CE-11001-03-15-000-2021-02339-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / PROCESO

JUDICIAL EN TRÁMITE / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL – Pendiente por resolución por el juez natural / RECONOCIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL A HIJO INVÁLIDO / SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA MESADA PENSIONAL – Mientras se dirime el conflicto entre los presuntos beneficiarios / SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA MESADA PENSIONAL – El accionante no ha recibido en ningún momento pago total o parcial de la pensión de sustitución en tanto su derecho esta en controversia [E]l accionante pide que este juez constitucional intervenga en un proceso judicial en curso y que, con respecto de este, tome decisiones transitorias mientras culmina el respectivo trámite. No obstante, no se advierte un desconocimiento del debido proceso que habilite a este fallador a ordenar la medida protectora que el accionante solicitó en su libelo de amparo. De hecho, el medio de control referenciado arriba presenta un decurso regular dentro del cual no se observa anomalía alguna que requiera atención inmediata y que no pueda ventilarse a través de las etapas procesales que son propias del asunto ordinario en comento. El amparo de garantías superiores por conducto de la tutela permite la intervención del fallador constitucional solo si se demuestra la inexistencia de otro

mecanismo jurisdiccional de defensa o la configuración de un perjuicio irremediable. Sobre este segundo punto, llama la atención que el municipio de Cali expidió la resolución SARH-GPE-0358 del 6 de mayo de 2003, por la cual reconoció a la señora [O.] como única sucesora de [A.A.C.], quien, además, murió en 2002. Si el accionante afirma que su único sustento era el que le prodigaba su padre, es posible inferir que su situación calamitosa viene desde 2002. Ahora, puede señalarse también que el actor intentó solucionar su dificultad en 2010 cuando murió [R.O.], compañera permanente de su padre. Sin embargo, instauró la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solo hasta 2017, esto es, cerca de siete años después de ocurrido ese deceso. Además, el actor acude al presente proceso constitucional hasta 2021, es decir, once años después de ello y casi al final del trámite ordinario en referencia, dentro del cual no dijo haber pedido medida alguna. A lo anterior se une que el [actor] nunca ha recibido la mesada pensional de su interés. Esta, primero, la percibía su padre y, después, la cobraba la señora [O.] en calidad de sucesora. Así las cosas, para la Subsección no está acreditada la urgencia y premura por la que dice estar pasando el peticionario. Todo lo contrario, se observa que este ha dejado pasar el tiempo prolongadamente. De ese modo, queda acreditada la discapacidad que padece el actor y su edad; pero no que de ello, per se, se desprenda un perjuicio irremediable que deba ser atendido por esta Corporación. Lo anterior impone

concluir que no se probó la dificultad alegada, lo que torna improcedente la acción de tutela bajo análisis.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1 www.consejodeestado.gov.co

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02339-00(AC)

Actor: LUIS EDUARDO AZCÁRATE ALARCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

MUNICIPIO DE CALI SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la solicitud de amparo que presentó Luis Eduardo Azcárate Alarcón en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el municipio de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela y pretensiones Luis Eduardo Azcárate Alarcón, en nombre propio, solicitó1 el amparo de sus derechos a la vida digna, a la salud y al mínimo vital. Tales garantías las consideró vulneradas por el municipio de Cali. En su memorial, el señor Azcárate narró que en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cursa, en segunda instancia, el proceso2 de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual busca ser reconocido como sucesor pensional de su padre, Alfonso Azcárate Castrillón.

Luego, expresó que, mientras se surte el trámite procesal en cita, el pago de la pensión objeto de litigio está suspendida. Por tal motivo, arguyó que no percibe ingresos y no consigue trabajo dada su edad e invalidez. Debido a ello, adujo que no cuenta con recursos para subsistir. El actor pretendió que este juez de tutela ordene que la entidad territorial accionada le pague el cincuenta por ciento (50%) de la correspondiente mesada pensional mientras el referido tribunal resuelve en segunda instancia el mencionado proceso.

2. Hechos El actor explicó que, desde 1963, perdió su brazo derecho. Debido a esa discapacidad siempre dependió económicamente de su padre, Alfonso Azcárate Castrillón, quien murió el 28 de septiembre de 2002. En consecuencia del mencionado fallecimiento, se presentó una disputa por la correspondiente sucesión pensional entre él y Rubiela Orrego López, quien actuó como compañera permanente del causante. Como resultado, el municipio de Cali expidió la resolución SARH-GPE-0358 del 6 de mayo de 2003, por la cual reconoció a la señora Orrego como única sustituta. En ese acto, la referida entidad territorial le negó al actor el cincuenta por ciento (50%) de la respectiva prestación económica, pues, en criterio de esta, no demostró su incapacidad ni su dependencia respecto del difunto señor Azcárate Castrillón. 1 Ver, archivo con certificado 49641A8AEDFFE281 7183DD0A62CB936E 883DDFC0A5295D29 787FDD11F8E2FD66.

2 Identificado con el n.° único de radicación 76001-33-33-002-2017-00332-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2 www.consejodeestado.gov.co Tras el deceso de la señora Orrego, ocurrido el 12 de octubre de 2010, el accionante instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el mencionado municipio. A su libelo, prosiguió con su narración, anexó el dictamen de pérdida de capacidad laboral, en el que consta que el porcentaje de rigor asciende al sesenta y tres coma setenta y cuatro puntos (63,74%). En primera instancia, continuó, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante sentencia del 20 de junio de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. De ese modo, ordenó que la prestación económica en discusión se concediera, en un cincuenta por ciento (50%), a favor del solicitante, y el otro cincuenta (50%), a favor de la señora Orrego. El peticionario apeló la decisión en comento en el sentido de argüir que él tenía derecho al ciento por ciento (100%) de la pensión objeto de reclamo, toda vez que la señora Orrego murió en 2010. El recurso en cita se encuentra en trámite en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sin embargo, adujo, el pago de la pensión en disputa se encuentra suspendido desde el fallecimiento de la señora Orrego. Esto, concluyó el peticionario, lo está afectando gravemente, pues no

tiene trabajo, capacidad laboral ni recursos para sostenerse mientras termina el referido proceso. A esto se une su edad y una nueva negativa del municipio de Cali de ampararlo hasta tanto culmine el mencionado trámite procesal. Al respecto, la entidad territorial demandada alegó que el recurso en mención se concedió en el efecto suspensivo.

3. Argumentos de la solicitud de tutela El accionante transcribió in extenso varios pasajes tomados de diferentes sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Los apartados seleccionados tienen que ver con la procedibilidad de la acción de tutela para el pago de prestaciones económicas. Igualmente, versan sobre el reconocimiento de la sucesión pensional a favor de hijos afectados con discapacidad. De esos extractos resaltó lo referente a las dificultades de enfermedad grave y urgencia manifiesta que, unidos a una situación económica precaria, habilitan al juez de tutela a intervenir en protección de la parte actora. A esas reflexiones adjuntó, entre otros documentos, su registro civil de nacimiento y el citado “dictamen de determinación de origen y pérdida de capacidad laboral y ocupacional”3.

4. Trámite de tutela e intervenciones 4.1. En un primer momento, el presente proceso constitucional fue repartido al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali. Ese despacho admitió la solicitud de amparo por medio del auto4 proferido el 16 de abril de 2021. Allí, vinculó a esta acción al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 4.2. Recaudado el informe rendido por el municipio de Cali5 y verificado que el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio a pesar de haber sido notificado en debida forma6, el juzgado identificado arriba profirió fallo de tutela de primera instancia el 28 de abril de 2021. Por medio de este, la referida autoridad judicial concedió el amparo solicitado. En consecuencia, ordenó al municipio de Cali que pague, a órdenes del señor Azcárate, el monto correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de la mesada pensional que se encuentra en discusión en el citado tribunal. 3 Ver, nota de pie de página n.° Error: Reference source not found. El documento en cita reposa en el mismo archivo que el libelo introductorio de esta acción. 4 Ver, archivo con certificado F1C75B607B9892E5 37D5FB3DF43A0EC5 09E93CF320774375 B6415C448339FBAD. 5 Ver, archivo con certificado 348561E231141231 4739DBD582A7E6F1 AA59C9F4AFA86551 0A954708CAC6461F. 6 Ver, archivo con certificado C42DF2869677E63A 9D0A759BFA76E709 9114E2358BFD271F 85FDE8A8F057680C. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3 www.consejodeestado.gov.co 4.3. El referido juzgado, mediante auto7 dictado el 3 de mayo de 2021, concedió la impugnación8 interpuesta por la entidad territorial accionada. 4.4. Por reparto, el trámite de la segunda instancia del presente proceso le correspondió al Juzgado Noveno Civil del Circuito Judicial de Cali. No obstante,

ese despacho, por medio del auto9 del 6 de mayo de 2021, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del proveído admisorio reseñado arriba, inclusive. Así mismo, ordenó remitir el expediente respectivo a esta Corporación. En su providencia, el citado juzgado consideró que, por estar relacionado el presente trámite con circunstancias en las que está involucrado el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, debe ser el superior funcional de este el que conozca de la acción de tutela bajo estudio. 4.5. El despacho sustanciador, mediante auto proferido el 12 de mayo de 2021[10], avocó conocimiento y admitió la solicitud de tutela. Así mismo, vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali. Luego, conservó el valor probatorio de las piezas procesales que componen el plenario, lo que incluye el informe rendido por el municipio de Cali y los documentos aportados con el escrito de tutela. 4.6. El municipio de Cali consideró11 que, actualmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está tramitando la apelación interpuesta contra el fallo del 20 de junio de 2019. Comoquiera que ese recurso se concedió en el efecto suspensivo, no hay lugar a que se concedan las pretensiones formuladas en el escrito de tutela. Así las cosas, añadió, si el actor considera que su situación es grave y urgente, puede solicitar un impulso procesal ante esa autoridad. 4.7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó12 que el proceso contencioso de interés de la parte actora se encuentra en etapa de alegatos de

conclusión de segunda instancia. A ello agregó que, por la pandemia causada por el coronavirus, las labores de esa Corporación se han venido desarrollando de forma anormal, lo cual ha afectado la celeridad de los trámites procesales a su cargo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo establecido en el artículo 86 Superior, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación13.

2. Procedibilidad de la acción 2.1. En lo que atañe al requisito de subsidiariedad, primero, es necesario consultar cuál es el estado del proceso de interés de la parte actora. En efecto, el señor Azcárate instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Cali. Allí cuestionó la legalidad de los actos administrativos 7 Ver, archivo con certificado C4D9F838F8F110FF D8B3EB2E4C50BB3C AF477D76F10875FF 36E4DD7AA4726F88. 8 Ver, archivo con certificado 817605E0FBCDA00D 01FFCD721DE67D3E 491D6AB3B37976BF 337128A9494A2F50. 9 Ver, archivo con certificado 518CCCB6E2F7FFF7 5C3AE16C228993F2 FB2A3A5606C391A9 0B1067B120376CF2.

10 Ver, archivo con certificado F818AA60D526FF73 B3F9EA8FB8C8A0CB C43CD64ECAFE6412 45E7FCFC1D042063. 11 Ver, nota de pie de página n.° Error: Reference source not found. 12 Ver, archivo con certificado 5C6DC7E5A3411219 06CD0C47C9552A28 701055C5B7AE9AE4 A5B17CA7E51D01A7. 13 “Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4 www.consejodeestado.gov.co contenidos en la resolución n.° 358 del 6 de mayo de 2003 y el oficio del 23 de junio de 2017. Por medio de estos, la referida entidad territorial negó la solicitud de sustitución pensional que el citado señor presentó respecto de la prestación que percibía su fallecido padre. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali y se rotuló bajo el n.° único de radicación 76001-33-33002-2017-00332-00. En primera instancia, la mencionada autoridad judicial, mediante sentencia del 20 de junio de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto, anuló los actos administrativos censurados y ordenó a la entidad demandada que expidiera una nueva resolución en la que reconociera como sustitutos pensionales, en igualdad de proporciones, al aquí actor y a Rubiela Orrego López. La última, en calidad de compañera

permanente del causante. Esa decisión fue apelada por la parte actora. En su escrito, el accionante reprochó que no podía reconocerse porcentaje alguno a favor de la señora Orrego, puesto que ella murió en 2010. De ese modo, propuso que la totalidad del derecho reclamado debía reconocérsele solamente a él. La alzada está siendo objeto de trámite en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Esa corporación, por medio de auto del 21 de mayo de 2021, admitió el recurso interpuesto y corrió traslado para alegar de conclusión. Según lo deja ver el Sistema de Información Judicial Colombiano, el demandante presentó sus alegatos mediante memorial del 28 del mes y año en referencia. Estudiado lo anterior, es necesario evidenciar a partir de cuándo quedó suspendido el pago de la pensión objeto de litigio en el proceso descrito en precedencia. Al respecto, el peticionario de amparo, en su escrito de tutela, señaló que, mediante requerimiento del 10 de septiembre de 2019, preguntó al municipio de Cali sobre la fecha exacta del último pago. Esa entidad territorial, continuó el solicitante, le informó, por medio de la respuesta n.° 201941370400073281, que el último pago registrado se efectuó para la mensualidad correspondiente a noviembre de 2010[14]. Debe traerse ahora a colación que el actor afirmó contar con sesenta y seis años y padecer una pérdida de capacidad laboral del sesenta y tres coma setenta y cuatro porciento (63,74%). A ello agregó que, por su situación, no puede acceder

a un trabajo que le permita solventarse y que está pasando por serias dificultades económicas. Es por eso por lo que pide que este fallador ordene que, mientras se resuelve la apelación descrita arriba, se le pague “el 50% de la pensión que fue reconocida en la Sentencia [sic] de primera Instancia [sic] No. [sic] 182 del 20 de junio de 2019”15. Al analizar los elementos de juicio expuestos hasta el momento la Sala encuentra insatisfecha la exigencia bajo estudio. En efecto, el accionante pide que este juez constitucional intervenga en un proceso judicial en curso y que, con respecto de este, tome decisiones transitorias mientras culmina el respectivo trámite. No obstante, no se advierte un desconocimiento del debido proceso que habilite a este fallador a ordenar la medida protectora que el accionante solicitó en su libelo de amparo. De hecho, el medio de control referenciado arriba presenta un decurso regular dentro del cual no se observa anomalía alguna que requiera atención 14 Ver, p. 3 del escrito de tutela bajo reseña. 15 Ibid. p. 4. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5 www.consejodeestado.gov.co inmediata y que no pueda ventilarse a través de las etapas procesales que son propias del asunto ordinario en comento16. El amparo de garantías superiores por conducto de la tutela permite la intervención del fallador constitucional solo si se demuestra la inexistencia de otro mecanismo jurisdiccional de defensa o la configuración de un perjuicio

irremediable17. Sobre este segundo punto, llama la atención que el municipio de Cali expidió la resolución SARH-GPE-0358 del 6 de mayo de 2003, por la cual reconoció a la señora Orrego como única sucesora de Alfonso Azcárate Castrillón, quien, además, murió en 2002. Si el accionante afirma que su único sustento era el que le prodigaba su padre, es posible inferir que su situación calamitosa viene desde 2002. Ahora, puede señalarse también que el actor intentó solucionar su dificultad en 2010 cuando murió Rubiela Orrego, compañera permanente de su padre. Sin embargo, instauró la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solo hasta 2017, esto es, cerca de siete años después de ocurrido ese deceso. Además, el actor acude al presente proceso constitucional hasta 2021, es decir, once años después de ello y casi al final del trámite ordinario en referencia, dentro del cual no dijo haber pedido medida alguna. A lo anterior se une que Luis Eduardo Azcárate nunca ha recibido la mesada pensional de su interés. Esta, primero, la percibía su padre y, después, la cobraba la señora Orrego en calidad de sucesora. Así las cosas, para la Subsección no está acreditada la urgencia y premura por la que dice estar pasando el peticionario. Todo lo contrario, se observa que este ha dejado pasar el tiempo prolongadamente. De ese modo, queda acreditada la discapacidad que padece el actor y su edad; pero no que de ello, per se, se desprenda un perjuicio irremediable que deba ser atendido por esta Corporación. Lo anterior impone

concluir que no se probó la dificultad alegada, lo que torna improcedente la acción de tutela bajo análisis.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Luis Eduardo Azcárate Alarcón contra el municipio de Cali y el Tribunal

Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 16 Ver, Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014. Así dijo el referido fallo: “La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, se puede presentar en dos escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”. 17 Ver, Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2013. Así señaló la referida Corporación: “De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela

no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6 www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Magistrado

NICOLÁS YEPES CORRALES

Magistrado Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co