CE-11001-03-15-000-2021-02921-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÓN JUDICIAL / CONFIGURACIÓN

DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / AUDIENCIA DE PRUEBAS /

DEBER DE NOTIFICAR LAS DECISIONES JUDICIALES A LOS SUJETOS

PROCESALES – Incumplido / INDEBIDA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS / INDEBIDA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA / NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA – No fue enviada al correo suministrado por el apoderado de la parte demandante / VULNERACIÓN DEL

DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA

IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[O]bserva la Sala que sí existió una indebida notificación de las boletas de citación y, por ende, del auto del 17 de febrero de 2021, que fijó la fecha para la diligencia de interrogatorio de parte y testimonios, en la medida en que la ni la apoderada principal ni el abogado sustituto de la parte demandante, fueron informados del lugar en el que se realizaría la audiencia de pruebas. En efecto, como se vio, la misma autoridad judicial accionada reconoció que, debido a un error involuntario, estos documentos no fueron enviados al correo electrónico suministrado por la abogada [Y.A.A.G.]. Circunstancia que, en sentir de esta Subsección, no solo impidió que la parte actora llegara a tiempo a la audiencia, sino que desencadenó una serie de afrentas que transgredieron sus derechos fundamentales. Ciertamente, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por el

Tribunal Administrativo de Santander, a efectos de sostener que tal yerro u omisión en momento alguno afectó las garantías del extremo activo de la litis, por las siguientes razones: Si bien no se desconoce que el auto del 17 de febrero de 2021 y la respectiva boleta de citación fueron efectivamente remitidos al correo del demandante, esto es, al del señor [J.C.A.C.], tal acción no puede entenderse como afirmativa del deber de notificar las decisiones judiciales a los sujetos procesales, en la medida que el actor acudió a ese medio de control a través de su apoderada, de modo que es en cabeza de esta última en quien están representados los intereses de aquel. Por tanto, al no notificársele a ella el lugar en el que acontecería la diligencia, se coartaron las garantías superiores de su mandante. Además, tampoco puede sostenerse que la apoderada principal sí tenía conocimiento del lugar que se fijó para desarrollar la audiencia de pruebas por cuanto presentó escrito de saneamiento y reposición en contra de la providencia del 17 de febrero, en tanto, de un lado, dicha providencia no especificaba el sitio en el que se iba a llevar a cabo, ni si era presencial y, del otro, los argumentos allí esgrimidos no se dirigían a cuestionar algún asunto relacionado con la fecha y hora del interrogatorio ni de los testimonios, sino a resaltar desacuerdos procesales con el despacho sustanciador durante el curso del medio de control. Por demás, la situación reprochada tampoco corresponde a una carga atribuible al demandante, ni a una falta de comunicación entre los apoderados o de estos con su representado, ni a ausencia de diligencia a la hora

de revisar el link del expediente digital, comoquiera que conforme a los artículos 201 y 205 del C.P.A.C.A., es deber de la autoridad judicial notificar las decisiones a las direcciones electrónicas registradas e informadas por los sujetos procesales. A lo precedente súmese que, desde el auto del 29 de julio de 2020, el tribunal dejó por sentado que una vez se recaudara la totalidad de las documentales fijaría “fecha y hora para celebrar audiencia de pruebas virtual” . Por ende, es dable concebir que los apoderados de la parte actora esperaran que la audiencia de pruebas se realizaría por medios electrónicos, no solo por la confianza legítima que se desprende de la decisión judicial citada, sino también, por el contexto actual que vive el país, producto de la emergencia sanitaria declarada a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Así las cosas, emerge diáfano la configuración del defecto procedimental absoluto, en tanto la realización presencial de la audiencia de pruebas sorprendió a la parte demandante, influyendo de manera negativa en sus intereses (…) Por consiguiente, estima la Sala que la autoridad judicial omitió, sin ninguna justificación razonable, la notificación efectiva de la actuación procesal relativa a la fijación de la fecha, hora y lugar de la audiencia de pruebas a los apoderados del demandante y, con esto, desconoció las garantías mínimas del debido proceso, en tanto limitó irrazonablemente los derechos a la defensa y contradicción del extremo activo de la litis, presentándose por ello evidentes fallas en la defensa técnica que no pueden ser imputables a la persona y que, sin embargo, tienen un efecto decisivo

en la resolución del asunto controvertido.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 201 / LEY 1437 DE 2011 –

ARTÍCULO 205

SALVAMENTO DE VOTO / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD – Decreto 2591 de 1991 / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Inconstitucional /

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA – Sentencia C-543 de 1992 /

DERECHO LEGISLADO – Artículo 230 Constitución Política / VIOLACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedente por vía jurisprudencial sentencia C590 de 2005 / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Como la tutela contra providencia judicial es excepcional y solo procede frente a decisiones arbitrarias y groseras de los jueces, a mi juicio, en este asunto no se cumplieron esos presupuestos para acceder al amparo. [De otra parte], la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos del Decreto 2591 de 1991 que establecían que la acción de tutela procedía contra providencia judicial. Sin embargo, en fallos posteriores de tutela y luego en la sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005 esa Corporación cambió su criterio y, en su lugar, admitió el amparo contra las decisiones de los jueces y estableció

unos requisitos generales y especiales de procedibilidad. A mi juicio, (…) la sentencia C-543 de 1992 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, el criterio contenido en esa decisión era inmodificable, incluso para la misma Corte Constitucional de conformidad con el artículo 243 CN. (…) La procedibilidad de la tutela contra providencia judicial se fundamenta en un “precedente judicial”. (…) [C]onsidero que, sin desconocer la importancia de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho (art. 230 CN), no es posible trasplantar figuras del [common law] a un sistema de derecho legislado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 230 /

CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 243

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02921-00(AC)

Actor: JHAN CARLOS AMAYA CALLEJAS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Asunto: Acción de tutela – Primera instancia Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Subtema 2: Requisitos específicos de procedencia – defecto procedimental absoluto. Decisión: Se accede a la solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela ejercida por el señor Jhan Carlos Amaya

Callejas en contra del Tribunal Administrativo de Santander. I.- ANTECEDENTES 1.- La solicitud de amparo El 19 de mayo de 2021, el señor Jhan Carlos Amaya Callejas, por medio de apoderada judicial, interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estima transgredidos por los autos del 14 de abril y 18 de mayo de 2021, emitidos por el Tribunal Administrativo de Santander, en el curso del proceso de nulidad electoral promovido por él en contra del señor Andrés Rogerio Ayala Rojas, al interior del radicado No. 6800123-33-000-2020-00064-00. 1.1.- Hechos 1.1.1.- El accionante señala que radicó demanda1 de nulidad electoral en contra del señor Andrés Rogerio Ayala Rojas, concejal electo del municipio de Piedecuesta, por incurrir en doble militancia, la cual fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, correspondiéndole el radicado No. 68001-23-33-0002020-00064-00. 1 Por medio de su apoderada Yudy Alexandra Amaya Gutiérrez. 1.1.2.- Informa que mediante auto del 17 de febrero de 2021 se convocó a audiencia de pruebas para las 09:00 a.m. del 03 de marzo calendario y que contra este interpuso recurso de reposición y solicitó sanear el proceso; sin embargo, indica que no fue resuelto por el despacho. 1.1.3.- Añade que el 02 de marzo de 2021 se presentó sustitución de poder2 y se

pidió el link del expediente digital, así como de la audiencia. Empero, destaca que solo se allegó el primero de estos. 1.1.4.- Sostiene que, en razón a lo anterior y a que confiaban en que la audiencia se realizaría de forma virtual dadas las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura y por el Gobierno Nacional, el apoderado sustituto a las 09:06 a.m. del 03 de marzo de 2021 envío correo electrónico a la secretaría del tribunal informando que no había llegado el link de la audiencia. Ante esto, relata que la escribiente les indicó que la audiencia era presencial, tal y como lo establecían las boletas de citación que se habían enviado con anterioridad. 1.1.5.- En tal virtud, refiere que el apoderado sustituto puso de presente que no habían recibido notificación alguna, razón por la cual le reenviaron las boletas de citación. Añade que, al revisarlas, este advirtió que se remitieron erróneamente, en tanto se mandaron al correo yudyaleja@hotmail.com, cuando el registrado por la apoderada principal y correcto era yudyaleja1@hotmail.com. 1.1.6.- Señala que el apoderado sustituto envió dos correos adicionales, pero como no obtuvo respuesta del tribunal, se dirigió al palacio de justicia, donde los vigilantes no lo dejaron entrar inmediatamente porque no tenía autorización de ingreso. Destaca que al cabo de 20 minutos aquel logra llegar a la audiencia, en la que ya se habían evacuado los testimonios citados y que, pese a informar de lo acontecido, se hizo caso omiso por parte del magistrado sustanciador y solo pudo

interrogar a la parte demandada. 1.1.7.- Por ende, alega el actor que se solicitó la intervención del Ministerio Público, el cual, por intermedio de la Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos, interpuso solicitud de nulidad de lo actuado dentro de la referida audiencia, en atención a que no fue convocado, y por los vicios en la notificación de los apoderados de la parte actora. Asevera que coadyuvó esta petición. 2 Al profesional del derecho Juan Sebastián Manosalva González. 1.1.8.- En consecuencia, relata que, por auto del 14 de abril de 2021, el tribunal negó la solicitud de nulidad impetrada. Agrega que dicha decisión fue recurrida, pero se confirmó por proveído del 18 de mayo hogaño. 1.2.- Fundamentos de la acción de tutela El actor aduce que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en los defectos: 1.2.1.- Procedimental absoluto, por la indebida notificación de la citación a la audiencia de pruebas y la falta de garantías en su trámite. También, a raíz de haber realizado esa diligencia de manera presencial, pese a lo contemplado en el Decreto 806 de 2020, y por la renuencia a declarar la nulidad deprecada y acceder al recurso interpuesto. 1.2.2.- Material o sustantivo, por la inaplicación del Decreto 806 de 2020 y la no citación del Ministerio Público a la audiencia de pruebas. 1.2.3.- Decisión sin motivación, por “la defectuosa aplicación del [D]ecreto 806 de

2020; la renuncia en declarar la nulidad deprecada aun cuando existe argumentos fácticos y jurídicos que hacen viable la misma; finalmente, la falta de notificación al Ministerio Público”3. 1.3.- Pretensiones El tutelante solicitó (i) declarar que se están vulnerando sus derechos fundamentales; (ii) dejar sin efectos los autos proferidos el 14 de abril y 18 de mayo de 2021 y, consecuentemente, ordenar la nulidad de lo actuado, fijando fecha y hora para realizar la audiencia de pruebas y permitiendo su comparecencia y la del Ministerio Público; y (iii) tomar las decisiones y medidas necesarias con el fin de proteger sus garantías. 2.- Trámite de la acción de tutela 3 Folio 14 del documento No. 2 con certificado 0798300A1E643A6F FB282C9A19EFA458 327C3D8FAB268288 95611104BA5F6C71, en el expediente digital de tutela. 2.1.- Por auto del 27 de mayo de 2021 el ponente inadmitió la acción de tutela, con el fin de que se identificaran con precisión los hechos, las pretensiones y las decisiones que aparentemente conculcan los derechos invocados, así como las fechas en que fueron emitidas aquellas, so pena de su rechazo. 2.2.- Al día siguiente, se allegó el escrito de subsanación, por consiguiente, mediante proveído del 08 de junio calendario, se admitió el amparo; se negó la medida provisional solicitada; y se ordenó la vinculación de la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, de la Sala Administrativa

del Consejo Superior de la Judicatura, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del señor Andrés Rogerio Ayala Rojas. 2.2.1.- El Tribunal Administrativo de Santander presentó un informe pormenorizado de las actuaciones surtidas dentro de la causa4 y concluyó que han procedido de manera diligente, a pesar de la suspensión de términos judiciales por la emergencia sanitaria. También, que se han respetado las garantías constitucionales, por cuanto se comunicaron las decisiones adoptadas; y se resolvieron los recursos y solicitudes formuladas tanto por los sujetos procesales, como por el Ministerio Público, con un análisis crítico de los elementos de juicio y de la normativa aplicable. Además, destacó que el hecho de que las decisiones judiciales no se resuelvan conforme exige la parte interesada, no significa que el despacho desconozca los principios que regulan los negocios jurídicos, las reglas de la sana crítica y la interpretación adecuada de la ley aplicable al caso, y, al contrario, demuestra que con el ejercicio del presente mecanismo se pretende reabrir debates que ya fueron analizados y resueltos por el juez natural. 2.2.2.- La Registraduría Nacional del Estado Civil resaltó que lo pretendido con la acción tuitiva es dejar sin efectos decisiones judiciales sobre las que no tiene competencia. Por tanto, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. 4 Entre otras, precisó que (i) desde el auto que dio apertura a la etapa probatoria, se puso en conocimiento de las partes que se fijaría fecha y hora para celebrar la audiencia de pruebas, una vez se recaudara la totalidad

de las documentales; (ii) el 17 de febrero de 2021 se programó fecha y hora para la audiencia de recepción de interrogatorio de parte y testimonios decretados, decisión que fue notificada a los correos electrónicos de los s ujetos procesales y comunicada por estado electrónico; y (iii) la secretaría del tribunal, el 18 de febrero hogañ o, libró las respectivas boletas de citación, en las que informó claramente la fecha y lugar de realización de la diligencia. Ver documento No. 75 con certificado B292F1A454F3C6B5 04BAD3D9BC2CC364 2409C16AC2B18FAB A85A48A787B9598E, en el expediente digital de tutela. 2.2.3.- Los demás vinculados guardaron silencio. II.- CONSIDERACIONES 1.- Cuestión Previa 1.1.- El peticionario reprocha los autos del 14 de abril y 18 de mayo de 2021 del Tribunal Administrativo de Santander, por presuntamente incurrir en los defectos procedimental absoluto, material o sustantivo y decisión sin motivación, en tanto considera que se debió declarar la nulidad de lo actuado desde la fecha en que se citó a la audiencia de pruebas, dada la indebida notificación de las boletas de citación, a que se incumplió lo consignado en el Decreto 806 de 2020 sobre la realización preferente de diligencias virtuales y a que no se convocó al Ministerio Público. 1.2.- Pues bien, en tanto los defectos invocados giran en torno a la misma argumentación, la Sala acotará su estudio al primero de estos, es decir, al

procedimental absoluto, por ser el que engloba los supuestos fácticos y jurídicos planteados. Adicionalmente, se enfocará en la providencia del 18 de mayo de 2021, por ser aquella en la que quedaron condensadas y reiteradas las razones para no acceder a la nulidad deprecada, de modo que es esta decisión la que realmente estaría afectando los derechos fundamentales invocados por el actor. 2.- Competencia Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Jhan Carlos Amaya Callejas en contra del auto del 18 de mayo de 2021 emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió no reponer el proveído del 14 de abril calendario, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 3.- Problema jurídico 3.1.- Corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada, con la providencia del 18 de mayo 2021, vulneró los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, al incurrir en un defecto procedimental absoluto. 3.2.- Para resolver lo anterior, se verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. De superarse, se examinará el cargo endilgado. 4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de

tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad5 y de procedencia6, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior. 5.- Verificación de la legitimación en la causa 5.1.- La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen, y, de otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. 5.2.- En el sub examine, el señor Jhan Carlos Amaya Callejas tiene legitimación en la causa por activa porque obra como demandante en el proceso de nulidad electoral y formuló el recurso de reposición que se le resolvió negativamente. Por tanto, es quien sufre directamente los posibles perjuicios causados. Ahora, no está legitimado para hacer reclamos en nombre del Ministerio Público, por cuanto no acreditó su representación ni fue ese órgano de control el que recurrió el auto del 14 de abril de 2021. Asimismo, hay legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la autoridad judicial accionada fue la que profirió el proveído enjuiciado. 5 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en

el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. 6 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. 6.- El cumplimiento de los requisitos generales (i) La tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues en el presente asunto no se discute una situación de índole legal, sino de carácter ius fundamental, sobre la base de que se debe determinar si la autoridad judicial accionada transgredió los derechos fundamentales invocados por el tutelante, al no decretar la nulidad de lo actuado, pese a una presunta indebida notificación de las boletas de citación a la audiencia de pruebas y a que el Decreto 806 de 2020 pregona la realización de diligencias virtuales. (ii) También se acredita el requisito de subsidiariedad, en tanto en contra del auto objeto de tutela no existe otro medio de impugnación. (iii) El presupuesto de inmediatez igualmente se encuentra superado. En efecto, la providencia que se reprocha fue proferida el 18 de mayo de 2021 y el amparo se interpuso el día siguiente.

(iv) De la misma forma, el escrito está debidamente motivado por cuanto se indicaron de forma razonada los hechos vulneradores y los derechos fundamentales trasgredidos. (v) La solicitud de tutela aduce como argumento central una irregularidad procesal trascendente, consistente en la indebida notificación de las boletas de citación que contenían la fecha y lugar de realización de la audiencia de pruebas. Situación que impidió que el apoderado sustituto del demandante asistiera a tiempo a la diligencia presencial y participara en la etapa de saneamiento del proceso y en la recepción de los tres testimonios solicitados por el demandado, de modo que se le coartó el ejercicio de defensa y contradicción en igualdad de oportunidades que el extremo pasivo de la litis. (vi) Por último, no se ataca una decisión de tutela sino el auto que resolvió no reponer la providencia que denegó la nulidad planteada dentro del medio control con radicado No. 68001233300020200006400. Así las cosas, verificado el cumplimiento de los requisitos que garantizan la viabilidad de la tutela en contra de una providencia judicial, la Sala analizará si en el caso de autos se encuentra configurado el defecto procedimental alegado. 7.- Análisis del defecto procedimental absoluto como causal específica de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 7.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional7 ha señalado que se presenta cuando el juez actúa, sin ninguna justificación válida, por fuera del procedimiento legalmente establecido y desencadena la afectación de prerrogativas superiores. Por ello, ha determinado que se admite la intervención excepcional del juez de

tutela en eventos como los siguientes: “(i) Primero, cuando la autoridad judicial tramita el asunto que le corresponde resolver por un cauce completamente distinto al previsto en la ley o prescinde por su simple voluntad de la práctica de una o de varias etapas del proceso. Bajo este supuesto, no solo se ha decidido casos en los que el operador ha omitido, sin ninguna justificación razonable, el decreto y práctica de pruebas o la notificación de la actuación procesal que requiere de dicha formalidad, sino que también ha examinado la aplicación de términos judiciales, donde el juez opta, sin motivación, por prolongar o delimitar el tiempo con que cuentan las partes para intervenir en el proceso ordinario. (ii) En segundo lugar, cuando en el proceso se presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión judicial definitiva. Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante tutela cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia vulneración del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones injustificadas. (iii) Finalmente, cuando el juez de la causa desconoce las garantías mínimas del debido proceso, en especial, en los casos que el operador judicial limita irrazonablemente los derechos a la defensa y contradicción de los sujetos procesales, presentándose por ello evidentes fallas en la defensa técnica que no pueden ser imputables a la persona y que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en la resolución del asunto controvertido”. 7.2.- Entonces, la parte accionante pretende que se deje sin efectos la providencia

del 18 de mayo de 2021 del Tribunal Administrativo de Santander, que no repuso el auto del 14 de abril calendario, que denegó la solicitud de nulidad elevada, en tanto considera que hubo una indebida notificación de las boletas de citación a la audiencia de pruebas y que esta no se realizó de manera virtual, tal como lo que prevé el Decreto 806 de 2020. 7.3.- Por consiguiente, en aras de establecer si con la decisión cuestionada se incurrió en el defecto invocado, es menester verificar, primero, lo acontecido en el proceso ordinario y, luego, el análisis realizado por la autoridad judicial en la providencia atacada. 7 Sentencia SU-061 de 2018. 7.3.1.- En cuanto al trámite surtido en el proceso de nulidad electoral, en lo que respecta a los reproches elevados en razón de la audiencia de pruebas, se extrae del expediente digital lo siguiente: 7.3.1.1.- Por auto del 29 de julio de 2020, en el cual se resolvieron las excepciones, se fijó el litigio y se decretaron pruebas, el Tribunal Administrativo de Santander dispuso que una vez se recaudara la totalidad de las documentales solicitadas se determinaría la “fecha y hora para celebrar audiencia de pruebas virtual”8. 7.3.1.2.- Mediante proveído del 17 de febrero de 2021, se resolvió que el interrogatorio de parte del señor Andrés Rogerio Ayala Rojas, solicitado por el demandante, y los testimonios de Vladimir Ayala Rojas, Eduin Fernando Rojas y Diego Fernando Jaimes Porras, requeridos por el demandado, se realizarían el “día

tres (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021) a las nueve de la mañana (09:00 a.m.)”9. Asunto para lo cual la secretaría del tribunal debía librar los oficios correspondientes. 7.3.1.3.- El 18 de febrero de 2021, en cumplimiento de lo anterior, la secretaría envió por mensaje de datos a las partes y al Ministerio Público, el estado electrónico, junto con un hipervínculo para consultar la providencia antes referida. La remisión a los demandantes se efectuó a los correos electrónicos: yudyaleja@hotmail.com y jhanca1962@gmail.com10. Adicionalmente, mandó las boletas de citación a los extremos de la litis. A la parte actora se las remitió a las antes señaladas direcciones electrónicas11. 7.3.1.4.- El 22 de febrero de 2021, la apoderada principal del demandante, Yudy Alexandra Amaya Gutiérrez, presentó solicitud de saneamiento y recurso de reposición contra el auto que convocó a la diligencia probatoria, por estar en desacuerdo con la aplicación de unas normas del C.G.P., la falta de pronunciamiento sobre unas pruebas requeridas y la omisión de etapas procesales12. 8 Ver Documento No. 11 del proceso de nulidad electoral, dentro del certificado 397938992312C845 F0880E821E259900 9D1099C52BE2B824 49DE087A06B62B58, en el expediente digital de tutela. 9 Ver documento No. 36 ibidem. 10 Ver correo electrónico denominado “COMUNICACIÓN ESTADO ELECTRÓNICO DE FECHA 18 02 2021

RAD 2020-0064-00 IMMS”, en el documento No. 36.1 ibidem. 11 Ver folio 11 del documento No. 37 ibidem. 12 Se señaló que se estaba en desacuerdo con los desaciertos procesales del despacho sustanciador por la indebida aplicación de unas normas del Código General del Proceso (C.G.P.) al existir norma especial; la falta de pronunciamiento sobre la totalidad de las pruebas requeridas, especialmente las señaladas en el escrito 7.3.1.5.- El 02 de marzo de 2021, a las 12:25 p.m., el profesional del derecho Juan Sebastián Manosalva presentó sustitución del poder otorgado por Yudy Alexandra Amaya Gutiérrez13. Adicionalmente, a las 12:31 p.m., solicitó el link del proceso para consulta14, el cual le fue remitido por parte del tribunal a las 03:00 p.m.15. 7.3.1.6.- El 03 de marzo de 202116, a las 09:06 a.m., el abogado sustituto remitió correo electrónico a la secretaría del tribunal17 en el cual manifestó: “MEMORIAL DEJANDO CONSTANCIA DE QUE NO HAN ENVIADO EL LINK DE LA

AUDIENCIA Y YA PAS[Ó] LA HORA PROGRAMADA PARA LA MISMA”.

Luego, a las 09:08 a.m., reenvía lo anterior al correo cdiaza@cendoj.ramajudicial.gov.co. A las 09:22 a.m., de dicha dirección electrónica se le contestó que el link fue enviado desde ayer a las 15:00 horas y que la apoderada principal contaba con acceso a este desde el 1º de febrero de 2021.

Posteriormente, a las 09:25 a.m., el profesional sustituto replicó que se refería al link de la audiencia de pruebas a realizarse ese día. La respuesta que obtuvo, a las 09:26 a.m., fue que “estaban citados presencialmente por eso se enviaron las boletas de citación”. Ante esto, a las 09:28 a.m. el apoderado del demandante manifestó que nunca habían recibido citación o instrucciones de que fuera presencial, pues alegó que: “Todo es en virtud de acuerdo a lo previsto por el Consejo Superior de la Judicatura”. A su turno, a las 09:30 a.m., se le indicó que en la citación claramente decía que la audiencia de pruebas se llevaría a cabo en la sala de audiencias y se adjuntaron las boletas. A continuación, a las 09:33 a.m. y 09:35 a.m., el abogado escribió que, una vez revisado el asunto con la apoderada principal, advirtió que el correo enviado a esta última era errado porque “les hizo falta el número 1”, de modo que no se notificó en debida forma, por lo que apenas se enteraban de que existían boletas de citación. que descorrió traslado frente a las excepciones propuestas por las demandadas; y la omisión de varias etapas procesales, como la no realiz