CE-11001-03-15-000-2021-02996-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Presidencia de la República

[L]a Sala considera que la Presidencia de la República no es la autoridad responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el señor Ojeda Ortiz, toda vez que la entidad demandada no tiene injerencia alguna sobre la suscripción de contratos celebrada por los municipios en desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales consagrada en la Constitución Política. (…) Por lo anterior, debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad administrativa. INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA – Falta de identidad de partes, objeto

y causa / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD

[L]a Sala evidencia que en el proceso 44001334000320200005500 los hechos que sustentaron la petición fueron que en el Municipio de Hatonuevo se estaban presentando una serie de irregularidades por parte del alcalde en la firma de proyectos sobre la liquidación de la extinta empresa de servicios públicos domiciliarios, la exoneración, para el señor alcalde, de presentar constancia de permanencia para el pago de viáticos y gastos de viaje con relación a las comisiones dentro del territorio nacional, para fijar el salario y los viáticos internos del alcalde y la enajenación de activos de uso general. (…) De lo anterior y como se evidencia de los antecedentes del presente proceso, se puede concluir que los supuestos de hecho objeto de ambas tutelas no son idénticos, por lo que no existe identidad fáctica, pese a que los derechos invocados en ambas solicitudes sean

los mismos. (…) La Sala considera, sin necesidad de estudiar los demás elementos que constituyen los requisitos para declarar la cosa juzgada, que en el caso en estudio no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada y, en consecuencia, tampoco el de la temeridad. ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – Existe otro medio de defensa / ACCIÓN POPULAR – Medio de defensa judicial idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos colectivos / PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN - Del municipio de Hatonuevo [P]ara la Sala, la parte demandante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para lograr la protección de los derechos colectivos y la protección de los bienes públicos del Municipio de Hatonuevo, contemplado en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proceso en el cual podía solicitar el decreto de las medidas cautelares consagradas en los artículos 229 a 241 del C.P.A.C.A. y 25 de la Ley 472 de 1998 para, así, evitar la consumación o agravación del daño. (…) En consecuencia, la Sala considera que en el caso en estudio la solicitud de amparo es improcedente al contar con otro mecanismo de defensa judicial, lo que tiene como objetivo salvaguardar a la acción de tutela del uso inadecuado, irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el

constituyente le confirió. (…) Sin embargo, la Sala aclara que dicho requisito de procedibilidad puede ser superado cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable (…) Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables. (…) Al analizar estos requisitos en el caso en estudio, la Sala considera que no se presenta un perjuicio irremediable, pues el demandante no acreditó, siquiera sumariamente, que las decisiones administrativas adoptadas por el alcalde municipal estuvieran ocasionando un daño inminente y grave que exigiera la intervención del juez constitucional. (…) Teniendo en cuenta lo anterior la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor [J.I. O.O.].

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 144 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 229 A 241 / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 25.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-02996-00(AC)

Actor: JOSÉ IVÁN OJEDA ORTIZ Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por el señor

José Iván Ojeda Ortiz, en nombre propio, en contra de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo El señor José Iván Ojeda Ortiz ejerció acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Hatonuevo, sus derechos políticos en su calidad de concejal del municipio mencionado y las garantías constitucionales a la igualdad, dignidad humana y debido proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la omisión de las entidades demandadas de cumplir con sus deberes de control y vigilancia en relación con algunos contratos celebrados en el ente territorial señalado.

En consecuencia, la parte actora solicitó: “PRIMERO: conceder (sic) la protección constitucional y se protejan los derechos colectivos de la comunidad del MUNICIPIO DE HATONUEVO, y los derechos políticos que le asisten al suscrito concejal como coadministrador del Municipio, conforme a los tratados 1 La acción de tutela se presentó el 22 de mayo de 2021 mediante mensaje de texto a la aplicación de tutelas en línea y fue recibida en el despacho el 26 del mismo mes y año. internacionales, en especial EL PACTO DE SAN JOSE (sic) Firmados en Costa Rica, estatuto de la CONVENCIÓN AMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS, y demás derechos tales como el derecho de igualdad, dignidad humana, el debido proceso dentro de Las actuaciones administrativas, principios de transparencia, moral pública administrativa, buena fe, confianza legítima y acto propio, principios de la contratación estatal, y la protección del ordenamiento jurídico en general y del patrimonio público del Municipio.

SEGUNDO: Se ORDENE a PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por la Doctora MARGARITA CABELLO, o quien haga sus veces, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el Doctor FRANCISCO BARBOSA, o quien haga sus veces; a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (sic), representada por el Doctor CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRARTE, para que inicien las investigaciones respectivamente, ORGANIZANDO UN GRUPO ÉLITE ANTICORRUPCIÓN para que inspeccione, solicite la información, de la contratación del MUNICIPIO DE HATONUEVO, como se ha hecho en otras partes del país.

TERCERO: que se ordene a estas entidades, que en el término de 1 mes, procedan con los resultados de dichas investigaciones, y determinen si la contratación del MUNICIPO DE HATONUEVO, se está haciendo con transparencia, si se cumple a cabalidad con los principios rectores de la contratación estatal, como lo prevé la ley (sic) 80 de 1993, y demás normatividad que conforma el andamiaje jurídico de la contratación estatal.”

2. Hechos Advirtió que, actualmente, es concejal del Municipio de Hatonuevo y representa al

Partido Conservador Colombiano. Señaló que en el Municipio de Hatonuevo se han presentado una serie de irregularidades por parte del actual alcalde y otros funcionarios. Afirmó que ha realizado una vigilancia administrativa y observó malversación de los recursos públicos del municipio, como en el caso de la contratación, por lo que es importante la intervención inmediata de los entes de control. Sostuvo que ha presentado diferentes quejas ante los entes de control del Departamento de la Guajira, pero estas no han sido eficientes puesto que las investigaciones no avanzan o se archivan. Precisó que, actualmente, en el caso del acueducto municipal se han invertido más de $30.000.000 de los recursos provenientes de las regalías del carbón que le corresponden al Municipio de Hatonuevo, pero el servicio es deficiente, el agua no es potable y “escasamente” la ponen una vez al mes y se cobra el servicio como si fuera constante. Indicó que se han realizado contrataciones para el suministro de agua a la población a través de carrotanques de hasta $1.500.000, con viajes facturados de $700.000, hechos que deben ser investigados con urgencia. Alegó que la administración municipal ha realizado contratos para la dotación e instalación de sistemas de alarmas comunitarias y apoyo a frentes de seguridad por valor de $575.999.270, pese a que la directriz del Gobierno Nacional es que la prioridad de la contratación es invertir en salud, saneamiento básico y educación. Añadió que se han presentado otras irregularidades como contratos de prestación de servicios con el objeto de mantener el parque automotor de las fuerzas públicas del municipio por valor de $101.207.120 con una ejecución de 24 días, pero lo

insólito es que el municipio solo cuenta con una motocicleta y los demás vehículos se encuentran averiados. Aclaró que también se suscribió el contrato para el suministro de combustible por valor de $15.933.120 pese a que el ente territorial no cuenta con vehículos propios que requieran la cantidad de combustible contratada para 40 días. Afirmó que ha presentado varias denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, pero estas no han avanzado en debida forma.

3. Sustento de la petición Explicó que las entidades demandadas están en la obligación de realizar control y vigilancia frente a la contratación que se realiza en el Municipio de Hatonuevo porque, en su sentir, existen irregularidades que afectan el patrimonio del ente territorial y las autoridades administrativas locales no han sido eficientes y eficaces en el cumplimiento de sus funciones.

Señaló que ha presentado varias denuncias ante las autoridades demandadas, pero las mismas no han avanzado. Precisó que el interés primordial de esta acción de tutela es que se hagan las investigaciones correspondientes en relación con la contratación que se realiza en el Municipio de Hatonuevo, un territorio minero que reporta grandes recursos por regalías del carbón y donde se observa un detrimento patrimonial sin que se realice un adecuado manejo, uso y ejecución de los dineros.

4. Trámite de la solicitud de amparo Mediante auto del 15 de junio de 20212 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar esta decisión al presidente de la República de Colombia, a la procuradora

general de la Nación, al fiscal general de la Nación y al contralor general de la República. Por otra parte, se vinculó, al presente trámite, al alcalde del Municipio de Hatonuevo y al gobernador del Departamento de La Guajira, e igualmente se ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado que publicara en la página web de la corporación un aviso sobre la existencia de este proceso.

5. Argumentos de defensa 5.1. Municipio de Hatonuevo 2 Inicialmente la acción de tutela fue inadmitida y, una vez se allegó el escrito de subsanación, se procedió a proveer sobre su admisión.

El alcalde del Municipio de Hatonuevo se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda en los siguientes términos: Señaló que la presente acción de tutela es improcedente, no solo porque la alcaldía municipal no ha vulnerado ningún derecho fundamental del concejal José Iván Ojeda Ortiz, sino porque este cuenta con otros medios de defensa judicial para hacer valer sus derechos, en caso de que considere que le han sido vulnerados. Sostuvo que la calidad de concejal no le da legitimidad para actuar en nombre de toda la comunidad hatonuevera y tampoco ha demostrado un nexo causal entre las actuaciones de la administración y la violación de los derechos invocados. Añadió que si lo que pretende el demandante es una investigación a la administración municipal, basta con que presente las quejas y denuncias pertinentes. Precisó que la presente acción constitucional es temeraria porque ya el actor había interpuesto una solicitud de amparo ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Riohacha, la cual fue decidida a través de la sentencia del

19 de junio de 2020, autoridad judicial que decidió declarar improcedente el amparo. Esta decisión fue impugnada y confirmada por el Tribunal Administrativo de La Guajira a través de la providencia del 16 de julio de 2020. Alegó que, en el caso en estudio, se presenta la figura de la cosa juzgada constitucional dado que la pretensión del actor ya fue decidida mediante los fallos del 19 de junio y 16 de julio de 2020, decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas porque han transcurrido más de 3 meses desde su expedición y la misma no fue seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional. Solicitó que se declarara improcedente el amparo solicitado y que se remitieran las copias necesarias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el actuar temerario del concejal Ojeda Ortiz. 5.2. Presidencia de la República Mediante apoderada, la Presidencia de la República rindió el informe solicitado en los siguientes términos: Señaló que la Presidencia de la República no tiene ninguna relación con las peticiones del demandante, pues sus reproches van dirigidos contra el alcalde municipal de Hatonuevo, por presuntas acciones u omisiones en la contratación que ha efectuado el referido mandatorio local durante su gestión, hechos que son ajenos a las competencias de la entidad. Afirmó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está instituido para prestar apoyo logístico y administrativo al señor presidente en el cumplimiento de sus funciones, que son principalmente las consignadas en el

artículo 189 de la Constitución Política y, en consecuencia, no puede realizar ninguna de las funciones que pretende el demandante que se ejecuten para proteger sus derechos fundamentales. Sostuvo que el presidente de la República no es representante legal ni judicial de ninguna entidad. Concluyó que ni la Presidencia de la República ni el presidente de la República están legitimados para actuar como demandados en el asunto en examen, toda vez que cualquier actuación tendiente a acceder a lo solicitado por el demandante constituiría una extralimitación en el ejercicio de las funciones tanto de la entidad como de la autoridad mencionados. 5.3. Departamento de La Guajira El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de La Guajira se manifestó en relación con la demanda de acción de tutela en los siguientes términos: Alegó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no puede demostrarse una relación jurídica sustancial entre la entidad demandada y los hechos y pretensiones del demandante. 5.4. Fiscal Cuarto Seccional Delegado ante los Jueces Penales El fiscal Cuarto Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de La Guajira, coordinador de la Unidad de Administración Publica y coordinador de los fiscales seccionales de la Dirección Seccional de Fiscalías de La Guajira se pronunció en relación con los hechos que sustentan la presente acción de tutela, así: Explicó que una vez consultada la base de datos de la entidad se estableció que, con ocasión de una tutela que había interpuesto el demandante contra la administración municipal de Hatonuevo y otros, la Dirección Seccional de Fiscalías

de La Guajira dispuso la apertura de la noticia criminal con radicado número 440016099082202000604 asignada a ese delegado fiscal, la cual se encuentra activa, con órdenes de policía judicial judiciales impartida e incluso, con informes ejecutivos a través de los cuales se han recaudado elementos materiales probatorios e información pertinente para que se adelanten las etapas de indagación e investigación o se tome la decisión que en derecho corresponda. Advirtió que se compromete a realizar un estudio sucinto en los sistemas de información de análisis criminal de la entidad, para determinar si a la fecha, se encuentran noticias activas o inactivas, aperturadas con fundamento en los hechos manifestados por el demandante o que, en su defecto, se abra la correspondiente noticia criminal para indagar las inversiones en el acueducto del Municipio de Hatonuevo, contrato de suministro de agua por carrotanque, la instalación de alarmas comunicatorias y apoyo a la creación de frentes de seguridad, la prestación de servicios de apoyo para la Policía Nacional para la prevención de accidentes vehiculares, los contratos de mantenimiento del parque automotor de la fuerza pública del municipio y el contrato para el suministro de combustible para los vehículos de la Policía Nacional. Precisó que la entidad que representa no ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante. 5.5. Fiscalía General de la Nación El director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación rindió el informe en los siguientes términos: Alegó que ninguna de las funciones atribuidas a la Fiscalía General de la Nación le permiten a esa entidad intervenir en las contrataciones de los entes territoriales,

por lo que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva. Precisó que la acción de tutela es improcedente respecto de la entidad que representa pues no es esta la entidad legalmente responsable de la presunta malversación de recursos públicos que, en criterio del demandante, se ha generado en los contratos celebrados en el Municipio de Hatonuevo, ni se demostró que con su acción u omisión haya vulnerado los derechos fundamentales del actor o de la comunidad. Sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la subsidiariedad porque este mecanismo se interpuso con el fin de proteger derechos colectivos presuntamente vulnerados por irregularidades en la celebración de contratos, pretensiones que son propias de otro medio de defensa judicial, esto es, la acción popular. 5.6. Procuraduría General de la Nación La Procuraduría Regional de La Guajira, de conformidad con el poder otorgado por la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, rindió el siguiente informe: Precisó que la demanda presentada carece de sustento, puesto que el demandante se limitó a mencionar la existencia de unas presuntas irregularidades contractuales, sin indicar de manera clara los motivos que soportan la vulneración de sus derechos fundamentales. Añadió que, de la demanda, no es claro como las presuntas irregularidades presentadas en la celebración de contratos en la Alcaldía de Hatonuevo puedan vulnerar sus derechos fundamentales. Sostuvo que el demandante no tiene legitimación en la causa por activa porque no es el titular de los derechos fundamentales que invoca como vulnerados y tampoco actúa como agente oficioso.

Aclaró que, además, que no ha desplegado ninguna acción u omisión encaminada a dañar, vulnerar o amenazar los derechos fundamentales invocados por el actor, por lo que concluye que no tiene legitimación en la causa por pasiva y más aún, teniendo en cuenta que ha dado trámite a las peticiones y quejas interpuestas por el señor Ojeda Ortiz. Señaló que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para garantizar el cese de las presuntas irregularidades expuestas en el escrito de demanda, sin precisar con exactitud a cuáles se refiere. 5.7. Contraloría General de la República Pese a haber sido debidamente notificada, la entidad demandada guardó silencio3. 3 Las notificaciones pueden verificarse en el siguiente vínculo electrónico: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx? guid=110010315000202102996001100103

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19914, el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20155, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa Previo a decidir sobre el fondo del asunto, la Sala debe resolver las solicitudes de desvinculación de la Presidencia de la República, el Departamento de La Guajira, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

La Corte Constitucional ha manifestado que la legitimación en la causa por pasiva se entiende satisfecha con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, y destacó que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional. Bajo esta perspectiva la Sala considera que la Presidencia de la República no es la autoridad responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el señor Ojeda Ortiz, toda vez que la entidad demandada no tiene injerencia alguna sobre la suscripción de contratos celebrada por los municipios en desarrollo de la autonomía de las entidades territoriales consagrada en la Constitución Política. Por lo anterior, debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad administrativa. En relación con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, la Sala considera que estas sí se encuentran legitimadas en la causa por pasiva ya que entre sus funciones se encuentra, respectivamente, el ejercicio de la acción penal y la investigación de las actuaciones de los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones, lo que lleva consigo que si deben realizar el control y la vigilancia de la celebración de los contratos que se realicen en los diferentes entes territoriales para verificar que estos cumplan con las normas correspondientes y no afecten el patrimonio del Estado. Frente al Departamento de La Guajira, se advierte que dicha petición no procede teniendo en cuenta que su vinculación al proceso se hizo en calidad de tercero, en

atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, mas no como autoridad contra la cual se encuentre dirigida la solicitud de amparo

3. Problema jurídico 4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.” 5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.” Corresponde a la Sala determinar, inicialmente, si en el caso en estudio se presentan los fenómenos de la cosa juzgada y la temeridad. En caso negativo, deberá analizarse si la solicitud de amparo presentada cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en caso afirmativo, deberá verificarse si las entidades demandadas han vulnerado los derechos fundamentales del señor Ojeda Ortiz y los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Hatonuevo al no haber adelantado las funciones de control y vigilancia sobre las contrataciones adelantadas en el municipio mencionado que, a juicio del demandante, se han realizado de manera fraudulenta.

4. Caso concreto Con la presente solicitud el señor José Iván Ojeda Ortiz pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana y a los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Hatonuevo, por las presuntas omisiones de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia respecto de los contratos que celebra el alcalde municipal los cuales, en su sentir, se están suscribiendo con irregularidades y afectan el patrimonio del ente territorial.

Con el objeto de desarrollar el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta el siguiente análisis: 4.1. Cosa juzgada constitucional y temeridad El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción”6. El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada. Esta Sala de Decisión7 ha precisado que la actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra temerariamente se vulnera este principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y

como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las 6 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010. 7 Sentencia del 23 de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00813-00, con ponencia de la Dra. Rocío Araújo Oñate. autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas se fundan8. Frente a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa juzgada constitucional ha expresado la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales: “La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de

ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada”9 En el caso en estudio, la Alcaldía Municipal de Hatonuevo indicó que el demandante presentó la presente acción de tutela de manera temeraria, puesto que ya había presentado una acción constitucional con el mismo propósito, la cual fue radicada con el número 44001334000320200005500 y fue tramitada, en primera instancia por el Juzgado Tercero Oral del Circuito Judicial de Riohacha y, en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira. Es del caso precisar que el actor, en su escrito inicial de demanda en el presente proceso declaró, bajo la gravedad de juramento, que no he interpuesto ninguna acción de tutela por los mismos hechos y derechos ante ninguna otra autoridad judicial o administrativa competente. Por lo anterior, la Sala considera necesario determinar si en el caso en estudio se presentan los fenómenos de cosa juzgada y de temeridad, previo a decidir sobre el fondo del asunto, se tendrá en cuenta el siguiente análisis: 44001334000320200005500 11001031500020210299600

Instancias Primera: Juzgado Tercero Primera: Consejo de Estado,

Administrativo Oral del Circuito Sección Quinta. Judicial de Riohacha.

Segunda: Tribunal

Administrativo de La Guajira

Partes Demandante: José Iván Ojeda Demandante: José Iván Ojeda

Ortiz Ortiz Demandado: Presidencia de la Demandado: Presidencia de la

República, Procuraduría República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, General de la Nación y 8 Posición que ha sido adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012. Contraloría General de la Contraloría General de la Nación, Municipio de Hatonuevo Nación. y Concejo Municipal de Hatonuevo. Causa El señor José Iván Ojeda Ortiz El señor José Iván Ojeda Ortiz alegó la vulneración de los alegó la vulneración de los derechos colectivos de la derechos colectivos de la comunidad del Municipio comunidad del Municipio Hatonuevo, sus derechos Hatonuevo, sus derechos políticos y los derechos políticos y los derechos fundamentales a la igualdad, a fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y al debido la dignidad humana y al debido proceso. proceso. Tales garantías constitucionales Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas con las consideró vulneradas con ocasión de la firma de los ocasión de la firma de los siguientes proyectos de siguientes contratos estatales, acuerdos municipales, los los cuales presentan cuales presentan irregularidades: irregularidades: - Contrato para adecuaciones - P