CE-11001-03-15-000-2021-02337-00(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL

[L]a Sala debe decidir si la tutela de la referencia cumple el requisito de relevancia constitucional. De encontrarse cumplido ese requisito, será planteado y decidido el problema jurídico de fondo, en los términos planteados en la demanda de tutela. (…) La Sala considera que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora se limita a reiterar los argumentos que expuso en el proceso de reparación directa y que fueron resueltos por el tribunal demandado. Si bien los demandantes alegaron la configuración de un defecto fáctico y de un desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que, en últimas, pretenden que se reabra el debate respecto a la prueba de los perjuicios morales y por daño a la salud. (…) [En efecto,] el argumento referido al debate probatorio relacionado con la demostración de la existencia de perjuicios morales y por daño a la salud se repite en el recurso de apelación propuesto en el proceso de reparación directa y en la demanda de tutela y esto evidencia que la parte actora simplemente pretende obtener un pronunciamiento diferente al adoptado en las providencias cuestionadas. Debe decirse que el aludido cuestionamiento fue resuelto por el tribunal demandado. (…) [Asimismo,] [q]ueda en evidencia que el tema del precedente fijado en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014 también es reiterado y que fue resuelto por el tribunal demandado. Siendo

así, aunque los demandantes alegan la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, lo cierto es que terminan promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las indemnizaciones por perjuicios morales y por daño a la salud en el monto que estiman procedente. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: la tutela de la referencia no cumple el requisito de relevancia constitucional. Por consiguiente, será declarada improcedente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02337-00(AC)

Actor: JHON WILLIAM MORA SANDOVAL Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE NEIVA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jhon William Mora Sandoval, Andrés Felipe Mora Trejos, Jorge Luis Olaya Mora, Luz Marina Mora Sandoval, Herlandy Alarcón Chavarro, Natalia Estefanía Solano Alarcón, María Eva Ramírez Aldana, Armando Borrero Murcia, María del Mar Borrero Ramírez, María Catalina

Borrero Ramírez, William Patiño Perdomo, María Margarita Otalora Guzmán,

William Stevens Patiño Otalora, Paula Camila Patiño Otalora, Elcira Dussán Charry, Liced Fernanda Dussán Charry, Kerly Tatiana Vega Dussán, María Amparo Barreiro Camacho, José Vicente Barreiro Murcia, Viviana Andrea Méndez Barreiro, José Leonardo Ramos Barreiro, Ligia Amparo Ramos Barreiro, Luis Hernando Ramos Barreiro, Milena Mejía Ramírez, Magdalena Tovar Ramírez, Pablo Andrés Lozano Tovar, Edgar Lozano Tovar, María Cristina Álvarez Peña y Carlos Giovanni Rodríguez contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones 1.1. El 7 de mayo de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, los demandantes pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estimaron vulnerados por las sentencias del 3 de noviembre de 2016 y del 23 de octubre de 2020, dictadas, en su orden, por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y por el Tribunal Administrativo del Huila. En consecuencia, formularon, textualmente, las siguientes pretensiones: PRIMERA: Conceder el AMPARO de los derechos fundamentales a la igualdad, al respeto del debido proceso y al acceso material a la justicia de JHON WILLIAM MORA SANDOVAL, ANDRES FELIPE MORA TREJOS, JORGE LUIS OLAYA MORA, LUZ MARINA MORA

SANDOVAL, HERLANDY ALARCÓN CHAVARRO, NATALIA ESTEFANIA SOLANO

ALARCON, MARÍA EVA RAMÍREZ ALDANA, ARMANDO BORRERO MURCIA, MARÍA DEL

MAR BORRERO RAMÍREZ, MARÍA CATALINA BORRERO RAMÍREZ, MARÍA EMMA

ESCOBAR MUÑOZ, LUIS ALFONSO CALDERÓN PERDOMO, CRISTIAN CAMILO

CALDERÓN RIZO, RUBIELA ORTIZ BERMEO, RIGOBERTO PASCUAS DUSSAN, ANA

LUCIA PASCUAS ORTIZ, JUAN SEBASTIAN PASCUAS ORTIZ, LIDA MARCELA

ESCOBAR MUÑOZ, WILLIAM PATIÑO PERDOMO, MARIA MARGARITA OTALORA

GUZMÁN, WILLIAM STEVENS PATIÑO OTALORA, PAULA CAMILA PATIÑO OTALORA,

ELCIRA DUSSÁN CHARRY, LICED FERNANDA DUSSÁN CHARRY, KERLY TATIANA

VEGA DUSSÁN, MARÍA AMPARO BARREIRO CAMACHO, JOSE VICENTE BARREIRO

MURCIA, VIVIANA ANDREA MÉNDEZ BARREIRO, JOSÉ LEONARDO RAMOS

BARREIRO, LIGIA AMPARO RAMOS BARREIRO, LUIS HERNANDO RAMOS BARREIRO,

MILENA MEJÍA RAMÍREZ, MAGDALENA TOVAR RAMÍREZ, PABLO ANDRÉS LOZANO TOVAR, EDGAR LOZANO TOVAR, MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ PEÑA y CARLOS GIOVANNI RODRÍGUEZ, los cuales son actualmente vulnerados y amenazados por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila y del Juzgado Noveno Administrativo

de Neiva, por cuenta de las sentencias dictadas el 23 de octubre de 2020 y el 3 de noviembre de 2016, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa cursado en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación radicado con el número 41001-23-31-0002003-01224-02 ACUMULADOS 4100123-31-000-2004-00516-00, 41001-23-31000-2004-01468-00.

SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila Consejo de Estado –, el 23 de octubre de 2020 dentro del proceso con radicación No. 41001-23-31-0002003-01224-02; todo ello sin perjuicio de las medidas que el juez de tutela considere necesarias, pertinentes e idóneas para salvaguardar los derechos constitucionales que se ven afectados.

TERCERA: Conceder el AMPARO de los derechos fundamentales que el Juez de Tutela encuentre vulnerados.

2. Hechos Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes: 2.1. El 14 de febrero de 2003, la Fiscalía General de la Nación y la Policía

Nacional allanaron el inmueble ubicado en la calle 65 # 34 de Neiva (Huila), con el fin de verificar si eran almacenados artefactos explosivos para atentar contra personalidades públicas. 2.2. Durante el allanamiento se produjo una explosión, que derivó en la muerte de 18 personas, en lesiones a 40 personas y en múltiples pérdidas materiales.

2.3. Los demandantes promovieron procesos de reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Presidencia de la República, el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía General de la Nación, por estimarlos administrativamente responsables por los perjuicios derivados de la explosión ocurrida el 14 de febrero de 2003. 2.4. Mediante sentencia del 3 de noviembre de 2016, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva declaró que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación fueron responsables de los perjuicios derivados de la explosión del 14 de febrero de 2003 y los condenó a pagar las siguientes indemnizaciones: Consolidación de Perjuicios Perjuicios Materiales Total Lucro Daño Lucro Perjuicios Daño a la Radicación Demandante emergente Cesante morales Salud Consolidado cesante futuro 2003-01224 Shirley Rojas Home 115.853.638 82.980.985,12 68.945.400 267.780.023 J Ra ov jaie sr Andrés Quintero 57.926.819 22.275.633,49 68.945.400 149.147.852 2003-01220 Costain Quintero 28.963.409 1.998.905,32 68.945.400 99.907.714 Elvira Cerquera de 28.963.409 11.856.583,29 68.945.400 109.765.392 Quintero Rigoberto Quintero 34.472.700 34.472.700 Cerquera Cesar Quintero Cerquera 34.472.700 34.472.700

Nancy Quintero 34.472.700 34.472.700 Cerquera Marleny Quintero 34.472.700 34.472.700 Cerquera Flor Ángela Quintero 34.472.700 34.472.700 Cerquera Linaceidad Quintero 34.472.700 34.472.700 Cerquera José Antonio Quintero 34.472.700 34.472.700 Cerquera Diego Quintero Cerquera 34.472.700 34.472.700 2004-00516 Pedro Antonio 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Perdomo Ramírez Consuelo de Jesús 3.447.275 3.447.275 Agudelo Cañas Zayury Andrea Perdomo 3.447.275 3.447.275 Agudelo María Mercedes Reina 14.293.503 3.447.275 17.740.778 de Cediel Farid Cabrera Romero 3.447.275 3.447.275 Dolly Constanza 14.293.503 4.360.350 3.447.275 22.101.129 Cabrera Romero Mariela Angarita Fierro 3.447.275 3.447.275 William Patiño 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Perdomo María Margarita Otálora 3.447.275 3.447.275 Guzmán Yesid Rojas Castro 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Fanny Candil Calderón 3.447.275 3.447.275 Miguel María Trujillo 3.447.275 3.447.275

Quintero Nelly Montilla de Trujillo 3.447.275 3.447.275 Luis Eduardo Trujillo 3.447.275 3.447.275 Montilla Ferney Antonio Ramos 726.725 3.447.275 4.174.000 Vargas Yanid Trujillo Montilla 3.447.275 3.447.275 Álvaro Trujillo Montilla 3.447.275 17.740.778 14.293.50 3 Mildred Cabrera Leal 3.447.275 3.447.275 Lucy Herley Cabrera 3.447.275 3.447.275 Leal Fabio Tovar Calderón 3.447.275 17.740.778 14.293.50 3 Carmen Velásquez 3.447.275 3.447.275 Polanía Ángel Efraín Martín 3.447.275 3.447.275 Reina Narváez Ányela Sibel Peláez 3.447.275 3.447.275 Charry Bernardo Zarate Cruz 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Magnolia Acuña Ortiz 3.447.275 3.447.275 Rubén Darío Perdomo 3.447.275 17.740.778 Sandoval 14.293.50 3 Nelsy Muñoz Quintero 3.447.275 3.447.275 Fabián Pérez Losada 3.447.275 3.447.275 Gloria Inés Ramírez 3.447.275 3.447.275 Conde Dubier Patiño Cuellar 3.447.275 17.740.778 14.293.50 3

Doris Serrato Herrera 3.447.275 3.447.275 Orlando Pascuas 3.447.275 17.740.778 Dussan 14.293.50 3 Martha Lucy Portillo 3.447.275 3.447.275 Omar Ríos Valencia 14.293.503 3.447.275 17.740.778 María del Carmen Ortiz 14.293.503 3.447.275 17.740.778 de Ríos Rigoberto Pascuas 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Dussan Rubiela Ortiz Bermeo 3.447.275 3.447.275 Armando Borrero 3.447.275 17.740.778 Murcia 14.293.50 3 Maria Eva Ramirez Aldana Carlos Alberto Ochoa 14.293.503 1.816.813 3.447.275 19.557.591 Linares Omar García Díaz 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Luis Alfonso Calderón 14.293.503 436.035 3.447.275 18.176.813 Perdomo María Emma Escobar 3.447.275 3.447.275 Muñoz Lida Marcela Escobar 3.447.275 3.447.275 Muñoz José Milton Bello 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Perdomo Liliana Arévalo Peralta 3.447.275 3.447.275 Herlandy Alarcón 14.293.503 3.447.275 17.740.778 Chavarro Jaime Pinzón 3.447.275 3.447.275

Menor Andrés Felipe 3.447.275 3.447.275 Pinzón Jhon Willian Mora 3.447.275 3.447.275 Sandoval Marlen Eris Trejos 3.447.275 3.447.275 García Luz Marina Mora 3.447.275 3.447.275 Sandoval 2005-00219 Carlos Giraldo Cruz 479.313.430 En abstracto 10.341.810 489.655.240 Jorge Luis Ossa Barrios 479.313.430 En abstracto 68.945.400 548.258.830 2.4.1. Frente a los demás demandantes, fueron denegadas las pretensiones de las demandas de reparación directa. 2.5. Las partes del proceso de reparación directa apelaron. En lo que interesa, los demandantes alegaron que la indemnización por perjuicios morales debía ascender como mínimo a 100 SMLMV e incluir a aquellos a los que no les fue reconocida ningún tipo de indemnización. También adujeron que la decisión de primera instancia omitió reconocer indemnización por daño a la salud. 2.6. El Tribunal Administrativo del Huila, por sentencia del 23 de octubre de 2020, modificó el reconocimiento de perjuicios de primera instancia, así:

CONSOLIDACIÓN DE PERJUICIOS

LUCRO LUCRO PERJUICIOS

DAÑO CESANTE CESANTE MORALES DAÑO A LA

RADICACIÓN DEMANDANTE EMERGENTE CONSOLIDADO FUTURO (S.M.L.M.) SALUD (S.M.L.M.) PEDRO ANTONIO PERDOMO RAMÍREZ $16.256.726 - - 5CONSUELO DE JESÚS AGUDELO CAÑAS - - - 5ZAYURY ANDREA PERDOMO AGUDELO - - - 5MARÍA MERCEDES REINA DE CEDIEL $16.256.726 - - 5FARID CABRERA ROMERO - - - 5DOLLY CONSTANZA CABRERA ROMERO $16.256.726 $4.959.247 - 5MARIELA ANGARITA FIERRO - - - 5WILLIAM PATIÑO PERDOMO $16.256.726 - - 5MARIA MARGARITA OTÁLORA GUZMÁN - - - 5YESID ROJAS CASTRO $16.256.726 - - 5FANNY CANDIL CALDERÓN - - - 5MIGUEL MARÍA TRUJILLO QUINTERO - - - 5NELLY MONTILLA DE TRUJILLO - - - 5LUIS EDUARDO TRUJILLO MONTILLA - - - 5FERNEY ANTONIO RAMOS VARGAS - $826.541 - 5YANID TRUJILLO MONTILLA - - - 5 - ÁLVARO TRUJILLO MONTILLA - - 5MILDRED CABRERA LEAL $16.256.726 - - 5LUCY HERLEY CABRERA LEAL - - - 5FABIO TOVAR CALDERÓN - - 52004 00516 CARMEN VELÁSQUEZ POLANÍA $16.256.726 - - 5 - ÁNGEL EFRAÍN MARTÍN REINA NARVÁEZ - - - 5ANGELA SIBEL PALÁEZ CHARRY - - - 5BERNARDO ZARATE CRUZ $16.256.726 - - 5MAGNOLIA ACUÑA ORTÍZ - - - 5RUBÉN DARÍO PERDOMO SANDOVAL $16.256.726 - - 5NELSY MUÑOZ QUINTERO - - 5FABIÁN PÉREZ LOSADA - - - 5GLORIA INÉS RAMÍREZ CONDE - - - 5DUBIER PATIÑO CUELLAR - - 5 - $16.256.726 DORIS SERRATO HERRERA - - 5ORLANDO PASCUAS DUSSAN - - 5MARTHA LUCY PORTILLO $16.256.726 - - 5OMAR RÍOS VALENCIA $16.256.726 - - 5MARÍA DEL CARMEN ORTÍZ DE RÍOS $16.256.726 - - 5RIGOBERTO PASCUAS DUSSAN $16.256.726 - - 5RUBIELA ORTIZ BERMEO - - - 5ARMANDO BORRERO MURCIA - - 5MARÍA EVA RAMÍREZ ALDANA $16.256.726 - - 5CARLOS ALBERTO OCHOA LINARES $16.256.726 $2.066.354 - 5OMAR GARCÍA DÍAZ $16.256.726 - - 5LUIS ALFONSO CALDERÓN PERDOMO $16.256.726 $495.903 - 5MARÍA EMMA ESCOBAR MUÑOZ - - - 5LIDA MARCELA ESCOBAR MUÑOZ - - - 5JOSÉ MILTON BELLO PERDOMO $16.256.726 - - 5LILIANA ARÉVALO PERALTA - - - 5HERLANDY ALARCÓN CHAVARRO $16.256.726 - - 5JAIME PINZÓN - - - 5Menor ANDRÉS FELIPE PINZÓN - - - 5JHON WILLIAM MORA SANDOVAL - - - 5MARLEN ERIS TREJOS GARCÍA - - - 5LUZ MARINA MORA SANDOVAL - - - 5MARIO ENRIQUE AFANADOR - - -

MARLENE JIMENA ANTONIETH $17.779.780. $4.649.295

SÁNCHEZ LAM - - -

EDUARDO SOTO QUESADA - 5

MARTHA CECILIA VANEGAS CHACÓN $17.779.780 - - 5

LUIS FERNANDO SALAS $16.256.726 - - 5JAIR DÁVILA RAMÍREZ $17.779.780 5 menor JHOAN JAIR DÁVILA MEJÍA - - 5HILDA ROCÍO GARCÍA DÍAZ - - - 5GUILLERMO RUSINQUE BUSTOS - $1.653.082 - 5MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ PEÑA - - 5ABSTRACTO CARLOS GIOVANNI RODRÍGUEZ VÁSQUEZ - - 5OLGA PATRICIA PÉREZ MOTTA - - - 5JUAN CARLOS PACHECO 2004 01468 PINZÓN $17.779.780 - - 5LILIANA ZAMBRANO ORTIZ - - - 5Menor MARÍA ALEJANDRA PACHECO ZAMBRANO - - - 5EDGAR LOZANO GARCÍA - - 5 -

$16.256.726 MAGDALENA TOVAR RAMÍREZ - - - - AMPARO CONDE VALDERRAMA $16.256.726 - - 5ELCIRA DUSSAN CHARRY $17.779.780 - - 5BENYY VARGAS MEDINA - - - 5EFRAÍN GÓMEZ SANTOS - - - 5Menor DANIELA GÓMEZ ARDILA - - - 5Menor PAULA MILENA GÓMEZ ARDILA - - - 5Menor VALENTINA GÓMEZ ARDILA - - - 5MARÍA AMPARO BARREIRO CAMACHO - - - 5JOSÉ VICENTE BARREIRO CAMACHO - - - 52005 00216 EDUAR PERDOMO SOTO - - - 40 40 ALIRIA HERNÁNDEZ DE PLAZAS - $3.177.796 - 100JORGE ELIÉCER PLAZAS HERNÁNDEZ - - - 100ISMAEL PLAZAS HERNÁNDEZ - - - 100MARÍA ALIRIA PLAZAS 2007 00396 HERNÁNDEZ - - - 100JAVIER PLAZAS HERNÁNDEZ - - - 100CARLOS FERNANDO PLAZAS HERNÁNDEZ - - - 100TERESA PLAZAS HERNÁNDEZ - - - 100Menor MARÍA EUGENIA RAMÍREZ PLAZAS - - - 50DANIEL BUSTOS SÁNCHEZ $23.749.184 $6.199.060 - - - MARÍA ELENA BAUTISTA DE LEAL $17.779.780 - - - -

2004 01338

SHIRLEY CUELLAR SILVA $79.921.978 $3.099.530 - - - LUIS FELIPE BAHAMÓN PAREDES - - - -

$17.779.780 ELOIDA MONJE MARTÍNEZ - - - - 2003 00829 ALDEMAR NARVÁEZ SERRATO - $108.183.707 $95.558.236 300Menor OMAR JOSÉ NARVÁEZ CASTRILLÓN - $75.728.595 - 200 80

Menor LUIS FELIPE NARVÁEZ CASTRILLÓN - $75.728.595 $10.089.738. 200 20

YOLANDA DUSSAN CHARRY $2.820.572 $51.930.616 $53.048.749 100GERSON HERNÁNDEZ LOSANO $2.820.572 - - 15ASTRID LORENA DUSSÁN - - - 502004 01557

TULIO DUSSÁN ARAUJO - - - 50DIÓGENES PERDOMO NUÑEZ - $51.930.616 $53.048.749 100HERNANDO YACID PÉREZ DÍAZ - - - 15JAVIER PLAZAS HERNÁNDEZ $13.320.330 - - - - ISMAEL PLAZAS HERNÁNDEZ $13.320.330 - - - - CARLOS FERNANDO PLAZAS HERNÁNDEZ $13.320.330 - - - - 2005 00199 MARÍA ALIRIA PLAZAS HERNÁNDEZ $13.320.330 - - - - JORGE ELIÉCER PLAZAS HERNÁNDEZ $13.320.330 - - - - TERESA PLAZAS HERNÁNDEZ $13.320.330 - - - -

ÁNGEL ANTONIO MIRANDA 2007 00053 AVILES - ABSTRACTO ABSTRACTO ABSTRACTOANDREA PERDOMO SOTO ABSTRACTO - - ABSTRACTOTOTALES $669.817.664 $390.628.937 $201.655.734 2195 140 2.6.1. Además, el tribunal demandado dispuso lo siguiente: «deniéguese las demás pretensiones de los procesos acumulados y las de los expedientes 410012331000-2003-01224-00, en donde son demandantes Shirley Rojas y Javier Andrés Quintero Rojas, 4100123310002003-01220-00, siendo demandantes Costain Quintero, Elvira Cerquera, Rigoberto Quintero Cerquera, César Quintero Cerquera, Nancy Quintero Cerquera, Marleny Quintero Cerquera, Flor Ángela Quintero Cerquera, Linaceidad Quintero Cerquera, José Antonio Quintero Cerquera y Diego Quintero Cerquera y 410012331000-2005-00219-00, en el que son demandantes Carlos Giraldo Cruz y Jorge Luis Ossa Barrios».

3. Argumentos de la acción de tutela 3.1. La parte actora, preliminarmente, explicó que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad, en lo referente a los expedientes 41001-23-31-0002004-01468-00 y 41001-23-31-000-2004-00516-00. Que existe inmediatez, puesto que la sentencia cuestionada fue notificada el 15 de diciembre de 2020. Que está cumplida la subsidiariedad, toda vez que el proceso de reparación directa tuvo

segunda instancia y no existen otros recursos disponibles. Que no se cuestionan sentencias de tutela. 3.2. En cuanto al fondo del asunto, los demandantes alegaron que las sentencias del 3 de noviembre de 2016 y del 23 de octubre de 2020, dictadas, en su orden, por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, incurrieron en los siguientes defectos: 3.2.1. Fáctico, «al no valorar las pruebas aportadas para el reconocimiento y debida tasación de los perjuicios morales derivados por la explosión y del daño a la salud». Que las constancias expedidas por el Director Administrativo de Emergencias y Desastres de la Alcaldía de Neiva evidenciaron que los actores fueron víctimas de la explosión. Que, además, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Villa Magdalena IV Etapa señaló que se trata de personas plenamente identificadas como damnificadas del acto terrorista del 14 de febrero de 2003. 3.2.1.1. Que resulta contradictorio que las autoridades judiciales demandadas desconozcan el dolor, la afectación interna de miedo y temor que sufrieron las víctimas y se limiten a reconocer perjuicios materiales. 3.2.1.2. Que, en cuanto al daño a la Salud, debía tenerse en cuenta que sí estaba demostrado, por cuanto la Secretaría de Salud de Neiva elaboró un plan de atención psicológica para los afectados por la explosión. Que «si bien es cierto, el reconocimiento del daño moral requiere una demostración y no puede concluir su

existencia de presunciones, para el caso en concreto, no resulta coherente que se reconozcan daños y afectaciones a los bienes inmuebles de las víctimas, y limitar el reconocimiento del daño moral y a la salud, a los perjuicios morales causados por la pérdida material, cuando se ha reiterado por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la existencia del daño producido por el dolor, congoja, angustia, tristeza al haberse visto expuesto a un acto terrorista; confundiendo y subsumiendo categorías del daño que han sido objeto de delimitación por parte de la jurisprudencia». 3.2.2. Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que fijaron los criterios para el reconocimiento y tasación de indemnizaciones por daños morales y a la salud. Que «se desconoció una decisión con efectos erga omnes, pues en este caso tanto la primera como la segunda instancia omitieron dar aplicación a los criterios definidos para el reconocimiento y tasación de los perjuicios derivados del hecho dañino PROBADO, de la responsabilidad derivada del mismo y del nexo de causalidad presente dentro del mismo proceso».

4. Trámite 4.1. Por auto del 11 de mayo de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila y al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva. 4.2. Asimismo, en calidad de terceros con interés, dispuso la notificación a Shirley

Rojas Home y Javier Andrés Quintero Rojas; Costain Quintero, Elvira Cerquera Cerquera, Rigoberto, César, Nancy, Marleny, Flor Ángela, Linaceidad, José Antonio y Diego Quintero Cerquera; Aldemar Narváez Serrato, Omar José Narváez Castrillón y Luis Felipe Narváez Castrillón; Consuelo de Jesús Agudelo Cañas, Rafael Andrés Perdomo Agudelo, Zayuri Andrea Perdomo Agudelo, Karen Vanessa Perdomo Agudelo, María Mercedes Reina de Cediel, Farid Cabrera Romero, Dolly Constanza Cabrera Romero, Mariela Angarita Fierro, Yesid Rojas Castro, Fanny Candil Calderón, Yeison y Natalia Rojas Candil, Miguel María Trujillo Quintero, Nelly Montilla de Trujillo y Luis Eduardo Trujillo Montilla, Ferney Antonio Ramos Vargas, Yanid Trujillo Montilla, Ferney Andrés, Juan David Ramos Trujillo, Álvaro Trujillo Montilla, Mildred Cabrera Leal, Álvaro Andrés Trujillo Cabrera, Lucy Herley Cabrera Leal, Fabio Tovar Calderón, Carmen Velázquez Polanía, Cristian Yesid y Luis Fernando Tovar Velásquez, Ángel Efraín Martín Reina Narváez y Ányela Sibel Peláez Charry, Bernardo Zarate Cruz, Luisa Ximena Zarate Acuña, Magnolia Acuña Ortiz y Rubén Darío Perdomo Sandoval, Nelsy Muñoz Quintero, Lina Kristal, Nicole, Dahiana Perdomo Muñoz, Fabián Pérez Losada, Gloria Inés Ramírez Conde, Dubier Patiño Cuellar, Doris Serrato Herrera,

Leidy Johanna, Katherine, Ingrid Tatiana, Dubier Patiño Serrato, Rigoberto Pascuas Dussán, Rubiela Ortiz Bermeo, Juan Sebastián, Ana Lucía Pascuas Ortiz; Carlos Alberto Ochoa Linares, Omar García Díaz, Luis Alfonso Calderón Perdomo, María Emma Escobar Muñoz, Cristian Camilo Calderón Rizo, Luis Alfonso Calderón Escobar, Lida Marcela Escobar Muñoz, José Milton Bello Perdomo, Liliana Arévalo Peralta, Aura María Bello Arévalo, Jaime Pinzón, Andrés Felipe Pinzón Acosta, Juan David Garaviz Acosta, Marlen Eris Trejos García, Orlando Pascuas Dussán, Martha Lucy Portillo, Omar Ríos Valencia, María del Carmen Ortiz Ríos y Pedro Antonio Perdomo Ramírez; Daniel Bustos Sánchez, Shirley Cuellar Silva, Luis Felipe Bahamon Paredes, Elodia Monje Martínez y María Elena Bautista de Leal; Mario Enrique Afanador Armenta, Marlene Jimena Antoniett Sánchez Lam, Mario Hernán y Santiago José Afanador, Sánchez, Eduardo Soto Quesada, Martha Cecilia Vanegas Chacón, Santiago y Juan Sebastián Soto Vanegas; Luis Fernando Salas Falla, Lina Margarita Bautista Falla, Jair Dávila Ramírez, Jhoan Jair Dávila Mejía, Hilda Rocío García Díaz, Luis Carlos Vega García, Guillermo Rusinque Bustos, Nubia Teresa Pineda Pineda, Olga Maritza Rusinque Pineda, Jesith Alejandro Rusinque Pineda, Ulises Galindo

Murcia, Olga Patricia Pérez Motta, Carlos Eduardo, Camilo Andrés, Cristian Daniel Galindo Pérez, Juan Carlos Pacheco Pinzón, Liliana Zambrano Ortiz y María Alejandra Pacheco Zambrano, Edgar Lozano García, Alejandra Marcela, Amparo Conde Valderrama, Ramiro Alejandro, Jhon Sebastián y Angie Paola Ramos Conde, Lina Constanza Vargas Bravo, Benyy Vargas Medina, Luz Bayeli Bravo, Yuly Alexandra, Andrés Ricardo Vargas Bravo, Efraín Gómez Santos, Arelys Ardila Rojas, Paula Milena, Daniela y Valentina Gómez Ardila; Yolanda Dussán Charry, Gerson Hernández Lozano, Astrid Lorena Dussán, Tulio Dussán Araujo, Hernando Yasid Pérez Díaz y Diógenes Perdomo Núñez; Carlos Giraldo Cruz y Jorge Luis Ossa Barrios, Eduar Perdomo Soto; Javier Plazas Hernández, Ismael Plazas Hernández, Carlos Fernández Plazas Hernández, María Aliria Plazas Hernández, Jorge Eliecer Plazas Hernández, Teresa Plazas Hernández; Aliria Hernández de Plazas, Jorge Eliecer Plazas Hernández, Ismael Plazas Hernández, María Aliria Plazas Hernández, Javier Plazas Hernández, Carlos Fernando Plazas Hernández, Teresa Plazas Hernández y María Eugenia Ramírez Plazas; Ángel Antonio Miranda Avilés y Andrea Perdomo Soto, que actuaron como demandantes en los procesos ordinarios que se acumularon al expediente ordinario 41001-23-31-0002003-01224-02. 4.3. En calidad de terceros con interés, también se dispuso la notificación al

director Ejecutivo de Administración Judicial, al fiscal General de la Nación, al director general de la Policía Nacional y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que intervinieron en calidad de demandados en el proceso ordinario. 4.4. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el auto admisorio, mediante correos electrónicos y aviso a la comunidad del 19 de mayo de 20211.

5. Intervenciones

1 Ver índices 7 y 8 de Samai. 5.1. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva manifestó que se atenía al contenido de la sentencia del 3 de noviembre de 2016, que decidió, en primera instancia, el proceso de reparación directa promovido por los actores. Que dicha providencia da cuenta suficiente de los motivos que sustentaron las estimaciones de indemnizaciones de perjuicios. 5.1.1. Que, además, «es pertinente precisar que los fundamentos jurisprudenciales citados al momento de exponer el título de responsabilidad y por lo cuales se alega el defecto sustantivo, corresponden a una reseña amplia tomada del fallo del 4 de junio de 2009, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila-Sala Tercera de Decisión, en el expediente 41001233100020040012000, precedente vertical adoptado para orientar la decisión, sin que ello extrañe desconocer el derecho al debido proceso». 5.2. La Presidencia de la República hizo un recuento detallado de las funciones a su cargo y de las competencias del presidente de la república y manifestó que carecen de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tienen competencia

para «realizar las actuaciones específicas y estructurales que pretenden los accionantes para el amparo de los derechos fundamentales que presuntamente creen transgredidos». 5.3. La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara la improcedencia de la tutela, por cuanto, en su criterio, la tutela no cumplió el requisito de subsidiariedad. Que la parte actora no agotó los recursos legalmente procedentes contra las sentencias cuestionadas. Que tampoco fue debidamente sustentado y demostrado ninguno de los defectos identificados por la parte actora frente a las providencias objeto de tutela. 5.3.1. Que, además, no se probó el perjuicio irremediable, que haría procedente la tutela como mecanismo transitorio. 5.4. El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto del secretario general de la Policía Nacional, manifestó que la sentencia que concluyó el proceso de reparación directa está debidamente justificada, por cuanto da cuenta detallada de los motivos que derivaron en la negativa a aumentar o reconocer las indemnizaciones por concepto de perjuicios morales. Que tampoco se evidencia un perjuicio irremediable. 5.4.1. Que lo cierto es que los demandantes no demostraron de qué manera los perjuicios materiales también produjeron un sufrimiento grave y relevante, que sería el pasible de reconocimiento como perjuicio moral. 5.5. El Tribunal Administrativo del Huila y los demás terceros con interés no intervinieron, pese a que, como se vio, fueron notificados de la admisión de la demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad. 1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. 1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. 1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no

se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente. 1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento del problema jurídico 2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala debe decidir si la tutela de la referencia cumple el requisito de relevancia constitucional.

De encontrarse cumplido ese requisito, será planteado y