.6. Fiscalía General de la Nación La mencionada entidad se opuso a la prosperidad de lo pretendido en esta acción de tutela, al considerar que debe declararse improcedencia por falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Fiscal General de la Nación y, en consecuencia, ordenar su desvinculación del asunto de la referencia. Subsidiariamente, pidió que se niegue el amparo deprecado pues el fiscal General de la Nación no ha vulnerado, ni amenazado los derechos fundamentales invocados. Agregó que la entidad, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, ha adelantado todo cuanto tiene a su alcance para recopilar la información sobre presuntos hechos punibles que puedan tener la connotación de delitos durante las manifestaciones. Indicó que bajo los lineamientos contemplados en la Constitución Política y la Directiva 002 de 2021 se han adelantado las investigaciones que en derecho corresponde, de conformidad con las funciones encomendadas por el constituyente primario. 5.7. Presidente del Comité Nacional del Paro El referido presidente sostuvo que se encuentra conformada por varias organizaciones que hacen parte del Comité de Paro Nacional, y de la Coordinación de Organizaciones Sindicales de Colombia. Aclaró que el mencionado comité no es un ente que este legalmente constituido,

pero que cuenta con la representación y vocería de diferentes organizaciones, de esta manera se conforma un grupo heterogéneo de intereses, como consecuencia de la diversidad en la composición. Resaltó la vital importancia de la protección de los derechos fundamentales a la protesta, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de circulación y movimiento, el derecho a la participación, la vida, la integridad personal, la libertad personal y el debido proceso en el marco de una protesta social.

Pidió que: i) se declare la procedencia de la acción de tutela; ii) que sean concedidas, en tu totalidad, todas las pretensiones y se adopte el tratamiento que sentó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC76412020; iii) se reconozca el ejercicio legítimo de los derechos de asociación, reunión pacífica y protesta de los manifestantes del paro nacional; iv) se le dé traslado a la autoridad competente para la investigación acuciosa de los presuntos hechos delictivos y/o disciplinarios que refiere la parte accionante. 5.7.1. La Confederación de Trabajadores de Colombia en memorial separado manifestó que el «Comité Nacional de Paro», es un grupo sin personería jurídica, con el solo interés común en defensa de la relación de trabajo, derecho de sindicación con libertad sindical, de acuerdo con el Convenio 87 de 1948, sobre Libertad Sindical y protección al derecho de sindicación, ratificado por Colombia

(Ley 26 de 1976). Cuestionó la vinculación de dicho comité.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017 y Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20196.

2. Cuestión previa El presidente de la República de Colombia, la gobernadora del Valle del Cauca, la procuradora General de la Nación, el fiscal General de la Nación y la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), solicitaron su desvinculación del proceso o invocaron la carencia de legitimación en la causa por pasiva.

Al respecto, la Sala negará tales peticiones pues en el caso del presidente se advierte que fue demandado expresamente con la solicitud de amparo y, en relación con los demás señalados, se observa que se vincularon al proceso en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el escrito de tutela. 6 Reglamento interno del Consejo de Estado.

3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, con ocasión de la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, a través de la cual se amparó el derecho fundamental a la protesta pacífica y sus efectos se hicieron extensivos a todos los ciudadanos que a futuro ejercieran esa garantía

constitucional. De no ser así, se deberá estudiar si las autoridades demandadas amenazan los derechos fundamentales de la demandante, con ocasión del presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares en el marco de las protestas y manifestaciones públicas que se adelantan en varias ciudades del país desde el 28 de abril de 2021. Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i) generalidades de la acción de tutela, ii) el derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, iii) el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, iv) la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 22 de septiembre de 2020 y, v) el análisis del caso concreto.

4. Generalidades de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19917, entre otros motivos, la relativa a la

existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

5. El derecho fundamental a la protesta pacífica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 37 lo siguiente: «Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.» Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la protesta social es «una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación»8. Al respecto, se observa que no existe una forma única y exclusiva del ejercicio de esta garantía, toda vez que se puede ejercer desde formas de denuncia y presión directas hasta acciones institucionalizadas o estructuradas a través de 7 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'». 8 Ibídem: p.5 organizaciones formalmente constituidas y, también abarcar estrategias no institucionales, como manifestaciones públicas y espontáneas con o sin coordinación previa, por lo que, su ejercicio no se limita a una sola persona, en tanto que también podrán hacer uso de tal garantía, los pequeños grupos de personas con intereses comunes establecidos previamente, por grupos multitudinarios de personas sin alguna intención asociativa específica o articuladas alrededor de organizaciones estructuradas. El mencionado derecho concierne a otros derechos como el de la libertad, la

libertad de expresión, este se puede presentar en distintas formas o modalidades, como un bloqueo pacífico de una vía o ruta, cacerolazos, vigilias, eventos deportivos, huelgas y, de ello, dependerá el actuar estatal que siempre debe atender a las condiciones del caso en concreto. Sobre el particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) estableció: «Artículo 15. Derecho de Reunión Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.» Por tanto, si bien los estados tienen el deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público, lo cierto es que, en tales contextos, el uso de la fuerza debe ser proporcional al logro de tales objetivos. A su vez, se encuentra dentro de las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021: a) Uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales. b) Violencia de género en el marco de las protestas. c) Violencia étnico-racial y contra periodistas y misiones médicas en el marco de las manifestaciones. d) Uso desproporcionado e irregular de la figura del traslado por protección y detenciones arbitrarias en vulneración del debido proceso e) Denuncias por desaparición.

f) Uso indebido de la figura de la asistencia militar. g) Uso de la jurisdicción penal militar y el fuero militar en contravía de los preceptos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A partir de lo anterior, la CIDH emitió unas recomendaciones generales y específicas al Estado colombiano, con la finalidad de superar la grave situación devenida de la vulneración de derechos humanos, entre las cuales indicó la de promover y reforzar un proceso nacional de diálogo con enfoque territorial que permite para participación de todos los sectores, garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población, cumplir cabalmente los protocolos del uso legítimo de la fuerza, entre otras. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C – 223 de 2017, se pronunció de manera puntual acerca del derecho a la reunión, manifestación y protesta, a partir de lo cual destacó, entre otros asuntos, lo siguiente: a) La principal condición de la reserva de ley estatutaria consiste en que la limitación del derecho a la reunión, manifestación y protesta no puede llevar a una anulación de su ámbito irreductible de protección. b) El ámbito irreductible de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta, es la conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad de expresiónfrente al funcionamiento del gobierno – control político-, a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas. En dicho pronunciamiento, se estableció que de la condición principal