CE-11001-03-15-000-2021-02636-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Superó un año desde la notificación de la providencia acusada

/ REQUISITO DE INMEDIATEZ / DESCONOCIMIENTO DEL PLAZO

RAZONABLE / PERSONA EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA – No acreditado / FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE TUTELA – No se acreditó un hecho relevante que justificara la tardanza En el expediente está plenamente acreditado que i) la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia el 6 de febrero de 2020, y se notificó el 2 de marzo de 2020; y ii) que la actora presentó la solicitud de tutela el 14 de mayo de 2021, es decir, 14 meses, 12 días desde la fecha de la notificación hasta la presentación de la acción de tutela. (….) Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como se señaló con anterioridad, ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como por

ejemplo en los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Subrayado por la Sala). En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que la pensión de jubilación constituye una prestación periódica y la presunta vulneración alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que tal prestación le sea reconocida. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia de 28 de mayo de 2015, por medio del cual unificó su jurisprudencia en cuanto a la aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”. (…) Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad manifiesta que justificara su inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de protección constitucional contra la providencia que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en

debida forma como hecho relevante que justificara la tardanza en la interposición de la acción con el fin de flexibilizar el término de inmediatez. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU – 354 de 2017, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se observa en el presente caso. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón sin medio magnético a la fecha 7 de julio de 2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02636-00(AC)

Actor: LILIANA BERÓN CARDONA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO Referencia: Acción de tutela Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a la administración de justicia, iv) dignidad humana y v) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Liliana Berón Cardona contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 16 de febrero de 2017, y el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 6 de febrero de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760012333000201500545-01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 16 de febrero de 2017, y el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 6 de febrero de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760012333000201500545-01, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al acceso a la administración de justicia y al mínimo vital.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que estuvo vinculada al Hospital San Rafael en el Municipio de San Vicente del Caguán entre el 7 de noviembre de 1983 al 30 de septiembre de 1986, en donde además, prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales como trabajadora oficial desde el 2 de enero de 1989 en el cargo de bacterióloga.

4. Expresó que el Instituto de Seguros Sociales y su sindicato de trabajadores “[…] SINTRASEGURIDADSOCIAL […]” suscribieron la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia 2001-2004, de la cual es beneficiaria, teniendo en cuenta que se encontraba afiliada a dicho sindicato.

5. Señaló que en la respectiva convención se estipuló una vigencia hasta el año 2017 en lo que respecta a las pensiones.

6. Manifestó que con fundamento en el Decreto 1750 de 26 de junio de 20031 fue escindido el Instituto de Seguros Sociales, en ese orden de ideas, estuvo vinculada a dicho Instituto hasta el 25 de septiembre de 2006, fecha en la cual pasó automáticamente y sin solución de continuidad a la respectiva planta de personal de la ESE Antonio Nariño en condición de empleada pública.

7. Agregó que cumplió los 50 años el 14 de mayo de 2010 y en ese orden de ideas, completó los requisitos para ser beneficiaria de la respectiva pensión convencional en los términos del artículo 98 del instrumento convencional, pues para dicha fecha ya tenía más de 20 años de servicios en entidades del Estado.

8. Indicó que elevó petición el 5 de marzo de 2012 ante el extinto Instituto de los Seguros Sociales, solicitando se le reconociera la pensión convencional, la cual fue resuelta de forma negativa por medio del Oficio TRD-23440.03.01-529 del 12 de abril de 2012.

9. La señora Liliana Berón Cardona presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio TRD1 “Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado”. 23440.03.01-529 del 12 de abril de 2012; y a título del restablecimiento del

derecho solicitó que se le reconociera y pagara la pensión de jubilación, desde el 14 de mayo de 2010, en los términos del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo. Sentencia proferida el 16 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760012333000201500545-01

10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió negar las pretensiones de la demanda.

11. Consideró que en los términos del Decreto 1750 de 2003 y de la sentencia C314 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 16, 17, 18 y 19 de dicha norma jurídica, concluyó que ante la escisión del Instituto de Seguros Sociales y la vinculación automática de sus trabajadores oficiales a las Empresas Sociales del Estado, se modificó su tipo de vinculación, lo que implicó el cambio de su régimen salarial y prestacional, circunstancia que no podía afectar los beneficios convencionales pactados entre el ISS y “[…] SINTRASEGURIDADSOCIAL […]”, en la medida que constituían derechos adquiridos, al menos durante la vigencia de la convención, que para el caso del ISS se extendía hasta el 31 de octubre del 2004.

12. Señaló que frente a la vigencia de la Convención Colectiva, en un primer momento la Corte Constitucional consideró que dicha convención se había prorrogado automáticamente. Sin embargo, por medio de la sentencia SU-897 de 2012 unificó el criterio y concluyó que sólo hasta el 31 de noviembre del 2004 hay

lugar a reconocer los beneficios convencionales que se hubieren consolidado hasta esa época.

13. Agregó que con fundamento en los pronunciamientos vigentes, no era jurídicamente factible extender los efectos económicos de la convención hasta el instante en que terminó la vinculación de los empleados de la ESE Antonio Nariño por supresión de los cargos, en tanto que para ese momento el acuerdo convencional había perdido vigencia.

14. Adujo que para el 31 de noviembre del 2004, cuando perdió vigencia la convención colectiva del ISS, la actora tenía 44 años de edad y más de 20 años de servicios (computando los prestados en el ISS y en el Hospital Universitario del Valle). En ese orden de ideas, no tenía un derecho pensional adquirido, teniendo en cuenta que no cumplió los requisitos de tener de 20 años de servicios y 50 de edad que consolidaban el derecho deprecado.

Sentencia proferida el 6 de febrero de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760012333000201500545-01

15. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo siguiente: “[…] Primero: Se confirma la sentencia del 16 de febrero del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Liliana Berón Cardona contra contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP […]”.

16. Consideró que: “[…] De acuerdo con los documentos aportados, la convención colectiva suscrita por el ISS y su sindicato, creó un régimen más favorable para efectos de obtener la pensión de jubilación, habida cuenta de que exigió 20 años de servicio y 50 de edad, para mujeres, y 55 para hombres, del cual podrían beneficiarse sus servidores clasificados como trabajadores oficiales.

Sin embargo, la señora Liliana Berón Cardona pasó a ser empleada pública al ser incorporada a la ESE Antonio Nariño a partir del 26 de junio de 2003, lo que implica que al tenor de lo considerado por la Corte Constitucional en las sentencias C-349 de 2004, SU-897 de 2012 y SU-086 de 2018, solamente pudo gozar de los beneficios de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, hasta su vigencia inicial, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004, momento para el cual la demandante no reunía los requisitos para la pensión convencional. Ahora, si bien es cierto, la señora Berón Cardona al momento de incorporarse a la ESE Antonio Nariño tenía 20 años de servicio (del 1.º de octubre de 1983 al 31 de octubre de 1986 en el Hospital Local de San Vicente del Caguán y entre el 2 de enero de 1989 al 25 de septiembre de 2006 en el ISS), lo cierto es que no había llegado a los 50 años de edad, pues solamente los cumplió hasta el 14 de mayo de 2010 dado que nació el

14 de mayo de 1960, motivo por el cual no le es aplicable el instrumento convencional deprecado, pues se reitera, para el 31 de octubre de 2004, no cumplía con los dos requisitos exigidos, esto es, 20 años de servicios y 50 años de edad. En este punto, es oportuno precisar que la parte demandante no tenía derechos adquiridos frente al régimen pensional contenido en la convención colectiva, dado que no cumplió los requisitos para ser acreedora de la prestación durante su vigencia, en ese caso, solo tuvo una expectativa de gozar de tal beneficio, sin que exista fundamento legal o constitucional que en su caso le conceda tal derecho. Desde esta óptica queda completamente sin sustento la afirmación central del recurso de apelación de la demandante cuando afirma que su situación «[…] no puede compararse con el (sic) de los funcionarios del ISS, que pasaron a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, de manera automática y sin solución de continuidad a partir del 26 de junio de 2.003, en tanto en dicha calenda, la actora continuaba siendo trabajadora oficial […]», toda vez, que a contrario sensu su situación justamente se enmarca en las circunstancias de hecho y de derecho de los trabajadores oficiales del ISS que fueron incorporados automáticamente a las diferentes Empresas Sociales del Estado, lo cual trajo como consecuencia el cambio de su régimen salarial y prestacional, dado que pasaron a ser empleados públicos […]”.

17. Expresó que la actora no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la convención colectiva suscrita por el ISS con su sindicato de trabajadores para la vigencia 2001-2004, toda vez que esta tuvo

vigencia hasta el 31 de octubre de 2004 y en ese orden de ideas, para esa fecha la señora Liliana Berón Cardona no había consolidado el derecho a la pensión, “[…] es decir que no se puede predicar que ella tuviera derechos adquiridos frente a dicha convención […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

18. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] Con base en los argumentos expuestos, solicito al honorable Consejo

de Estado: a. Tutelar los derechos fundamentales invocados. b. Dejar sin efectos las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, y ordenar que se profieran sendas decisiones en reemplazo de aquellas […]”.

19. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la causal de violación directa de la Constitución. En ese orden de ideas, señaló lo siguiente: “[…] En mi caso surge el defecto claramente cuando se dio en las sentencias, una interpretación a los artículo 2 y 98 de la Convención Colectiva de trabajo, recortada en cuanto analizó su vigencia general y no las vigencias especiales que ella contiene expresamente, cuando las interpretan señalándoles unas exigencias de concomitancia de tiempo y edad para reclamar la pensión que no traen, para desconocer su vigencia extendida y hacerme perder los beneficios pensionales en el momento de su vencimiento general o del paso a la ESE Antonio Nariño, en razón a mi nueva condición de funcionaria pública. 4.3.1.2. Desconocimiento del precedente

Como quedó explicado en mi caso no se aplicaron los claros lineamientos de los fallos de la Corte Constitucional en las sentencias: SU 555 de 2014; SU 445 de 2019, SU 241 de 2015, SU 113 de 2018 y SU 267 de 2019 sin la debida justificación, lesionando así de manera directa mi derecho a la igualdad. 4.3.1.3 Violación directa de la Constitución Las decisiones de primera y segunda instancia, vulneran mis derechos fundamentales de ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DIGNIDAD HUMANAMÍNIMO VITAL, IGUALDAD, IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MINIMOS EN MATERIA LABORAL, además del DEBIDO PROCESO, Y FAVORABILIDAD toda vez que aún probado mi derecho a la aplicación del acuerdo convencional, me exigen requisitos adicionales, inobservando de contera la obligación que tiene la administración de justicia de dar prioridad al derecho sustancial sobre el formal […]”. Actuación

20. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de mayo de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y iii) vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

21. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresó que: “[…] Por lo expuesto, se hace notoria la improcedencia de la acción de la referencia con base en la exigencia de estructuración de un defecto sustantivo o la vulneración de los derechos fundamentales que depone, dado que no se materializó en la providencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho conocido por esta Corporación, en tanto si se observa con detenimiento la sentencia del 6 de febrero de 2020, se podrá vislumbrar que la norma y jurisprudencia que se aplicó en relación con el derecho pensional deprecado, se adecúa a la situación fáctica de la señora Berón Cardona, y a los supuestos probados dentro del plenario a la luz de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, pues no gozaba de un derecho adquirido y por tanto, no era beneficiaria de la aplicación de la convención colectiva que deprecaba.

Basar aquel requisito particular de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en criterios jurídicos de oposición tendientes a rebatir el convencimiento del juez natural del asunto, es tanto como distorsionar dicho mecanismo de control constitucional para tornarlo en una suerte de «tercera instancia» enfocada en abrir otro escenario de discusión, lo cual es a todas luces inviable y de alguna manera vulneratorio en sí mismo del debido proceso y de la autonomía judicial como principios perentorios del derecho a la tutela judicial efectiva. Aunado a lo anterior, se reitera que la accionante pretende revivir la discusión probatoria y el análisis jurídico que ya se había agotado en el

proceso ordinario, por lo que la acción de tutela impetrada perdió su naturaleza, pues en el escrito del amparo constitucional endilga iguales argumentos a los esbozados en el en el recurso de alzada. Por último, habrá de señalarse que la sentencia de segunda instancia objeto del recurso de apelación fue proferida el 6 de febrero de 2020, y la presente acción fue interpuesta este año, por tanto no cumple con el criterio de inmediatez, requisito que «ha entrado racionalizar el debate en torno al tiempo de presentación de la acción de tutela y los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada de las providencias que han sido objeto de acción de tutela. En ese sentido, en el estudio de procedibilidad, la Corte Constitucional ha tenido, entre otros elementos de juicio anteriormente reseñados, la calidad de la parte accionante de la tutela y la vulneración actual de los derechos fundamentales alegado […]”.

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala 23.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela 24.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable. Problemas jurídicos 25.En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez. 26.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital, procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales, y finalmente las

1. conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales 27.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello2, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, se consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera – que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales 28.Esta Sección3 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema. 29.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos

causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela. 30.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros. 31.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional. 32.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. 4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 33.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional6. Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela 34.Si bien es cierto el Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 19917 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 19998 dijo: “[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no

se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”. 35.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, dijo: “[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un

proceso jurisdiccional […]9. 36.Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providenci