CE-11001-03-15-000-2021-02853-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Que niega el disfrute de vacaciones individuales / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio judicial ordinario diseñado por el legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados /

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE

TUTELA / VACACIONES INDIVIDUALES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL En el caso concreto, [C.P.L.B.] protesta la constitucionalidad de unos actos administrativos emitidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Decisiones que la accionante podría atacar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por no acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. Ahora bien, es menester verificar si aquel mecanismo judicial resulta eficaz e idóneo, para salvaguardar los derechos fundamentales invocados y garantizar una solución integral del conflicto planteado por la tutelante. El derecho al descanso se causa anualmente. En esa medida, el tener que someter los actos administrativos al proceso contencioso administrativo, no permitiría asegurar su oportuno disfrute. Por el contrario, haría más gravosa la

situación, toda vez que la afectación a este derecho aumenta, justamente, en razón al paso del tiempo en que no es posible gozar de él. En ese orden de ideas, el medio de control exigido a la señora [C.P.L.B.] no sería eficaz para garantizar el derecho al descanso y conllevaría la imposición de una carga desproporcionada. Lo anterior, al tener en cuenta que la controversia del sub lite no versa acerca de la causación de ese derecho, ni del cumplimiento de requisitos legales para obtenerlo. (…) En consecuencia, el escrito de tutela supera el requisito de subsidiariedad. DERECHO AL DESCANSO LABORAL – No puede ser condicionado más que por el cumplimiento de los requisitos legales para su goce / MEDIDAS ADMINISTRATIVAS O DE ORDEN PRESUPUESTAL PARA PROVEER CARGO EN AUSENCIA TEMPORAL POR VACACIONES – Carga que no debe soportar el actor y que implica la imposición de una condición no prevista en la ley / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ASIGNACIÓN DE REEMPLAZO DURANTE PERÍODO DE VACACIONES DE FUNCIONARIO JUDICIAL – No es una condición necesaria para el disfrute del derecho a las vacaciones / NOMINADOR – Debe garantizar la continuidad en el servicio sin que le sea autorizado suspender, aplazar indefinidamente o impedir el tiempos de

descanso / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DESCANSO LABORAL

[E]n el contexto de empleados judiciales con vacaciones individuales, como es el del caso sub examine, toda vez que la acción de tutela fue promovida por un empleado de un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, el

régimen aplicable en la materia es el contenido en el artículo 146 de la Ley 270 de

1996. Esta disposición establece que “[…] Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”. En ese orden, en los casos como este, en los que la persona que requiere el descanso es un empleado judicial, el nominador, es decir, el juez del despacho en el que trabaja, es la autoridad competente para atender y responder a su solicitud de vacaciones. Esta competencia, como se infiere del artículo 146 de la Ley 270 de 1996, ha de ejercerla en armonía con los requerimientos del servicio de administración de justicia (…) Lo anterior no implica que el nominador, en aras de satisfacer los requerimientos del servicio, esté autorizado para suspender o aplazar indefinidamente las vacaciones del personal subordinado (…) En el sub lite, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, con la Resolución No. 03 del 19 de mayo de 2021, negó a la accionante el disfrute de sus vacaciones, por motivos de necesidad del servicio y con ocasión de la falta de asignación presupuestal para el reemplazo de la persona que exige su derecho al descanso. Esta circunstancia evidencia una flagrante vulneración del derecho al descanso de la tutelante por parte del operador judicial, en la medida en que este es un derecho que “se causa con el simple transcurso del tiempo

laborado” y que no depende de ningún trámite administrativo ni de cuestiones presupuestales para su disfrute. Por lo tanto, si bien el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta tenía la potestad para programarlo de acuerdo a las necesidades del servicio, no estaba facultado para negarlo de forma indefinida. Lo precedente implica que la autoridad judicial, bajo el argumento de la necesidad del servicio, impuso a la accionante una condición que no está prevista en la ley y que lleva a suspender su derecho fundamental al descanso de forma indefinida, causando con ello su afectación en los términos antes vistos y que, justamente, se agrava por el paso del tiempo en el que no lo puede disfrutar. Situación que requiere de la intervención del juez de tutela para amparar la garantía constitucional y ordenar su inmediata protección. NEGATIVA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ASIGNACIÓN DE REEMPLAZO DURANTE PERÍODO DE VACACIONES DE FUNCIONARIO JUDICIAL – Aspecto administrativo que no condiciona el derecho fundamental por lo no causa vulneración del derecho / DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – No es la entidad nominadora por lo que no le corresponde definir el reconocimiento del derecho / NOMINADOR - Autoridad competente para atender y responder a su solicitud de vacaciones / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES – Por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta Ahora, corresponde pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos de la señora [C.P.L.B.] cometida por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Cúcuta, a través del Oficio No. DESAJCUO21-0399 del 10 de mayo de 2021. Como lo manifestó la referida autoridad judicial en la Resolución No. 03 del 19 de mayo de 2021, puede ocurrir que la concesión del descanso efectivo por causa de vacaciones al servidor que tiene derecho, repercuta en la prestación del servicio público de administración de justicia, por la disminución en el personal disponible para atender la alta carga laboral con que cuentan. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en los despachos de ejecución de penas y medidas de seguridad. Sin embargo, ante esta situación, y de conformidad con el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, la interpretación dada en la sentencia C-037 de 1996 y el artículo 108 del Decreto 1660 de 1978 , es deber de los nominadores de los despachos judiciales adelantar todas las gestiones para organizar los periodos de descanso de sus empleados y adoptar las medidas y la planificación necesaria para que el despacho pueda asumir sus funciones en ausencia de uno de ellos. Es decir que, antes que todo, le corresponde al juez hacer uso de las herramientas que se encuentren a su alcance para prevenir el sacrificio total de una u otra garantía constitucional. Así las cosas, los inconvenientes administrativos que la organización de los turnos de las vacaciones implique, teniendo en cuenta la dificultad que puede generar cumplir la función de administrar justicia con menos personal y, en cambio, sin que disminuya la carga, son cuestiones que, en ningún caso, pueden trasladarse a los empleados y menos en desmedro de sus garantías iusfundamentales. Por otro lado, los asuntos

relativos a la expedición de la partida presupuestal para el reemplazo, desbordan el campo de análisis del juez de tutela, que únicamente le corresponde referirse sobre los derechos fundamentales de la señora [C.P.L.B.], en tanto los aspectos administrativos y funcionales de cada dependencia, por involucrar decisiones de carácter estructural, del ámbito de la planificación, de la organización y de la asignación de los recursos, son del resorte de las entidades que administran la Rama Judicial. Con base en todo lo visto, es de concluir, que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, en primer lugar, al no ser la entidad nominadora de [C.P.L.B.], no le corresponde definir asuntos relacionados con el derecho a las vacaciones de esta, y, en segundo lugar, que la negativa de esa autoridad a expedir el CDP es una cuestión administrativa que no condiciona el derecho fundamental aquí examinado, de manera que su actuar no causa vulneración. SALVAMENTO DE VOTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO POR EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Estudiar los actos que negaron el disfrute de las vacaciones Me aparto de la decisión que se adoptó en la providencia del 3 de abril de 2020 que accedió al amparo. A mi juicio, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA), la solicitante pudo impugnar los actos que le negaron disfrutar su periodo de vacaciones

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 138

ACLARACIÓN DE VOTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

DE SUBSIDIARIEDAD / NEGATIVA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ASIGNACIÓN DE REEMPLAZO DURANTE PERÍODO DE VACACIONES DE FUNCIONARIO JUDICIAL – Corresponde al juez natural pronunciarse sobre su legalidad / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE Si bien comparto la decisión de conceder el amparo del derecho fundamental al descanso por las razones expuestas en la providencia, considero que el cargo en contra del Oficio No. DESAJCUO21-0399 del 10 de mayo de 2021, que negó la petición de emitir un certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de empleados, debió ser declarado improcedente, en tanto no cumple con el requisito de subsidiariedad. En punto de lo último se advierte que, prima facie, tal determinación no reviste visos de ilegalidad y, si los tuviera, no es el juez de tutela el encargado de solventarlos, pues concedido el amparo en los términos contenidos en la providencia del 16 de julio, no se avista la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional de forma previa a que el juez natural se pronuncie sobre la ilegitimidad del acto reprochado, e incluso sobre la posibilidad de suspenderlo de manera provisional, en el trámite contencioso administrativo, que es el escenario primigenio para ventilar esa

discusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02853-00(AC)

Actor: CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ BAUTISTA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER – Y EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER) SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por Claudia Patricia López Bautista en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, Norte de Santander – y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta (Norte de Santander).

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de tutela Claudia Patricia López Bautista presenta acción de tutela1 en contra del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante, el CSJ) – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, Norte de Santander – y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y

Medidas de Seguridad de Cúcuta (Norte de Santander), con la pretensión de que se amparen sus derechos “al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad”2. La accionante considera vulneradas las anteriores garantías, con ocasión de los siguientes actos: (i) el Oficio No. DESAJCUO21-0399 del 10 de mayo de 2021, en el que el CSJ – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta negó la petición de expedir un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) para la persona que la reemplazaría, en su cargo de Asistente Administrativa Grado 06, mientras disfruta de sus vacaciones; y (ii) la Resolución 1 Páginas 1 a 6 del archivo electrónico que contiene la acción de tutela, con certificado: 331A363CE07E92BF

1C04542E70FE02F4 D6AC4E7CF56F942D 77F5CAF88E74E0C8.

2 Página 1. Ibid. No. 03 del 19 de mayo de 2021, con la que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta negó, por necesidades del servicio, la solicitud de disfrute de vacaciones promovida por la aquí actora. 1.2. Hechos 1.2.1. Claudia Patricia López Bautista se desempeña como Asistente Administrativa Grado 06 en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, desde el 18 de octubre de 2016. Además, tiene dos periodos de vacaciones por disfrutar, causados entre el 18 de octubre de 2018

y el 17 de octubre de 2019, y el 18 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 20203. 1.2.2. La señora López Bautista, el 7 de abril de 2021, solicitó al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, que le concediera las vacaciones, correspondientes al periodo laborado entre el 18 de octubre de 2018 y el 17 de octubre de 2019, para disfrutarlas desde el 2 de agosto 2021 y hasta el 26 del mismo mes y año4. 1.2.3. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta peticionó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de la misma ciudad, que expidiera un CDP para proveer el reemplazo por vacaciones de un servidor judicial. 1.2.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, el 10 de mayo de 20215, negó la petición del comentado juzgado, ante “la imposibilidad de expedir tales certificaciones cuando el servidor no es funcionario, entendiéndose como tal, Jueces y magistrados”6. Lo anterior, con fundamento en la Circular PSAC11-44 expedida por el CSJ, que establece los parámetros para el trámite de reconocimiento y pago de vacaciones de los servidores de la Rama Judicial. Esa autoridad, además, sostuvo que carecía de facultades legales para expedir un CDP que cubriera gastos de personal, no establecido en el Presupuesto General de la entidad. Añadió que, por ser organismos técnicos, dependen de los lineamientos establecidos por el CSJ y la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial. 1.2.5. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, con la Resolución No. 03 del 19 de mayo de 20217, negó a la señora López Bautista, por necesidades del servicio, el disfrute del periodo de las vacaciones causado entre el 18 de octubre de 2018 hasta el 17 de octubre de 2019. 3 Archivo electrónico que contiene la certificación del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con certificado: BE9038A5B5A81DDB 30E81FBBB0BF06CD ECC47E5E88BDB01F

273E51CBAD733A96.

4 Página 7 del archivo electrónico que contiene la acción de tutela, con certificado: 331A363CE07E92BF

1C04542E70FE02F4 D6AC4E7CF56F942D 77F5CAF88E74E0C8.

5 Páginas 8 a 12. Ibid. 6 Página 8. Ibid. 7 Páginas 13 y 14. Ibid. Como sustento de su decisión, el despacho judicial indicó: (i) no existe un servidor judicial en el Juzgado disponible para adelantar las labores que desarrolla la mencionada empleada; (ii) quien ocupa el cargo de asistente administrativo, debe desarrollar actividades secretariales de manera presencial y continua. En caso de ausencia de este, hay una perturbación seria en el funcionamiento del juzgado; (iii) la Administración Judicial no ha designado presupuesto para nombrar reemplazo en vacaciones, a pesar de que se hizo la petición en ese sentido; (iv) el ingreso de

peticiones a esa judicatura es bastante numeroso. Este año han recibido 1587 y el año pasado se profirieron 1235 autos de sustanciación y 1445 autos interlocutorios mixtos; y (v) agregar tareas adicionales a quienes se quedan trabajando, mientras su compañero disfruta de vacaciones, implica el riesgo de afectar su salud por la sobrecarga. 1.3. Pretensiones La accionante solicita que se amparen los derechos invocados en el escrito de tutela, y que, en consecuencia, se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, que disponga “lo necesario para generar el presupuesto para nombramientos en remplazo de los empleados en vacaciones individuales, en concreto la disponibilidad para disfrutar de mis vacaciones”8, y que comunique a la coordinación de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta sobre la disponibilidad, para acceder al disfrute de su periodo de vacaciones. 1.4. Argumentos de la acción de tutela La señora López Bautista puso de presente que acudió a este mecanismo constitucional, con fundamento en los últimos precedentes judiciales, que, ante la misma situación de vulnerabilidad, han reconocido el derecho al descanso y la posibilidad de disfrutar las vacaciones causadas. Además, que, ante esta situación, es menester establecer la programación y la persona que va a remplazar a quien disfrutaría las vacaciones, en aras de no transgredir los derechos al trabajador y no afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa9. Para respaldar su postura, la accionante citó las siguientes sentencias:  12 de diciembre de 2018 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de

Estado (expediente con número de radicación: 08001-23-33-000-2018-0075601).  14 de mayo de 2020 (expediente con número de radicación: 11001-03-15-0002020-03100-00), en la que se ordena a las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial del Atlántico y del Valle del Cauca, a realizar las actuaciones necesarias para la emisión de los certificados de disponibilidad presupuestal, concernientes al reemplazo de los funcionarios que salen a vacaciones. 8 Páginas 3 y 4. Ibid. 9 Página 3. Ibid.  C-035 de 2005 dictado por la Corte Constitucional, que indicó: “las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo”10.  C-710 de 1996, T-09 de 1993 y C-024 de 1998 proferidas por la Corte Constitucional, en las que manifestaron que: “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”11. Luego, indicó que, al interpretar los artículos 25 y 53 de la Constitución, es posible colegir que el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo. Además, que la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “se considerará nulo

todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas”12. Finalmente, destacó que los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 prevén que todo empleado público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado. 1.5. Trámite de tutela e intervenciones 1.5.1. La accionante envió, por correo electrónico del 20 de mayo de 2021, la solicitud de amparo al Tribunal Administrativo de Norte de Santander13. Aquella autoridad, ese mismo día, remitió el expediente al Consejo de Estado “para que se efectu[ara] el reparto, conforme lo expuesto en la parte motiva”14. 1.5.2. La Secretaría General de esta Corporación asignó el conocimiento del caso concreto a esta Subsección. El Despacho Sustanciador, el 26 de mayo de 2021, admitió la acción de tutela15. Notificadas las partes, ese Despacho solo recibió esta respuesta: 1.5.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta16 solicitó que se desestimaran las pretensiones de la accionante, en cuanto a la responsabilidad de esa autoridad, puesto que, en su criterio, carece de facultades para: (i) conceder o autorizar vacaciones para el personal titular de los despachos judiciales; y (ii) emitir certificados de disponibilidad presupuestal para cargos que no hayan sido creados o autorizados por la Sala Administrativa del CSJ.

II. CONSIDERACIONES

10 Página 4. Ibid.

11 Ibid. 12 Ibid. 13 Archivo electrónico que contiene el correo de envío de la acción de tutela, con certificado: 98E00D532E4C3DD4 525D41B8763F2562 27A84C1B28F70520 B8B3BC88602178BE. 14 Archivo electrónico que contiene el auto de remisión del expediente, con certificado: F7C9CE7A612B4ECB DAEDBA3EA6BFB7E6 A8B0728EA6B4E308 D1DCAF8A2B2B7CFE. 15 Archivo electrónico que contiene el auto admisorio, con certificado: 50293A90547E10FB E538CAB3DFB4501F 35664F4CBBAC60D0 C721D05C21029A32. 16 Archivo electrónico que contiene la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con certificado: B1F1936AE1B84529 2E80E00B8B9113C2 09DC67BD90083189 FEA451F1E01A29A4. 2.1.Competencia La Sala es competente para conocer del amparo constitucional deprecado por la parte actora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, que expidió el reglamento interno del Consejo de Estado. 2.2. Procedibilidad de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para

reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley. Conforme con la disposición referida, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. 2.2.1. Claudia Patricia López Bautista se encuentra legitimada por activa para deprecar la tutela e iniciar este trámite, porque es la titular de los derechos que considera afectados por las actuaciones de las autoridades contra las que se dirige el amparo, en tanto que, afirma, le impiden disfrutar del periodo de descanso vacacional. Esta Subsección también encuentra legitimados por pasiva a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, puesto que son las autoridades que expidieron los actos administrativos, que la accionante indica como causantes de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados. Respecto del CSJ, está legitimado por pasiva, toda vez que la decisión que se tome en relación con la expedición del CDP para el reemplazo de la señora López Bautista, podría afectarlo, como administrador de los recursos de la Rama Judicial y dado que es quien toma las decisiones que determinan las actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial17. De hecho, fue la autoridad que expidió la Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, con la que se apoyó la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta para

negar la partida presupuestal. 2.2.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad expidieron los actos objeto de reproche constitucional, el 10 y el 19 de mayo de 2021, respectivamente. La accionante envió el escrito de tutela el 20 de 17 Artículo 98 de la Ley 270 de 1996. mayo del presente año18. Así las cosas, en este caso está satisfecho el requisito de inmediatez, en la medida en que el lapso transcurrido entre la ocurrencia de los hechos generadores de la supuesta violación de derechos y la fecha de promover el amparo constitucional, responde a un plazo razonable. 2.2.3. El requisito de subsidiariedad presupone que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide que el actor acuda a la solicitud de amparo para debatir la constitucionalidad de actos administrativos, al contar con la posibilidad de controvertir aquellas decisiones de la administración ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario natural de protección de los derechos. Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente procede la acción de amparo, cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz19 el derecho fundamental o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión20. De cualquier manera, estos eventos parten de un examen concreto

en el que el juez valore la efectiva protección del derecho fundamental, como lo ha establecido la Corte Constitucional, a saber: “[L]a Corte ha objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario, pues ha considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede considerarse eficaz, dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de los derechos constitucionales de los asociados. Por esta razón, la jurisprudencia ha establecido que la eficacia de la acción ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y exigencias propias del caso concreto, de modo que se logre la finalidad de brindar plena y además inmediata protección a los derechos específicos involucrados en cada asunto”21. También es procedente la acción cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable, porque la solicitud de amparo funge como un mecanismo transitorio. La máxima autoridad de la jurisdicción constitucional ha definido el perjuicio irremediable, a partir de la reunión de los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho22. En el caso concreto, Claudia Patricia López Bautista protesta la constitucionalidad de unos actos administrativos emitidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. Decisiones que la accionante podría atacar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, por no acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. 18 Ver numeral 1.5.1. de esta sentencia. 19 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. 20 Corte constitucional. Sentencia T-471 de 2017. 21 Corte constitucional. Sentencias T-646 de 2013, T-592 de 2016 y T-397 de 2017. 22 Corte Constitucional. Sentencia T-1062 de 2010. 2.2.3.1. Ahora bien, es menester verificar si aquel mecanismo judicial resulta eficaz e idóneo, para salvaguardar los derechos fundamentales invocados y garantizar una solución integral del conflicto planteado por la tutelante. El derecho al descanso se causa anualmente. En esa medida, el tener que someter los actos administrativos al proceso contencioso administrativo, no permitiría asegurar su oportuno disfrute. Por el contrario, haría más gravosa la situación, toda vez que la afectación a este derecho aumenta, justamente, en razón al paso del tiempo en que no es posible gozar de él. En ese orden de ideas, el medio de control exigido a la señora López Bautista no

sería eficaz para garantizar el derecho al descanso y conllevaría la imposición de una carga desproporcionada. Lo anterior, al tener en cuenta que la controversia del sub lite no versa acerca de la causación de ese derecho, ni del cumplimiento de requisitos legales para obtenerlo. Además, la solicitud, como medida cautelar, de suspensión de los efectos de los actos administrativos controvertidos, tampoco deviene idónea para provocar su satisfacción inmediata, pues no perseguiría tal fin. Como cuestión adicional, huelga decir que el artículo 9° del Decreto 2591 de 1991 prevé que no es necesario interponer previamente el recurso de reposición o cualquier otro medio de impugnación administrativo para presentar la petición de amparo23. En consecuencia, el escrito de tutela supera el requisito de subsidiariedad. 2.3. Problema jurídico A la Sala le corresponde definir si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta vulneraron el derecho fundamental al descanso de Claudia Patricia López Bautista, por expedir, respectivamente, el Oficio No. DESAJCUO21-0399 del 10 de mayo de 2021, que negó la expedición del CDP para