CE-11001-03-15-000-2021-03172-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE

CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Falta de carga argumentativa / TERCERA INSTANCIA - La parte demandante pretende reabrir el debate jurídico / DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / DEFECTOS SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y FÁCTICO Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y el contenido en sí mismo considerado de la providencia dictada en segunda instancia, no encuentra esta Sala que el Consejo de Estado -Sección Cuartahaya trasgredido las prerrogativas superiores invocadas por el consorcio accionante, así como tampoco que hubiere incurrido en los defectos específicos que se le endilgan. Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela permite advertir no solo la falta de suficiencia argumentativa, sino también que su finalidad prístina es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de avalar la presentación y pago de las declaraciones del impuesto de industria y comercio durante los años gravables 2010, 2011, 2012 y 2013. (…) Comoquiera

que la parte actora no se sirvió estructurar en debida forma los cargos que imputó como deficiencias a la sentencia judicial proferida por el Consejo de EstadoSección Cuarta-, ciñéndose a una exposición reiterativa de la cuestión debatida, sin efectuar un ejercicio mínimo de argumentación que permita dar cuenta de la trascendencia constitucional del debate que pretende suscitar por la vía excepcional del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, más allá de las pretensiones económicas que envuelve, esta Corporación tampoco puede proceder a ello de forma supletiva, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la especial carga de contar con una argumentación coherente y suficiente recae en quien solicita el amparo constitucional y no en quien lo decide, pues están de por medio los principios superiores de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia, la autonomía de los jueces y, a no dudarlo, también los derechos de la parte contradictora que resultó favorecida con la decisión adoptada. (…) No se advierte en la decisión que se reprocha infracción alguna al derecho fundamental alegado por la parte actora bajo la configuración de los defectos material o sustantivo y fáctico, pues claro está que para resolver la controversia que se le puso de presente en sede de apelación sobre la potestad tributaria de las entidades territoriales para gravar con impuestos las actividades que se desarrollen en el mar territorial, el Consejo de Estado -Sección Cuartadebía emplear y aplicar no

solo los artículos 101, 102 y 287 constitucionales, sino además la interpretación sentada por esta Corporación en el concepto del 29 de abril de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil sobre los bienes de uso público pertenecientes a la Nación que son al mismo tiempo áreas del suelo ubicadas dentro de la jurisdicción de los municipios sobre los cuales ejercen autoridad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03172-00(AC)

Actor: CONSORCIO OBRA PUERTO BRISA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO -SECCIÓN CUARTA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el Consorcio Obra Puerto Brisa en contra del Consejo de Estado -Sección Cuarta-.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos 1.- El 27 de mayo de 2021, el representante legal del Consorcio Obra Puerto Brisa2, actuando por intermedio de apoderada especial, presentó acción de tutela

en procura de obtener la protección tanto de su derecho fundamental al debido proceso como del principio de seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado -Sección Cuarta-, al confirmar parcialmente, en sede de segunda instancia, dentro de un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho que entabló en contra del municipio de Dibulla, la sentencia de primer grado dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda. 2.- Según se ilustra en el libelo, las pretensiones allí contenidas se contraen a lo siguiente: <<PRIMERO.- Solicito a los Honorables Magistrados tutelar los derechos fundamentales del CONSORCIO PUERTO BRISA referentes al debido proceso, al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 29 y 1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Conformado por las Sociedades CONCONCRETO S.A., SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A. y SOLETANCHE BACHY FRANCE SUCURSAL COLOMBIA, con el objetivo de realizar la construcción del canal de acceso y dársena de giro, la construcción del viaducto, la plataforma y el muelle para el proyecto Puerto Brisa en el Departamento de La Guajira, municipio de Dibulla.

230 de la C.P., y por ende, Ordenar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado a proferir un nuevo fallo en donde se proceda a incluir dentro del análisis las normas de creación y delimitación de la jurisdicción de las entidades territoriales, vigentes al momento de la expedición de los actos administrativos, así como resolver el caso conforme a las reglas de competencia territorial que desarrollan el impuesto de industria y comercio. SEGUNDO.- Ordenar que en su nuevo pronunciamiento la Sección Cuarta del Consejo valore de manera correcta y completa las pruebas allegadas al proceso, de manera concreta el acuerdo consorcial, y el concepto No. 3080 emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el 20 de julio de 2014, firmado por Claudia Inés Sepúlveda Fajardo, como subdirectora de Geografía y Cartografía>>3. 3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso que4: 3.1.- El 18 de marzo de 2015, el Consorcio Obra Puerto Brisa, promovió proceso contencioso administrativo en contra del municipio de Dibulla, para que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: “(i) Resolución 001 del 18 de noviembre de 2014 que resolvió la solicitud de devolución relacionada con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de 2010 por valor de $9.345.000; (ii) Resolución 002 del 18 de noviembre de 2014 que resolvió la solicitud de devolución relacionada con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de 2011 por valor de $247.302.000; (iii) Resolución 003 del 18 de

noviembre de 2014 que resolvió la solicitud de devolución relacionada con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de 2012 por valor de $327.746.000; y (iv) Resolución 004 del 18 de noviembre de 2014 que resolvió la solicitud de devolución relacionada con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros de 2013 por valor de $145.785.000”. De igual forma, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que “se ordenara la devolución de los valores pagados indebidamente por el consorcio, generados como provenientes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros para los años gravables 2010, 2011, 2012 y 2013 por la suma total de $730.178.000”, así como “la liquidación y pago de los intereses legales a una tasa del 6% anual expresamente contemplada en el artículo 1617 del Código Civil”, sin dejar de lado “el reconocimiento de los intereses moratorios generados desde la terminación del plazo en que la administración, aun debiendo haberlo hecho, negó la devolución de lo pagado indebidamente por el Consorcio Obra Puerto Brisa por los años gravables 2010, 2011, 2012 y 2013 por la suma total de $730.178.000”. Lo anterior, debido a que “pagó los valores correspondientes al referido impuesto por los años 2010, 2011, 2012 y 2013, sin tener la calidad de sujeto pasivo del tributo”, esto es, “que presentó una declaración tributaria siendo un no obligado”, razón por la cual, “las declaraciones por concepto de ICA presentadas por el

3 Expediente digital, Folios 34 y 35 del escrito de demanda. 4 Expediente digital, Folios 6 a 12 del escrito de demanda. Consorcio carecen de efectos jurídicos”, entre otras razones, porque al ente territorial demandado “no le asiste jurisdicción alguna para gravar las actividades de construcción en el mar territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Constitución Política”5. 3.2.- Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de La Guajira, cuerpo colegiado que, en sentencia del 24 de agosto de 2017, resolvió “negar las pretensiones de la demanda” y “condenar en costas y agencias en derecho a la parte actora por la suma correspondiente al 1% del valor reclamado”. Lo anterior, tras considerar que la jurisdicción para efectos impositivos abarca las áreas del mar territorial siempre que colinden con la entidad territorial, como sucede en este caso con el municipio de Dibulla, “quien ejerce soberanía en los términos de la Ley 10 de 1978 y el artículo 5 de la Ley 9 de 1989, adicionado por el artículo 117 de la Ley 388 de 1997”, sin que se haya establecido excepción alguna en relación con el tributo objeto de análisis, ni mucho menos “el Acuerdo Municipal 029 de 2008 en su artículo 36 haya excluido de las actividades sujetas al pago del impuesto de industria y comercio los servicios de construcción”, teniendo en cuenta que “el contrato suscrito por el Consorcio Obra Puerto Brisa tiene como finalidad realizar la construcción del canal de acceso y dársena de giro, la construcción del viaducto, la plataforma y el muelle (…), actividad que lo hizo

acreedor de la obligación formal de declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Dibulla”6. 3.3.- La decisión en precedencia fue apelada por la apoderada especial del Consorcio Obra Puerto Brisa, aduciendo para el efecto que: (i) se incurrió en un defecto sustantivo, habida cuenta de que “el artículo 5º de la Ley 9 de 1989, adicionado por el artículo 117 de la Ley 388 de 1997, no resulta aplicable al caso concreto, pues las obras adelantadas por el consorcio se efectuaron en altamar y no en la playa ni en terrenos de bajamar”; (ii) se incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que acreditan que “la obra realizada por el consorcio se realizó 100% en el mar territorial, es decir, por fuera de la línea base normal para medir su anchura compuesta por las playas y bajamar”; (iii) no corresponde a la autoridad judicial de instancia establecer los límites del territorio sobre los cuales un municipio puede ejercer su jurisdicción; y (iv) la determinación de condenar en costas deviene improcedente “por no haber actuado el consorcio con mala fe o temeridad y únicamente ejercer su derecho de defensa constitucionalmente protegido, sin que además se hayan probado”7 5 Anexo I del expediente digital. 6 Anexo J del expediente digital. 7 Anexo K del expediente digital. 3.4.- El Consejo de Estado -Sección Cuarta-, en providencia del 19 de noviembre de 2020, confirmó parcialmente el pronunciamiento del juez a-quo, en cuanto

revocó el numeral segundo de la parte resolutiva para, en su lugar, no condenar en costas. Ello, luego de estimar “que las entidades territoriales tienen jurisdicción no solo en el territorio continental, sino además en los territorios de ultramar y en los espacios en que la Nación ejerce soberanía, jurisdicción y/o explotación económica [el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa], de acuerdo a su respectiva situación geográfica”, por lo que tratándose de un municipio ubicado en una zona que limita con el Mar Caribe, “Dibulla no solo ejerce jurisdicción en el territorio continental sino también sobre la costa, las aguas interiores, el mar territorial y los demás espacios a que se refiere el artículo 101 de la Constitución Política”. De ahí que “las actividades del Consorcio actor, concretadas en la construcción del canal de acceso y dársena de giro, así como en la construcción del viaducto, la plataforma y el muelle para el Proyecto Brisa”, se tengan por desarrolladas en la playa y en las aguas del Mar Caribe, esto es, “sobre parte del territorio frente al cual ejerce jurisdicción en municipio de Dibulla”. Finalmente, optó por no condenar en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, “en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas

previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del numeral 8”, en virtud de la cual “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, requisito que no se cumple en el presente asunto8. 4.- Como fundamento de derecho de su solicitud de amparo, la parte actora alegó que9: 4.1.- A través del fallo en comento, el Consejo de Estado -Sección Cuartavulneró su prerrogativa iusfundamental al debido proceso y, dicho sea de paso, los principios de legalidad y seguridad jurídica, al confluir en varias causales específicas de procedibilidad, no solo por haber incurrido en un defecto material o sustantivo, sino también por configurar un yerro o vicio de carácter fáctico. 4.2.- Frente al defecto material o sustantivo, expuso que la sentencia que refuta “desconoció la normatividad aplicable al caso concreto”, en tanto respaldó la 8 Anexo L del expediente digital. 9 Expediente digital, Folios 1 a 6 y 12 a 34 del escrito de demanda. decisión en el criterio de que las entidades territoriales tienen jurisdicción no solo en el territorio continental, sino en las zonas de ultramar y los espacios en que la Nación ejerce soberanía, como sucede con el mar territorial, “confundiendo los territorios sobre los que el Estado tiene soberanía con aquellas áreas que están delimitadas como jurisdicción de los municipios” y en contravía de “la facultad de las Asambleas Departamentales para delimitar la jurisdicción de los municipios por vía de acuerdos y ordenanzas”. En suma, según advierte, “existen zonas en

Colombia cuya soberanía la ejerce la Nación y que no son parte de la jurisdicción de ningún municipio o departamento, ya que, por ejemplo, la ordenanza No. 30 de 1995 estipuló que el límite del municipio de Dibulla en la zona norte es el Mar Caribe, por lo que el mar territorial no puede hacer parte de su jurisdicción”. 4.3.- En cuanto hace al defecto fáctico, indicó que se estructura esta causal por “no haberse valorado las pruebas que el Consorcio Puerto Brisa aportó dentro del proceso, que son determinantes para la resolución del caso”, en la medida en que demuestran no solo que las construcciones llevadas a cabo están ubicadas en mar territorial, sino que este no hace parte de la jurisdicción del municipio de Dibulla.

B. El trámite procesal y la contestación de la demanda 5.- Esta Sala, por auto del 3 de junio del año en curso, admitió la acción de tutela y notificó de su presentación a la Sección Cuarta de esta Corporación, al tiempo que vinculó al municipio de Dibulla, La Guajira, como tercero interesado en las resultas del proceso, “para que la primera rinda informe sobre los hechos objeto de la solicitud de amparo y el segundo ejerza sus derechos de contradicción y defensa”10.

(i) Consejo de Estado -Sección Cuarta-11 6.- El Consejo de Estado -Sección Cuartaintervino en el trámite de la presente controversia por medio del magistrado que fungió como ponente en la sentencia contra la cual se deprecó la protección constitucional. Dicho servidor, en memorial dirigido al despacho sustanciador, propuso declarar la improcedencia de la acción

de tutela al advertir que “no cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales”, particularmente el referido a la relevancia constitucional, “pues se trata de un conflicto netamente económico, como es la devolución de los valores que el Consorcio demandante pagó al municipio de Dibulla por concepto de ICA por los años gravables 2010, 2011, 2012 y 2013”. Por lo demás, señaló que del escrito de demanda “no se acredita la configuración de los aducidos defectos material o sustantivo y fáctico”, advirtiéndose, por el 10 Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído. 11 Expediente digital, intervención contenida en 2 folios. contrario, “una diferencia de criterio con el fallo proferido que, en cualquier caso, no puede conducir a determinar que se transgredió algún derecho fundamental”. 7.- La entidad territorial convocada al juicio guardó silencio frente al requerimiento efectuado12.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales 8.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13. 8.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es

apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior14. 8.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes15: - Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional. 12 Soporte de notificación No. 53698 del 17 de junio de 2021, disponible en el aplicativo web SAMAI. 13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). - Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. - Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez. - Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas

iusfundamentales. - Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y, - Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. 8.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza16. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados. 8.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional17 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad18; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada

16 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. 17 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 18 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de

2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales19; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales20. 8.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales21: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución. 8.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación

detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”22. 8.7.- Igualmente, cabe anotar que cuando se controvierte una providencia judicial dictada por una alta Corporación como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo 19 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 20 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.

21 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. 22 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. de Estado, como ocurre en el presente caso, la propia Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que la procedencia de la acción de tutela es aún mucho más restrictiva, pues supone la acreditación de un requisito adicional “en atención a que los aludidos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”23. En este sentido, ha puesto de presente que, además de verificarse el cabal cumplimiento de los presupuestos generales y específicos de procedibilidad del recurso de amparo constitucional formulado contra la respectiva providencia judicial, debe evidenciarse “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”24, esto es, “cuando la decisión riña de manera abierta con la Constitución y se torne definitivamente incompatible con el alcance y límites de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional”25, pues en otras circunstancias, “los principios de autonomía e independencia judicial y, especialmente, la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y

valoraciones probatorias, aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”26. 8.8.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos específicos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado27, sin perjuicio, además, de la necesaria comprobación del presupuesto adicional exigido por la 23 Sentencia SU-050 de 2018 de la Corte Constitucional. 24 Sentencias SU-917 de 2010, SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017 de la Corte Constitucional. 25 Sentencia SU-397 de 2019 de la Corte Constitucional. 26 Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. 27 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.

jurisprudencia constitucional al tratarse de una acción de tutela incoada en contra de una decisión judicial proferida por una alta Corporación.

D. El análisis del caso concreto 9.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar el acierto de la decisión impugnada, esto es, si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente si cumple con el requisito de relevancia c