CE-11001-03-15-000-2021-02879-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – Existe otro medio de defensa judicial / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir actos administrativos de carácter particular [S]e advierte que la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 138 como medio de control de los actos administrativos de contenido particular y concreto contenido en la Resolución URNAR 21-58 del 6 de mayo de 2021, que resolvió el recurso de apelación, el de nulidad y restablecimiento del derecho, para quien se crea lesionado en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, bajo las causales de nulidad previstas en el artículo 137 ibidem. (…) De manera que, frente a la existencia de unos actos administrativos de carácter particular y concreto expedidos por la administración judicial, la Sala encuentra improcedente la solicitud de tutela, pues se considera que la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, dentro del cual puede pedir el decreto de medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. (…) Asimismo, se observa que entre los argumentos expuestos por la parte actora no se encuentra alguno con el cual se pudiera sustentar la configuración de un perjuicio irremediable, lo cual

tampoco se advierte de las condiciones particulares de la demandante, pues ni siquiera alegó alguna circunstancia al respecto. (…) En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de los derechos fundamentales invocados de igualdad y trabajo, por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad frente al cuestionamiento de la decisión administrativa que no admitió a su sociedad como secuestre en la lista de auxiliares de la justicia. (…) La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no ha resuelto el recurso de apelación en contra de la Resolución DESAJBOR21-23 del 13 de enero de 2021.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 229.

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO / LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA – Admitidos y no admitidos / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – No se notificó la resolución del recurso de apelación [S]e advierte que efectivamente la parte demandada con su informe no acreditó haber notificado a la accionante de la Resolución URNAR 21-58 del 6 de mayo de 2021, a través de la cual la mencionada Unidad de Registro resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante en contra de la Resolución DESAJBOR2123 del 13 de enero de 2021, por la que se publicó la relación de los aspirantes

admitidos y no admitidos a la lista de auxiliares de la justicia, y en la que no se admitió a la sociedad de la accionante a integrar la lista de Auxiliares de la Justicia, en el cargo de secuestre, por no reunir los requisitos establecidos en el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015. (…) En efecto, de la documentación aportada con su informe se logra apreciar que mediante oficio del 6 de mayo de 2021 la directora de la mencionada unidad remitió la aludida resolución al señor [J.L.C.B.], para que en calidad de coordinador del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° ibidem, esto es notificar el acto a través de la citada dirección seccional, en los términos de Ley. (…) Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sí vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la parte actora, comoquiera que el coordinador del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca no acreditó que hubiese surtido el trámite de la notificación del mentado acto a la demandante, pues sin siquiera presentó su informe frente a la admisión de la solicitud de tutela. (…) En consecuencia, se amparará el derecho fundamental al

debido proceso administrativo de la parte actora, en lo que se refiere a la notificación de la Resolución URNAR 21-58 del 6 de mayo de 2021, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en sede administrativa por la demandante, pues tal garantía también incluye la notificación efectiva del respectivo acto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., primero (1°) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02879-00 (AC)

Actor: RUTH MAGDALENA GONZÁLEZ SIERRA Y OTRA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y OTROS Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la señora Ruth Magdalena González Sierra y la empresa Asojudiciales Administrativos S.A.S., en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional Mediante escrito enviado el 11 de mayo de 2021 al buzón de Recepción de

Tutelas Habeas Corpus - Bogotá1, y remitido al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación el día 12 siguiente, la señora Ruth Magdalena González Sierra, quien actúa en nombre propio y también en representación de la

empresa Asojudiciales Administrativos S.A.S., presentó acción de tutela contra el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo. 1 apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co Consideró lesionadas las garantías en mención por cuanto la primera de tales autoridades inadmitió la inscripción de la referida empresa para integrar la lista de auxiliares de la justicia en las funciones de secuestre, bajo la causal consistente en no haber diligenciado el formulario en su totalidad, y en razón a que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no ha resuelto el recurso de apelación contra dicha decisión. En consecuencia, la parte demandante pretende lo siguiente: «PRIMERO: Solicito se tutelen los derechos fundamentales a la Igualdad y al Trabajo en favor de la empresa ASOJUDICIALES ADMINISTRATIVOS S.A.S y de su representante RUTH MAGDALENA GONZÁLEZ SIERRA.

SEGUNDO: Se ordene la inclusión de la sociedad ASOJUDICIALES ADMINISTRATIVOS S.A.S en la lista de auxiliares de la justicia para desempeñar las funciones en el cargo de SECUESTRE.

TERCERO: Que se dejen sin efectos las decisiones adoptadas por las entidades administrativas señaladas en esta tutela.» La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes

2. Hechos Sostuvo que el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015 «por el cual se reglamenta la

actividad de Auxiliares de la Justicia» es el que contempla los parámetros para la integración de los auxiliares de la justicia y las respectivas etapas como la apertura del proceso de inscripción (convocatoria y divulgación), el proceso de inscripción (solicitud, anexos y radicación de tales documentos) y los requisitos para formar parte de la lista de auxiliares de la justicia, entre otros. Precisó que en cuanto a la solicitud, en el mencionado acuerdo se estableció en el artículo 3° que: «…Durante el mes de noviembre a que alude el artículo 1, toda persona interesada, podrá solicitar su inscripción…para lo cual deberá diligenciar el formulario que encontrará a disposición en la página web de la Rama Judicial. Dicho formulario deberá ser diligenciado íntegramente, so pena de no procederse a la inscripción. Parágrafo 1. Si el aspirante tiene interés en prestar sus servicios en despachos judiciales de la comprensión territorial de distintas Direcciones Seccionales o Coordinaciones, deberá inscribirse ante cada una de ellas, Parágrafo 2. Cuando la Dirección Seccional de Administración Judicial o las Coordinaciones de Florencia o Quibdó incluyan dentro de su comprensión territorial territorios de diferentes departamentos, el aspirante deberá indicar en cuál de ellos está en capacidad de prestar sus servicios.» Añadió que el 30 de noviembre de 2020 inscribió a su empresa Asojudiciales Administrativos S.A.S., identificada con Nit. 901234556-6 para desempeñar el cargo y funciones de secuestre, para lo cual adjuntó los documentos que dan fe de

su idoneidad y experiencia, con la finalidad de cumplir con los requisitos de la Ley 1564 de «2000 (sic)» y el mencionado acuerdo. Agregó que esa solicitud fue inadmitida y que el motivo fue reportado como causal F3, la cual se refiere al incumplimiento del artículo 3° del citado acuerdo, por la no realización del diligenciamiento del formulario en su totalidad; error que a su juicio corresponde a un «lapsus calami», pues olvidó diligenciar correctamente el nombre de la empresa y departamento o ciudad, que para el caso era Bogotá D.C., que es donde se encuentra en capacidad de prestar sus servicios. Hizo referencia a los artículos 6° y 7° del referido acuerdo, para destacar que adicionalmente en los documentos allegados como el mismo formulario de inscripción, Cámara y Comercio y dirección de bodega para laborar y ser notificados como empresa y además de su residencia, se encuentran puntualmente las direcciones, las cuales se ubican en esta ciudad. Mencionó que oportunamente presentó el ante el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia un recurso de reposición y en subsidio el de apelación, pero que mediante Resolución 006 del 11 de febrero de 2021, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca le «negó la inclusión de la empresa en la lista respectiva»2. Indicó que, la apelación subsidiaria, concedida en la decisión de febrero 11 del 2021, para surtirse ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, hasta el momento de

presentación de la acción de tutela no ha sido resuelta a pesar de que ha transcurrido el tiempo necesario para su resolución.

3. Sustento de la vulneración La parte actora manifestó que su empresa no fue incluida en la lista de auxiliares como secuestre, a pesar de haberse llenado plenamente la solicitud de inscripción y aducido la documentación requerida.

Señaló que, con los documentos anexados, que son pruebas y complementación de la solicitud de inscripción, se despeja cualquier duda sobre el lugar donde la sociedad que representa prestaría los servicios de auxiliar de la justicia en la especialidad escogida. 2 En dicho acto se dispuso: «ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la lista de auxiliares de la Resolución No. DESAJBOR21-23 del 13 de enero de 2021, correspondiente a la convocatoria 2021-2023, por medio de la cual no se admitió a la empresa ASOJUDICIALES ADMINISTRATIVOS S.A.S, identificada con NIT 901234556-6, en el oficio de Secuestre.

ARTICULO SEGUNDO: NO REPONER el contenido de la lista de auxiliares de la Resolución No.

DESAJBOR21-23 del 13 de enero de 2021, correspondiente a la convocatoria 2021-2023, por medio de la cual no se admitió la empresa ASOJUDICIALES ADMINISTRATIVOS S.A.S, identificada con NIT 901234556-6, en el oficio de Secuestre.

ARTICULO TERCERO: CONCEDER el recurso de Apelación a la empresa ASOJUDICIALES ADMINISTRATIVOS S.A.S, identificada con NIT 901234556-6, representada legalmente por la

señora RUTH MAGDALENA GONZÀLEZ SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.964.825 expedida en Bogotá. ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente a la empresa ASOJUDICIALES ADMINISTRATIVOS S.A.S, identificada con NIT 901234556-6, representada legalmente por la señora RUTH MAGDALENA GONZÀLEZ SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.964.825 expedida en Bogotá., de conformidad con lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que resuelva lo pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.» Adujo que se pasaron por alto dichos soportes que acreditan a cabalidad que la sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá y que por lo mismo es este el lugar donde el ente social prestaría los servicios de secuestre.

Consideró que no es justo que se le hubiera dejado por fuera de la lista a la empresa, por cuanto la omisión o lapsus en que se incurrió no es fundamental para la viabilidad de la inscripción e inclusión de la empresa en la respectiva lista. Destacó que el formulario o solicitud está debidamente diligenciado en su totalidad pues, la omisión que tiene el carácter de involuntaria carece de incidencia, en razón a que la documentación aportada subsana el punto al demostrar a

satisfacción que es la ciudad de Bogotá donde la sociedad prestaría sus servicios en la especialidad escogida como auxiliar de la justicia. Recordó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1437 de 2011 el recurso de apelación debe resolverse de plano, lo cual a su juicio se ha incumplido, lo que conlleva a que se configure el silencio administrativo en recursos conforme al artículo 86 de la misma legislación. Afirmó que el agotamiento de los recursos de reposición y de apelación comentados, el último por falta de pronunciamiento a su debido tiempo, dejan ver que la acción tutelar es el último mecanismo del que dispone para restablecer los derechos fundamentales desconocidos, como lo es el derecho al trabajo, ya que se le impide a la empresa prestar sus servicios en el rango requerido. Resaltó que el derecho a la igualdad también resulta lesionado con las decisiones referenciadas porque existen pruebas de que otras sociedades que incurrieron en igual omisión, al hacer uso de reclamaciones por la vía de los recursos de reposición y apelación, le fueron aceptados sus reclamos, disponiéndose la inclusión en la lista de auxiliares de la justicia. Precisó que a pesar de que fue inadmitida la inscripción de la sociedad Apoyo Judicial S.A.S. por la causal F3, que corresponde a la misma causal suya, con posterioridad, aquella se admitió en la respectiva lista (esto puede observarse en las copias de las listas de los inadmitidos). Adujo que dicha razón causal de error en el diligenciamiento del formulario es una circunstancia insustancial que no es de fondo, y no puede dar a lugar de forma

definitiva y radical la vulneración del derecho al trabajo consagrado en la Constitución Política. Indicó que con las decisiones antes citadas se le desconoce el derecho al trabajo porque no se le ha permitido prestar las funciones para las cuales se solicitó la inscripción de la sociedad que representa en la lista de auxiliares de la justicia y en el cargo solicitado.

4. Trámite de la solicitud de amparo Por auto del 26 de mayo de 2021 se inadmitió la acción de tutela, para que la actora demostrara su condición de representante legal de la sociedad

Asojudiciales Administrativos S.A.S. Mediante escrito presentado oportunamente por correo electrónico del 31 de mayo de 20213, la demandante aportó el certificado de existencia y representación legal 3 El auto inadmisorio se notificó el mismo día. que la acredita como la representante legal de Asojudiciales Administrativos S.A.S., por lo que la demanda de tutela se tuvo como subsanada. Con proveído del 8 de junio de 2021, se admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, se ordenó la notificación del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, del director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y del director del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, o a quienes hicieran sus veces. De igual manera, se dispuso la vinculación del director ejecutivo seccional de administración judicial de Bogotá4.

5. Argumentos de defensa Surtidas las notificaciones de rigor, se presentó la siguiente intervención: 5.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados

y Auxiliares de la Justicia La referida autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela y pidió que sea declarada improcedente, pues la parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa para desvirtuar la legalidad de las decisiones administrativas que resolvieron no admitir a su empresa en el cargo de secuestre por no reunir los requisitos establecidos en el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015. Precisó que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, tiene como competencia funcional la establecida en el artículo 19 del mencionado acuerdo, que es la de resolver los recursos de apelación y queja cuando estos sean previamente concedidos. Señaló que la unidad mediante la Resolución URNAR21-58 del 6 de mayo de 2021, resolvió el recurso de apelación y comunicó mediante oficio del 6 de mayo del año en curso al señor Jairo León Cárdenas Blandón, Coordinador Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca al correo electrónico convocauxiliaresbogyCund@cendoj.ramajudicial.gov.co, el envío de la citada resolución, cuyas copias anexó. Mencionó que en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha sostenido que por regla general es improcedente atacar decisiones judiciales o actos administrativos por medio de la acción de tutela, en el caso en estudio se pretende desvirtuar la Resolución URNAR21-58 del 6 de mayo de 2021, expedida por esta

Unidad, por lo que solicitó que debe declararse en el respectivo fallo la no procedencia de la acción interpuesta. Precisó que tanto las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, como esa Unidad, exigen los requisitos contemplados en el Acuerdo PSAA15-10448 de 2015, para efectos de participar en la convocatoria para hacer parte de la lista de 4 De acuerdo con las atribuciones sobre el particular, previstas en el Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de abril de 2015, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 5 Sentencias T-030/15, T610/10, T-106/93, SU-712 de 2013, SU-617 de 2013, SU 646 de 1999, T007 de 1992, entre otras. auxiliares de la justicia y que en los artículos 3° y 5° señala como requisito, el diligenciamiento íntegro del formulario, so pena de no procederse a su inscripción. Aclaró que la recurrente al momento de la inscripción aportó el formulario sin indicar el lugar donde debería prestar su servicio, el cual generó la no admisión en la lista de Auxiliares de la Justicia. Adujo que la accionante al momento de la presentación del recurso presentó nuevo formulario debidamente diligenciado, situación que no puede tenerse en cuenta en razón a que el mencionado acuerdo no contempló, dentro del proceso de integración de la misma, la posibilidad de aportar nuevos documentos y/o subsanar requisitos con posterioridad al cierre de inscripciones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,

modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019.

2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar: si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia y de ser así, si las autoridades administrativas demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo de la accionante al no admitir la inscripción de su empresa en la lista de auxiliares de la justicia como secuestre y, si en el presente evento se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la parte actora.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad y de encontrarse superados, se estudiará, el fondo del reclamo y, ii) la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental de petición.

3. De la procedencia de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19916, entre otros motivos, la relativa a la existencia

de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad). 3.1. De la procedencia de las acciones de tutela contra actos administrativos 6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Por lo que, en tales casos la procedencia de la acción de tutela se encuentra sujeta a la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable. En relación con la procedencia de la acción de tutela para cuestionas actos administrativos de carácter particular y concreto, la Corte Constitucional ha considerado: «… en materia de actos administrativos de contenido particular y concreto, la jurisprudencia de esta Corporación7 ha establecido que por regla general la acción de tutela no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través de la jurisdicción contenciosa administrativa8. No obstante, en criterio de la Corte, la aceptación de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos depende de si el contenido de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos fundamentales o la amenaza de la

ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud que obligue la protección urgente de los mismos.9…»10 Así, la vía judicial ordinaria es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales y, es eficaz cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. Por tanto, la idoneidad del mecanismo judicial ordinario implica que éste brinda un remedio integral para la protección de los derechos amenazados o vulnerados, mientras que su eficacia supone que es lo suficientemente expedita para atender dicha situación11. 3.2. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho fundamental de petición y al debido proceso administrativo La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.» La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada12. 7 Sentencias T-198 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1038 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-992 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo, T-866 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras. 8 «Ver, entre otras la Sentencia T-016 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo.»

9 «Sentencia T-514 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.» 10 Sentencia T – 161 de 2017. 11 Corte Constitucional, sentencia C-132 de 2018. 12 Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre otras. Por tanto, la vulneración del derecho fundamental de petición se concreta ante la falta de una respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario. A su vez, la citada Corporación ha considerado que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información pedida en el derecho de petición no es óbice para contestarlo13. De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración no está en capacidad de responder por las características del caso concreto, como por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que ha desaparecido. Ahora bien, la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015 reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma que entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación, la cual en su artículo 1° estableció: «Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el

ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.»14 (subrayado fuera del texto original) Con ocasión al estado de emergencia derivado del Covid – 19, mediante el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 202015, se reguló en su artículo 4° lo relativo a la notificación o comunicación de actos administrativos. Para tal efecto, se estableció lo siguiente: «Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta 13 Sentencia T – 1075 de 2003. 14 Artículo declarado condicionalmente exequible, «siempre y cuando no excluya la posibilidad de que los menores de edad presenten directamente peticiones dirigidas a otras entidades para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales», y salvo los apartes de texto original del proyecto que declaró inexequibles, por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-951-14 de 4 de diciembre de 2014, Magistrada Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez, quien de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241, numeral 8 de la Constitución, efectuó la

revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara. 15 «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. … El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La presente