CE-11001-03-15-000-2021-03124-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN

DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL / INDEBIDA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL - Sentencia C-1154 de 2008 / PROCESO EJECUTIVO / AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO / PRINCIPIO DE

INEMBARGABILIDAD / PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS

DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE

INEMBARGABILIDAD DE LOS DINEROS DE ENTIDADES PÚBLICAS / PAGO DE CONDENAS CONTENIDAS EN SENTENCIAS JUDICIALES – Que reconozcan obligaciones laborales / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que si bien el Tribunal Administrativo del Chocó hizo referencia al marco normativo y jurisprudencial relacionado con el principio de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones y a las excepciones precisadas por la jurisprudencia constitucional, lo cierto es que aplicó de manera indebida la regla desarrollada en sentencia C-1154 de 2008. En la providencia objetada se indicó que cuando las obligaciones están relacionadas con las actividades de salud, educación, agua potable y saneamiento básico se tornan procedentes las medidas cautelares de embargo afectando los recursos del

Sistema General de Participaciones, y que en virtud de dicha regla los demandantes no podrían acceder a la mencionada medida, pues la labor desarrollada en el municipio de Bagadó no guarda relación con esas actividades, lo que, para la Sala, de conformidad con lo expuesto en la consideraciones de esta decisión, desconoce la sentencia C-1154 de 2008, en tanto desatendió que allí se incluyó como excepción el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, siempre y cuando los recursos corrientes de libre destinación de la entidad territorial no sean suficientes para el pago de esas obligaciones, supuesto en el que es posible acudir a los recursos de destinación específica. De hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó al estudiar los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, transcribió apartes de la providencia de 15 de mayo de 2019 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se indicó que “a través de la ya antes citada sentencia C-1154 de 2008, se precisó que las reglas de inembargabilidad del presupuesto, también resultaban aplicables a los recursos del Sistema General de Participaciones, tanto en aquellos eventos en los que las obligaciones reclamadas se originaran en las actividades a las cuales estuvieran destinados dichos recursos, es decir, educación, salud, agua potable y saneamiento básico, como frente a las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia judicial, posición que ya habla sido fijada desde la sentencia C-542 de 1992”. Es decir, que el tribunal además de mencionar las excepciones aplicables al principio de inembargabilidad que cobija a los recursos del Sistema

General de Participaciones relacionadas con obligaciones originadas de las actividades a las que pertenecen dichas partidas, también hizo referencia a la otra regla desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008, en la que se indicó que también era procedente cuando se pretendía el cumplimiento de sentencias judiciales que reconozcan obligaciones laborales. En efecto, en la sentencia C-1154 de 2008 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008, “en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica”, regla que se desatendió por la autoridad judicial demandada en la providencia objeto de reproche constitucional. Al verificar los expedientes de tutela y ordinario, se evidenció que el título ejecutivo son fallos proferidos en el marco de dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los que se revocó la presunción de legalidad de los actos administrativos que declararon insubsistentes a los ahora accionantes, razón por la cual fueron anulados, se ordenó el reintegro de los demandantes a los cargos que ostentaban al momento de la desvinculación ilegal o a uno similar y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Por consiguiente, las sentencias que sirvieron de título ejecutivo reconocieron obligaciones laborales en favor de la señora [M.F.R.R.] y el señor [O.Z.M.], lo que encuadra en la regla prevista por la Corte Constitucional en la sentencia C-1154 de 2008. Así las cosas, al evidenciarse que en la providencia objeto de reproche constitucional se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, al no aplicar en debida forma la interpretación realizada en la sentencia C-1154 de 2008, la Sala accederá a la protección constitucional solicitada por los demandantes SALVAMENTO DE VOTO / MEDIDAS CAUTELARES – No toda negativa vulnera derechos fundamentales / MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGONaturaleza preventiva / AUTO QUE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO - No puede ser entendida como una decisión definitiva / EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD PRESUPUESTAL POR PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES - No puede establecerse como un parámetro de procedencia casi automático de embargo / JUEZ DEL PROCESO EJECUTIVO – A quien le corresponde justificar la proporcionalidad de la medida de embargo de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos previstos por el legislador / PROCESO EJECUTIVO – En curso Debe decirse que, si bien, esta Sección ha amparado los derechos fundamentales de la parte ejecutante en los eventos en que las autoridades judiciales se abstienen de dar aplicación a las excepciones constitucionales al principio de inembargabilidad, no toda negativa de un embargo contra cuentas de entidades

estatales lleva consigo la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con fundamento en la naturaleza preventiva de las medidas cautelares de embargo, las cuales, si bien, tiene relación con el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, comoquiera que buscan garantizar que las decisiones de los jueces sean materialmente efectivas, son apenas una etapa anticipada al resultado del proceso, no niegan el crédito reclamado y, por lo tanto, no pueden ser entendidas como la decisión definitiva. Dicho de otro modo, a partir de las excepciones al principio de inembargabilidad presupuestal que ha diseñado la Corte Constitucional para aquellos casos en que la reclamación involucra el pago de sentencia judiciales, no puede establecerse un parámetro de procedencia casi automático de los embargos contra las cuentas de las entidades estatales, sino que, debe ser entendido como la excepción que es. En esa medida, es a los jueces del proceso ejecutivo a quienes les corresponde, previo a ordenar una medida de embargo de recursos públicos, justificar la proporcionalidad de la misma y tener en cuenta los requisitos previstos por el legislador para el efecto, en particular, el inciso 2 del artículo 231 del CPACA, dentro los cuales, llama especialmente la atención el numeral 4, según el cual, <<será procedente la medida, adicionalmente, cuando: (i) al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o, (ii) que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia serían nugatorios>>. De ahí que,

es labor del juez del proceso ejecutivo evaluar dichas circunstancias para adoptar una medida preventiva, en atención a las circunstancias particulares de cada proceso, análisis en el que, en todo caso, debe tomarse en consideración la posición de la entidad ejecutada, los posibles efectos respecto de los afectados con una medida cautelar y los derechos fundamentales y colectivos de terceros, como es el caso de los beneficiarios de recursos de inversión o de funcionamiento. En suma, la decisión que decreta o niega el embargo no constituye la decisión definitiva del proceso ejecutivo y, en esa medida, el trámite continúa su curso, que por demás, es el previsto por el legislador para obtener el cumplimiento de obligaciones. Luego, será al juez de esa causa a quien le corresponderá adoptar las medidas que considere pertinentes y procedentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que son el objeto de las pretensiones en ese escenario judicial, sin que le sea dado al juez constitucional intervenir en la adopción de una medida, cuya competencia continúa a cargo del juez ejecutivo, hasta que se defina con el mandamiento de pago y la sentencia definitiva, según el caso. Sumado a lo anterior, el proceso ejecutivo, en el presente caso, se encuentra en curso y, por ende, la ejecución perseguida será objeto de estudio en dicho trámite judicial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03124-00(AC)

Actor: MARÍA FABIOLA RENTERÍA DE RENTERÍA Y OMAR ZÚÑIGA MENA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Principio de inembargabilidad de recursos del presupuesto general de la Nación y Sistema General de Participaciones. Excepciones precisadas por la Corte Constitucional. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional. Indebida aplicación de la Sentencia C-1154 de 2008

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora María Fabiola Rentería Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena, quienes actúan mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, supuestamente vulnerados con la decisión de 24 de octubre de 2019, por medio de la cual se negó la solicitud de embargo contra el municipio de Bagadó, Chocó, la cual fue confirmada en auto de 2 de marzo de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos Los demandantes afirmaron que laboraron en el municipio de Bagadó como Secretaria de la Oficina de Archivo (María Fabiola Rentería Rentería) y Tecnólogo

Umata (Omar Zúñiga Mena), cargos de los que fueron desvinculados junto con otros empleados, razón por la que presentaron individualmente demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad territorial . 1 Relataron que el Tribunal Administrativo del Chocó, en diferentes sentencias , 2 declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el municipio de Bagadó declaró la insubsistencia de los accionantes y ordenó el reintegro a sus cargos. Sostuvieron que al culminar los dieciocho (18) meses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, la entidad territorial no cumplió con la orden de reintegro de los funcionarios ni pagó las sumas adeudadas, razón por la cual instauraron demanda ejecutiva. Señalaron que “[e]n dicho proceso, se libró el respectivo mandamiento de pago; se le notificó en debida forma la demanda al municipio de Bagadó y se ordenó seguir adelante con la ejecución”. Indicaron que solicitaron las medidas cautelares de embargo, apoyándose en las subreglas jurisprudenciales para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, la cual fue decidida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó por auto de 24 de octubre de 2019, en el sentido de no 3 acceder al decreto de embargo de las cuentas del municipio demandado, toda vez que estas se solicitaron de manera general sin cumplir los requisitos del artículo 83 del CGP, además que la fuente de la obligación corresponde a una sentencia 4 judicial y no a las partidas del Sistema General de Participaciones destinadas a

educación o salud. Por último, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante proveído de 2 de marzo de 2021, en el que revocó lo resuelto por el a quo respecto a los otros demandantes, sin embargo, la confirmó en relación con la señora María Fabiola Rentería y el señor Omar Zúñiga Mena, bajo el argumento de que las labores en las que se desempeñaban no eran actividades propias de cada uno de los sectores en los que se destinan las partidas de los recursos del Sistema General de Participaciones, es decir, educación, salud y propósito general.

2. Fundamentos de la acción La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, con la decisión de negar la medida cautelar de embargo contra el municipio Bagadó.

Afirmaron que las autoridades judiciales accionadas no siguieron los procedimientos establecidos en los artículos 297 a 298 del CPACA, tendientes a conminar a las entidades estatales a que cumplan las sentencias judiciales cuando estas les impongan una obligación. 1 Parte demandante dentro del proceso ordinario: María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana, María Elisa Palacios Rentería, María Fabiola Rentería de Rentería y Omar Zúñiga Mena.

2 Las fechas de las providencias son las siguientes: María Eliza Palacios Rentería, 31 de octubre de 2002; María Zoila Machado Lloreda, 9 de abril de 2003; María Fabiola Rentería de Rentería, 8 de mayo de 2003; María Nally Rentería Maturana, 31 de julio de 2003 y Omar Zúñiga Mena, 14 de junio de 2003. 3 El proceso ejecutivo, en un primer momento, fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó. Posteriormente, fue enviado al Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó en razón a las medidas de descongestión, sin embargo, al culminar las mencionadas medidas el expediente se remitió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó. 4 En las demandas en que se pidan medidas cautelares se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran. Indicaron que las decisiones objetadas desconocieron el Decreto 28 de 2008, al igual que las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008, C-539 5 6 7 de 2010, C-543 de 2013, T-371 de 2016 y T-048 de 2019 de la Corte 8 9 10 11 Constitucional, así como el fallo de 21 de julio de 2017 de la Sección Segunda, 12 Subsección “B” del Consejo de Estado y el concepto 1901 de 17 de julio de 2008 dictado en el expediente N°. 11001-03-06-000-2008-00037-00 por la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Agregaron que la jurisprudencia ha indicado que el principio de inembargabilidad no es absoluto, sino que por el contrario debe conciliarse con los demás valores, principios y derechos reconocidos en la Constitución Política, toda vez que ante la falta de recursos para pagar la obligación y apoyado en la excepción, se puede hacer uso de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. Señalaron que “ante la indebida interpretación normativa de las normas y sentencias descritas, considero que estamos frente a una vía de hecho que conllevó a que se desconozca el precedente jurisprudencial sobre el tema de la excepción a la inembargabilidad, aspecto que conlleva a que se desconozcan normas Constitucionales -el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, al hecho de recibir el pago de los valores adeudados, al debido proceso, al cumplimiento de los fallos judiciales y el acceso a la administración de justicia, entre otros, aspectos que unidos al defecto procedimental absoluto ya descrito, prueban que la presente acción de tutela se encuentra llamada a prosperar”. Finalmente, manifestaron que “el incumplimiento de las decisiones judiciales es un atentado contra (…) los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente”. Además, apoyados en jurisprudencia de la Corte Constitucional, recordaron que en una decisión se indicó que “todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde (…) tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta evaluar si ellos son convenientes u

oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que ellos se debe respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales”.

3. Pretensiones Los accionantes formularon las siguientes: “1.- Ampárense los derechos fundamentales a MARÍA FABIOLA RENTERÍA RENTERÍA y OMAR ZUÑIGA MENA, ya descritos como violados. 2.- Ordénesele al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y al juzgado 4to Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que en el término de 48 horas posterior a la ejecutoria del fallo de tutela y conforme al Auto 2007-00112/3679-2014 de julio 21 de 2017, emanado del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B dictado dentro del Exp: 08001-23-31-000-2007-0011202 (3679-2014), siendo Consejero Sustanciador el Dr. Carmelo Perdomo Cuéter y el precedente plasmado por el H. Consejo de Estado emanado de la Sección Segunda Subsección A, siendo Consejero Ponente el Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN, en providencia de marzo 14 de 2014, en el proceso con radicación Nro. 11001-03-250002013-00231-00 (0525-13), entre otras, y apoyado en los arts. 431 del C.G. del Proceso 192 y 298 del CPACA y las Subreglas para embargar recursos incorporados al

presupuesto general de la Nación en la jurisprudencia contencioso administrativa, como lo viene desarrollando la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado. 5 M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 6 M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 7 M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 8 M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 M.P.: María Victoria Calle Correa. 11 M.P.: Alberto Rojas Ríos. 12 Exp. 08001-23-31-000-2007-00112-02, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter. a.- Haga valer sus poderes de Juez y proceda a conminar de manera inmediata al Municipio de Bagadó, para que acaten, cumplen y cancelen la obligación que proviene de la sentencia judicial dictada a favor de los demandantes y que hoy dio vida al proceso ejecutivo con radicación Nro. 27001333100110059100, dentro de los cinco (5) días siguientes a dicha orden. i.- El reconocimiento y pago de todos los valores adeudados desde el momento de la declaración de insubsistencia hasta su reintegro al cargo, de conformidad con la liquidación efectuada y aprobada por el juzgado. ii.- Conminase al municipio de Bagadó, para que reintegre de manera inmediata a los accionantes. b.- ORDENESELE a la vez al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y al Juzgado 4to Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, DEJAR SIN EFECTO el numeral 3ero del auto Nro. 058 de marzo 02 de 2021, en donde se confirmó el auto

Nro.1376 de octubre 24 de 2019, proferido por el Juzgado 4to Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en lo referente a los hoy accionantes MARIA FABIOLA RENTERIA RENTERIA y OMAR ZUÑIGA MENA, auto donde se negó la medida cautelar de embargo que ha venido siendo solicitada dentro del proceso ejecutivo con radicación Nro. 27001333100120110059100. c.- Como consecuencia de lo anterior, se les ORDENE decretar las medidas de embargo solicitadas dentro proceso de ejecución que dio vida a la presente acción de tutela, aplicando las Subreglas para embargar recursos incorporados al presupuesto general de la Nación de la jurisdicción contencioso-administrativa, como lo viene desarrollando la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, por provenir la obligación de una sentencia judicial dictada a favor de los accionantes, quienes eran trabajadores del Municipio de Bagadó. 4.- Si las anteriores pretensiones, son fallados favorablemente, se oficie a la Procuraduría General de la Nación, por parte del señor Consejero de la causa, para que vigile el cumplimiento inmediato de la presente acción, para así evitar dilaciones y demoras injustificadas por parte del accionado, ya que estas decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo expresan las sentencias de tutela Nros. T-942 del 2000 y T-098 del 2002”.

4. Pruebas relevantes Mediante correo electrónico de 11 de junio de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, allegó copia digital del expediente que contiene el proceso ejecutivo radicado bajo el Nº 27001-33-31-001-2011-0059101.

5. Trámite procesal Por auto de 1 de junio de 2021, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como al municipio Bagadó y a los señores María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana y María Elisa Palacios Rentería, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 49412, 49417 a 49423 de 4 de junio de 2021, así como el 52030 de 11 de junio de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión . 13

6. Informes 6.1. Coadyuvancias En escrito de 7 de junio de 2021, las señoras María Zoila Machado Lloreda, María Nally Rentería Maturana y María Elisa Palacios Rentería manifestaron “coadyuvamos en su totalidad dicha acción de tutela”. 13 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones

de correo electrónico: hejufilo@gmail.com, sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincho@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, j04admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin04qbd@notificacionesrj.gov.co, contactenos@bagado-choco.gov.co y hejufilo@gmail.com. Agregaron que “[h]oy casi 20 años después de haberse dictado esas sentencias en contra del Municipio de Bagadó, la administración municipal ha sido

RENUENTE a ordenar el REINTEGRO que se me ordenó a través de la sentencia judicial dictada a mi favor y como producto de ello, se ordene el reconocimiento y pago de todas las sumas de dinero que se me adeudan”. 6.2. El Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico 2.1. Los accionantes presentan acción de tutela contra las decisiones dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó en el curso de un proceso ejecutivo, sin embargo, el estudio se limitará a la providencia que decidió el recurso de apelación con data 2 de marzo de 2021, toda vez que fue el auto que resolvió de manera definitiva lo relativo a la solicitud de embargo de los recursos del Sistema General de Participaciones. 2.2. Por otra parte, a pesar de que los demandantes alegan que la autoridad judicial accionada incurrió en los defecto procedimental y desconocimiento del precedente judicial, el estudio se abordará bajo las características del defecto sustantivo por desconocimiento del constitucional, pues se evidencia que los argumentos expuestos se limitan a la indebida aplicación e interpretación de varias providencias dictadas por la Corte Constitucional.

2.3. De otro lado, si bien los demandantes hacen alusión a diferentes providencias relacionadas con el principio de inembargabilidad y sus excepciones, tales como la C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-192 de 2005 y C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional, lo cierto es que frente a los recursos del Sistema General de Participaciones, que es lo que se discute en el presente asunto, la C-1154 de 2008 también invocada por los accionantes, es la decisión que en ejercicio del control abstracto de constitucional del Decreto 28 de 2008 , la Corte hizo un 14 recuento sobre los diferentes pronunciamientos relacionados con el mencionado principio para luego establecer cuáles son las interpretaciones ajustadas a la Carta frente a las excepciones aplicables a los recursos del Sistema General de Participaciones, razón por la cual se circunscribirá el problema jurídico a la mencionada providencia. 2.4. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, derechos adquiridos, de acceso a la administración de justicia y “al pago de los créditos generados de las sentencias judiciales”, así como el principio de la prevalencia del derecho sustancial, con el auto de 2 de marzo de 2021, en el que se confirmó la decisión de no acceder al embargo solicitado contra la entidad territorial demandada, y si incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, por aplicar indebidamente la sentencia C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional. 14 Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con

recursos del Sistema General de Participaciones

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos15 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos16, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201217, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519. Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico20; (ii) Defecto procedimental absoluto21; (iii) Defecto fáctico22; (iv) Defecto material o sustantivo23; (v) Error inducido24; (vi) Decisión sin motivación25; (vii) Desconocimiento del precedente26 y (viii) Violación directa de la Constitución. 15 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 16 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 17 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.

18 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 19 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 20 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 21 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 22 Que surge cuando