CE-11001-03-15-000-2021-03538-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Operó / LESIONES DE SOLDADO CONSCRIPTO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Desde el conocimiento del daño / DAÑO ANTIJURÍDICO – Conocimiento se dio con el diagnóstico médico / ACTA DE LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZSe limitó a calificar una situación preexistente, por tanto, no podía ser tenida como criterio para determinar el conocimiento del daño / ACTA DE JUNTA MÉDICA LABORAL - Por regla general no tiene la virtualidad de demostrar la existencia del daño sino su magnitud / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala anticipa que negará el amparo deprecado toda vez que el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, en el caso concreto, fue acertado, razonable y garante de la normativa y jurisprudencia aplicable. A saber, para el accionante el conteo de la caducidad debió iniciar desde el acta de la Junta Médico Laboral, a saber 6 de diciembre de 2018, pues fue a partir de esta fecha que pudo tener certeza del daño y su existencia. Sin embargo, el tribunal accionado estimó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, los demandantes conocieron de la existencia del daño derivado de las lesiones auditivas del señor [F.A.G.C.] mediante el diagnóstico médico que se le realizó el 12 de enero de

2016, fecha para la cual ya portaba un audífono de conducción magnética en su oído derecho y tenía conocimiento del daño que le había causado estar expuesto a una explosión. Adicionalmente, indicó que a folio 177 del cuaderno de pruebas se encontraba historia clínica con fecha de registro del 14 de enero de 2014, en la que se determinó como diagnóstico hipoacusia conductiva. Por otro lado, citó la sentencia del 29 de noviembre de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado que estableció que la calificación sobre la pérdida de capacidad laboral realizada por las juntas de calificación de invalidez no constituye el punto de partida de la caducidad, toda vez que lo que allí se refleja es la magnitud de una lesión y no el daño mismo. Manifestó la parte actora que se incurrió en desconocimiento del precedente (…) No obstante, la Sala advierte que no abordará el análisis de los fallos invocados comoquiera que las decisiones proferidas en sede de tutela, incluso por el Consejo de Estado, no constituyen precedente, en tanto no son dictadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, de manera que solo son criterios auxiliares, cuyos efectos son interpartes: El precedente se encuentra, por tanto, en sentencias de unificación proferidas por las Altas Cortes, aquellas que aborden el estudio de constitucionalidad de una norma (C) o las que sean proferidas por el órgano de cierre en determinada materia. Corolario a lo expuesto se considera que el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación

directa, en el caso concreto, fue razonable comoquiera que este debía plantearse desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño cuya indemnización se pretende, de conformidad con el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir, a partir del diagnóstico médico del 12 de enero de 2016, fecha para la cual ya portaba un audífono de conducción magnética en su oído derecho y tenía conocimiento del daño que le había causado estar expuesto a una explosión y no desde el acta de la Junta Medica Laboral del 6 de diciembre de 2018. Lo anterior, se encuentra en consonancia con la jurisprudencia del órgano especializado del asunto FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 – NUMERAL 2 –

LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03538-00(AC)

Actor: FREDIN ALFONSO GAMBOA CASTILLO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Y OTRO Temas: Tutela contra providencia judicial - caducidad del medio de control de reparación directa – desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Fredin Alfonso Gamboa Castillo contra el auto del 11 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, que confirmó la decisión del 16 de octubre de 2019 del Juzgado Sesenta y Dos del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó la demanda por caducidad.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 10 de junio de 2021 en la Secretaría General de esta Corporación, el señor Fredin Alfonso Gambo Castillo, actuando a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B y el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y protección judicial.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión del auto de 11 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, mediante el cual confirmó la decisión de primera instancia que rechazó de la demanda por caducidad, proferida por el Juzgado 62 del Circuito Judicial de Bogotá el 16 de octubre de 2019, en el curso del medio de control de reparación directa, con radicado 11001-33-43-062-2019-00252-01, instaurado por el señor Fredin Alfonso Gamboa Castillo y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa –

Ejército Nacional.

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y como consecuencia de lo anterior, reclamó lo siguiente: “PRIMERA: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, se revoque el auto de rechazo proferido en primera instancia y en su lugar se admita la demanda dentro del proceso de reparación directa que por apelación fue puesto en su conocimiento y cuya radicación es 11001334306220190025201.- SEGUNDA: Se oficie al Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, para que se allegue el respectivo proceso con radicación No 11001334306220190025201.- TERCERA: La orden que eses Despacho disponga en garantía de los derechos fundamentales de los accionantes.”1 1.2. Hechos probados y/o admitidos La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 11 de septiembre de 2019 señor Fredin Alfonso Gamboa Castillo, en compañía de su grupo familiar2 instauró demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las lesiones padecidas en su oído derecho en razón a la onda explosiva sufrida mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

5. El proceso de reparación directa fue conocido en primera instancia por el

Juzgado Sesenta y Dos del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que mediante auto del 16 de octubre de 2019 rechazó la demanda al considerar que operó el fenómeno de la caducidad con base en el numeral 2 del literal i) del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Adujo que dentro de las pruebas aportadas obra historia clínica del 14 de enero de 2014 donde se le diagnóstico una hipoacusia conductiva, y en ese orden de ideas, para la fecha de la realización de la junta médico laboral ya tenía conocimiento de su diagnóstico y por ende conocimiento del daño. Concluyó que el término vencía el 15 de enero de 2016 y la solicitud de conciliación fue presentada el 27 de mayo de 2019.

6. En contra de la anterior providencia la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – 1 Folio 4 y 5 del escrito de tutela. 2 José Vicente Gamboa Durán, Martha Castillo Prieto, José Yurledison Gamboa Castillo y Leydi

Viviana Gamboa Castillo. Sección Tercera – Subsección B, que mediante proveído del 11 de diciembre de 2020 confirmó la decisión del a quo.

7. Como fundamento indicó que con la realización de la Junta Médico Laboral el señor Gamboa Castillo conoció las secuelas y magnitud que dejó en su cuerpo el incidente, más no el daño, del cual tuvo certeza con anterioridad, esto es, el 12 de enero de 2016, fecha en la que le realizaron el último examen médico, o incluso antes, cuando luego de diversos exámenes practicados, ya usaba un audífono de

conducción magnética en su oído derecho y conocía la imposibilidad de colocación de prótesis.

8. Concluyó que, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez, tal y como lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado, no puede constituirse, en ningún caso como parámetro para contabilizar el término de caducidad. 1.3. Fundamentos de la vulneración

9. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo, que rechazó la demanda de reparación directa al considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Lo anterior, porque a su juicio, se

configuraron siguientes yerros:

10. Desconocimiento del precedente: Indicó que se omitió la aplicación de los siguientes fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado en los cuales, a su juicio, se estableció que era la firmeza de acta de la Junta Médico Laboral la que determinaba el punto de partida para el cómputo del término de caducidad y que se debe privilegiar el derecho sustancial sobre el formal, “no como regla absoluta sino ante la complejidad de los hechos llevados ante el juez”.

- “CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA SENTENCIA DE 14 DE

AGOSTO DE 2014 CP MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ RAD

110010311500020140160400.

- CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA SUBSECCION B SENTENCIA DE 07 DE BARIL DE

2015 CP DR GERARDO ARENAS MONSALVE RAD No

11001031500020150053600.

- CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA PROVIDENCIA DEL 23 DE

JUNIO DE 2016 CP LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. RAD No

11001031500020160128200.

- CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA PROVIDENCIA DEL 20 DE

JUNIO DE 2016 CP CARMELO PERDOMO CUETER RAD No

11001031500020160120300.

• CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA PROVIDENCIA DE 11 DE FEBRERO DE 2016 CP MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO RAD 11001031500020150266600. (sic para toda la cita”)

11. Agregó que, en dichas sentencias de tutela el Consejo de Estado consideró que no resultaba ajustado a la lógica que una persona instaurara una acción de reparación directa contra la administración, cuando no conocía la gravedad ni los efectos del evento que causó el daño. En tal sentido, dicha posición era garantista de los derechos de las víctimas y comprensible “si se considera que muchas víctimas de lesiones en su integridad física deben pasar por largos periodos de recuperación, antes de poder conocer las secuelas que presentarán y la pérdida de capacidad laboral”.

12. Arguyó que la sentencia del 29 de noviembre de 2018 proferida por Consejo de Estado - Sala Plena de la Sección Tercera la cual fue el fundamento de la

decisión reprochada, va en contra de la Constitución pues esta “separa el conocimiento completo e informado del estado de salud, magnitud del daño y la irreversibilidad del mismo”, vulnerando los derechos fundamentales del paciente quien no está en capacidad de establecer por sí mismo sus enfermedades, “resultando una carga procesal alta a quien en cumplimiento de una carga pública le ocurrió un daño antijuridico, como lo dijera la sentencia T-334/18.”

13. Agregó que, en su caso para poder concretar el perjuicio demandado era necesario contar con el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez del 6 de diciembre de 2018, ya que fue a partir de dicha fecha que tuvo conocimiento “concreto del daño y de que su incapacidad era permanente parcial”, que de acuerdo con el artículo 28 del Decreto 1796 “es aquella que se presenta cuando la persona sufre una disminución parcial pero definitiva, de alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual.” 1.4. Trámite de la acción de tutela 1.4.1. Auto admisorio

14. Mediante auto del 22 de junio 2021, la magistrada ponente decidió, entre otras, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B y al Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, como autoridades judiciales accionadas.

15. Así mismo, vinculó como terceros con interés a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército, al Hospital Militar y a la Dirección de Sanidad del Ejército

Nacional, por integrar el extremo demandado y, a los demás sujetos procesales en el proceso ordinario que fungieron en calidad de demandantes. 1.5. Intervenciones Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones: 1.5.1. Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

16. Mediante escrito enviado el 28 de junio de 2021 solicitó negar las pretensiones de la demanda pues no se vulneró derecho fundamental alguno, como quiera que el sustento de las providencias reprochadas es lo dispuesto por el legislador en los artículos 164 y 169 de la Ley 1437 de 2011, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado, como máximo órgano de cierre, que ha decantado el criterio para realizar el cómputo de la caducidad de las acciones que se fundamentan en las lesiones adquiridas durante la prestación del servicio militar obligatorio.

17. Reiteró que, de conformidad con dicha jurisprudencia, el dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse como parámetro para contabilizar el término de caducidad. Así, al encontrar que el señor Gamboa Castillo conocía el diagnostico de su lesión, denominado “hipoacusia conductiva”, desde el 14 de enero de 2014, era más que evidente que para el 11 de septiembre de 2019, fecha en la que fue radicada la demanda, ya había operado el fenómeno de la caducidad.

18. Finalmente remitió el expediente ordinario en medio magnético.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –

Subsección B, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército, al Hospital Militar y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, así como los sujetos que conformaron el extremo activo en el proceso ordinario, pese a ser debidamente notificados, no rindieron informe alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada el señor Fredin Alfonso Gamboa Castillo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, artículos 32 y 373 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se 3 “ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.

4 “ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) “5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”. dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B y por tanto debe aplicarse el numeral 5° antes mencionado. 2.2. Cuestión previa

20. Con ocasión de la pandemia generada por el contagio a gran escala del Covid19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI5, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual. 2.3. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

22. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de “protección judicial” por presuntamente incurrir en el defecto por desconocimiento del precedente al proferir la providencia del 11 de diciembre de 2020, por medio de la cual se confirmó la decisión del a quo, que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa?

23. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados y; (iv) análisis del caso concreto. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 5 “SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y

brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”

24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su procedencia.8

25. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

26. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

27. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada

como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia. 2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva 2.5.1. Relevancia constitucional9

28. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 11 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, pues en su sentir, incurrió en un desconocimiento del precedente. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-0315-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-0002019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-0466400; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

29. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y “de protección judicial” por cuanto la autoridad judicial accionada, al confirmar la providencia de primera instancia que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad, incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente ya que inaplicó unas sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado, que a su juicio, permitían admitir la demanda, pues en su caso, el cómputo de la caducidad

debía efectuarse a partir de la firmeza del acta de la Junta Médico Laboral.

30. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.

31. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

32. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso y de acceso a la administración de justicia. 2.5.2. Tutela contra tutela10

33. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue proferida en el trámite del medio de control de reparación directa con radicado Nº 11001-33-43-062-2019-00252-01, instaurado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. 10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-0002020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-0002020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-0002020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-0002020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-0002020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-201904788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. 2.5.3. Inmediatez11

34. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún

reproche, en vista que la providencia acusada fue proferida el 11 de diciembre de 2020, sin que sea necesario establecer su fecha de ejecutoria, se advierte que la misma fue oportuna, pues se presentó el 10 de junio de 2021.

35. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

36. En consideración a dicho requisito14, por tratarse de una providencia que resolvió en segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

37. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011. 11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-0002020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-0002020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-0002020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-0002020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-0002020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-201904788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 13 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. 14 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-0315-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 1