CE-11001-03-15-000-2021-03406-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se instauró en término razonable [L]a Sala advierte que, en este caso no se cumple el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la inmediatez, tal y como pasa a explicarse: Con el fin de verificar si en el asunto de referencia se acredita el requisito de la inmediatez, se tendrá en cuenta la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de controversias contractuales, identificado con número de radicado 05001-23-31-000-2007-0059301, toda vez que dicha decisión resolvió de manera definitiva la litis. Así las cosas, se advierte que la mencionada providencia se notificó mediante edicto electrónico publicado en la página web del Consejo de Estado por la Secretaría de la Sección Tercera, fijado el 6 de noviembre y desfijado el 10 de noviembre de la misma anualidad, es decir, que el cómputo del término de los 6 meses para interponer la demanda de tutela inició el 11 de noviembre de 2020 y feneció el 11 de mayo de

2021. No obstante, la parte actora presentó la demanda de tutela el 2 de junio de 2021, es decir, 6 meses y 22 días después, superando así el término de los 6 meses establecido jurisprudencialmente por esta Corporación. En este punto, se

debe resaltar que no es de recibo el argumento del apoderado de las sociedades demandantes según el cual, la sentencia debe entenderse notificada el 2 de diciembre de 2020, día en que se registró el salvamento de voto del Magistrado [M.B.M], pues a diferencia de lo que considera el actor, la notificación de la sentencia se entiende surtida una vez se desfija el edicto que puso en conocimiento de las partes la expedición del fallo, pues es contra dicho acto jurídico que se dirigen las pretensiones de la acción de tutela y no contra la expresión del voto disidente del mencionado Magistrado, la cual no hace parte de la sentencia propiamente considerada al tratarse, precisamente, de una opinión distinta a la consignada por la mayoría de la Sala de Decisión demandada. Con base en lo anterior, no se encuentra demostrada ninguna circunstancia particular que le hubiere impedido al actor presentar la acción de tutela un término razonable.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03406-00(AC)

Actor: INGENIERÍA Y VÍAS LTDA Y TRAINCO S.A

Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN

B SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por Ingeniería y Vías Ltda y Trainco S.A., mediante apoderado judicial, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos 1.- El 2 de junio de 2021, las sociedades Ingeniería y Vías Ltda y Trainco S.A, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados, con ocasión del defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, en que incurrió la autoridad judicial accionada, al proferir la providencia de 3 de agosto de 20202, confirmando lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo del 24 de junio de 2013, dentro del proceso de controversias contractuales (rad. 05001-23-31-000-2007-00593-01), que promovieron contra el Instituto Nacional de Vías -Inviasy las sociedades integrantes del Consorcio San José 2500. 2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente (se transcribe literal): 1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Providencia notificada en edicto fijado el 6 de noviembre de 2020. <<PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales de las sociedades TRAINCO E INGEVÍAS, en su calidad de integrantes del Consorcio Teris. SEGUNDA. DECLARAR que el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B incurrió en error judicial, toda vez que al proferir Sentencia de segunda instancia dentro del proceso con radicado 2007-00593, desconoció los postulados establecidos en la Ley y que eran soporte de la decisión en derecho, constituyéndose la sentencia en una vía de hecho. TERCERA. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el día 3 de agosto de 2020 dentro del proceso con número de radicado 2007-00593. CUARTA. PROFERIR una nueva decisión con base en el derecho vigente que permita garantizar los derechos tutelados. QUINTA. ADOPTAR cualquier otra medida adicional que el juez considere pertinente para la efectiva tutela de los derechos fundamentales de…>>3. (Negrillas propias del texto original) 3.- Como elementos sustanciales de orden fáctico de la solicitud de amparo los accionantes expusieron que4mediante la Resolución No. 0006065 de 28 de noviembre de 2005, el Invias adjudicó al Consorcio San José 2500, el contrato para el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía

Grupo 4 “TRAMO 1 EBEJICO – LA SUCIA (CONEXIÓN VIAL ABURRA –RIO CAUCA– MISERENGA -EBEJICO) CON UNA LONGITUD DE 15 KILOMETROS, TRAMO 2 PINGURO -BURITICA (6.8 KILOMETROS) Y MANGLAR -GIRALDO (3.8 KILOMETROS CON UNA LONGITUD DE 10.60 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”5, el cual se firmó el 14 de diciembre de 2005 con el número 3497. 3.1.- Acorde con lo anteriormente expuesto, el 19 de abril de 2007, las sociedades Ramírez Cía S.A., Ingenierías y Vías Ltda, Trainco S.A. y Excarvar S.A., integrantes del Consorcio Teris, quien presentó propuesta en el proceso licitatorio, presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra del Invias y de las sociedades integrantes del Consorcio San José 2500, con el propósito de que se declarara la nulidad del contrato No. 3497 de 2005 suscrito entre las entidades demandadas y de la Resolución No. 0006065 de la misma anualidad. En consecuencia, solicitaron condenar al Invias a pagar a favor de los integrantes del consorcio accionante, la suma de $542.638.240 a valor de 3 Expediente digital, Folio 16 del escrito de demanda. 4 Expediente digital, Folios 1 a 3 del escrito de demanda. 5 Expediente digital, Folio 33 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-2331-000-2007-00593-01. 16 de marzo de 2005, por concepto de utilidad dejada de percibir por la no adjudicación del contrato No. 3497, cifra que debía ser actualizada acorde con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y la jurisprudencia nacional, e igualmente, solicitaron que la entidad estatal demandada pagara los intereses generados a título de lucro cesante desde la fecha de celebración del contrato y las costas procesales6. 3.2.- Como fundamento de la demanda, la parte actora sostuvo que, acorde con el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, era causal de nulidad absoluta de un contrato estatal, su celebración con abuso o desviación de poder. De esta forma, sostuvo que, el Invias “de manera subjetiva, persiguió un “fin diferente al interés público por cuanto no existe causal alguna en el pliego de condiciones y/o en la ley para descalificar la oferta presentada por el consorcio Teris”. En este punto, precisó que, la entidad estatal demandada decidió que el consorcio demandante “se encontraba inhabilitado legalmente para contratar con el Estado, por cuanto la firma EXCARVAR…no se encontraba al día con sus obligaciones parafiscales, toda vez que si bien aparecen los documentos públicos que certifican al tenor de los artículos 264 y concordantes del CPC que los aportes fueron cancelados en su oportunidad, existieron intereses de mora, liquidados posteriormente por el ISS que “per se”, hacían incurrir al CONSORCIO TERIS en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002”7.

3.3.- El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación que, mediante fallo del 24 de junio de 2013, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que estuvo acreditado que la descalificación del Consorcio Teris, se debió a que para la fecha de presentación de la oferta se encontraba en mora por aportes a seguridad social. 3.4.- Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que fue decidido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia con fecha de 3 de agosto de 2020, confirmando la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. al considerar que no se cumplió con lo dispuesto en el pliego de condiciones y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, pues de acuerdo con el concepto emitido por el ISS, los pagos tardíos se imputan primero a intereses y luego a capital, por lo que las correcciones que hizo Excarvar S.A. con fecha posterior a la presentación de su propuesta con el Consorcio Teris el 28 de abril de 2005, debían corresponder, al menos en parte, a aportes. 6 Expediente digital, Folios 223 a 225 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-01. 7 Expediente digital, Folio 240 dentro del proceso de controversias contractuales con radicado No. 05001-2331-000-2007-00593-01. 4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, los tutelantes adujeron que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al incurrir en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones: 4.1.- En cuanto a la violación directa de la Constitución, indicó que la autoridad judicial demandada, vulneró su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, que implica, obtener una solución jurídica con base en el derecho vigente aplicable al caso en concreto “y que a su vez permita resolver de fondo todos los problemas jurídicos propuestos, garantizando la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales”8. 4.1.1.- Sobre el particular, señaló que, el Consejo de Estado en la sentencia demandada, en el título “2.1.1. Oportunidad para solicitar el restablecimiento del derecho”, determinó que, acorde con el artículo 87 del CCA, con independencia de la acción ejercida, esto es, si se enjuiciaron los actos previos del contrato mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o si alegó la nulidad absoluta del contrato estatal mediante la acción de controversias contractuales, la jurisprudencia determinó que, el restablecimiento del derecho dependía de que la demanda se hubiera formulado dentro del término de 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación, ya sea, de los actos previos o del contrato. Acorde con lo anterior, aseveró que el Consorcio Teris fue notificado el acto de adjudicación en audiencia de 28 de noviembre de 2005, es decir, que los 30 días empezaron a contar el 29 de noviembre de 2005, y como la demanda se presentó el 19 de abril de 2007, se superó ampliamente la oportunidad relativa

para alegar el restablecimiento del derecho. 4.1.2.- Frente a lo anterior, alegó que, el Ad quem no tuvo en cuenta que la demanda de controversias contractuales fue interpuesta en el año 2007, es decir, bajo la vigencia del anterior Código de lo Contencioso Administrativo, norma que “en ninguno de sus artículos se menciona la existencia de un único término para obtener el restablecimiento de los derechos, razón por la cual es claro que dicha postura es netamente jurisprudencial, dicho de otra forma no existe ninguna disposición legal que cercene el derecho en solicitar RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, en este caso restitutivo indemnizatorio, en ejercicio del tipo de acción contractual”9. A su turno, alegó que, ese criterio jurisprudencial fue introducido de forma posterior a la presentación de la demanda, lo que implica que había una imposibilidad material para el particular de saber que si se presentaba la demanda 8 Expediente digital, Folio 4 del escrito de demanda. 9 Expediente digital, Folio 4 del escrito de demanda. a los 30 días después de la notificación del auto administrativo adjudicatario del contrato, perdería la oportunidad de que le fuera reconocido el restablecimiento de su derecho, vulnerándose así los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima en la administración judicial. 4.2.- Ahora bien, en lo referente al defecto sustantivo, adujo que este se configuró en razón a la errada interpretación efectuada por el Consejo de Estado del numeral 3.8.1. del pliego de condiciones de la licitación pública DG-164-2004 y lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. En concreto, indicó que el referido numeral del

pliego, estipuló claramente que los proponentes debían allegar los certificados de los respectivos pagos de la nómina durante los 6 meses anteriores a la presentación de la oferta, como parte del cumplimiento de los requisitos habilitantes, sumado a que el Invias, verificaría este pago “sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes”10. 4.2.1.- No obstante, el Consejo de Estado entendió que la norma exigía que el proponente allegara certificado del revisor fiscal manifestando estar al día con los aportes en seguridad social, es decir, sin existencia de mora alguna, interpretación contra legem, toda vez que, a su juicio, ni la Ley 789 de 2002 ni el pliego de condiciones, mencionan nada sobre la exigibilidad del pago de los intereses, multas o sanciones relacionadas con la seguridad social, sino que solamente se limitan a exigir el pago del valor correspondiente a la seguridad social de los últimos 6 meses antes de la presentación de la oferta, razón por la cual, aseveró que “no le es dable a esta corporación darle una interpretación diferente a lo establecido por el legislador, que traiga como consecuencia una aplicación restrictiva en desmedro de los derechos de los particulares”11. 4.2.2.- En consecuencia, afirmó que, entendiendo debidamente la norma, estaba probado que el Consorcio Teris estaba habilitado para ser adjudicatario de la licitación pública previamente referida, pues había allegado con la propuesta los certificados de los revisores fiscales de las entidades que lo conformaban donde se acreditaba el pago de parafiscales y seguridad social, dentro de los 6 meses

señalados en la ley. 4.2.3.- Sobre el concepto del ISS con respecto a la destinación hecha a los pagos efectuados de forma extemporánea por Excarvar S.A., primero a intereses y luego a cotizaciones, reiteró que, teniendo en cuenta el verdadero sentido del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en armonía con lo señalado en el pliego de condiciones, lo 10 Expediente digital, Folio 9 del escrito de demanda. 11 Ídem. exigido fue la acreditación del pago a parafiscales y seguridad social en los 6 meses anteriores a la presentación de la oferta, requisito cumplido, “tema diferente es que por un error involuntario de liquidación en los pagos de la seguridad social, hayan existido saldos pendientes por concepto de meses anteriores… reiteramos, que la norma al no exigir que se esté al día en el pago de los aportes de la seguridad social, sino que se haya realizado los pagos correspondientes a los últimos 6 meses, sumado a que no contempla ningún supuesto respecto de los intereses y multas, implica lo anterior que EXCARVAR cumplió con dicho requisito”. 4.2.4.- Finalmente, indicó que el inciso primero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, exige para la fecha de suscripción del contrato que la entidad beneficiada del proceso licitatorio debe haber cumplido a cabalidad sus obligaciones parafiscales, pero en la etapa de presentación de ofertas, lo aplicable es el inciso tercero del mencionado artículo 50, que solo habla de acreditar el pago de los 6 meses anteriores a la presentación de la propuesta.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda 5.- Esta Sala, por obra de auto del 10º de junio del año en curso, dispuso admitir la acción de tutela y notificar de su presentación a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al tiempo que vincular a las sociedades Ramírez y CIA S.A., Sumar S.A. y Excarvar S.A, al Instituto Nacional de Vías y al Consorcio San José 2500, como terceros interesados en el proceso12.

(i) Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B13 6.- El Magistrado Ponente del fallo cuestionado afirmó que considera que dicha providencia y el expediente de la respectiva acción de controversias contractuales, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. Por ende, adujo estar “presto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción de tutela”. (ii) Remisión del expediente digital del proceso contencioso administrativo de controversias contractuales. 12 Expediente digital, Folio 1 del mencionado proveído. 13 Expediente digital, intervención contenida en 1 folio. 7.- Mediante correo electrónico del 22 de junio de 2021, dando cumplimiento al requerimiento hecho en el auto admisorio de la demanda, el Tribunal Administrativo de Antioquia allegó copia escaneada del proceso de controversias contractuales del derecho con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00593-0114, sin emitir pronunciamiento de fondo con respecto a la acción de tutela que se analiza. (iii) Las sociedades Ramírez y CIA S.A., Sumar S.A. y Excarvar S.A, el

Instituto Nacional de Vías y el Consorcio San José 2500 8.- Los demás vinculados al proceso guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente notificados.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

C. Acción de tutela contra providencias judiciales 9.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15. 9.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior16. 9.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son, los siguientes17: - Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional. - Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. - Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.

14 Disponible en el aplicativo SAMAI. 15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). - Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales. - Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible; y, - Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. 9.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho de esta naturaleza18. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada

providencia judicial infringe derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados. 9.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional19 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad20; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales21; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales22. 18 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional. 19 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la

vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 20 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 21 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas

del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 22 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 9.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales23: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y, (viii) violación directa de la Constitución. 9.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el

mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”24. 9.7.- De lo que hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales también deben ser adecuadamente formulados por el interesado25.

D. Análisis del caso concreto 10.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor y si se justifica la adopción de medidas de protección frente

a los mismos.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 23 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. 24 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional. 25 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016. 11.- En relación con el presupuesto de la inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que, para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció

oportunamente, se debe verificar que se haya presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según el caso26. 11.1.- Ab initio, la Sala advierte que, en este caso no se cumple el requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial referente a la inmediatez, tal y como pasa a explicarse: 11.2.- Con el fin de verificar si en el asunto de referencia se acredita el requisito de la inmediatez, se tendrá en cuenta la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, dentro del medio de control de con