CE-11001-03-15-000-2021-03132-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La controversia trata sobre un asunto de carácter legal resuelto por el juez natural / ARGUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Idéntica a la propuesta y resuelta en el proceso ordinario / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - No es una tercera instancia para reabrir controversias jurídicas que fueron estudiadas y debatidas en el proceso ordinario / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIAAplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado La Sala observa, del estudio del expediente ordinario, que los argumentos que soportan los defectos alegados son los mismos que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora presentó contra la Procuraduría General de la Nación y en el recurso de apelación que elevó contra el fallo de primera instancia en dicho proceso, esto es, los relativos a la aplicación de la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado en detrimento de la aplicación de la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de tutela T-282 A de 12 de abril de 2012 de la Corte Constitucional y en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 4 de julio de 2013 , y de 27 de febrero de 2014 , así como en

la aplicación de la figura de la prescripción en materia disciplinaria en el contexto de la Ley 734 de 2002, lo que desatiende el requisito de la relevancia constitucional, en tanto el mecanismo de amparo constitucional se estaría empleando como una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. En efecto, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se evidencia que en la demanda originaria la accionante sustentó el concepto de la violación con base en el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales contenido en la sentencia T-282 A de 12 de abril de 2012, proferida por la Corte Constitucional, y en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 4 de julio de 2013 , y de 27 de febrero de 2014 (…) De igual forma, se observa que frente a dichos alegatos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en la sentencia de 15 de mayo de 2019, luego de analizar el marco jurídico que reglamenta la prescripción de la acción disciplinaria bajo la Ley 734 de 2002, dio respuesta a esos argumentos al desatar el recurso de apelación (…) en el caso que originó la controversia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, del análisis de la normatividad y la jurisprudencia aplicables al caso, consideró que en el caso no resultaba ajustado a derecho dar aplicación a la interpretación del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 efectuada por la accionante, ni a las sentencias T-282 A del 12 de abril de 2012 de Corte

Constitucional y de 4 de julio de 2013 y de 27 de febrero de 2014 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, habida cuenta de que existía una posición unificada sobre la materia en la Sala Plena del Consejo de Estado, emanada de la sentencia de 29 de septiembre de 2009. Así las cosas, aun cuando en la presente solicitud de amparo la accionante afirme que en el caso se vulneran derechos de raigambre constitucional con dicha decisión y se incurre en el desconocimiento del precedente judicial sobre la materia, lo cierto es que esa inconformidad, en los términos que se plantea en el escrito de tutela, conlleva dar continuidad a una discusión de naturaleza legal que ya fue resuelta suficientemente en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, por lo que insistir sobre ella en esta sede constitucional y residual desconoce el requisito de relevancia constitucional necesario para el estudio de la tutela contra providencias judiciales, en tanto se estaría utilizando como una instancia adicional al proceso ordinario. La continuación del debate ordinario en la presente acción se evidencia igualmente del contenido del recurso de apelación que la accionante presentó contra la sentencia de 15 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, negó las pretensiones de la demanda (…) Conforme con lo anterior, para la Sala es claro que entrar de nuevo en la discusión planteada por la accionante significaría reproducir el debate sobre la aplicación de la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 del Consejo de Estado que

ya fue zanjado por el juez de conocimiento en dos instancias, lo que evidencia claramente la falta de relevancia constitucional. Es decir, en el caso se observa que no existe un real cuestionamiento constitucional en relación con una decisión judicial, sino, simplemente, una reiteración de los argumentos litigiosos expuestos en sede ordinaria, a la manera de instancia adicional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03132-00(AC)

Actor: ESMERALDA MUÑOZ COLLAZOS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sanción a servidora pública. Término de prescripción de la acción disciplinaria. Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente. Falta de relevancia constitucional SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Esmeralda Muñoz Collazos, a través de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en

la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, supuestamente, por las sentencias de 15 de mayo de 2019 y 18 de noviembre de 2020, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas denegaron las pretensiones en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos La accionante manifestó que como consecuencia de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como servidora de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, al poner en conocimiento de terceros el contenido de una decisión de archivo de una investigación contra el Gobernador de La Guajira, el 21 de febrero de 2012 la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dictó fallo sancionatorio de primera instancia, en el que fue sancionada con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de doce (12) años.

Indicó que luego de interponer los recursos de ley, el 3 de abril de 2014 la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación profirió fallo de segunda instancia, “fecha para la cual ya había prescrito la acción teniendo en cuenta que los hechos imputados tanto en el auto de cargos como en los fallos de primera y segunda instancia fueron EL DÍA 5 DE MARZO DE 2009”. Sostuvo que, en tal razón, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la que conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "C", que mediante sentencia de 15 de mayo de 2019 denegó las pretensiones de la acción, luego de considerar que conforme con la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 29 de septiembre de 2009, para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria la sanción debe entenderse impuesta con la expedición y notificación del acto administrativo primigenio, es decir, el fallo disciplinario de primera instancia, independientemente del momento en que se resuelvan los recursos de la vía gubernativa, por lo que el fallo disciplinario de primera instancia de 21 de febrero de 2012 se había dictado dentro de los 5 años contemplados para ese efecto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Afirmó que luego de interpuesto recurso de apelación en contra de la decisión anterior, su conocimiento le correspondió en segunda instancia al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que en sentencia de 18 de noviembre de 2020, confirmó la decisión de primera instancia bajo las mismas consideraciones.

2. Fundamentos de la acción La accionante considera que las sentencias de 15 de mayo de 2019 y 18 de noviembre de 2020, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas denegaron las pretensiones de la acción, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Procuraduría General de la Nación, vulneran su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto incurren en i) defecto sustantivo, por “desconocer la figura jurídica de la

prescripción de la acción disciplinaria, contenida en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011”. Sostuvo que si bien “respeta” la posición desarrollada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de septiembre de 2009, “no la comparte”, pues “es una posición que no está basada en la existencia de una norma legal que establezca tal posición, pues ni la Ley 734 de 2002 en su artículo 30, ni la Ley 1474 de 2011, en su artículo 132, consagran la figura de la interrupción, razón por la cual, como lo ha venido sosteniendo la H. Corte Constitucional, (Sentencia T282A de 2012) la prescripción de la acción disciplinaria no está consagrada en la Ley, por lo tanto su interrupción es con la notificación del fallo de segunda instancia”. Agregó que la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de mayo de 2002, revocó una sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca donde se alegaba la imprescriptibilidad de la acción disciplinaria, afirmando que la titularidad de la acción disciplinaria que corresponde al Estado, aún la ejercida preferentemente por la Procuraduría General de la Nación, está sujeta a límites temporales, no siendo aceptable que las faltas disciplinarias puedan ser investigadas en cualquier tiempo. Indicó que dicha sentencia de unificación “colisiona con la interpretación adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-401 de 2010, cuyos efectos son erga

omnes, respecto del conteo del término de prescripción”, conforme con la cual cuando la Administración o la Procuraduría General de la Nación dejan vencer el plazo de 5 años sin haber adelantado y concluido el proceso respectivo con decisión de mérito, pierden la potestad de imponer sanciones y no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en contra del beneficiado con la prescripción. Adujo que ante dos interpretaciones posibles de una disposición, en este caso del inciso 1º del artículo 30 de la Ley 734 de 2002, el juez debe preferir la que más favorezca la dignidad del hombre y sus derechos, conforme lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-438 de 2013. Añadió que “el Estado Colombiano suscribió la Convención Interamericano de Derechos Humanos, aprobada mediante Ley interna No. 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de 1973, cuyos derechos y postulados han sido incorporados a nuestro derecho interno por el art. 93 de la Constitución Política, y donde también se reguló un tópico central en el objeto del litigio que nos ocupa, cual es el derecho a obtener justicia en un plazo razonable”. Finalmente, alego la configuración de un ii) desconocimiento del precedente judicial, en tanto, indicó, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el tema ha sido pacífica y consistente, “al señalar que no existiendo en la Ley Disciplinaria disposición que consagra un momento procesal para interrumpir la prescripción de la acción disciplinaria, la misma debe considerarse hasta la

notificación del fallo de segunda instancia, tal y como se plantea la decisión de tutela T-282 A del 12 de abril de 2012”, decisión que se encuentra conforme con las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 4 de julio de 2013, y de 27 de febrero de 2014 , las cuales considera han debido 1 2 aplicarse a su caso.

3. Pretensiones En el escrito de tutela se formulan las siguientes: “PRIMERO: Mediante la acción que interpongo PERSIGO que esa Honorable Corporación TUTELE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de 1991, los cuales fueron violados por el H. Tribunal AdministrativoCundinamarca – Sección Segunda Subsección "C" y Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección "A" ( 1ª y 2ª instancia respectivamente), con la emisión de las sentencias de fecha 15 de mayo de 2019 y 18 de noviembre de 2020, primera y segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado No. 25000-23-42-000-2015-0015601 (39742019) en donde mi representada es demandante y demandado la Nación Procuraduría General de la Nación, con claro desconocimiento a mi derecho fundamental al debido proceso, así como la incursión en un defecto material o sustantivo.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, PRETENDO que esa

Honorable Corporación Revoque o nulite las sentencias de fecha 15 de mayo de 2019 y 18 de noviembre de 2020, primera y segunda instancia respectivamente, proferidas por el H. Tribunal Administrativo CundinamarcaSección Segunda - Subsección "C" y Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección "A" ( 1ª y 2ª instancia respectivamente), dentro de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado No. 25000-23-42-000-2015-00156-01 (3974-2019) en donde mi representada es demandante y demandado la NaciónProcuraduría General de la Nación, y en su lugar se ordene al fallador de segunda instancia se ACCEDAN A LAS PRETENSIONES DE LA

DEMANDA”.

1 C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). 2 Ibídem.

4. Pruebas relevantes Se allegaron copias digitales de las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con el Nº 2015-00156-01, actor: Esmeralda

Muñoz Collazos.

5. Trámite procesal Por auto de 1º de junio de 2021, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la accionante, a las autoridades judiciales accionadas, así como a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceras interesadas en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 49692 a 49696, todas de 4 de junio de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la

referida decisión. 3

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” En oficio de 8 de junio de 2021, el ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, lo que pretende la parte accionante es que se surta una tercera instancia luego de que fueran negadas sus pretensiones, lo que resulta improcedente por cuanto se trata de dirimir discrepancias sobre interpretación y aplicación normativa. Indicó que en el caso se concluyó que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no había perdido la competencia para resolver el recurso de apelación, como equivocadamente lo sostuvo la parte actora, ya que el término de prescripción se interrumpió con la expedición y notificación del acto sancionatorio primigenio, “tal como lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso en la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009”, cuya postura fue acogida por ese tribunal. Resaltó que la accionante hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha considerado que la figura extintiva de la acción no cuenta con un evento de interrupción, por lo que solo puede evitarse su configuración cuando se notifique de forma personal o por edicto la sentencia de segunda instancia en el proceso disciplinario y que, sin embargo, en el fallo objeto de reproche constitucional se acogió la postura del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa

“quien finalmente domina la interpretación, y reflejo de ello, es que se concibió en el C.P.A.C.A. el denominado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que le faculta al Alto Tribunal revocar un fallo de primer grado cuando se aparta de su precedente, lo cual no es otra cosa que, un mecanismo que permite al Consejo de Estado, establecer parámetros de interpretación de las normas”. 6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación En escrito de 8 de junio de 2021, el apoderado de la entidad allegó informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, en tanto, indicó, la 3 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: Silviosanmartinq@gmail.com notifwhernandez@consejodeestado.gov.co; choyosc@consejodeestado.gov.co; dsanchezh@consejodeestado.gov.co; deniyer_sanchez@hotmail.com; notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; angy.pe@hotmail.com; apenac@consejodeestado.gov.co; notifgvalbuena@consejodeestado.gov.co; mromeroa@consejodeestado.gov.co; jsoledadg@consejodeestado.gov.co tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; procesosjudiciales@procuraduria.gov.co scs02sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co o solicitud “resulta a todas luces improcedente, como quiera que la pretensión se encuentra única y exclusivamente dirigida a generar una tercera instancia judicial dentro de la problemática tratada en la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, cuyos fallos se emitieron en forma correcta y con apego de las normas que regulan la temática, negando las pretensiones de la demanda”. Luego de citar los argumentos expresados por el juez de conocimiento en ambas instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, sostuvo que en el fallo objetado se aplicó la tesis mantenida al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con la cual el término de cinco años se interrumpe con la expedición del acto principal y su respectiva notificación al disciplinado, por ser este el que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la voluntad de la administración. Agregó que, respecto de la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad en el caso, como ha sido definido por la Corte Constitucional en sentencia C-328 de 2003, ese principio tiene cabida frente a leyes y no frente a interpretaciones jurisprudenciales, tal y como lo pretende hacer el demandante, “quien quiere que en su caso se emplee el fallo de tutela de 17 de abril de 2013 -radicación Nº 201000076 -, fallo que en todo caso fue revocado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo al análisis de fondo, en tanto fue alegado por las autoridades judiciales accionadas, corresponde a la Sala verificar si la presente solicitud cumple con el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional, necesario para acceder a su estudio de fondo. En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, corresponde a la Sala determinar si las sentencias de 15 de mayo de 2019 y 18 de noviembre de 2020, mediante las que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, denegaron las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora presentó contra la Procuraduría General de la Nación, vulneran su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto incurren en i) defecto sustantivo, por “desconocer la figura jurídica de la prescripción de la acción disciplinaria, contenida en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificada por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011”, y en ii) desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia T-282 A de 12 de abril de 2012, proferida por la Corte Constitucional, y en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 4 de julio de 2013 , 4 y de 27 de febrero de 2014. 5

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

4 C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez (E). 5 Ibídem. Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte

Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones6. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20057, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela. En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional8. Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional. Esta Sala, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de

9 procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, 6 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de

2014. Expediente 2012-02201-01. 9 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez. completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto 4.1. La Sala observa, del estudio del expediente ordinario, que los argumentos que

soportan los defectos alegados son los mismos que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora presentó contra la Procuraduría General de la Nación y en el recurso de apelación que elevó contra el fallo de primera instancia en dicho proceso, esto es, los relativos a la aplicación de la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado en detrimento de la aplicación de la regla jurisprudencial contenida en la sentencia de tutela T-282 A de 12 de abril de 2012 de la Corte Constitucional y en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 4 de julio de 2013 , y de 27 de febrero de 2014 , así como en 10 11 la aplicación de la figura de la prescripción en materia disciplinaria en el contexto de la Ley 734 de 2002, lo que desatiende el requisito de la relevancia constitucional, en tanto el mecanismo de amparo constitucional se estaría empleando como una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. 4.2. En efecto, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se evidencia que en la demanda originaria la accionante sustentó el concepto de la violación con base en el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales contenido en la sentencia T-282 A de 12 de abril de 2012, proferida por la Corte Constitucional, y en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 4 de julio de 2013 , y de 27 de febrero de 2014 , de la

12 13 siguiente manera : 14 “EN RELACIÓN CON LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA, ES MENESTER SEÑALAR, que con la imposición de la sanción impuesta a mi representada igualmente se está desconociendo el contenido de los artículos 28 y 29 de la Carta Política, como derechos fundamentales y los principios de legalidad y debido proceso consagrados en los artículos 4 y 6 de la Ley 734 de febrero 5 de 2002, pues el comportamiento reprochado como presuntamente irregular prescribió el 5 de marzo de 2014 y el fallo definitivo solo fue dictado el 3 de abril de 2014, y debidamente notificado hasta el 8 de mayo del mismo año. 10 C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez (E). 11 Ibídem. 12 C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E). 13 Ibídem. 14 Folios 318 y ss del expediente ordinario. El artículo 30 ídem, que en su parte pertinente dice: (…) Es Importante recordar, que la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional, sobre este tema, ha sido pacífica y consistente, al señalar que no existiendo en la Ley Disciplinaria disposición que consagra un momento procesal para interrumpir la prescripción de la acción disciplinaria, la misma debe considerarse hasta la notificación del fallo de segunda instancia, tal y como se plantea la decisión de tutela T-282 A del 12 de abril de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional con Ponencia del Honorable Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA, al tratar este

mismo tema, en uno de sus apartes, señaló: (…) Por su parte el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “B", mediante sentencia del 4 de julio de 2013, con Ponencia de la Consejera BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ (E), dentro del Radicación número: 11001-03-25-0002012-0030100(1131-12), siendo actor la señora LUZ STELLA TRUJILLO

CORTÉS y Demandado: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, sobre

la prescripción de la acción disciplinaria, dijo: (…) Finalmente la misma Corporación, en su SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA - SUBSECCION B - siendo Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ (E) Radicación número: 1100103-25-000-2012-00888-00(272 8-12) - Actor: ALBEIRO FREDDY PATIÑO VELASCO - Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, mediante providencia del veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), concluyó: (…)”. (Resaltado de la Sala). De