CE-11001-03-15-000-2021-02776-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD

DE RELIQUIDACIÓN PENSIONAL DE EX SERVIDORES DEL INPEC /

RÉGIMEN ESPECIAL DEL INPEC / CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

DEL INPEC / DEFECTO SUSTANTIVO - No configuración / ADECUADA APLICACIÓN DE LAS REGLAS NORMATIVAS PARA EL CÁLCULO DEL IBL DE LA MESADA PENSIONAL - De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ¿Vulneraron, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, las garantías constitucionales invocadas, por presuntamente incurrir en defecto sustantivo al proferir las sentencias del 15 de abril de 2021 y del 9 de octubre de 2018 respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 730013333-008-2016-00215-00/01? (…) [Observa la Sala que,] para el Tribunal accionado, las personas vinculadas al INPEC con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003 y que desempeñaron actividades de alto riesgo como integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia carcelaria del INPEC, le resultan aplicables las prerrogativas de edad y tiempo de servicios establecidas en el artículo 96 de la ley 32 de 1986 para la obtención de su pensión, pero como en dicha ley no se

establece la forma de liquidar tal prestación pues remite a las normas vigentes para los servidores públicos nacionales, debe acudirse a las regulaciones del Sistema General de Pensiones que se aplica a la generalidad de los empleados públicos que reciben su pensión durante su vigencia. Así las cosas, la autoridad judicial demandada manifestó que, el IBL se determina con base en el promedio de los ingresos obtenidos por el pensionado en los últimos 10 años de servicio, incluyendo en su liquidación los factores salariales previstos para ese efecto en el Decreto 1158 de 1994, aplicable para todos los servidores públicos a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. (…) Contrario a lo sustentado por el accionante, no se desconoció el régimen de transición ni tampoco lo dispuesto por el Decreto 2655 de 2014 que amplió la vigencia del régimen de pensiones para las actividades de alto riesgo dispuestas en el Decreto 2090 de 2003, sino que se reconoció su derecho y se hizo aplicación de las disposiciones jurisprudenciales vigentes, según las cuales el IBL con el que se liquidó su derecho pensional no era susceptible de incluir los factores únicamente devengados en el último año de servicios, pues ya la postura tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ordenaban fuese liquidada la pensión teniendo en consideración los factores de los últimos diez años, al haber adquirido su derecho pensional con posterioridad al 08 de mayo de 2013. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala no encuentra que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada esté revestida de arbitrariedad o capricho, en la

medida en que la interpretación y aplicación de las disposiciones normativas sobre el régimen pensional que cobija a los funcionarios del INPEC, fueron producto de un razonable proceder. (…) De esta manera, no hay lugar a la declaratoria de amparo constitucional, pues se desestima la configuración del defecto sustancial en la providencia judicial censurada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02776-01(AC)

Actor: WILSON HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO OBJETO DE LA DECISIÓN Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Wilson Hernández Gutiérrez contra la sentencia proferida por el Consejo de EstadoSección Tercera - Subsección A, el 02 de julio de 2021, mediante la cual se negó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, vulnerados presuntamente con ocasión de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué dentro del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (de ahora en adelante, COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de mayo de 2021 al buzón web

de la Secretaría General del Consejo de Estado1, el señor Wilson Hernández Gutiérrez, mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, con el fin de que le fueran amparadas sus garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social así como la protección a los principios de inescindibilidad de la norma, de seguridad jurídica y de favorabilidad.

2. Consideró vulnerados los derechos invocados, con ocasión de las sentencias dictadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No. 73001-33-33-008-2016-00215-00/01, proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima el 15 de abril de 2021 y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué el 21 de marzo de 2018, que negó las pretensiones de la demanda. 1.2. Hechos probados y/o admitidos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

3. El señor Wilson Hernández Gutiérrez prestó sus servicios en actividades de alto riesgo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, entre el 12 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2014.

4. Mediante la Resolución GNR 27868 del 6 de febrero de 2015, COLPENSIONES le reconoció la pensión especial de jubilación al señor Hernández Gutiérrez, por un valor de un millón doscientos setenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos

($ 1.272.787 COP).

5. Inconforme con la liquidación, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por medio de Resolución VPB 14653 del 1 de abril de 2016, en la que se reliquidó dicha prestación y se fijó en una suma de un millón doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($1.274.456 COP).

6. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Wilson Hernández Gutiérrez demandó a COLPENSIONES, con el fin de que 1 La acción de tutela fue enviada al buzón web secgeneral@consejodeestado.gov.co. se declarara la nulidad parcial de los actos administrativos en mención y, en su lugar, se reliquidara su pensión teniendo en cuenta los factores salariales que sirvieron de base para los aportes, como aquellos señalados en el artículo 4 de la Ley 4 de 1966 y el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

7. Mediante sentencia del 21 de marzo de 2018, el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, consideró que en los términos señalados por la Corte Constitucional el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición, pues este solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización, por lo que “resulta claro que la entidad accionada no infringió el orden jurídico en que debía fundar su decisión, en tanto que calculó el Ingreso Base de Liquidación en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de

1993; situación fáctica que confirma la improcedencia de la reliquidación reclamada”.

8. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, que mediante sentencia del 15 de abril de 2021, confirmó la decisión de primera instancia2.

1.3. Pretensiones

9. A título de amparo constitucional, el accionante solicitó la protección de las garantías invocadas y, en consecuencia, solicitó: “PRIMERA: Dejar sin efecto el fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE IBAGUÉ TOLIMA, el día 21 de marzo de 2018, y el fallo de segunda instancia proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, el día 15 de abril de 2021, dentro del proceso de Radicación No. 730013333-008-2016-00215-00, de conformidad con lo expuesto en la parte argumentativa de la presente acción.

SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima, proferir una nueva decisión, y se ordene en la misma la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta los factores salariales señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sobre los cuales se efectuó las respectivas cotizaciones, tal como lo certificó el INPEC, 2 Consideró el Tribunal que no se discutía si al demandante debía aplicársele el régimen especial para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria contenido en la Ley 32 de 1986, sino que en virtud del principio de congruencia, se debía analizar la reliquidación del monto pensional. De esta manera y a

través de la aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, consideró que el IBL sobre el cuál debía efectuarse la liquidación teniendo en cuenta los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años y no sobre aquellos percibidos durante el último año. Para ello, tomó en cuenta los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994. siendo estos los siguientes. (1). Asignación básica; (2). Sobresueldo; (3). Subsidio de alimentación; (4). Auxilio de transporte; (5). Bonificación por servicios prestados; (6). Prima de servicios; (7). Prima de navidad; (8). Prima de vacaciones”. 1.4. Sustento de la solicitud

10. De acuerdo con los argumentos presentados por el señor Wilson Hernández Gutiérrez, las sentencias del proceso ordinario incurrieron en defecto fáctico toda vez que señalaron la no aplicación del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia negaron la aplicación del Decreto 2655 del 17 de diciembre de 2014, que ampara a los funcionarios del INPEC, por el régimen especial de alto riesgo hasta el 31 de diciembre de 2024.

11. Expuso que se desconoció el principio de inescindibilidad de la norma, toda vez que “escogieron distintas normas para adecuarlas al caso concreto”.

12. Adujo que, de conformidad con el principio de igualdad, para la liquidación de las pensiones, se deben tener en cuenta todos los factores salariales que sirven de base para efectuar las cotizaciones, señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

13. Señaló que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del

Acto Legislativo 01 de 2005, se ordena que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que ingresaron con anterioridad a dicha fecha, se aplicará el régimen de alto riesgo hasta entonces vigente, es decir el dispuesto en la Ley 32 de 1986.

14. Con respecto al desconocimiento del principio de favorabilidad, argumentó que a él sí se le realizaron los descuentos de ley sobre los factores salariales hoy reclamados. En su criterio, la Ley 32 de 1986 no estableció los factores sobre los cuales se debe establecer el IBL de la pensión, dado que esa misma disposición remite a las normas vigentes, esto es, la Ley 4ª de 1966 y el Decreto 1045 de

1978.

15. Manifestó que lo considerado en la sentencia SU395 de 2017 de la Corte Constitucional, citada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué, no es aplicable para la resolución de su caso, pues esa providencia tiene efectos inter partes y, además, la situación fáctica es sustancialmente diferente, porque “se trató de un dragoneante que salió pensionado en el año 1996”, por lo que en ese entonces no estaba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, el Decreto 1950 de 2005 y el Decreto 2655 de 2014. Asimismo, indicó que esa sentencia “dejó claro que se debe tener como IBL los factores salariales sobre los cuales cotizó, o, se le hicieron sus descuentos”. 1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Admisión y trámite de la demanda

16. Mediante auto del 24 de mayo de 2021, la magistrada ponente de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionante y a las autoridades judiciales censuradas y vinculó, en calidad de tercero con interés, al presidente de COLPENSIONES, quien actuó como entidad demandada en el proceso ordinario.

1.6. Intervenciones 1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo Oral de Ibagué

17. Mediante correo remitido el 31 de mayo de 2021 al buzón web de la Secretaría del Consejo de Estado, el Juzgado manifestó que denegó las pretensiones de la demanda instaurada por el aquí actor, en consideración al precedente fijado en las sentencias SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, para concluir que la pensión debía calcularse con el promedio de las cotizaciones realizadas durante los últimos diez (10) años y los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

18. Adicionalmente consideró que el reconocimiento de la pensión de jubilación en virtud del régimen especial dispuesto por la Ley 32 de 1986 y desarrollado en el Decreto 407 de 1994, exige la acreditación de ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debiendo cumplir los requisitos de edad o tiempo de servicio y adicionalmente, haberse encontrado laborando para el INPEC una vez dichas disposiciones hubiesen entrado en vigor.

19. Finalmente, solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de

amparo, toda vez que no existió vulneración de derecho fundamental alguno. 1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima

20. Mediante correo electrónico enviado el 03 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la autoridad judicial accionada allegó contestación de la demanda, mediante la cual solicitó que se declarara improcedente el amparo de los derechos invocados por el señor Wilson Hernández Gutiérrez toda vez que se carecía del requisito de relevancia constitucional y lo que buscaba era “lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso”.

21. Aseguró que no está en discusión si el tutelante es beneficiario o no del régimen especial de alto riesgo para miembros del INPEC, pues como bien lo atendió COLPENSIONES, mediante la Resolución No. GNR 27868 de 6 de febrero de 2015, sí lo es.

22. Señaló que el punto central, es la posibilidad de incluir todos los factores económicos percibidos por el accionante durante su último año de servicio con la finalidad de obtener la reliquidación de su mesada pensional. De esta forma, si bien no existe una posición pacífica dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el Ingreso Base de Liquidación (en adelante IBL) aplicable a los miembros del régimen del INPEC, sí se puede hallar una tendencia a unificar la postura respecto al régimen de transición dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a través de la cual “si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por

el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, 2 Artículo 1.° Contestación TutelaRad. 2021-002776 16 (sic) el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE”. 1.6.3. Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

23. Por medio de correo electrónico enviado el 02 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad allegó informe mediante el cual solicitó que se declarara improcedente la acción, al considerar que se buscaba usarse la acción de tutela como una tercera instancia.

24. Indicó que sobre la materia existe cosa juzgada toda vez que el asunto ya fue revisado por el juez natural de la causa, por lo que la acción de tutela aquí presente “invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno”. 1.6.4. Wilson Ayala Pérez – Presidente Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (FECOSPEC)

25. Mediante correo remitido el 1º de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el presidente de FECOSPEC, remitió memorial de coadyuvancia en el que manifestó que se han venido profiriendo fallos por parte

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los que se ha reconocido el pago de la mesada pensional a los funcionarios del INPEC, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, bajo el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 1.7. Fallo impugnado

26. Mediante sentencia del 2 de julio de 2021, notificada vía correo electrónico el 12 del mismo mes y año, la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado negó lo pretendido en la demanda interpuesta por el señor Wilson Hernández Gutiérrez, encausando los argumentos bajo el defecto sustantivo.

27. De esta manera, explicó que a través de la extensa línea jurisprudencial dispuesta por la Corte Constitucional3, se ha establecido que el IBL no hace parte del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

28. Argumentó que incluso, mediante sentencia SU – 395 de 2017 al resolver un caso de un servidor que fungió como dragoneante del INPEC, se plasmó dicha postura en los siguientes términos: “10.2.3.2. Sobre el particular, la Sala Plena anticipa que denegará el amparo solicitado debido a que no encuentra que el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya incurrido en ningún defecto específico susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. 3 Citó las sentencias C–258 de 2013, SU–210 de 2017, SU–631 de 2017, SU–427 de 2016 y SU-395 de 2017.

A esta conclusión se arriba con fundamento en el análisis esbozado en los casos

anteriores sobre el alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual sólo deben mantenerse las prerrogativas de los regímenes anteriores en cuanto a (i) edad, (ii) tiempo de servicios y (iii) monto de la pensión, entendido como tasa de reemplazo. De manera que el ingreso base de liquidación y los factores salariales por aplicar deben ser los consagrados en la Ley 100 de 1993 y el desarrollo normativo posterior (Decreto 1158 de 1994). A esta misma inferencia llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia impugnada, atendiendo la interpretación constitucionalmente admisible en los términos de los argumentos ya explicados en la presente sentencia”.

29. Concluyó entonces el a-quo que “la regla fijada por la Corte Constitucional, consiste en que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) no hace parte del régimen de transición consagrado en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplica tanto para el régimen general como para los regímenes especiales, por lo que el IBL se debe calcular en los términos del inciso tercero de ese artículo, en concordancia con el artículo 21 de la misma ley, y solo teniendo en cuenta los factores sobre los que se hubiera cotizado”.

30. Así, señaló dicha Sala que las sentencias aducidas y las autoridades censuradas no incurrieron en defecto sustantivo y desde el punto de vista constitucional, sus decisiones no merecen reproche alguno.

1.8. Impugnación

31. Mediante escrito enviado el 14 de julio de 2021 al correo electrónico de la

Secretaría General de la Corporación, el accionante impugnó la sentencia del 2 del mismo mes y año proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado y notificada el 12 de julio siguiente.

32. La impugnación fue concedida por auto del 19 de julio de 2021, notificando a las partes y los terceros intervinientes el 21 del mismo mes y año e ingresó al Despacho de la Magistrada que funge como ponente el 22 siguiente.

33. Arguyó el accionante que de conformidad con el artículo 48 constitucional, la liquidación de las pensiones tendrá en cuenta solamente los factores sobre los que cada persona hubiese efectuado las cotizaciones.

34. De lo anterior, indicó que por lo dispuesto en el Decreto 1950 de 2005, los miembros del INPEC que hubiesen ingresado antes del 26 de julio de 2003 les será aplicable lo dispuesto por la Ley 32 de 1986 y los factores salariales señalados en el Decreto 1045 de 1978.

35. Adicionalmente, apuntó que el régimen pensional al que se encuentra sujeto es especial y por lo tanto por fuera de la órbita del Sistema General de Pensiones, esto es el de régimen solidario de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual con solidaridad, por lo que no puede afirmarse que los factores a tener en cuenta en el IBL deban ser los que dispone la Ley 100 de

1993.

36. Así las cosas, señaló que el INPEC expidió la Circular No. 00000027 del 12 de junio de 2013 que estableció que para los funcionarios cobijados por el régimen de

transición los descuentos y aportes pensionales deberán efectuarse sobre los factores salariales de: asignación básica mensual, gastos de representación y la prima técnica, los dominicales y feriados, horas extras, auxilios de alimentación y transporte, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, viáticos, incrementos salariales por antigüedad, prima de vacaciones, valor de trabajo suplementario y, primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia del 02 de julio del 2021 proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2 Cuestión previa 2.2.1. Sobre la coadyuvancia

38. Un día antes de ser proferida la sentencia de primera instancia, el señor Wilson Hugo Ayala Pérez, en su calidad de teniente del INPEC y presidente de FECOSPEC, manifestó su intención de coadyuvar la demanda.

39. Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está

expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y que frente a la misma la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente: “El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

40. Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso4. Luego, si el juez de tutela ha acreditado el interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica para hacerlo.

41. En este respecto, en la sentencia T435 de 2006, se expuso lo siguiente: “En sus pronunciamientos sobre la coadyuvancia, la Corte Constitucional, interpretando el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, ha entendido que terceros ajenos a la conculcación de los derechos fundamentales con interés en el resultado de un proceso de tutela pueden intervenir de diferentes formas, buscando defender sus intereses”. 6.2.1 Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin esencial del Estado: “…facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan…”, como también la efectividad del artículo 29 de la

Constitución, en lo atinente a la garantía del derecho al debido proceso5”.

42. A juicio de la Sala, aunque el juez de tutela de primera instancia no realizó pronunciamiento alguno sobre la solicitud de coadyuvancia del señor Wilson Hugo Ayala, no se evidencia que exista un interés legítimo ni se acreditó la afectación sustancial y concreta que podría sufrir el solicitante con el resultado de la presente acción constitucional. 4 Corte Constitucional, sentencia T-533 del 30 de septiembre de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara. 5 Corte Constitucional, sentencia de T-349 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

43. Aun cuando el señor Wilson Hugo cuenta con la calidad de pre-pensionado del INPEC, la solicitud se limita a señalar dos sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fechas del 2019 y 2020 en las que no figura como sujeto procesal y que no dan cuenta de ser providencia judicial que dé finalización a los respectivos procesos en segunda instancia, por lo que tampoco se estiman como argumento para aceptar la solicitud de coadyuvancia.

44. En ese orden de ideas, en la parte resolutiva de la presente decisión, se negará la coadyuvancia a la parte accionante, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 71 del Código General del Proceso, la solicitud de coadyuvancia puede realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, y en el presente caso, dicha petición se realizó antes del fallo de segunda instancia, esto es, en un momento procesal en el que no se ha proferido una decisión definitiva. 2.3. Legitimación en la causa

45. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

46. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

47. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 19976 por parte de la Corte Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela. 6 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera

Carbonell.

48. En la sentencia T-086 de 20107, la Alta Corporación reiteró que “[e]sta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

49. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20118, se indicó que la

legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

50. En la sentencia T-435 de 20169, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 201610, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.11

51. Con fundamento en el marco conceptual expuesto12, la Sala advierte que el señor Wilson Hernández Gutiérrez es el titular de los derechos fundamentales que reclama en consideración a que figura como el demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 730013333-0082016-00215-00/01. 7 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 8 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 11 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oport