CE-11001-03-15-000-2021-03392-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega /

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS CON OCASIÓN DE LA PRIVACIÓN

INJUSTA DE LA LIBERTAD / INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE

NECESIDAD, PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración De la lectura de la providencia judicial cuestionada, se encuentra que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, al resolver sobre el recurso de apelación en el trámite de reparación directa aquí cuestionada, estudió lo relacionado con la imposición de la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor [REGL], de cuyo análisis concluyó que no estuvieron dados los elementos normativos requeridos para su imposición, lo que condujo a concluir que la medida no fue racional, necesaria, ni proporcional. (…) En suma, la conclusión de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, se acompasó con el criterio de constitucionalidad referido, si se tiene en cuenta que, de manera preliminar, empezó por estudiar el caso a partir del título de imputación de la falla en el servicio, resultado del cual estudió si la medida de aseguramiento impuesta atendió a los requisitos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, de cuyo análisis determinó que no se demostraron tales presupuestos porque la medida de aseguramiento no atendió a las disposiciones legales que habilitaban la imposición y, en esa medida, no se encuentra acreditado el defecto sustantivo por

desconocimiento del precedente judicial establecido en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. (…) Siendo así, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, por lo cual, se impone, confirmar la providencia del 30 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número:11001-03-15-000-2021-03392-01(AC)

Actor: RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 30 de agosto de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, que resolvió: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador “Primero: Negar el amparo solicitado por la Nación, Rama Judicial y

Fiscalía General de la Nación con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones La Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de la apoderada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial, dentro del expediente de reparación directa No. (sic) en el que actúan como demandantes el señor Rafael Eduardo González Luna

(víctima directa), y demandadas la Nación – Rama Judicial y NaciónFiscalía General de la Nación.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2020, dentro del proceso de reparación directa No. 2500023260002010006170,1 en el que actúan como demandantes el señor Carlos Eduardo Luna y otros; y, se ordene, por consiguiente, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene (sic) la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido

por el a -quo, por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial”. Como medida provisional solicitó: “1. Suspender la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia emitida dentro del proceso de reparación directa No. 25000232600020100061701 en el que actúan como demandantes el señor Rafael Eduardo González Luna y otros, y demandadas la Nación – Rama Judicial y Nación -Fiscalía General de la Nación.

2. Se ordene a la secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado o del Tribunal Administrativo de Cundinamarca abstenerse de emitir constancia de ejecutoria de la sentencia de segundo grado emitida dentro del proceso de reparación directa No. 25000232600020100061701 en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador que actúan como demandantes el señor Rafael Eduardo Gónzalez Luna, y demandadas la Nación – Rama Judicial y Nación -Fiscalía General de la Nación.

3. En caso de que ya se haya expedido la constancia de ejecutoria mencionada en el numeral anterior, suspender tal constancia de ejecutoria de la sentencia de segundo grado emitida dentro del proceso de reparación directa No. 25000232600020100061701 en el que actúan como demandantes el señor Rafael Eduardo Gónzalez Luna, y demandadas la

Nación – Rama Judicial y Nación - Fiscalía General de la Nación.

4. De no considerarse lo solicitado en los numerales 1, 2 y 3 se suspenda lo ordenado en el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo de fecha 4 de septiembre de 2020, en el cual se ordenó “(...) QUINTO: La Fisclía General de la Nación y la Rama Judicial, en el término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, deberán remitir con destino al señor Rafael Eduardo González Luna, una misiva en la que expresen disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto. La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en plataformas de comunicación y difusión de la entidad (...).

(...)”.

2. Hechos De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: Por resolución del 30 de septiembre de 2003, la Fiscalía 28 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogotá, dispuso la vinculación de Rafael Eduardo González Luna a la investigación con radicación 70.057 y, con tal propósito, ordenó su captura.

El 19 de enero de 2004, el Área de Servicios Especializados de la Policía puso a disposición de la Fiscalía 28 delegada ante la Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima al señor Rafael Eduardo González Luna, quien era solicitado por ese despacho mediante orden de captura 00369021 y, en Resolución del 26 de enero

de 2004, la fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto coautor responsable del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. En Resolución del 26 de agosto de 2004, la Fiscalía 28 Especializada de Bogotá calificó el mérito del sumario con acusación en contra del señor Rafael Eduardo González Luna como coautor del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en providencia del 22 de agosto de 2006, concedió el beneficio de la libertad provisional a Rafael Eduardo González Luna, al Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador haber cumplido el tiempo de detención necesario para obtener la libertad condicional al tenor de lo previsto en el artículo 64 del C. P. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Descongestión de Cundinamarca, en sentencia del 17 de enero de 2007, condenó a Rafael Eduardo González Luna a la pena de 78 meses de prisión y 3.000 salarios mínimos legales mensuales de multa, como coautor responsable de delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. En sentencia del 7 de julio de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Cundinamarca revocó parcialmente el fallo y, en su lugar, absolvió al señor Rafael Eduardo González Luna de los cargos por los que fue condenado. El señor Rafael Eduardo González Luna, junto con su grupo familiar, ejerció demanda de reparación directa contra de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que habría causado la presunta privación injusta de la libertad del señor González Luna. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en Descongestión, en sentencia del 13 de febrero de 2014, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, pues, a su juicio, el señor Rafael Eduardo González Luna actuó con culpa grave, lo cual fue determinante en la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. La parte demandante presentó recurso de apelación, con fundamento en que el tribunal se extralimitó en realizar la valoración de las pruebas existentes dentro del proceso penal, al punto de calificar de inadecuada la conducta del señor Rafael Eduardo González Luna para concluir que fue debido a sus propias acciones que fue vinculado al proceso penal y privado de la libertad y, en general, insistió en que se demostró el carácter injusto de la privación de la libertad porque dentro del proceso se acreditó que fue engañado por quien para la época era su empleador. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 4 de

septiembre de 2020, revocó el fallo apelado y accedió a las pretensiones de la demanda, porque, del análisis relacionado con la imposición de la medida de aseguramiento advirtió que, para el momento de la imposición de dicha medida, no se contaba con los dos indicios graves de responsabilidad exigidos por la ley para imponer la referida medida en contra de Rafael Eduardo González Luna, asimismo, indicó que se echaron de menos las consideraciones en torno a la justificación de la medida al tenor de los presupuestos normativos contemplados por el artículo 3 de la Ley 600 de 2000, que exigía establecer si la misma resultaba idónea, en el caso particular del demandante, para asegurar su comparecencia en el proceso, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad. En consecuencia, concluyó que se configuró la alegada falla en el servicio, al no encontrarse reunidos los requisitos legales para la imposición de la medida de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Rafael Eduardo González Luna.

3. Argumentos de la acción de tutela La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial anticipó que la decisión cuestionada fue notificada por edicto desfijado el 4 de diciembre de 2020, por lo que la tutela fue interpuesta en un término razonable.

Sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional, por estar comprometidos los derechos fundamentales invocados, porque en el fallo objeto de cuestionamiento se decidió confirmar la declaratoria de responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación. Además, con cargo al presupuesto del Rama Judicial, una condena y a una obligación de hacer en cabeza del Director Ejecutivo de Administración Judicial. Asimismo, que la sentencia cuestionada no es susceptible de recursos y los motivos de vulneración fueron razonablemente identificados. Agregó que la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado transgredió los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción y los principios de justicia rogada y principio de congruencia con la decisión cuestionada, sin agregar argumentos adicionales. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante adujo que la sentencia del 4 de septiembre de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial sostuvo que se desconoció el precedente fijado en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, según los cuales la sentencia absolutoria no es suficiente para concluir que hubo privación injusta de la libertad. Que, además, el precedente señala que debe evaluarse si la conducta de la víctima fue determinante o no en la producción del daño, esto es, si incidió o no en la decisión de imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Afirmó que la aplicación del régimen objetivo no elimina la obligación de verificar

que opere la causa que exima la responsabilidad del Estado, las cuales no se limitan a la culpa exclusiva de la víctima. En general, insistió en que, de conformidad con el pronunciamiento de constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la privación de la libertad sólo deviene injusta cuando ha sido consecuencia de una actuación o decisión arbitraria, injustificada e irrazonable que transgrede los procedimientos establecidos por el legislador, es decir, sólo en esos eventos el daño se torna antijurídico, por manera que no puede calificarse como tal, la restricción de la libertad que se acompasa con los presupuestos legales que la regulan. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Que, de este pronunciamiento se desprende que el análisis que debe realizarse para efectos de establecer la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad se orientará bajo los estándares del régimen subjetivo o de falla del servicio, máxime cuando no está acreditada la ilegalidad de la medida de aseguramiento, tal y como lo expresó el fallo aquí cuestionado. En relación con el defecto sustantivo señaló que la ley 270 de 1996, respecto de la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la administración de justicia, prevé

la culpa exclusiva de la víctima, de cuyo artículo 70 se lee que «el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado». Que, sobre ese aspecto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad se origina cuando el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la Administración, sino del proceder – activo u omisivode la propia víctima, esto es, de quien sufrió el perjuicio. Dijo que en las oportunidades en las que se ha analizado la culpa de la víctima como aquella conducta determinante que dio origen a la investigación penal, es importante precisar que ello no significa que esté realizando un reproche de la actuación desde la óptica de tipo penal, sino que el análisis de hace desde la noción de culpa grave o dolo bajo la perspectiva civil. En ese sentido, sostuvo que fue erróneo el análisis de la sentencia cuestionada y la afirmación, según la cual, «(…) para estos efectos jurídicos ha sido uniforme y homogénea en establecer una tesis en la cual el análisis de la culpa exclusiva de la víctima debe hacerse desde la perspectiva del Código Civil en consonancia con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996». A su juicio, la posición planteada en el fallo aquí cuestionado hace inoperante la excepción de culpa exclusiva de la víctima, lo que, además, deja sin derecho de defensa y contradicción a la Rama Judicial, puesto que el hecho de que la

investigación penal no haya terminado en sentencia condenatoria, no quiere decir, per se, que se configure responsabilidad patrimonial de la administración, pues, aunque el actuar irregular y negligente del actor privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal o el comportamiento asumido por el investigado dentro del curso del proceso punitivo, no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa recalcándose que con sujeción al artículo 70 de la ley 270 de 1996 y el artículo 63 del código civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, exonerando así de responsabilidad a la entidad demandada. Concretamente, frente a la medida de aseguramiento impuesta contra el señor Rafael Eduardo González Luna, afirmó que al valorarse la actuación del demandante, se determinó que actuó con culpa grave, lo cual fue determinante en la imposición de medida de aseguramiento, como se demostró en la diligencia de indagatoria, donde indicó que suscribió contrato de arrendamiento de una bodega amparado en la confianza que mantenía con el señor Manuel Riaño, además Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador adujo que esta persona le daba dinero para que consignara los cánones de

arrendamiento al propietario de la bodega, a su vez el señor Rafael González no era ajeno a las conductas irregulares del señor Manuel Riano de quien sabia, fue detenido una vez por narcotráfico. Asimismo, desplegó una conducta imprudente al transportar sustancias químicas para el procesamiento de narcóticos. En consecuencia, el daño invocado resultó imputable única y exclusivamente al comportamiento del señor González, porque fue determinante para la captura, imposición de medida de aseguramiento y condena en primera instancia. Agregó que el señor González Luna se expuso imprudentemente a la investigación, al tener negocios con sujetos que trabajaban al margen de la ley, negocios de los cuales el accionante era consciente eran ilegales. También dijo que el fallo cuestionado ignoró que la orden de captura y la resolución de acusación fueron proferidas única y exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la parte actora adujo que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, toda vez que la decisión constituye un fallo extra petitum, porque la medida de reparación no pecuniaria proferida no fue un asunto solicitado en las pretensiones de la demanda de reparación, lo que, adicionalmente, le impidió a la Rama Judicial ejercer el derecho de defensa en lo pertinente. Sostuvo que, “en ese sentido, intentar volver las cosas a su estado natural, ordenando al representante para efectos judiciales de la Rama Judicial, corregir el error o la falla que, en su erróneo entender condujo a un presunto daño, incluso aunque así lo hubiesen pedido las partes, puede ir acompañado de una carga

subjetiva moral del fallador de segunda instancia acerca de su comprensión personal de supuesto daño, indeseable para cualquier entendimiento de la justicia, y no depender de las reales circunstancias que rodearon su ocurrencia, conforme a la prueba de los hechos oportuna y legalmente aportadas al proceso. Además, también conlleva riesgos aleatorios e inciertos, cuya prevención o aseguramiento sería imposible aplicar. Cualquier interpretación restringida o amplia comprendería un concepto desproporcionado de la justicia reparatoria”. Añadió que tal medida restaurativa desnaturaliza el ámbito de las funciones estatutarias del Director Ejecutivo de Administración Judicial reguladas en los artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, en cuanto es el encargado de ejecutar las políticas administrativas ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura, mientras que, por su parte, las autoridades judiciales gozan de autonomía e independencia, por disposición de la Constitución y la ley y, en tal virtud, el Director Ejecutivo no es orientador, ni superior jerárquico, ni nominador, ni director de las autoridades judiciales, ni aún menos incide en sus decisiones, pues, si lo hiciera o hiciera algún pronunciamiento frente a las providencias judiciales transgrediría flagrantemente el principio de autonomía e independencia judicial. Que, de acuerdo con lo anterior, en el proceso de reparación directa no se evidenció ni se demostró el perjuicio que derivó en la orden impartida en el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador numeral quinto. Que <<al ordenar dicha forma de reparación nuevamente violó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción de la Rama Judicial puesto que presumió estos perjuicios, sin que en el plenario obrara ninguna prueba que lograra al menos avizorar la ocurrencia de la vulneración de bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, pues si bien la parte demandante en los hechos de la demanda manifiesta superficialmente las consecuencias que le produjo al núcleo familiar de la víctima su reclusión, no se demostró de forma alguna dentro del proceso que tales dichos hubieren ocurrido>>. Con fundamento en los mismos argumentos, frente a la medida de reparación no pecuniaria, indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos sustantivo por desconocer el carácter rogado de la jurisdicción y por falta de congruencia.

4. Trámite Previo El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 29 de julio de 2021, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B y la Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, como terceros interesados en el resultado del proceso y comisionó al

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, para

que notificara del presente trámite constitucional al señor Rafael Eduardo González y a todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de reparación directa con el radicado número 25000-2326-000-2010-00617-00. En la misma oportunidad negó la medida provisional solicitada.

5. Oposición El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B allegó respuesta en la que, previo a referirse a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, emitió pronunciamiento frente a los cargos propuestos por la parte actora.

En relación con los defectos fáctico y procedimental, dirigidos a cuestionar la medida de reparación no pecuniaria, indicó que, al encontrarse acreditada la privación injusta de la libertad padecida por el señor Rafael Eduardo González Luna, como se indicó en la sentencia, la misma provocó una afectación al buen nombre y a la dignidad humana y en tal sentido era obligación adoptar una medida de restablecimiento, con la cual se busca volver las cosas al estado anterior de vulneración propiciado por el hecho dañoso. Que, contrario a lo manifestado por la entidad accionante, la decisión no aplica una presunción frente a la ocurrencia del daño, porque, a partir de los elementos de convicción allegados al plenario que demostraron la existencia de una privación injusta de la libertad, adopta una medida de reparación no pecuniaria para restablecer el derecho al buen nombre de quien afrontó una acusación por la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador presunta comisión de un delito y finalmente resultó absuelto, porque no cometió el delito investigado. Frente a la presunta interpretación errada de la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad patrimonial señaló que el fallo objeto de la acción constitucional se ciñó a los parámetros del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, para considerar que en el caso particular del señor González Luna no se encontraba configurada esta causal. Que el argumento presentado en sede de tutela por la entidad accionante pretende reabrir el debate frente a la decisión adoptada en segunda instancia sin que exista fundamento para ello. Solicitó que no se acceda al amparo pretendido en la acción de tutela por no encontrarse demostrada el error judicial alegado en el escrito de tutela, ni la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

6. Intervención del tercero interesado La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de intervención en el que manifestó que el asunto debe estudiarse de fondo, puesto que la parte actora demostró con precisión el fundamento fáctico de la vulneración endilgada a la sentencia recurrida.

Que la sentencia cuestionada incurre en defecto fáctico, toda vez que presume el daño referido a la honra y el buen nombre, de modo que carece de fundamento la orden de ofrecer disculpas. Que, además, fueron desatendidos los criterios fijados

por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencias del 14 de septiembre de 2011 y del 28 de agosto de 2014. Que también fue desconocido el principio de congruencia y la garantía de defensa, por cuanto el tema de las disculpas no fue cuestionado a lo largo del proceso de reparación directa. Que, de hecho, esto evidencia el desconocimiento del principio de justicia rogada. Indicó que es claro que, con la sentencia recurrida, el Consejo de Estado desconoció el precedente sentado por la Corte Constitucional para efectos de declarar la responsabilidad de esta entidad por privación injusta de la libertad. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en esa oportunidad se resolvió un asunto cuyos hechos ocurrieron dentro de la vigencia de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996). En general, reiteró los argumentos expuestos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El señor Rafael Eduardo González Luna y otros, por medio de apoderado, solicitaron que se mantenga incólume la sentencia atacada por la Nación – Rama Judicial y afirmaron que la solitud de tutela no cumple con los requisitos generales de inmediatez y de relevancia constitucional porque emplea el mecanismo como una instancia adicional. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

7. Sentencia de primera instancia El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 30 de agosto de 2021, negó el amparo solicitado, por considerar que, con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, no se configuraron las causales de procedibilidad invocadas.

En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente judicial concluyó que no se configuró porque la jurisprudencia no determinó el régimen de imputación que debía aplicarse en los casos de responsabilidad por privación injusta de la libertad, sino que debía aplicarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que no se configuró porque: (i) en la sentencia cuestionada se valoró la culpa de la víctima y se encontró inexistente; (ii) tampoco porque se haya ordenado al director ejecutivo de administración judicial llevar a cabo la medida restaurativa de ofrecimiento de excusas, puesto que esa decisión resultó armónica con su condición de representante legal de la Rama Judicial conforme a lo previsto en el artículo 99, numeral 8 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 159 del CPACA ni, (iii) por la alegada falta de congruencia, en cuanto, la medida restaurativa podía adoptarse de oficio por tratarse de la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Finalmente, tampoco se acreditó el defecto fáctico alegado porque la sentencia

cuestionada justificó con base en elementos probatorios, la medida de afectación relevante a bienes o derechos convencional o constitucionalmente amparados, puesto que la afectación