CE-11001-03-15-000-2021-03412-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Petición negada / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO El Ministerio de Educación Nacional en su intervención solicitó la desvinculación del asunto de la referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que los reparos están dirigidos contra las providencias proferidas por las autoridades que negaron librar mandamiento de pago. Al respecto, la Sala manifiesta que negará la referida petición, habida cuenta que la entidad territorial fue vinculada a esta acción constitucional como tercero con interés en las resultas del proceso, y no en calidad de demandada. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – La providencia indicada difiere del objeto de estudio del caso bajo examen / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL - Independiente del proceso principal / AUTO QUE NIEGA MANDAMIENTO EJECUTIVO - Por no acreditar la exigibilidad de la obligación / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO / COMPETENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO – El juez del medio de control ordinario / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES De conformidad con lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia censurada de 22 de abril de 2021, esta Colegiatura manifiesta que

negará la solicitud de amparo al considerar que la referida judicatura no incurrió en el defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente por indebida interpretación de la norma aplicable al asunto objeto de debate. Lo anterior, habida cuenta que el ordenamiento jurídico establecido para efectos de regular el procedimiento del proceso ejecutivo, si bien establece dos supuestos fácticos a partir de los cuales el interesado puede solicitar al juez que se libre mandamiento de pago, lo cierto es que, en cada situación, existen pautas concretas que deben ser observadas por el demandante por cuanto la norma es de naturaleza imperativa. En el sub lite, la norma invocada por la autoridad cuestionada es el referido artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. (…) En ese orden, teniendo en consideración que la sentencia que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue expedida con fecha de 24 de abril de 2017, y que el señor [O.R.M] presentó la demanda solo hasta el 10 de septiembre de 2020, es decir, fuera del plazo de los 10 meses de que trata el inciso segundo de la norma ibídem, de plano deja en evidencia que este primer supuesto normativo no le era aplicable al accionante para que se librara orden de pago. Es por ello que la solicitud radicada ante el juzgado se encuadraba en el segundo supuesto, esto es, al de una demanda ejecutiva independiente del proceso principal, caso en el cual, lo que procedía se circunscribía a verificar si se cumplían los requisitos formales y sustanciales de una demanda ejecutiva con la cual se debe aportar el título base de ejecución complejo, ya que al estar contenida en una sentencia

judicial la obligación, debe acompañarse por las constancias de ejecutoria de las providencias sobre las que se pretende su cumplimiento. Así, el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué determinó que de los documentos allegados con la demanda ejecutiva no se aportó el título judicial complejo, en atención a que el señor [O.R.M.] únicamente anexó la copia de la sentencia de primer grado de la causa contenciosa, por lo que al faltar la decisión que zanjó la segunda instancia y las constancias de ejecutoria de cada una como lo manda el numeral 2º del artículo 114 del CGP, lo que correspondía resolver no era algo distinto a denegar el mandamiento de pago por no acreditar la exigibilidad de la obligación. Ahora, la interpretación normativa realizada por la Colegiatura censurada no contraviene lo precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia de 25 de julio de 2017 dictada dentro del expediente No. 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14), habida cuenta que en ella se diferenciaron los dos eventos fácticos en los que el interesado puede solicitar el inicio del proceso ejecutivo. (…) En consonancia con lo expuesto, esta Sala de Decisión no advierte que el ejercicio hermenéutico con fundamento en el cual el Tribunal Administrativo del Tolima avaló la decisión adoptada por el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, correspondiente a confirmar la negativa de librar la orden de ejecución contra la entidad condenada, desconociera el sentido y finalidad con la cual fue expedida la norma aplicable al

caso concreto, sino que, se advirtió un incumplimiento de los requisitos con los cuales debe presentarse una demanda ejecutiva para que se adelante un trámite independiente al que dio origen a la obligación. (…) Así las cosas, esta Sección no advierte omitido el análisis de los artículos señalados, habida cuenta que la providencia que citó como presuntamente desconocida, precisó que en el supuesto del artículo 298 del CPACA, la solicitud de pago inmediato luego de transcurrido un año desde la ejecutoria de la sentencia ordinaria, no implica que se adelante un proceso ejecutivo, sino que se trata de un requerimiento de carácter judicial por parte de la judicatura respectiva con la indicación de las posibles consecuencias penales y disciplinarias a las cuales habría lugar por el incumplimiento de la orden. Es por ello que, esta situación fáctica prevista en el artículo ibídem no establece que, a través del simple requerimiento para el pago, luego del transcurso de un año desde la fecha en que quedó en firme la decisión judicial, se libre mandamiento de pago, pues esta orden de ejecución solo puede ocurrir mediando una demanda ejecutiva, la cual debe ser interpuesta con el cumplimiento de los requisitos señalados en el marco jurídico ya analizado, con sujeción al análisis e interpretación realizados en el auto de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de julio de 2017, sea que se trate de un proceso seguido a continuación del medio de control ordinario, o de forma independiente. Por último, esta Colegiatura encuentra necesario precisar que, si bien existen al menos dos antecedentes fallados por esta Sala relacionados con

el tema sub lite, lo cierto es que el asunto objeto de estudio difiere de ellos. (…) Gracias a este análisis, puede la Sala puntualizar que, una vez esclarecido el asunto de la competencia para tramitar la causa ejecutiva en el sentido de determinar que está asignada al juez del medio de control ordinario, no habría lugar, a partir de allí, para insistir en que solo se entiende como un proceso de ejecución independiente del principal si es conocido por una judicatura distinta a la señalada, pues de conformidad con la norma especial y el pronunciamiento unificatorio, es claro que siempre lo debe asumir el funcionario que dictó la sentencia. En esa vía, es imperioso traer a colación que, teniendo como premisa que es un solo juez el que debe abordar el asunto de ejecución, aún subsisten las dos situaciones fácticas relacionadas con las formas de adelantar el referido proceso; ya sea, a continuación, o de manera autónoma, razón por la cual, se itera, en la primera modalidad no es necesario aportar el título, y la demanda debe presentarse dentro del término del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 tal como lo interpretó la Sección Segunda del Consejo de Estado al unificar la materia y, de otro lado, luego de dicho lapso, ante el mismo funcionario judicial, se debe presentar la demanda con todas las exigencias formales y sustanciales. Por estos motivos, es que no es posible aplicar a la solicitud de amparo de la referencia el ejercicio hermenéutico usado en la anterior providencia.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 - ARTÍCULO 298 / LEY

1564 DE 2012 - ARTÍCULO 114

NOTA DE RELATORIA: Con salvamento de voto de la consejera Rocío Araújo Oñate sin medio magnético a la fecha 27 de agosto de 2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03412-00(AC)

Actor: OLIVERIO ROJAS MÉNDEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y desconocimiento del precedente – niega amparo SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Oliverio Rojas Méndez contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

1. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud Con escrito presentado a través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 3 de junio de 20211, el señor Oliverio Rojas Méndez, a través de apoderada, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, con el fin de obtener el amparo de sus derechos

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por dichas autoridades judiciales que, con autos de 11 de noviembre de 2020 y 22 de abril de 2021, negaron la solicitud de librar mandamiento de pago respecto de la sentencia condenatoria proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2 promovido por Oliverio Rojas Méndez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 1 La solicitud de amparo fue radicada el 3 de junio de 2021 a través del aplicativo apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; y fue remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado ese mismo día. 1.2. Hechos La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:  El señor Oliverio Rojas Méndez, por conducto de apoderada judicial, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se identificó con el radicado 73001-33-33-004-2014-00027-01.  Con sentencia de 7 de diciembre de 2015 dictada por el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante providencia de 24 de abril de 2017, se ordenó a la parte demandada indexar la primera mesada a partir del 6 de enero de 19973.

 El 20 de agosto de 2020, solicitó al Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué que se tramitara el proceso ejecutivo a continuación del proceso contencioso, con fundamento en que le correspondía a dicha autoridad actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 2984 de la 2 El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se identificó con el radicado 73001-33-33004-2014-00027-01. Por su parte, la demanda ejecutiva corresponde al No. 73001-33-33-0042020-00129-01. 3 Por los siguientes conceptos y valores: “La suma de $ 48.264.650 correspondientes a las diferencias en las mesadas causadas desde el 14 de junio de 2010 hasta el 29 de febrero de 20202. Por la suma de $ 4.818.127, correspondientes a la indexación sobre la diferencia en las mesadas, desde el 14 de junio de 2010 hasta el 2 de mayo de 2017, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia. Por la suma de $10.517.601, correspondientes a los intereses de mora causados sobre las diferencias de las mesadas acumuladas desde el 1º de septiembre de 2018 hasta el 29 de febrero de 2020. Por las diferencias en las mesadas causadas a partir del 1º de marzo de 2020 y hasta cuando se realice su pago. Por los intereses moratorios causados sobre las diferencias acumuladas de las mesadas desde el 1º de marzo de 2020 y hasta cuando se realice su pago. Por la suma de $777.317, correspondiente a las costas y agencias en derecho en el proceso

contencioso.” 4 Legislación antigua: “ARTÍCULO 298. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato. En los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este Código.” Legislación actual: ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. <Artículo modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por Ley 1437 de 2011, por cuanto establece que “En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señala esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.”  El Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué negó librar el mandamiento de pago a través de auto de 11 de noviembre de 2020 al considerar que la demanda no cumplió con los requisitos previstos en la

norma aplicable. Para tal efecto citó el auto de unificación de 25 de julio de 20175 de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del magistrado William Hernández Gómez, en el cual se señaló: “(…) para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:

1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe: Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutiva de aquella y en la cual se incluyen los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4. de esta providencia.

Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto. En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario. esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor. Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las

sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales. Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código. PARÁGRAFO. Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.” 5 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14) El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 1926 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 3067 y 3078 del Código General del Proceso.

2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.” En ese orden, adujo que en atención a los artículos señalados, para que se inicie el proceso de ejecución a continuación del ordinario, el interesado cuenta con 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia; pero, en el evento en que se formule fuera de dicho plazo, debe presentar demanda ejecutiva que reúna todas las formalidades consagradas en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, con la

inclusión del respectivo título base de recaudo, con los requisitos de forma y fondo exigidos por el ordenamiento jurídico. Señaló que, en el sub examine la providencia judicial es de 24 de abril de 2017 y que la demanda fue radicada el 10 de septiembre de 2020, es decir, pasados los 10 meses mencionados, por tanto, advirtió: “(…) la parte ejecutante debía formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, anexando a la misma el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que prestó 6“ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (Énfasis propio) 7 “ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá

solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior. Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente. Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán las reglas de los incisos anteriores. Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo. La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción.” 8 “ARTÍCULO 307. EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser

ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.” mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley. Una vez revisado el acervo probatorio allegado al plenario advierte el Despacho, que como título ejecutivo base de recaudo se allegó únicamente copia de la sentencia de primera instancia proferida por éste Despacho (sic) el día 07 de diciembre de 2015, sin constancia de ser copia auténtica y sin constancias de notificación y ejecutoria, echándose de menos a su vez la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el día 24 de abril de 2017”.  El recurso de apelación presentado por el tutelante fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante providencia de 22 de abril de 2021, en el sentido de confirmar lo dispuesto por el a quo. 1.3. Fundamentos de la solicitud Si bien la parte actora no los denominó, de los argumentos de la tutela la Sala infiere que, a su juicio, las autoridades judiciales censuradas incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, por indebida interpretación de las normas que regulan el trámite del proceso ejecutivo en el marco del cumplimiento de sentencias judiciales, por cuanto, en su criterio, el demandante tiene la posibilidad de escoger uno de los dos procedimientos; aquel relativo a solicitar el cumplimiento de la obligación a continuación del proceso ordinario, o presentar demanda de ejecución con el cumplimiento de todas las formalidades y requisitos legales.

Para sustentar su afirmación, citó la providencia de 25 de julio de 2017 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente No. 1100103-25-000-2014-01534-00 (4935-14), en la cual se realizaron las siguientes precisiones respecto del marco normativo: “En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente: a. Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307 del CPG, y se complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del mismo estatuto. b. Para ello y en caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga sentencia de condena a su favor puede optar por:

1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe: -Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutiva de aquella… En este caso no será necesario aportar el titulo (sic) ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario. El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del proceso.

2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la

sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley”. Finalmente, en relación con la anterior sentencia, agregó que en ella se expuso que: (i) el artículo 298 establece que si luego de transcurrido 1 año desde la ejecutoria de la providencia, la obligación no se ha pagado, el juez ordenará su cumplimiento inmediato sin excepción alguna; y (ii) el artículo 299 de la Ley 1437 de 2011 dispone que las condenas impuestas a las entidades del orden público serán ejecutadas ante la misma jurisdicción, según las reglas de competencia, si dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que quede en firme la providencia, no se ha satisfecho la orden judicial. 1.4. Trámite de la acción Con auto de 8 de Junio de 2021, el despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Tribunal Administrativo del Tolima, así como del Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué; vinculó en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; reconoció personería jurídica a la abogada Dora Nidia Cabezas Cruz para actuar en representación del accionante; y finalmente requirió a la oficina de sistemas de la Corporación, para que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo de Estado. 1.5. Intervenciones Efectuadas las notificaciones correspondientes, fueron allegadas las siguientes intervenciones:

1.5.1. El Ministerio de Educación, con memorial radicado el 17 de junio de 2021, indicó que la acción de tutela no es procedente por cuanto no existe una vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la decisión censurada y, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable. Advirtió que la cartera carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no es responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada; en consecuencia, no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo, habida cuenta que el reparo alegado se circunscribe a las actuaciones desplegadas por las judicaturas cuestionadas. 1.5.2. El Tribunal Administrativo del Tolima, en respuesta recibida el 22 de junio de 2021, solicitó que se declare la improcedencia de la acción, con fundamento en que los argumentos expuestos por el tutelante no tienen la virtualidad de controvertir el auto de 22 de abril de 2021. Adicionalmente, precisó: “(…) contrario a lo indicado por el A Quo, conforme al numeral 2º del artículo 114 del CGP, no se requiere exigir a la parte ejecutante que aporte copia auténtica de los documentos que integran el título ejecutivo, derivado de una sentencia judicial. (…) Al respecto, resulta necesario precisar que, la ejecución de sentencias que condenan a entidades públicas tiene un procedimiento especial, a saber: En primer lugar, cuando la ejecución se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título base de recaudo, el ejecutante debe formular la respectiva demanda solicitando se libre el respectivo mandamiento de pago,

incluyendo los requerimientos previstos en el artículo 192 del CPACA, es decir, haber efectuado la solicitud de pago ante la entidad obligada, dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia e igualmente, señalar si se han realizado pagos parciales. En este caso, no es necesario aportar el título que se pretende ejecutar, dado que este ya reposa en el proceso ordinario; no obstante, la demanda ejecutiva debe presentarse dentro del término de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, como lo establece el inciso 2º del artículo 192 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del CGP. En segundo lugar, cuando la ejecución se hace independiente al proceso ordinario, se debe presentar la demanda ejecutiva, con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, y debe adjuntar las copias de las sentencias junto con las constancias de ejecutoria y demás requisitos de fondo y forma que acrediten la existencia de una obligación clara expresa y exigible, como se indicó en apartados anteriores. Atendiendo lo anterior, si bien la parte actora manifiesta que el proceso ejecutivo se adelanta a continuación del proceso contencioso, lo cierto es que, no se advierte que en efecto ello sea así, en razón a que la demanda ejecutiva fue presentada ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 10 de septiembre de 2020, es decir, por fuera del término de los 10 meses que establece el artículo 192 del CPACA; circunstancia que permite establecer que estamos en presencia de un

proceso autónomo y por tal razón, es necesario que la parte ejecutante cumpla con los requisitos propios de este trámite e integre el título ejecutivo con los documentos que acrediten la exigibilidad de la obligación que pretende ejecutar (…)” 1.6. Sorteo de conjueces Comoquiera que en la Sala de 8 de julio de 2021 no se logró la mayoría9 necesaria para que el proyecto de fallo fuera aprobado, en atención a que la composición actual de esta Colegiatura es de 3 magistrados y, la magistrada Rocío Araújo Oñate no apoyó la postura del ponente, con auto de 12 de julio se ordenó el sorteo de un conjuez principal y uno suplente. 9 De conformidad con el artículo 110 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con el artículo 11 del Acuerdo No. 080 de 12 de marzo de 2019, la Sección Quinta se encuentra conformada por 4 magistrados, así: “La Sala de lo C Contencioso Administrativo se dividirá en cinco (5) secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera: (…) La Sección Quinta, por cuatro (4) Magistrados.” Adicionalmente, el artículo 128 de la referida Ley 1437 de 2011, dispone que las decisiones al interior de las Salas que componen el Consejo de Estado exige “…el voto favorable de la mayoría de sus miembros”. Una vez registrado el proyecto de la referencia para la Sala de 29 de julio, el

conjuez principal (Álvaro Andrés Motta Navas) manifestó estar impedido para conocer del asunto, lo cual le fue aceptado al encontrarse acreditada l