CE-11001-03-15-000-2021-03405-00 (AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / DECLARATORIA DE VACANCIA POR ABANDONO DE CARGO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Mecanismo de defensa idóneo y eficaz que se encuentra en trámite / MEDIDAS CAUTELARES / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE / SANCIÓN DISCIPLINARIA POR ABANDONO DE CARGO – No es inminente [L]a pretensión de amparo está encaminada a que las autoridades accionadas adecúen la actuación administrativa y declaren sin efectos la decisión de retiro (…) del cargo de oficial mayor/sustanciador adscrito al Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá. De ahí que, en el fondo, lo que la parte actora pretende es controvertir los actos administrativos por los cuales se decidió su desvinculación definitiva del servicio. (…) [A]unque en el libelo introductorio narre que fue retirada a partir del 21 de enero de 2020 en forma verbal por la juez 50 civil municipal de Bogotá, esto es, sin que mediara acto administrativo expreso, de la lectura completa de los antecedentes y del material probatorio allegado al expediente se determina que lo ocurrido en esa fecha obedece más bien a la ejecución de las decisiones adoptadas en actos administrativos proferidos con anterioridad dentro del procedimiento administrativo de vacancia del cargo, adelantado por la autoridad nominadora, los cuales viene a controvertir la actora en esta instancia excepcional porque, en su criterio, son arbitrarios. Esos actos son: i) Resolución No. 004 de fecha 3

de mayo de 2019, expedida por la juez 50 civil municipal de Bogotá, mediante la cual se decidió de fondo el procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia por abandono del cargo con radicado No. 2018-0938 y se resolvió retirar del servicio activo a la servidora judicial; ii) Acto administrativo que confirma la anterior decisión, expedido en segunda instancia el 16 de diciembre de 2019, por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá D.C. (…) [L]a Sala considera que la tutela deviene en improcedente, por cuanto la señora [F.C.R.] dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta que las decisiones de primera y segunda instancia proferidas en el marco del procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia, son verdaderos actos administrativos de carácter particular, cuya legalidad puede cuestionarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011. Tan es así, y tan claro tiene la accionante la procedencia de dicha vía judicial, que ya lo ejerció y actualmente cursa ante el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá bajo el radicado 11001333502420200021400. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control, puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. (…) Ahora bien, como en la solicitud de amparo la parte accionante manifiesta que ejerce la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, no solo porque los actos que controvierte la proyectan ante la comunidad judicial como una persona que no cumple sus deberes y responsabilidades, sino porque pueden derivar en una sanción disciplinaria, impidiéndole continuar en los dos concursos de méritos en los que se encuentra participando, (…) Además, frente al inicio de la investigación disciplinaria, hay que decir que ha transcurrido aproximadamente 1 año y 7 meses desde que se declaró la vacancia del cargo, sin que la autoridad nominadora dé inicio a la respectiva indagación y, aunque así lo hiciera dentro del término de prescripción de la acción disciplinaria, no existe certeza de que el proceso terminará con la imposición de una sanción disciplinaria en contra de la demandante, pues, en todo caso, corresponde a la autoridad disciplinaria constatar los elementos que determinan la responsabilidad, esto es, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, resultado que es imposible de anticipar. En ese orden, es claro que la declaratoria de la vacancia del cargo por parte del nominador no trae consigo la consecuencia inminente, cierta y absoluta la sanción disciplinaria por abandono del mismo, pues la decisión está atada a que dentro del proceso disciplinario se demuestre la responsabilidad

de la persona investigada. Bajo el mismo contexto, más lejano e incierto aún, aparece el perjuicio invocado por la parte actora que, según ella, le impide continuar con los procesos de selección y de mérito, pues para dicha conjetura se parte del supuesto de una sanción disciplinaria en firme. Con todo, hay que decir que el perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente desde la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, dañinas, que suelen producir las decisiones judiciales o las de la administración. Esas decisiones están revestidas de juridicidad o legalidad y, por ende, en principio, las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son ilegítimas o ilícitas. Por mencionar solo algunos ejemplos, el acto que dispone el retiro del servicio o que declara insubsistente un nombramiento implica que el funcionario no pueda continuar recibiendo la remuneración, que pierda el trabajo; la sanción disciplinaria de inhabilidad traerá como consecuencia que el funcionario no pueda ejercer cargos públicos por cierto tiempo, el auto que declara la caducidad de la acción deriva en la terminación del proceso e impide el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda. (…) Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se presenta ninguna de las situaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional, ni se configura un perjuicio irremediable de naturaleza iusfundamental, como para que resulte procedente la acción de tutela de manera transitoria. El hecho de que la accionante haya sido desvinculada de su cargo de carrera por haberse declarado la vacancia

del empleo que ocupaba, no implica necesariamente que se le estén violando sus derechos fundamentales y, en todo caso, dispone de otro mecanismo judicial para reclamar su protección: el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el que, como se advirtió, ya ejerció y está actualmente tramitándose a instancias de un juzgado administrativo de Bogotá.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03405-00 (AC)

Actor: FALCONERI CARO ROSADO

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Falconeri Caro Rosado contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo

1 Seccional de la Judicatura de Bogotá .

I. ANTECEDENTES

1. Demanda 1.1. Pretensiones El 3 de junio de la presente anualidad, la señora Falconeri Caro Rosado interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la estabilidad laboral, al mínimo vital y a la igualdad de oportunidades para

permanecer en un cargo de carrera ocupado en propiedad, los cuales considera vulnerados por las autoridades accionadas, dado que han omitido la observancia de los principios orientadores de la carrera judicial y han guardado silencio respecto del retiro de su servicio. Formuló las siguientes pretensiones:

2. En consecuencia de lo anterior, se ordene a la accionada, como ente administrador de la carrera judicial, según lo ordenado en el Art. 256 de la Constitución Nacional y de conformidad a las funciones administrativas a ella asignada, en los numerales 175 y 226 del Artículo 85 de la Ley 270 de 1996, que en garantía de mis derechos fundamentales, se tomen las medidas necesarias para adecuar la actuación administrativa “concurso de mérito” en la que participé para ser nombrada y posesionada en el cargo

de Oficial Mayor/Sustanciador del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá e inscrita en el escalafón de Carrera Judicial, mediante Resolución No. CSJBTR19-90 del 25 de enero de 2019, DECLARANDO QUE NO TIENE NINGÚN EFECTO Y QUE NO OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL la orden verbal de retirarme del cargo en propiedad, como Oficial Mayor/Sustanciador del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, que se emitió el 21 de enero de 2020, por mi nominador, sin potestad administrativa, por ser contraria a los principios orientadores de la carrera judicial.

3. Igualmente se ordene, que, de manera inmediata o en un término prudencial perentorio, que este Despacho determine, la suscrita se active nuevamente en el cargo de Oficial Mayor/Sustanciador del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, mediante el

ejercicio de funciones y en contraprestación de los servicios prestados, reciba un salario y demás prestaciones sociales, que me permitan devengar el dinero necesario para acceder a los bienes materiales básicos para subsistir, junto con mi familia, en condiciones humanas dignas.

4. Y demás medidas necesarias que este Despacho considere, para proteger efectivamente mis derechos fundamentales y que aquí se solicitan proteger. 1.2. Hechos Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:

1 La Sala advierte que, el 30 de junio de 2021, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 La señora Falconeri Caro Rosado, tras superar el correspondiente concurso de méritos, fue nombrada en el cargo de oficial mayor/sustanciador del Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá. Se posesionó el 17 de abril de 2018. A partir del 21 de enero de 2020 fue retirada del servicio en forma verbal y sin la competencia administrativa necesaria por parte del titular del despacho en el que se encontraba laborando, por cuanto no se le permitió su ingreso a la oficina, bajo el argumento que incurrió en abandono del cargo por no haberse presentado a trabajar entre el 30 de julio y el 6 de agosto de 2018, desconociendo que para ese lapso no se encontraba vinculada con la Rama Judicial, toda vez que había sido ilegalmente retirada por calificación insatisfactoria. Agregó que, aunque la decisión fue revocada en virtud del amparo concedido por el juez de tutela en fallo de segunda instancia del 12 de Julio de 2018, lo cierto es

que para esa fecha no se había surtido el reintegro. Una vez se puso en conocimiento de las accionadas esta situación, no intervinieron para garantizar la protección de los derechos de carrera de la accionante y contrarrestar los efectos de la actuación arbitraria del juez. Mediante oficio CSJBTO20-2024 del 13 de marzo de 2020, suscrito por la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, le comunicaron que dicha corporación carece de competencia para entrar a controvertir las actuaciones de los funcionarios judiciales; no puede compeler a estos a que las profieran en determinado sentido y no tiene poderes disciplinarios frente a dichos funcionarios. Además de la orden verbal de retiro del 21 de enero de 2020, que motiva la tutela, la actora manifestó que se siguió en su contra un «Proceso o Procedimiento Administrativo de Vacancia del Cargo», cuyas decisiones definitivas fueron demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo —medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333502420200021400—, proceso que actualmente se encuentra en trámite ante el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá. Señaló que realmente tomó posesión del cargo el 9 de abril de 2018, aunque en el juzgado aparezca su vinculación a partir del 17 del mismo mes y año. Sostuvo que tres días después fue retirada del cargo verbalmente, hecho por el cual ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 11001333501120180051200, que se tramita a instancias del Juzgado 11 Administrativo de Bogotá.

Así mismo, tiene en curso una queja por ACOSO LABORAL incoada en contra de la Juez 50 Civil Municipal de Bogotá, la cual se encuentra en trámite ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, bajo el radicado 110011102000201802611. Dijo que también interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 007 de 2018, proferida por el Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá, mediante la cual se ordenó su reintegro con solución de continuidad, pese a que el juez de tutela ordenó que el mismo se haga sin solución de continuidad. Dicho proceso cursa ante el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá, con radicado 11001333500820190005800. Igualmente, indicó que ha interpuesto varias acciones de tutela motivadas por las irregularidades del trámite de vacancia del cargo y la inexistencia de acto administrativo en la orden de retiro, las cuales no han resultado favorables a sus intereses. Incluso sus padres han incoado la acción de amparo con fundamento en los mismos hechos. 1.3. Argumentos de la tutela Concretamente, la parte actora señaló que su retiro del cargo con fecha 21 de enero de 2020 es una decisión personal del nominador, que no obliga a la Administración por ausencia de potestad administrativa y por resultar contraria a los principios orientadores de la carrera judicial, en especial al principio de estabilidad laboral. Por tal motivo, las autoridades accionadas, en calidad de garantes de dichas disposiciones de carrera judicial, tienen la obligación legal y constitucional de hacer efectivos los principios orientadores de la carrera judicial, y por ende, ante

3 una decisión discrecional y arbitraria del juez nominador tienen el deber de intervenir para proteger los derechos de los empleados de carrera y mantener incólume la regla general del mérito, aplicable tanto para el ingreso y el ascenso como para la permanencia y el retiro en la carrera. Sin embargo, las accionadas guardaron silencio respecto de las irregularidades narradas, las que, en su momento, le fueron puestas en conocimiento, bajo el argumento que carecen de competencia para intervenir en los actos de los nominadores, lo cual se aparta de su obligación de vigilar la actuación administrativa en aras de garantizar los principios orientadores de la carrera judicial. A pesar de estar advertidas, y teniendo la posibilidad de evitar el perjuicio inminente, nada hicieron las autoridades demandadas para impedir el retiro del servicio de la accionante. Omisión que, a todas luces, atenta contra los principios orientadores de la carrera administrativa, en especial, el principio de estabilidad.

2. Trámite impartido e intervenciones 2.1. Mediante auto del 17 de junio de 2021, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó que aquel se notificara a las presidentas del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, así como a la juez 50 civil municipal de Bogotá. 2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se pronunció a través de su presidenta, quien solicitó que se niegue el amparo por improcedente y, a su vez, se desvincule al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de la presente acción, toda vez que no ha incurrido en violación alguna de los derechos fundamentales alegados por la accionante.

Precisó cuáles son las funciones atribuidas al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, con el fin de establecer que entre ellas no está la de hacer seguimiento a los procesos disciplinarios de empleados judiciales y, por ende, no tiene responsabilidad alguna en la decisión tomada por la juez 50 civil municipal de Bogotá. Si bien tiene su cargo la administración de la carrera judicial, lo cual comporta la conformación de las listas de elegibles derivadas de los procesos concursales, para su envío a los despachos judiciales, no tiene ninguna competencia respecto del personal adscrito a los juzgados. 2.3. El director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas manifestó que la Seccional es un órgano de carácter técnico y administrativo, que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, las cuales ha venido desarrollando conforme a los mandatos constitucionales y legales; por tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que, en todo caso, la llamada a responder por las pretensiones del accionante es la juez 50 civil municipal de Bogotá.

II. CONSIDERACIONES

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,

cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, según reiterada juris4 prudencia constitucional, el otro mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de protección de los derechos fundamentales. Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Problema Jurídico Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la estabilidad laboral, al mínimo vital y a la igualdad de la señora Falconeri Caro Rosado, por no haber intervenido en la decisión o actuación administrativa que trajo como consecuencia el retiro del servicio de la accionante, así como su

exclusión del escalafón de la carrera judicial. Para el efecto, primero, se deberá analizar si la acción de tutela cumplió con los requisitos generales de la tutela, particularmente, el de subsidiariedad. Solo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si las autoridades

demandadas vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

3. Análisis de la Sala 2 3.1. De la subsidiariedad La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. 3 4 No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que el amparo solo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idó- 5 nea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó : 2 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de

junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e). 3 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)». (se destaca). 4 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)».

5

Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

5 La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro

mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,

pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales. 6 La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable, así : «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

3. Caso concreto y solución del problema jurídico De entrada, la Sala anticipa que en la presente acción de tutela no se cumple el requisito de subsidiariedad. Como se sabe, esta exigencia se incumple cuando se evidencia que el interesado deja de ejercer o tiene a su disposición otros mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos fundamentales.

En el caso concreto, se observa que la pretensión de amparo está encaminada a que las autoridades accionadas adecúen la actuación administrativa y declaren sin efectos la decisión de retiro de la señora Falconeri Caro Rosado del cargo de oficial mayor/sustanciador adscrito al Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá. De ahí que, en el fondo, lo que la parte actora pretende es controvertir los actos administrativos por los

cuales se decidió su desvinculación definitiva del servicio. Así, aunque en el libelo introductorio narre que fue retirada a partir del 21 de enero de 2020 en forma verbal por la juez 50 civil municipal de Bogotá, esto es, sin que mediara acto administrativo expreso, de la lectura completa de los antecedentes y del material probatorio allegado al expediente se determina que lo ocurrido en esa fecha obedece más bien a la ejecución de las decisiones adoptadas en actos administrativos proferidos con anterioridad dentro del procedimiento administrativo de vacancia del cargo, adelantado por la autoridad nominadora, los cuales viene a controvertir la actora en esta instancia excepcional porque, en su criterio, son arbitrarios.

Esos actos son: i) Resolución No. 004 de fecha 3 de mayo de 2019, expedida por la juez 50 civil municipal de Bogotá, mediante la cual se decidió de fondo el procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia por abandono del cargo con radicado No. 2018-0938 y se resolvió

6 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras. 6 retirar del servicio activo a la servidora judicial; ii) Acto administrativo que confirma la anterior decisión, expedido en segunda instancia el 16 de 7 diciembre de 2019, por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá D.C. A su juicio, la anterior situación le causó un perjuicio que califica como irremediable, toda vez que la hace acreedora del título de incumplidora

de deberes y de responsabilidades ante toda la comunidad judicial, lo que seguramente afectará negativamente su ascenso en la carrera, además de la sanción disciplinaria que se le puede llegar a imponer por esos hechos. Aunado a ello no podría continuar en los dos concursos de méritos en los que se encuentra participando (Acuerdo No. CSJBTA17-556 del 06 de octubre de 2017 (se encuentra inscrita en lista de elegibles) y Convocatoria 27 (ACUERDO PCSJA1811077). Pues bien, la Sala considera que la tutela deviene en improcedente, por cuanto la señora Falconeri Caro Rosado dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta que las decisiones de primera y segunda instancia proferidas en el marco del procedimiento administrativo de declaratoria de vacancia, son verdaderos actos administrativos de carácter particular, cuya legalidad puede cuestionarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011. Tan es así, y tan claro tiene la accionante la procedencia de dicha vía judicial, que ya lo ejerció y actualmente cursa ante el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá bajo el radicado 11001333502420200021400. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control, puede pedir la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación consideró: En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender el acto administrati8 vo ya no tiene el rigor y la ex