CE-11001-03-15-000-2021-03449-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL - Sanción / PAGO DE SUBSIDIOS QUE LLEVARON AL DETRIMENTO PATRIMONIAL La responsabilidad fiscal endilgada al aquí accionante fue a título de culpa grave, por no haber ejercido un control riguroso sobre los soportes que respaldaban las órdenes emitidas por el señor [AQO], en representación del FOREC, lo que conllevó a que se ordenara el desembolso en las tres modalidades. Especialmente, se destaca que la accionada tuvo en cuenta que el actor ordenó el pago de subsidios a apoderados y no a los beneficiarios de los subsidios, situación que no estaba prevista en el contrato, pues este no lo facultaba para ordenar el pago a terceros, de ahí que las partes tenían que atenerse a lo dispuesto en el contrato de fiducia, como bien lo concluyó la Sección Primera.(…) Por consiguiente, si bien en el proceso penal que se adelantó contra del señor [AQO]] no fueron relevantes los funcionarios de la fiduciaria, entre ellos el actor, lo cierto es que ello no obsta para que se investigara su responsabilidad fiscal por no ejercer el control necesario sobre los actos de aquel, pues la responsabilidad penal y disciplinaria persiguen fines distintos. (…) La Sala considera que las pruebas que sí fueron valoradas en el proceso resultaban suficientes para declarar la responsabilidad fiscal del actor. (…) Las omisiones del actor derivadas en el desarrollo de un contrato estatal dieron como consecuencia la afectación al

patrimonio público. (…) De conformidad con lo expuesto, los defectos sustantivo y fáctico no tiene vocación de prosperidad en la presente acción.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS (E)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03449-00(AC)

Actor: JOHN CARLOS PINO FRANCO Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor John Carlos

Pino Franco contra el Consejo de Estado, Sección Primera. SÍNTESIS DEL CASO La accionante consideró que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, buena fe, honra, así como los principios a la prevalencia del derecho sustancial, trabajo en condiciones dignas y justas, tutela judicial efectiva y prohibición de trato discriminatorio. Ello, en consideración a que confirmó la negativa de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en contra de la Contraloría General de la Nación encaminadas a obtener la nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal que lo declararon fiscalmente responsable y, en consecuencia, lo inhabilitaron por 10 años.

ANTECEDENTES

a. La solicitud de amparo

1. Mediante escrito del 4 de junio de 2021, el accionante presentó acción de tutela en contra de las autoridad accionada por la presunta vulneración de sus derechos

fundamentales antes referidos. Al respecto, solicitó: Solicito al honorable CONSEJO DE ESTADO, se sirva conceder la tutela al accionante JOHN CARLOS PINO FRANCO, a fin de garantizarle sus derechos fundamentales violados, disponiendo la descalificación judicial de la sentencia proferida por la SECCIÓN PRIMERA DEL H. CONSEJO DE ESTADO, notificada por edicto el 16 de diciembre de 2020, en el proceso con la Radicación No.: 250002324-000-2012-00778-02, que con ponencia del señor magistrado OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , el veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), de forma grosera, injusta, ilegal e inconstitucional, contraria a derecho, violatoria de los principios protectores, y con total desprecio por el derecho, la justicia y el papel del juez en un Estado social de derecho, confirmó la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, negando las pretensiones de la demanda promovida contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, fallo constitutivo de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela indicadas por cuanto se negó a concluir que la expedición de los actos demandados quedaron viciados de nulidad. b. Los hechos y fundamentos de la vulneración

2. Los hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo se pueden sintetizar

así:

3. Con ocasión del terremoto del eje cafetero ocurrido el 25 de enero de 1999, a través del Decreto Legislativo 197 del 30 de enero de 1999, el Gobierno Nacional

creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del EJE cafetero

(FOREC).

4. El 23 de junio de 1999, el FOREC y la fiduciaria La Previsora SA1 celebraron el contrato de fiducia mercantil n.º 1426, cuyo objeto era la constitución de un patrimonio autónomo con los recursos que el FOREC le transfiriera a la fiduciaria, con la finalidad de que esta los administrara2.

5. El actor se desempeñó como director de la Oficina de Armenia de la fiduciaria La Fiduprevisora desde el 2 de agosto de 2004 hasta el 7 de junio de 2006 y el señor Armando Escobar Sánchez se desempeñó como subdirector general administrativo y financiero del FOREC.

6. Este último le delegó al señor Álvaro Andrés Quintero Orrego3, quien era contratista del extinto FOREC y posteriormente de Acción Social, la firma de las solicitudes de desembolso de los subsidios. Situación de la que se derivaron irregularidades en el pago de los subsidios que llevaron al detrimento patrimonial4.

7. La Contraloría General de la Nación inició labores de investigación y mediante el fallo con responsabilidad fiscal n.º 000001 de 2011, dentro del proceso n.º 3201-526, declaró la responsabilidad fiscal del accionante.

8. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad parcial del fallo de responsabilidad n.º 00001 del 7 de septiembre de 2011.

9. Asimismo, solicitó la nulidad parcial del Auto n.º 001893 del 18 de noviembre de

2011, proferido por la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, que resolvió los recursos de apelación interpuestos contra el fallo antes referido.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por medio de sentencia del 18 de septiembre de 2014, negó las pretensiones. El actor apeló y el Consejo de Estado, Sección Primera, con sentencia del 29 de octubre de 2020, confirmó la decisión de primera instancia.

11. El actor tituló de injusta, ilegal e inconstitucional la sentencia del 29 de octubre de 2020. Expuso que se configuró un defecto sustantivo porque la decisión no se adecuó a la situación fáctica de la demanda, lo que a su juicio contrarió los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

12. Señaló que la decisión se fundamentó en un fallo de la misma Corporación5, en el cual se analizó un caso de responsabilidad fiscal por efectuarse el pago 1 Esta contrató con una cooperativa, la que, a su vez, vinculó al señor Álvaro Andrés Quintero Orrego. 2 Dicho contrato fue adicionado en cinco oportunidades contractuales. 3 Quien se desempeñó como coordinador de la Unidad Técnica de Subsidios e Informática. 4 Como consta según el fallo de primera instancia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, quien mediante sentencia de 11 de abril de 2008, condenó al señor Álvaro Andrés Quintero Orrego a la pena principal de cuarenta (40) meses de prisión y multa de

20.890940,00. Asimismo, fue declarado responsable fiscalmente, por medio de los actos demandados. irregular de los predios que se requerían para la construcción de la II etapa de la avenida Belalcázar de la ciudad de Pereira. Asimismo, expuso otros aspectos del fallo citado a efectos de desvirtuar la semejanza con la sentencia reprochada.

13. De igual manera, alegó un defecto fáctico, dado que la accionada no valoró la totalidad de las pruebas practicadas tanto en el proceso administrativo de responsabilidad fiscal como en el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Argumentó que solo se le dio valor a la declaración del contratista de Acción Social que hurtó los subsidios y de manera parcial el testimonio del otro contratista. c. Trámite procesal

14. Mediante auto del 10 de junio de 2021, se admitió la acción de tutela y ordenó la notificación, en calidad de demandado, al Consejo de Estado, Sección Primera y se vinculó como tercero con interés a la Contraloría General de la Nación.

d. Intervenciones

15. La Contraloría General de la República manifestó que si bien el accionante relacionó la vulneración de sus derechos fundamentales, lo cierto es que no hizo un mayor análisis argumentativo, tan solo expuso situaciones relativas a su desempeño laboral, de ahí que no se configuró un perjuicio irremediable.

16. Adicionalmente, señaló que le tutela no cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto se presentó la tutela por fuera del plazo razonable, esto es, cuatro meses para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

17. Frente al defecto sustantivo puso de presente que no es cierto que la decisión se haya basado en un caso análogo de la misma Corporación. Lo que se evidencia es que se efectuó un análisis sustentado a fin de confirmar o revocar lo determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo de primera instancia.

18. En relación con el defecto fáctico esbozó que el fallo de responsabilidad fiscal estuvo soportado en las pruebas demostrativas del daño y los demás elementos de la responsabilidad fiscal. En cuanto al testimonio que no se surtió en sede administrativa, manifestó que no se practicó porque el investigado no aportó la dirección correcta para la citación, sin que eso anulara lo actuado.

19. En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción por carecer de los requisitos de tutela contra providencia judicial.

20. El Consejo de Estado, Sección Primera puso de presente que, por el hecho de haber citado algunas consideraciones de la providencia del 15 de abril de 2010 en el fallo recurrido, no es posible argumentar un defecto sustantivo. Agregó que 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, rad. 66001-23-31-003-2006-00102-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. dicha providencia se utilizó para exponer de forma general el concepto de la misma Sección sobre la culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal6.

21. Agregó que tampoco es posible hablar de defecto sustantivo cuando se presenten criterios interpretativos distintos sobre un punto de derecho entre una

sentencia judicial y un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Por un lado, porque esa situación no encuadra en la comentada causal específica de procedibilidad de la acción de tutela. Y por otro, porque los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no resultan vinculantes y mucho menos constituyen precedente judicial que deban acatarse de forma obligatoria, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, sus miembros no cumplen funciones jurisdiccionales.

22. Igualmente, manifestó que los alegatos del defecto fáctico carecen de fundamento, pues se limitan a la mera enunciación. Adujo que las pruebas del acápite 6.2, denominado hechos probados7, fueron valoradas en su conjunto con la totalidad del acervo probatorio, de ahí que se pudo descartar la falsa motivación y desviación de poder.

23. Anotó que las pruebas a las cuales se refiere el actor en la tutela no formaron parte esencial del problema jurídico propuesto en el recurso de apelación presentado a consideración de la Sección Primera del Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES

a. La competencia

24. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como lo previsto en el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta

Corporación. b. El problema jurídico

25. De conformidad con los argumentos del escrito de tutela, la Sala deberá

determinar si la acción cumple con los requisitos de procedibilidad. Únicamente si se supera dicho estudio habrá lugar a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico invocados por el actor, con la decisión de no declara los fallos con responsabilidad fiscal en su contra. c. La procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales 6 Según dijo, esta situación se puede corroborar en las páginas 30 y 31 del fallo de 29 de octubre de 2020. 7 páginas 17, 18 y 19 del fallo acusado.

26. A partir del año 20128, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, se dispuso que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado.

27. Para ello, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, valga decir: la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se cuestione una sentencia de tutela. Además, debe examinar si la parte actora identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

28. En consecuencia, no resultan suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe

demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales. Tanto es así que en la sentencia T-398-17 , la Corte Constitucional no solo reiteró la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que fijó dos requisitos adicionales que deben acreditarse en aquellos eventos en los que se ataca una providencia de un órgano de cierre, así: i) que sea evidente el desconocimiento de la Constitución y ii) que sea definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, respecto del alcance de los derechos fundamentales y al ejercer el control abstracto de constitucionalidad.

29. Siempre que se advierta que la acción de amparo superó el estudio de las causales de procedibilidad, el juez puede conceder la protección, una vez advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución

30. En esos términos, la acción de la referencia en tanto mecanismo excepcional debe sujetarse al cumplimiento de tales requisitos cuando se propone contra una providencia judicial.

31. Precisado lo anterior, se tiene que el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por cuanto: (i) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si la autoridad judicial

accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora con ocasión de una presunta valoración irracional de las pruebas, discusión que va más allá del debate legal surtido ante el juez de la especialidad; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada, sin que 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01, CP María Elizabeth García González. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. sea procedente algún otro; (iii) se cumplió con el requisito de la inmediatez10; (iv) no se atacó una sentencia de tutela y (v) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos. d. El defecto sustantivo y el caso concreto

32. La Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos, ha denominado el defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las siguientes razones: 33. (i) Cuando: la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada

inconstitucional (ii) la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance, (iii) se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

34. Adicionalmente, cuando: (iv) la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada, (v) se aplica una norma que a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador, (vi) evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, e (viii) insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos fundamentales.

35. La Sala procederá a analizar, en primera medida, si la Sección Primera de esta Corporación incurrió en defecto sustantivo. Por un lado, porque presuntamente fundamentó su decisión en otra providencia11 del Consejo de Estado que no se adecuaba a la situación fáctica de la demanda.

36. Sobre el particular, el actor en la tutela expuso las particularidades de la providencia referida y lo confrontó con la sentencia reprochada, así: En esta providencia se analiza un caso de responsabilidad fiscal por efectuarse el pago irregular de los predios que se requerían para la construcción de la II Etapa de la Avenida Belalcázar de la ciudad de

Pereira. En dicho asunto litigioso, a la actora, quien en ese entonces desempeñaba el cargo de Tesorera de esa entidad (Área Metropolitana

10 La providencia atacada se notificó el por edicto desfijado el 16 de diciembre de 2021 y la acción de tutela se promovió el 4 de junio de 2021, esto es, el amparo se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia cuestionada. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, rad. 66001-23-31-003-2006-00102-01, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Centro Occidente), se le endilgó haber obrado con negligencia y descuido al girar los cheques respectivos sin hacer la verificación de que sus beneficiarios fuesen las mismas personas que tenían derecho al pago. El manual de funciones y requisitos del Área Metropolitana Centro Occidente que aplicaba a dicha funcionaria contemplaba: “...efectuar los pagos de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, incluyendo la revisión y verificación de los documentos que se acompañan para determinar la persona a quien debía girarse el cheque.” 1 De igual forma, aclaró el fallo que en el proceso penal que se llevó por dicho pago, se evidenció que para perpetrarse el ilícito dicha tesorera pagó sin firma de la Subdirectora y “...sin soportes necesarios ... específicamente los poderes...” Revisado el precedente judicial citado comparado con la providencia objeto de la presente acción, se observa que NO comporta semejanza con la sentencia objeto de la presente tutela por cuanto en el proceso fiscal adelantado por la contraloría quedó evidenciado: (i) que los pagos se hicieron siempre siguiendo el MANUAL

OPERATIVO y el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, así lo indicaron los testimonios recepcionados y la certificación aportada por la fiduciaria, y no resultó probado que un solo pago que se hubiera hecho sin haber recibido la respectiva orden de pago con la base de datos y el correspondiente archivo de control; y (ii) que la revisión y custodia de los poderes siempre estuvo en cabeza del Fideicomitente y nunca fueron objeto de revisión por la Fiduciaria, igual que en precedencia, así lo indicaron los testimonios recepcionados y la certificación aportada por la fiduciaria.

37. Por otro lado, porque se alegó que la decisión cuestionada contraría lo dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto 2634 de 201512. A su juicio, resultó suficientemente probado que el actor, cuando fungió como director de la Oficina de Armenia de la Fiduciaria la Previsora S.A., actuó en las mismas condiciones que lo hubiera hecho cualquier otra persona que cumpliera sus funciones. Agregó que así se hacían los pagos de los subsidios antes de su designación como director y así los hizo al asumir dicha función. 12 Al respecto, citó el siguiente aparte: “... el agente estatal tendrá que responder, entre otros casos, cuando (...) por su propia decisión ¿ opta por actuar en forma abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, con la intención positiva de inferir daño a la persona o a la propiedad de alguien, o en atropello y desconocimiento deliberado de sus derechos fundamentales, o incurre en un error de conducta en que no habría incurrido otra persona en el ejercicio de ese cargo, resulta evidente que no desempeña sus funciones de conformidad con la Carta, y en cambio, sí lo hace

contrariándola, o quebrantando la ley o el reglamento y en todo caso en perjuicio de los intereses de la comunidad o de sus asociados, y no al servicio sino en perjuicio del Estado"; en tal evento, surge para el Estado el derecho-deber de ejercitar la acción de repetición o hacer el llamamiento en garantía (...)”.

38. Por último, en lo relativo al defecto sustantivo, refirió una providencia de esta Corporación13, en la que se dijo que no cualquier equivocación ni cualquier error de juicio determina la responsabilidad del agente, pues resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta, dado que se deben ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos. De lo contrario el ejercicio se volvería temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

39. Pues bien, del argumento relacionado con la sentencia que no guarda relación fáctica se tiene que dicha providencia se utilizó como referente para reiterar el criterio expuesto por la Sección Primera de esta Corporación sobre la culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal.

40. De ello no se desprende un defecto sustantivo, en tanto la autoridad accionada solo empleó dicha decisión como criterio para exponer la posición vigente sobre culpa grave en casos como el presente y caracterizar la noción y alcance de la culpa grave en los términos del artículo 63 del Código Civil14, sin que se observe que en ningún momento dicha decisión haya sido el único sustento o al menos el principal para negar las pretensiones de su demanda, así: En cuarto lugar, la Sala reiterará el criterio expuesto por la Sección sobre la culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal: […] El concepto de gestión fiscal, cuyo contenido va más allá del simple

comportamiento fiscal apegado al principio de legalidad, comprende igualmente la verificación de los resultados que se quieren alcanzar con ella. En ese sentido, quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo de los recursos presupuestales, están llamados a orientar dicha actividad hacia la consecución efectiva de los fines del Estado, con un apego estricto e incondicional a las normas vigentes, buscando 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 26 de febrero de 2014, rad. 25000-23-26-0002011-00478-01(48384), MP Jaime Orlando Santofimio Gambo. Frente a ello, afirmó que en la referida providencia “…se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública”. 14 “ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,

significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. alcanzar de manera exacta y puntual los objetivos a los cuales apunta el manejo de tales recursos. En razón de lo anterior, quien desempeñe un empleo público como el que ostentaba la demandante, no debe limitarse simplemente a verificar si los pagos efectuados para cumplir los compromisos asumidos por la administración cuentan con un respaldo en el presupuesto de la entidad y con una justificación de naturaleza legal o contractual, sino que es preciso entrar a constatar si las personas a las cuales se gira un cheque, son realmente las mismas que tienen el derecho o al menos la autorización para recibirlo. […] quien tiene bajo su responsabilidad el giro de un título valor contra una cuenta bancaria de carácter oficial, está obligado a verificar y constatar previamente la identidad del beneficiario del pago, a efectos de corroborar si se trata de la misma persona que tiene derecho a percibirlo. Ahora bien. Si nos atenemos a la definición de culpa grave o lata que trae el Código Civil en su artículo 63, en donde se define como la negligencia consistente en no manejar los negocios ajenos (en este caso los públicos), con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, ha de

concluirse que las omisiones endilgadas en este caso a la Tesorera, encajan perfectamente en dicha definición, pues es claro que al efectuar el pago de una obligación, una persona poco prudente o avisada, cuando menos se cerciora previamente si la persona que va a recibirlo es justamente la titular del respectivo crédito […]. (Negrilla del texto).

41. En consecuencia, para la Sala resulta claro que la sola invocación de una decisión no constituye un defecto sustantivo, pues se reitera, la alusión a esa decisión se hizo para explicar la figura de la culpa grave de conformidad con la jurisprudencia de esa Sección.

42. Por otro lado, en lo relacionado al desconocimiento del concepto de la Sala de Consulta y servicio Civil15, la Sala advierte que le asiste razón a lo manifestado por la Sección Primera en la contestación de la tutela, en cuanto a que dichos conceptos no son equivalentes a las sentencias judiciales y, por lo tanto, no resultan vinculantes, pues sus miembros no cumplen funciones jurisdiccionales, sino meramente consultivas o asesoras, tal y como lo establece el inciso 2º del artículo 112 del CPACA, de ahí que tampoco se predique la configuración de ningún defecto por esa sola circunstancia.

43. En lo relativo a la sentencia del 26 de febrero de 2014, MP Santofimio Gamboa, se advierte que la parte accionante solo citó los siguientes apartes:

15 Es clara entonces, la determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no

cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

44. No obstante lo anterior, la Sala verificó con la providencia que esas consideraciones se hicieron con ocasión del estudio que hizo esta Corporación de los conceptos de culpa y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición16, así: El Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 77 y 78 del C. C. A.. Así, dijo que, para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que

debe tener en cuenta las característi