CE-11001-03-15-000-2021-03032-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PRVIDENCIA JUDICIAL / PROCESO DE

CONTRATACIÓN ADELANTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA

ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL SARS-CoV-2 / COVID-19 / FALTA

DE VINCULACIÓN / RECURSO DE INSISTENCIA / IMPROCEDENCIA POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD

[E]ncuentra la Sala que se pretende “declarar que la Sentencia Atacada viola los derechos fundamentales de [la parte actora], y que se ordene al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso No.2021-00240, dejar sin valor ni efecto los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la parte resolutiva de la Sentencia Atacada, y vincular a (…), para que ejerzan sus derechos”. (…) [L]as pretensiones de la presente acción resultan a todas luces improcedentes, ya que la autoridad judicial competente para decidir acerca de la presunta nulidad por falta de vinculación de las sociedades [tutelantes] y otras, al proceso de insistencia iniciado por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, es el Tribunal accionado, quien se encuentra pendiente de decidir acerca de diferentes solicitudes elevadas por las partes y posibles terceros con interés en el asunto, razón por lo cual así se declarará. (…) Desde un punto de vista garantista, nótese como en el asunto bajo estudio, el Tribunal accionado, bajo su libre albedrio, mediante auto interlocutorio N° 2021-04-206 RI del 06 de abril de 2021, a través del cual avocó el conocimiento del asunto, entre otras, también resolvió vincular a

la actuación a la FIDUPREVISORA S.A.; sin que fuera esta la entidad pública que en su momento negara la información peticionada. Si bien el objeto del recurso de insistencia es validar o no la restricción de acceder a una información al ser calificada como reservada; según las circunstancias propias de cada caso, es deber del Juez de conocimiento realizar un juicio de valoración desde todo punto de vista; lo cual, en el caso concreto, se traduce en un análisis desde el respeto de los derechos fundamentales que este mecanismo protege -petición y acceso a la información pública, así como de la naturaleza, régimen contractual y obligaciones contractuales en que se enmarca la información solicitada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03032-00(AC)

Actor: [J.C.] S.A. Y OTRO

Demandado: SUBSECCIÓN B, SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA La Sala decide la acción de tutela1 presentada por las sociedades JANSSEN CILAG S.A. y JANSSEN PHARMACEUTICA NV, contra la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia del 11 de mayo de 2021, proferida en el trámite de insistencia, adelantado por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción2, cuyo radicado

es 25000-23-41-000-2021-00240-00, mediante la cual se ordenó entregar información reservada, sin que las sociedades accionantes hubiesen sido vinculadas, pese a su interés directo en el asunto; lo cual consideran vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y del acceso a la administración de justicia

I. ANTECEDENTES.

1.1. ESCRITO DE TUTELA

1. Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir los supuestos fácticos y jurídicos planteados en el escrito de tutela:

2. Informa la parte actora que eL 3 de febrero de 2021, la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA NV y el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres3 suscribieron un acuerdo de compra anticipada de vacunas para el SARS-CoV-2/COVID-19, en el marco de la crisis sanitaria, ocasionada por la pandemia conocida como COVID-19; el cual contiene, según lo afirma la farmacéutica accionante, información altamente sensible para esta y todas sus compañías filiales, afiliadas y subsidiarias, así como secreteos empresariales, referente a «aspectos comerciales, financieros, científicos y técnicos de carácter competitivo sensible».

3. Señala que la cláusula 15.4 del referido Acuerdo, dispuso que «en caso de posible orden judicial de revelación de la información confidencial, tendrá la oportunidad de ejercer sus derechos e intervenir ante el respectivo tribunal para oponerse a la divulgación y proteger la información confidencial»4: 1 El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación del 6 de

julio de 2021. 2 En adelante IIEA. 3 En adelante UNGRD. 4 Texto que se transcribe en el idioma en que se encuentra redactado el Acuerdo. 2

4. Continúa exponiendo que mediante Resolución No. 20201010278 del 25 de marzo de 2021, expedida por el INVIMA, se otorgó autorización sanitaria de «Uso de Emergencia —ASUEpara la “VACUNA COVID 19 JANSSEN”», en los siguientes

términos:

5. Que el IIEA5, organización sin ánimo de lucro, elevó derecho de petición ante la UNGRD con el fin de que se le entregara diferente información relacionada con el proceso de contratación llevado a cabo entre el Gobierno Nacional y diferentes farmacéuticas, para la adquisición de las vacunas contra el COVID – 19. Solicitud atendida de manera desfavorable al considerarse que se trata de información “reservada”. 5 Tiene como objeto la detección, investigación y análisis de las causas y efectos de la corrupción, violaciones a la ética, el abuso de poder y la falta de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la administración pública y en el sector privado, a nivel nacional e internacional, con el fin de proponer soluciones integrales y multidisciplinarias orientadas a su erradicación y a la mitigación o control de los riesgos asociados a dichos comportamientos. (https://www.estudiosanticorrupcion.org/quienes-somos/)

3

6. Razón por la cual, el IIEA interpuso recurso de insistencia siendo remitido ante la Corporación judicial competente para su resolución, en este caso, la subsección

B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante sentencia del 11 de mayo de 2021, ordenó «la entrega de los contratos relacionados con la adquisición de vacunas contra el COVID-19»; decisión que, según el portal web de la Rama Judicial, le fue notificada a la UNGRD el 21 de mayo de 2021.

7. Al respecto, asegura la farmacéutica accionante que solo conoció del referido trámite judicial a través «de las notas periodísticas que se publicaron el 21 de mayo de 2021 en varios medios de comunicación colombianos (El Tiempo6, Caracol7, RCN8, El Espectador9, entre otros) y de trinos en la red social Twitter»; por lo que a la fecha, considera se le están «vulnerando sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa, [pues] no se le ha permitido […] ejercer los derechos consagrados en la numeral 15.4 del Acuerdo, existiendo la inminente posibilidad de divulgación de información confidencial y sensible, […]»; lo cual configura un defecto procedimental.

8. Adujo también la parte accionante, que el trámite acusado, bajo la misma causal referida, omitió solicitar la interpretación prejudicial del artículo 33 de la Decisión 472, Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señala: «[…] Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea

susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. […]». 6 URL: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/tribunal-ordena-que-se-entreguencontratos-devacunas-contra-covid-590174. Visitada el 21 de mayo de 2021. 7 URL: https://caracol.com.co/radio/2021/05/21/judicial/1621631411_850299.html. Visitada el 21 de mayo de 2021. 8 URL: https://www.rcnradio.com/judicial/gobierno-debera-entregar-contratos-de-la-compradelas-vacunas-contra-la-covid. Visitada el 21 de mayo de 2021. 9 URL: https://www.elespectador.com/salud/tribunal-administrativo-de-cundinamarcaordenaal-gobierno-entregar-contratos-de-compra-de-vacunas-contra-el-coronavirus/. Visitada el 21 de mayo de 2021 4

9. En igual sentido, refirió como desconocidos los artículos 123 y 124 del Estatuto del TJCA, codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones exteriores10, «[…] Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba

aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y Tribunal. Artículo 124.- Suspensión del proceso judicial interno En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada. […]». 1.1.1. Pretensiones.

9. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, las farmacéuticas accionantes solicitan que, en emparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y del acceso a la administración de justicia: «[…] Petición Principal: […] declarar que la Sentencia Atacada viola los derechos fundamentales de JANSSEN CILAG S.A., y que se ordene al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso No.2021-00240, dejar sin valor ni efecto los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la parte resolutiva de la Sentencia Atacada, y vincular a JANSSEN PHARMACEUTICA Y JANSSEN CILAG, para que ejerzan sus derechos.

Petición Subsidiaria No. 1: En caso en que el H. Consejo de Estado no considere procedente acceder a la petición principal, le solicito muy comedidamente que ordene que la revelación del Acuerdo solo se realice luego de que JANSSEN PHARMACEUTICA Y JANSSEN CILAG hayan aprobado una versión en donde no se revelen sus secretos industriales e información confidencial. Petición Subsidiaria No. 2: En caso en que el H. Consejo de Estado no considere procedente acceder a la petición principal ni a la petición subsidiaria No. 2, le solicito muy comedidamente que ordene que el Instituto Internacional de Estudios

Anticorrupción se abstenga de revelar a cualquier tercero, así como a divulgar el texto o cualquier información del Acuerdo. […]».

1.2. ACTUACIÓN PROCESAL INSTANCIA.

10. Mediante auto del 28 de mayo de 2021, la Consejera sustanciadora admitió la acción de tutela de la referencia, accedió a la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión transitoria de los efectos de la decisión del 11 de mayo de 2021, hoy cuestionada, y ordenó notificar a: i) los magistrados de la subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Núm. 680. 28 de junio de 2001. 5 en calidad de accionados, y ii) al señor Presidente de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores y de Comercio, al INVIMA, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Unidad de Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la Fiduprevisora SA (administradora de la Subcuenta Covid-19), al Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, a las farmacéuticas AstraZeneca PLC y Pfizer Inc y, a las sociedades BioNTech, Moderna, GlaxoSmithKline, Cansino Biologics, Sinovac, Novavax, como terceros con interés.

11. Así mismo, ordenó vincular y notificar del asunto al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; e invitó a la Universidad del

Rosario, a la Universidad Javeriana, al Externado de Colombia, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad de Cartagena, a la Universidad de los Andes y a la Universidad Sergio Arboleda, para que, si a bien lo tuvieren, presentaran concepto u opinión.

1.3. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO

1.3.1. Fiduciaria La Fiduprevisora SA.

12. La entidad, a través de escrito del 1.º de junio de 2021, solicitó la desvinculación del asunto por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, frente al proceso de contratación adelantado con ocasión de la adquisición de las vacunas contra el Covid-19, puso de presente: 13. - Mediante Decreto Legislativo 559 del 15 de abril de 2020, se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, por parte de la Fiduprevisora, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; de conformidad con Decreto Ley 1547 de 198411, modificado por el Decreto Ley 919 de 198912, a su vez modificado por la Ley 1523 de 201213. 11 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su organización y funcionamiento. 12 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones. 13 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

6 14. - El 4 de mayo de 2020, se constituyó contablemente la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19 en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto Legislativo 559 del 15 de abril de 2020, bajo el Código 3-1-009677-18, cuya representación legal está en cabeza de la Fiduciaria La Previsora S.A. y, donde la Junta Directiva, es el órgano de administración que aprueba el presupuesto y prioriza el gasto. 15. - El Patrimonio Autónomo Público es una cuenta especial de la Fiduciaria La Previsora S.A., con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, en la que el ordenador del gasto es el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 16. - La ejecución y desarrollo del Patrimonio Autónomo Público se da en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, el Decreto 4702 de 2010, el Decreto 4147 de 2011 y la Ley 1523 de 2012, así como en las derivadas de la operatividad del negocio. 17. - La Previsora S.A., en su condición de tal, y como vocera y administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19, no actúa ni obra con plena autonomía, toda vez que las actuaciones y gestiones están precedidas de una instrucción impartida por la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

DE DESASTRES, en calidad de fideicomitente y en su condición de ordenador del gasto de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias Covid-19. 18. - La entidad comparte los argumentos y fundamentos legales señalados por la UNGRD, respecto de la reserva de la información solicitada por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, y los argumentos expuestos por el magistrado Fredy Ibarra Martínez en su salvamento de voto, «en que la información ordenada a entregar mediante sentencia de fecha 11 de mayo de 2021 tiene el carácter de reservada y dicha condición se encuentra amparada legalmente».

1.3.2. INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ANTICORRUPCIÓN.

19. En calidad de peticionario de la información solicitada, hoy en discusión, luego de advertir que la solicitud de amparo no se dirige contra el fondo de la decisión proferida por el Tribunal accionado, sino a una presunta vulneración del derecho al 7 debido proceso, a la defensa y del acceso a la administración de justicia de la farmacéutica accionante en tanto no fue vinculada al trámite de insistencia adelantado, señaló que la acción de tutela se torna improcedente, toda vez que, para ello, cuenta con el incidente de nulidad en los términos del artículo 133 del CGP; tal como lo intento el Ministerio de Salud bajo argumentos similares. 1.3.3. Ministerio de Salud y Protección Social.

20. El ente ministerial, a través de oficio del 1.º de junio de 2021, solicitó que se acceda a la solicitud de amparo y se extiendan los efectos de la medida cautelar

decretada mediante auto del 28 de mayo de 2021, hasta tanto se resuelva el incidente de nulidad ya propuesto.

21. Señaló que, en su caso, también debió ser vinculada al trámite de insistencia que hoy se cuestiona, teniendo en cuenta que: «[…], el 11 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres suscribieron un acuerdo de entendimiento y colaboración con el objeto de sumas esfuerzos, recursos humanos, físicos, tecnológicos, logísticos y administrativos, para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente al COVID-19, en desarrollo del Decreto 559 de 2020

(dicho acuerdo fue prorrogado hasta junio de 2021). En ese acuerdo, este Ministerio se comprometió a presentar la iniciativa de gasto de los bienes que, desde el sector salud, deben ser adquiridos para la atención de la pandemia. La Unidad nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por su parte, de acuerdo con las competencias ya enunciadas, es la entidad encargada de llevar a cabo el proceso contractual y la adquisición de los bienes, en su calidad de ordenador del gasto. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de salud y Protección Social participó en los procesos de negociación con las casas farmacéuticas y así, con el propósito de tener información que permitiera tomar decisiones sobre las mejores vacunas a adquirir en beneficio de la población, suscribió acuerdos de confidencialidad o NDAs con las siguientes empresas:  Sinovac.  Pfizer.

 AstraZeneca.  Janssen Cilac.  Moderna. Los NDA fueron suscritos con anterioridad a la suscripción de los respectivos contratos de suministro, esto en razón a que las farmacéuticas requieren garantías para proteger su posición contractual, y en ese sentido proteger el secreto comercial o empresarial que implicaba no solo las fórmulas constitutivas de vacunas contra el Covid-19, sino también la negociación y términos planteados. Estos acuerdos de confidencialidad están regidos por reglas del derecho internacional privado, lo que implica la creación de obligaciones vinculantes a partir de la propia voluntad y/o autonomía negocial de las partes. 8 En otras palabras, la fuerza obligatoria de las cláusulas presentes en los NDA suscritos entre el Ministerio de Salud y Protección Social (a nombre del Estado colombiano) y las farmacéuticas productoras de vacunas contra el Covid-19 emana exclusivamente de su pacto, y aplica inter partes. Entonces, si bien la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la entidad competente para la suscripción de los contratos y, desde el punto de vista formal, es la obligada a mantener la custodia de los mismos, lo cierto es que el Ministerio de Salud y Protección Social participó en la negociación que se llevó a cabo con las empresas farmacéuticas para la adquisición de las vacunas y suscribió acuerdos de confidencialidad con estas, lo que le genera obligaciones contractuales que se deben cumplir a cabalidad en nombre del Estado colombiano, so pena de ser demandado ante Tribunal es nacionales e internacionales. […]».

22. Finalmente, advirtió acerca del perjuicio que conllevaría el desconocimiento de

las cláusulas contractuales, pues: «[…] Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los contratos de suministro de vacunas contra el Covid-19, el Estado acordó que el juez con competencia para pronunciarse respecto de estos sería un Tribunal Arbitral, constituido (según indique el contrato) bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o bajo el Reglamento de Arbitraje de la London Court of International Arbitration (LCIA), como es usual en los contratos de compraventa internacional. Conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 559 de 2020 los contratos que se celebren con los recursos de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID 19 se rigen por normas de contratación entre particulares. En este sentido, en los contratos que se suscribieron para el suministro de vacunas, las partes deben dar estricto cumplimiento y respeto a las cláusulas pactadas (dentro de las cuales se encuentran obligaciones específicas de confidencialidad), pues sin las condiciones contractuales concretas que se tenían en la negociación, no se habría contratado. Debe advertirse que, de acuerdo con lo pactado en los contratos, la revelación de la información incluida en estos podrá facultar a las farmacéuticas para el ejercicio de poderes contractuales discrecionales, dentro de los cuales se encuentra la limitación o suspensión del suministro de vacunas. Esto podría producirse con fundamento en poderes contractuales en cabeza de la farmacéutica, la cual cobijada en la buena fe y en la protección de su posición contractual, estaría jurídicamente habilitada para detener el envío de vacunas a Colombia, cobre todo bajo el argumento de que la

existencia de obligaciones de confidencialidad constituía una causa o la consideración esencial para que las farmacéuticas, suscribieran los contratos de suministro respectivos. La suspensión de suministro de vacunas pone en riesgo el Plan Nacional del Vacunación. […]». 1.3.4. Procuraduría General de la Nación.

23. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, a través de informe del 2 de junio de 2021, sin haber tenido acceso al expediente de insistencia ni a los acuerdos de confidencialidad, considera necesario que se le reconozca a la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA NV el derecho a ser

escuchada en este. Respecto de lo cual advirtió: 9 «[…] aunque el trámite del recurso o procedimiento de insistencia, a la luz del artículo 26 del CPACA, sustituido por la Ley 1755 de 2015, y del artículo 26 de la Ley 1712 de 2014, no prevén expresamente la vinculación de terceros, resultaba razonable que los sujetos obligados, en especial por lo previsto en el artículo 28 de la última normativa en mención, pusieran de presente al Tribunal en qué consistieron los acuerdos de confidencialidad, sus fundamentos, la información específicamente objeto de reserva o exceptuada, a efecto de que el Juez analizara, entre otros aspectos, la posibilidad de convocar o citar a quienes pudieren resultar afectados con la circulación o entrega de los referidos contratos.[…]». 1.3.5. Subsección B de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

24. El magistrado ponente14 del trámite de insistencia cuestionado, a través de

escrito del 2 de junio de 2021, se opuso a la solicitud de amparo, reiterando varias de las consideraciones expuestas en la decisión que desató el asunto. En cuanto a la no vinculación de la farmacéutica accionante señaló: «[…] 1. En torno a los argumentos esbozados por la parte accionante, sea lo primero destacar que el procedimiento se encuentra regulado en la ley, desde el año 1985 se introdujo con la Ley 57, un mecanismo para garantizar la tutela judicial efectiva del derecho fundamental de acceso a la información consagrado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, y en ese sentido Colombia ha sido de los primeros países es establecer un procedimiento para que las personas ante la negativa de suministrar información por motivos de reserva, pudieran acudir a una autoridad judicial, como garantía de independencia e imparcialidad, para decidir mediante sentencia, si la negativa se encuentra ajustada a derecho. Posteriormente tanto en la Ley 1437 de 2011 como en la posteriores (Ley 1755 de 2015), el procedimiento se encuentra regulado, ha sido considerado por la Corte Constitucional como acorde a la Constitución (sentencia C-951/2014), y consiste básicamente en una revisión que se hace ya en sede judicial de la petición de información, la respuesta de la autoridad y el análisis de la información, para determinar si debe o no suministrarse o entregarse parcialmente la información, o al contrario, estimarse bien denegada. […]

2. Es decir que se trata de una garantía para hacer efectivo el derecho de acceso a la información1 como de sus limitaciones, por tanto NO se trata de un debate judicial

en el que tengan que establecerse unas etapas y procedimientos previamente seguidos, porque su finalidad es sencillamente verificar que las autoridades no adopten decisiones sobre estos derechos sin posibilidad de revisión en un término expedito (10 días) y que se revista de una serie de actuaciones adicionales. Y dado que se reivindica justamente el debido proceso, pues la primera condición que reviste este gran derecho, es el de respetar el procedimiento establecido, de manera que no puede invocarse una violación cuando precisamente el tribunal ha seguido el procedimiento que definió con anticipación el legislador, y que los accionantes confunden un proceso judicial en el que debían intervenir, pues la información fue solicitada a la UNGRD y está manifestó solamente que la entidad que la tenía era la fiduciaria La Previsora. 14 Doctor Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. 10 En efecto, dentro del procedimiento fijado en la ley para decidir el recurso de insistencia no es necesario vincular a todo aquel que tenga interés sobre determinado registro o documento que repose en una autoridad pública o un particular que cumplan funciones administrativas ya que, además de no estar previsto en la norma, la comprobación que se realiza mediante este trámite es meramente objetiva, es decir, está referida a la naturaleza y el contenido de los documentos que ya están bajo la órbita de la entidad y no a la percepción que tengan los interesados sobre los datos, copias, documentos. En ese sentido, la Ley 1755 de 2015 contempla en el artículo 24, lo siguiente: “Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial(…)”.

3. De lo contrario, se desnaturaliza el derecho humano a acceder a la información,

al exigir que cada vez que alguien quiera obtener copia de documentos que se encuentran en las entidades del Estado, deba informarse a las personas naturales o jurídicas que aparezcan en esa información, para que intervengan tanto en sede administrativa como en sede judicial, ya que no sería efectivo el derecho y lo supeditaría a un trámite distinto, afectando incluso el derecho de petición, […]». 1.3.6. Fundación para la Libertad de Prensa

25. En calidad Amicus curiae15, a través de escrito del 22 de junio de 2021, luego de definir a la providencia que resuelve el trámite de insistencia como un auto interlocutorio, adujo que la procedencia de la acción de tutela contra el mismo es de carácter excepcional; y que, en el presente caso, la sociedad accionante hace uso de esta como se si tratara de un incidente de nulidad, el cual actualmente se encuentra en trámite, por lo que la solicitud de amparo de la referencia se torna improcedente.

26. Advirtió que, siendo el argumento principal de amparo un supuesto defecto procedimental absoluto por la no vinculación de la accionante al trámite cuestionado, las consideraciones planteadas respecto del fondo de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no guardan relación con el asunto a definir, como por ejemplo, decir de «que la existencia de secretos empresariales debe restringir el acceso al contrato, que el contrato se refiere a condiciones de comercialización que son secretas y tienen valor para la actividad de la empresa, y que la información tiene valor comercial efectivo».

27. Sin perjuicio de lo anterior, y dada la especialidad de la Fundación en el

asunto, trajo a colación varios pronunciamientos internacionales que, «aunque no hacen parte del bloque de constitucionalidad, pueden ser de utilidad para guiar la 15 Son escritos realizados por terceros ajenos a un caso o a una solicitud de opinión consultiva que está estudiando la Corte Interamericana, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, esto para colaborar con el Tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva. (https://www.corteidh.or.cr/amicus_curiae.cfm) 11 discusión sobre este asunto, primordialmente por tratarse de una situación donde se evidencian choques entre el derecho de acceso a la información e intereses privados de empresas»; como los casos Rubén Héctor Giustiniani v. YPF S.A.16, De Lange v. Eskom Holdings17, Rosen Bosev v. Director del Servicio Gubernamental de Información18, Centro de Desarrollo Público y Privado v. Power Holding Company de Nigeria19, Transnet Ltd. V. SA Metal Machinery Company Ltd.20

28. Pronunciamientos respecto de los cuales recalcó que son «amplios precedentes a nivel mundial sobre acceso a la información relacionada con contratos celebrados entre entidades estatales y empresas privadas. En todas estas situaciones, se explicó por qué el derecho de acceso a la información prepondera sobre cláusulas de confidencialidad y/o la protección de secretos empresariales, más aún en asuntos de interés general. Esto es importante para el caso concreto, pues es evidente que todos los asuntos relativos a las vacunas conciernen en gran medida a la ciudadanía, quien debe poder conocer cómo se

está gestionando el Plan Nacional de Vacunación con la finalidad de hacer veeduría frente a la gestión del Estado colombiano.». 1.3.7. Universidad de Cartagena.

29. El ente universitario, a través de