CE-11001-03-15-000-2021-03630-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE PROVIDENCIA JUDICIAL / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se configura / SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR ORDEN JUDICIAL / DERECHO AL PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN – Que como consecuencia del levantamiento de la medida penal es reintegrado al cargo / TÉRMINO PARA RECLAMAR EL PAGO LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEJADOS DE PERCIBIR - Se contabiliza desde el reintegro al cargo / PRESCRIPCIÓN DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN – Operó / SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – Que declaró prescrita la acción penal no es un parámetro para contabilizar el término de prescripción dado que el derecho se causó cuando se levantó la medida / PRINCIPIO DE LA BUENA FE – Ausencia de argumentación para sustentar el desconocimiento / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES ¿La Subsección accionada incurrió en la causal de violación directa de la Constitución Política? (…) se observa que, en primer lugar, la Subsección accionada, en cuanto a los efectos patrimoniales del reintegro al cargo del empleado público afectado con la medida de suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones, afirmó que la Sección Segunda determinó que es procedente el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir en el

periodo de la suspensión, una vez dispuesto el reintegro del empleado afectado con la medida, en tanto que la decisión judicial no implica el rompimiento de la relación laboral, sino una condición resolutoria. En esa medida, precisó que desaparecida la condición suspensiva que pesaba sobre el derecho a la remuneración, se retrotraen plenamente los efectos de tal suceso y, por tanto, recae sobre el nominador la obligación de reintegrar las sumas de dinero dejadas de pagar, de manera que el funcionario privado de su libertad, que como consecuencia del levantamiento de la medida penal es reintegrado al cargo del cual fue suspendido, tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones no percibidos durante dicho periodo y a que, para todos los efectos legales, se considere que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio. Ahora bien, con respecto a la prescripción de los derechos laborales, determinó que, una vez causado el derecho, el titular cuenta con un lapso de tres años para reclamarlo ante la administración y, posteriormente, en sede judicial. Además, explicó que el solo hecho de reclamar ante la administración, interrumpe el referido lapso de tiempo por otro período igual, lo que significa que inicia nuevamente a contarse el término de los tres años (…) la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que en el caso en concreto como el ISS, por medio del Oficio DSRH 00000179 del 20 de febrero de 2002, declaró terminada la suspensión del ejercicio del cargo por parte de la señora [E.L.G.] al habérsele otorgado el beneficio de libertad provisional, las cosas se

retrotrajeron a su estado anterior, como si nunca hubiese existido el acto de suspensión, por lo que la entidad precitada le correspondía reconocer y pagar los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró aquella. Sin embargo, debido a que la hoy accionante presentó la reclamación del pago de sus acreencias laborales hasta el 22 de enero de 2008, la corporación judicial precitada consideró que se había configurado el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que el término para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones sociales por el período en que estuvo suspendida inició a contabilizarse desde que aquella fue reincorporada a la entidad, esto es, el 20 de febrero de 2002, comoquiera que la orden de suspensión del cargo buscaba garantizar la prestación del servicio que no podía brindarse, en razón a la medida de aseguramiento de detención preventiva que le había sido impuesta a la accionante, por lo que una vez aquella se reintegró al servicio debió reclamar los emolumentos de carácter laboral dejados de percibir. Ahora bien, se advierte que la peticionaria del amparo, para fundamentar su tesis de que sólo tuvo certeza del derecho que tenía para reclamar sus acreencias laborales con la expedición del fallo del 18 de julio de 2006 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puesto que antes de ese pronunciamiento, la medida de aseguramiento y la suspensión se encontraban cobijadas bajo las presunciones de licitud y legalidad citó los artículos 10.° y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.° y 25

de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prevén las garantías con las que toda persona debe contar ante un tribunal de justicia, como lo son el principio de independencia e imparcialidad, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, debida información sobre la acusación, ser juzgado sin dilaciones, no ser obligado a declarar contra sí mismo, derecho defensa y contradicción, entre otras. No obstante, al confrontar el análisis realizado en la sentencia hoy cuestionada con las garantías precitadas, se repara en que en ningún momento la autoridad judicial accionada determinó que la medida privativa de la libertad era ilícita o ilegal, pues la decisión de revocar la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se itera, se produjo porque se encontró probada la excepción de prescripción, en atención a que la accionante presentó la reclamación de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo suspendida, por orden judicial, después de los tres años contados a partir desde el momento en que fue reintegrada al cargo que ocupaba en la ISS. Aunado a lo expuesto, resulta importante aclarar que, como lo explicó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no le asiste razón a la señora [E.L.G.] y al a quo del proceso ordinario, al asegurar que la convicción para solicitar el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir únicamente ocurrió únicamente con la sentencia penal, dado que el derecho se causó cuando se levantó la medida y, de contera, se concedió el beneficio de la libertad provisional. Lo anterior, debido a que fue a partir de esa decisión que aquella fue

reintegrada al cargo que ocupaba y, en consecuencia, podía realizar el reclamo correspondiente. De otra parte, se advierte que, si bien la accionante alegó la presunta vulneración del principio de la buena fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política, lo cierto es que no presentó ningún argumento para sustentar ese reparo, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento más allá de lo ya manifestado. Igualmente, se avizora que la solicitante también citó el artículo 90 ibidem que ordena la reparación de daños antijurídicos causados por las autoridades públicas. Sin embargo, debe precisarse que este artículo no resulta aplicable al caso en concreto, puesto que, de un lado, se trató de una relación laboral legal y reglamentaria y, de otro, la decisión de no acceder a las pretensiones de la demanda obedeció a la configuración de la prescripción de los derechos, por lo que no era viable ordenar el pago de los salarios y prestaciones exigidos. AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – No es aplicable al caso bajo estudio porque no guarda similitud fáctica ni jurídica / SENTENCIA PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO – No constituye precedente y no guarda similitud fáctica ni jurídica ¿La corporación judicial precitada estaba obligada aplicar las sentencias citadas por la accionante como desconocidas? (…) La señora [E.L.G.] en el escrito de tutela, manifestó que la autoridad judicial accionada desatendió el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia SU-222 de 2016, mediante la cual la Corte

Constitucional determinó que el derecho a reclamar surge con la sentencia definitiva que pone fin al proceso penal. Al respecto, se repara que la anterior providencia no resulta aplicable al caso en concreto, a pesar de tener la categoría de unificación, en razón a que allí se analizó la presunta vulneración de derechos fundamentales de una persona llamada en garantía, en un proceso de reparación directa, en el que se condenó al Estado por privación injusta de la libertad y error judicial, situación que no guarda similitud fáctica ni jurídica con el asunto que hoy se estudia. De igual forma, se observa que la solicitante del amparo también consideró que la Subsección accionada debió aplicar los fallos emitidos por la Sección Segunda de esta corporación el 30 de julio de 2009, en el proceso: 76001-23-31-000-2004-02623-01; el 12 de mayo de 2014, en el expediente con radicado 13001-23-31-000-2009-00309-01; y por la Sección Tercera el 15 de agosto de 2018, en el proceso: 66001-23-31-000-2010-00235 01. En cuanto a ello, se repara en que las providencias judiciales precitadas no constituyen precedente judicial en los términos de la Ley 1437 de 2011 y, en todo caso, tampoco podría adoptarse lo dispuesto en esos proveídos [en tanto] no se encuentran relacionados con la problemática que se abordó en la sentencia controvertida.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03630-00(AC)

Actor: ESPERANZA LÓPEZ GUALDRÓN Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Temas: Acción de tutela en contra de providencia de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se declaró probada de oficio la excepción de prescripción de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la accionante durante el tiempo en que estuvo suspendida del cargo que desempeñaba, por orden judicial. Ausencia de los defectos invocados.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ASUNTO La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia. HECHOS RELEVANTES a) Reclamación administrativa La señora Esperanza López Gualdrón afirmó que estuvo vinculada al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) desde el 13 de diciembre de 1976 en el cargo de profesional asistencial de apoyo. Manifestó que el 28 de agosto de 1996 el presidente de la entidad precitada, por medio de la Resolución 4610, la suspendió del ejercicio de sus funciones, en cumplimiento de una orden judicial dictada por el fiscal primero de administración pública delegado ante los jueces del circuito judicial de Cúcuta, quien profirió medida de aseguramiento en su contra. Indicó que el 17 de agosto de 2001 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial

de Cúcuta le concedió el beneficio de libertad provisional, por lo cual el 20 de febrero de 2002 el jefe del Departamento de Recursos Humanos del ISS, mediante Oficio DSRH 00000179, le comunicó la decisión de reintegrarla en el cargo que venía desempeñando. Señaló que el 18 de julio de 2006 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró prescrita la acción penal derivada del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales por el cual fue acusada y, en esa medida, ordenó la cesación del procedimiento adelantado en su contra. Por lo anterior, sostuvo que el 22 de enero de 2008 requirió al director del ISS el pago de los salarios, prestaciones sociales y todos los emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en el que fue suspendida del cargo que ocupaba en la entidad. Sin embargo, precisó que el 16 de abril de 2008 la entidad multicitada, a través del Oficio 821 04264, negó esta solicitud. b) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho La accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra del ISS, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo precitado y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó reconocer y pagar los salarios, prestaciones sociales y todos los emolumentos dejados de percibir desde el 28 de agosto de 1996 hasta el 20 de febrero de 2002, y declarar que para todos los efectos laborales no había existido solución de continuidad en el servicio.

El 6 de junio de 2013 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo cual la entidad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. El 13 de noviembre de 2020 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de prescripción total de los salarios y prestaciones sociales que la demandante reclamaba. c) Inconformidad La solicitante del amparo, Esperanza López Gualdrón, estimó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con ocasión a la expedición de la sentencia del 13 de noviembre de 2020, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, el principio de la buena fe. Para el efecto, adujo que aquella autoridad incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales:

1. Defecto sustantivo, puesto que no tuvo en cuenta que la certeza para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones sociales, sólo se produjo con la decisión judicial con la que se extinguió la solución de continuidad creada con la Resolución 4610 del 28 de agosto de 1996, que no fue otra que la sentencia proferida el 18 de julio de 2006 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que declaró prescrita la acción penal, ya que antes de esta providencia existía duda sobre la obligación, comoquiera que las decisiones adoptadas dentro del proceso penal, en

donde se impuso la medida de aseguramiento y se ordenó la suspensión estaban cobijadas por las presunciones de licitud y legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y s 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta que se dictó el fallo del 18 de julio de 2006.

2. Desconocimiento de precedente judicial, debido a que la Corte Constitucional, en casos similares al que hoy se estudia, ha precisado que el derecho a reclamar surge con la sentencia definitiva que pone fin al proceso penal, para lo cual refirió la sentencia SU-222 de 2016.

Así mismo, alegó que la Subsección accionada no acató la posición asumida por el Consejo de Estado, en relación con el derecho a reclamar, el cual acontece luego de que la persona haya sido absuelta en un proceso penal, y el desarrollo de una doctrina coherente y sólida con respecto a las sentencias constitutivas que dan la certeza del mencionado derecho. Sobre el particular, citó las providencias emitidas por la Sección Segunda de esta corporación el 30 de julio de 2009, en el proceso: 76001-23-31-000-200402623-01; el 10 de octubre de 2013, expediente: 73001-23-31-000-200800224-02; el 12 de mayo de 2014, en el expediente con radicado 13001-2331-000-2009-00309-01; y por la Sección Tercera el 15 de agosto de 2018,

en el proceso: 66001-23-31-000-2010-00235 01.

3. Violación directa de la Constitución Política, dado que la corporación accionada, en la sentencia cuestionada, vulneró el principio de la buena fe contenido en su artículo 83, en armonía con el artículo 90 ibidem que ordena la reparación de daños antijurídicos causados por las autoridades públicas.

PRETENSIONES La parte accionante solicitó tutelar los derechos antes mencionados y, como consecuencia, requirió corregir el ordinal primero de la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 54001-23-31-000-2008-00313-01, en el sentido en que se reconozca su derecho a percibir los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir en el período comprendido entre el 28 de agosto de 1996 y el 20 de febrero de 2002, sumas que deberán ser indexadas y liquidadas con los respectivos intereses hasta que se produzca el pago efectivo. CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) no rindieron el informe solicitado, a pesar de que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de la referencia. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto estipula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto». Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos). La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005. 1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. 2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de

2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015. 3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Veamos: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de los defectos planteados. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute

tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos

fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política. Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. Procedencia de la acción de tutela contra providencias del Consejo de Estado Resulta necesario poner de presente que en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precitada en el acápite anterior, se decidió admitir la procedencia de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales de esta corporación, por lo cual desde esa oportunidad este ha sido el criterio pacífico del 4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras. Consejo de Estado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en pronunciamientos recientes, la Corte Constitucional5 ha venido sosteniendo que la procedencia de las acciones de tutela dirigidas a debatir sentencias dictadas por altas corporaciones debe ser más restrictiva, por lo cual, además de los requisitos generales de procedencia y los específicos de procedibilidad, debe acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca abiertamente mandatos constitucionales o que resulte incompatible con la jurisprudencia sentada por el máximo tribunal constitucional sobre el alcance de un derecho fundamental y, que por ende, requiera la imperiosa intervención del juez constitucional, en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales. Lo anterior en atención a la prerrogativa asignada a las altas cortes consistente en

unificar jurisprudencia y ser los órganos de cierre de su jurisdicción, con lo cual dotan de seguridad jurídica las decisiones judiciales y brindan certeza a los usuarios que acuden a los procesos en busca de administración de justicia. Bajo este contexto, la Corte Constitucional coligió que cuando no se presente una irregularidad de la entidad antes señalada, debe admitirse las interpretaciones y valoraciones probatorias, inclusive si el juez de tutela no comparte la decisión. Bajo este contexto, el juez de tutela tiene que ser especialmente cuidadoso cuando la acción se dirige a controvertir providencias del Consejo de Estado, ya que únicamente puede intervenir en la decisión adoptada cuando estén plenamente superadas las exigencias generales y exista una arbitraria vulneración a un derecho fundamental con ocasión de la incursión en una causal específica de procedencia. Problema jurídico En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por tanto, la parte motiva se ocupará de las causales específicas. Al respecto, se aclara que si bien la accionante alegó la configuración del defecto sustantivo, desconocimiento de precedente judicial y violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que las inconformidades expuestas se circunscriben a acreditar la existencia de los dos últimos mencionados, toda vez que frente al primer defecto aquella no identificó alguna norma interna del ordenamiento jurídico que, en su criterio, fuera indebidamente interpretada o inaplicada o que se le haya fijado un alcance distinto, por lo cual el estudio se llevará a cabo únicamente frente a las dos últimas causales citadas. Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las

siguientes preguntas: 1. ¿La Subsección accionada incurrió en la causal de violación directa de la Constitución Política? 2. ¿La Subsección accionada estaba obligada aplicar las sentencias citadas por la accionante como desconocidas? 5 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-917 de 2010, SU-074 de 2016, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017, SU-050 de 2018 y SU-072 de 2018. Para resolver el problema así planteado se abordará la siguiente temática: (I) violación directa de la Constitución Política, (II) análisis de la decisión adoptada por la Subsección accionada, (III) desconocimiento de precedente judicial y (IV) examen de las sentencias citadas como desconocidas. Veamos: - Primer problema jurídico ¿La Subsección accionada incurrió en la causal de violación directa de la Constitución Política?

I. Violación directa de la Constitución Política De acuerdo con el artículo 4.º de la Constitución Política, la misma es norma de normas, por lo que en caso de incompatibilidad con una ley prevalecen las disposiciones constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido que se presenta violación directa de la Constitución Política, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando el juez desconoce la carta política por: 1. No aplicar una de sus disposiciones o 2. Aplicar la ley, sin tener en cuenta un mandato de orden constitucional.

En el primero de los casos ha determinado tres subreglas a saber, cuando el juez: a) dejó de interpretar y aplicar una disposición legal, conforme al precedente constitucional, b) desconoció la aplicación inmediata de un derecho fundamental y c) vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta la interpretación de acuerdo con la Constitución Política. En relación con el segundo evento, ha sostenido que las autoridades judiciales, al resolver los asuntos bajo su conocimiento, deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad. Así las cosas, a la autoridad judicial, en sede de tutela, corresponde determinar en cada caso concreto cuándo se configuró la violación directa de la Constitución Política en el proceso ordinario.

II. Análisis de la decisión adoptada por la Subsección accionada La señora Esperanza López Gualdrón solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, los cuales consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al expedir la sentencia del 13 de noviembre de 2020, comoquiera que no tuvo en cuenta que la certeza para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones sociales sólo se produjo con el fallo proferido el 18 de julio de 2006 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que declaró prescrita la acción penal, pues, antes de ese pronunciamiento, la medida de aseguramiento y la suspensión se encontraban cobijadas bajo las presunciones de licitud y legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, estimó que la autoridad judicial accionada incurrió en la causal específica de violación directa de la Constitución Política, debido a que vulneró el principio de la buena fe, contenido en el artículo 83 de aquella, en armonía con el artículo 90 ibidem, que ordena la reparación de daños antijurídicos causados por las autoridades públicas. Pues bien, para resolver la anterior inconformidad expuesta y determinar si en el caso en concreto la Subsección precitada incurrió en la causal de violación directa de la Constitución Política, es necesario hacer referencia al análisis efectuado por la autoridad judicial precitada en la sentencia del 13 de noviembre de 2020, mediante la cual se revocó la providencia del 6 de junio de 2013 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así, se observa que, en primer lugar, la Subsección accionada, en cuanto a los efectos patrimoniales del reintegro al cargo del empleado público afectado con la medida de suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones, afirmó que la Sección Segunda determinó que es procedente el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir en el periodo de la suspensión, una vez dispuesto el reintegro del empleado afectado con la medida, en tanto que la decisión judicial no implica el rompimiento de la relación laboral, sino una condición resolutoria.

En esa medida, precisó que desaparecida la condición suspensiva que pesaba sobre el derecho a la remuneración, se retrotraen plenamente los efectos de tal suceso y, por tanto, recae sobre el nominador la obligación de reintegrar las sumas de dinero dejadas de pagar, de manera que el funcionario privado de su libertad, que como consecuencia del levantamiento de la medida penal es reintegrado al cargo del cual fue suspendido, tiene derecho al pago de los salarios y prestac