CE-11001-03-15-000-2021-03712-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRAMITE INCIDENTAL DE DESACATO EN LA ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Del INPEC y del Consorcio Fondo de Atención en Salud / INCIDENTE DE DESACATO – Es de carácter subjetivo y personal, no institucional / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Accede / FALTA DE INTERÉS DIRECTO La Sala advierte que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 solicitaron su desvinculación, al considerar que carecen de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, no vulneraron derecho fundamental alguno del actor y no tienen competencia para llevar a cabo lo pretendido por el actor a través de esta acción constitucional. Al respecto, la Sala advierte que al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, el cual actuó a través del Coordinador del Grupo de Tutelas , y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, el cual actúo a través de apoderada judicial , en efecto, no les asiste interés en la acción de tutela de la referencia, en la medida en que lo que el actor cuestiona es el auto I – 692 de 29 de abril de 2021 y el auto de 31 de mayo de 2021, proferidos dentro del trámite incidental de desacato que se adelantó en el proceso de tutela identificado con el número único de radicación 190013333001202100033-00, en el que las personas sancionadas y conminadas a cumplir la orden de tutela son i) [D.A.V.T.], en calidad de Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad

y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) [M.I.T.], en calidad de Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) [A.E.D.H.], en calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) [M.D.L.C.B.C.], en la calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción impuesta. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 no les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera, toda vez que los legitimados para intervenir en el caso sub examine son las personas naturales respecto de las cuales se tramitó y resolvió el incidente de desacato, quienes sí tendrían interés en la decisión de la referencia en atención al carácter subjetivo y personal del incidente de desacato, no institucional. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. NEGACIÓN DE LA COADYUVANCIA / APODERADO JUDICIAL – Del consorcio actúa en representación de los intereses de la entidad, más no en representación de la persona natural sancionada / LEGITIMACIÓN EN LA

CAUSA – Se predica de las personas naturales respecto de las cuales se tramitó y resolvió el incidente de desacato La Sala encuentra que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 presentó escrito de coadyuvancia a la pretensión elevada por la parte actora y solicitó ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán inaplicar y/o ejecutar las gestiones tendientes a sancionar por desacato al señor [M.I.T.], quien actúa como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo de Salud para las Personas Privadas de la Libertad, toda vez que, en su criterio, ha dado cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado. Al respecto, la Sala encuentra que, tal como se expuso al estudiar la legitimación en la causa por pasiva del Consorcio de la referencia, este actuó a través de apoderada judicial para que representara los intereses de la entidad, más no en representación del señor [M.I.T.], del cual no se advierte que haya otorgado poder al respecto y quien sí estaría legitimado para presentar la solicitud de coadyuvancia que pretende el Consorcio en esta oportunidad, puesto que, teniendo en cuenta el carácter subjetivo y personal del incidente de desacato, no institucional, los legitimados para intervenir son las personas naturales respecto de las cuales se tramitó y resolvió el incidente de desacato, quienes sí tendrían interés en la decisión de la referencia (…) En este sentido, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 no está legitimado para intervenir como coadyuvante de la parte actora en el

proceso de la referencia ACCIÓN DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO - Debe ser presentada por el funcionario afectado / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – De la USPEC / APODERADO DE ENTIDAD PÚBLICAActúa únicamente en representación de la entidad / AUSENCIA DE PODER DE REPRESENTACIÓN – Del titular del derecho fundamental / INCIDENTE DE DESACATO - Carácter subjetivo y personal, no institucional /

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

[S]e advierte que la USPEC actúa a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y pretende que con la solicitud de amparo de la referencia se tutele el derecho fundamental al debido proceso del señor a [A.E.D.H.]. Sin embargo, se evidencia que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC actúa únicamente en representación de la entidad, es decir, no es el apoderado del señor [A.E.D.H.], quien es el titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales demandadas; por lo que, para tal efecto conviene precisar que, en tratándose del incidente de desacato, la responsabilidad en personal y subjetiva, no institucional. En ese sentido, quienes ostentan la legitimación en la causa por activa para cuestionar las providencias proferidas dentro del trámite del incidente de desacato objeto de estudio son las personas respecto de las cuales se tramitó el incidente de desacato, que en este caso resultaron sancionadas y conminadas a cumplir la orden de tutela, es decir, los

señores i) [D.A.V.T.], en calidad de Director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán; ii) [M.I.T.], en calidad de Representante Legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020; iii) [A.E.D.H.], en calidad de Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; y iv) Mariano De La Cruz Botero Coy, en la calidad de Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, último frente al cual el Tribunal Administrativo del Cauca resolvió revocar la sanción impuesta. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia, T-1020 de 30 de octubre de 2003, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá presentarla directamente o por quien actúe en su nombre.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03712-00(AC)

Actor: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Demandado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

POPAYÁN Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Tema: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela/alcance Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, porque, a su juicio, el Juzgado, al proferir el auto I – 692 de 29 de abril de 2021, y el Tribunal, al proferir el auto de 31 de mayo de 2021, dentro del trámite incidental de desacato que se adelantó en el proceso de tutela identificado con el número único de radicación 190013333001202100033-00, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica1, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca, porque, a su juicio, el Juzgado, al proferir el auto I – 692 de 29 de abril de 2021, y el Tribunal, al proferir el auto de 31 de mayo de 2021, dentro del trámite 1 Documento denominado “18_ED_ACCIONDETU(.pdf)”. Archivo aportado en forma digital. incidental de desacato que se adelantó en el proceso de tutela identificado con el

número único de radicación 190013333001202100033-00, vulneraron su derecho fundamental invocado supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, el 1 de marzo de 2021, el señor Weiner José Hoyos López, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán – EPAMSCAS Popayán, interpuso acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario mencionado supra, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 – 2020 y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, por vulneración a sus derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana con ocasión a la omisión de las demandadas en asignarle una cita con un especialista para revisar los fuertes dolores que padece en el colon y que le causan problemas gástricos.

4. Indicó que, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán y se le asignó el número único de radicación 190013333001202100033-00, autoridad judicial que avocó conocimiento mediante el auto de 4 de marzo de 2021.

5. Manifestó que, mediante sentencia de 15 de marzo de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO. – CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la salud, del

ciudadano WEINER JOSE HOYOS LOPEZ.

SEGUNDO.- ORDENAR al Director del ESTABLEMIENTO (sic) PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) – EPCANS

(sic), al Gerente del CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) EN SALUD PPL 2019 - 2020,al (sic) Representante Legal de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, y al Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, que de manera coordinada y de acuerdo a sus competencias, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, garantizar la consulta con médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas, relacionadas con malestar de colon y consecuente gastritis. TERCERO. – ORDENAR al director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EPCAMSDE POPAYÁN, garantizar los trámites exigidos para el traslado del interno, en caso de que la consulta con el especialista se llevara a cabo de manera extramural […]”. 5.1. Como fundamento de su decisión, el Juzgado de la referencia manifestó que: “[…] Bajo las consideraciones expuestas en precedencia, a juicio de esta judicatura, los argumentos referidos por quienes presentaron su informe en esta acción constitucional no son justificación para omitir su deber legal, frente a una atención médica adecuada, digna y oportuna en las personas que se encuentran privadas de la libertad. Cabe advertir que el modelo de salud pública actual señala que, como toda la

población colombiana, las personas privadas de la libertad tienen derecho, sin discriminación, a disfrutar el más alto nivel de salud posible y, por tanto, ser partícipes de las políticas que en materia de salud pública se desarrollen en el país. Modelo que establece además las responsabilidades de los actores en materia de salud pública, esto es, de la USPEC, el INPEC, de las entidades territoriales y de los prestadores de servicios de salud. A la fecha, de acuerdo a lo manifestado por el actor se observa que presenta una afectación en su salud debido a un dolor abdominal, relacionadas con malestar de colon y consecuente gastritis, sin embargo, no han sido tratadas oportunamente y de manera idónea por las entidades accionadas, siendo imperante tutelar el derecho fundamental a la salud del actor, para el caso en particular, es pertinente para esta judicatura verificar el cumplimiento de los deberes legales en salud con los internos, situación que no se ha configurado, toda vez que no se han desplegado las actuaciones necesarias para emitir remisión o autorización con un médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas, en este caso las relacionadas con el colon y la gastritis, invocando como justificación situaciones administrativas y financieras, en consecuencia, el Despacho ordenará a las entidades demandadas, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia y en el marco de sus competencias, se garantice al interno, consulta con médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas, además de los exámenes y demás procedimientos que requiera. Corolario de lo anterior, de manera organizada y coordinada, deberán las entidades

accionadas garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población interna, para el caso concreto del señor WEINER JOSE (sic) HOYOS LOPEZ (sic), siempre en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos […]”. (Resaltado del texto original).

6. Expuso que, dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca, a través de la sentencia de 5 de abril de 2021.

7. Afirmó que, ante el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela, el señor Weiner José Hoyos López presentó incidente de desacato.

Auto I – 692 de 29 de abril de 2021 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán dentro del trámite de incidente de desacato del proceso de tutela identificado con el número único de radicación 190013333001202100033-00

8. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, dispuso: “[…] PRIMERO: DECLARAR que DARÍO ANTONIO VALEN TRUJILLO CC. 79.756.066 en calidad de director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) -EPCAMS, MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) ENSALUD (sic) PPL 2019-2020, ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ, CC. 3.028.738 en calidad de director de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS y CARCELARIOS –USPEC, y el

director general MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, incurrieron en desacato al fallo de tutela proferido por este Despacho el día 15 de marzo de 2021.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SANCIÓNESE a DARÍO ANTONIO VALEN TRUJILLO CC. 79.756.066 en calidad de director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) - EPCAMS, a MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) ENSALUD (sic) PPL 2019-2020, a ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ, CC. 3.028.738 en calidad de director de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, y al Director General MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, o quien haga sus veces al momento de la notificación, con MULTA DE CINCO (5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, suma que deberán consignar de su propio peculio dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Agrario, cuenta CON MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS Nº 308200006408, convenio 13474 del Consejo Superior de la Judicatura. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá a su cobro coactivo.

TERCERO: ORDENAR a DARÍO ANTONIO VALEN TRUJILLO CC. 79.756.066 en

calidad de director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) -EPCAMS, a MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) ENSALUD (sic) PPL 2019-2020, a ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ, CC. 3.028.738 en calidad de director de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, y al Director General MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC o quien haga sus veces al momento de la notificación, que proceda a dar cumplimiento inmediato a la sentencia del 15 de marzo de 2021 […]”.

9. Dentro de sus consideraciones indicó que: “[…] A la fecha han transcurrido aproximadamente 6 semanas, desde que el Juzgado profirió la sentencia de tutela, sin que la parte accionada acredite el total y fiel cumplimiento al fallo, pues se observa que no han dado una solución definitiva, de fondo, completa, concreta y oportuna en el tratamiento integral en salud del

señor WEINER JOSE HOYOS LOPEZ.

Evidencia el Despacho que los accionados allegan respuesta al trámite incidental, sin embargo, no aportan documentos, con los cuales se logre comprobar el efectivo cumplimiento del fallo de tutela, arguyendo además situaciones de orden administrativo, que no son de recibo para el suscrito juez, más aún cuando, se itera, ha (sic) transcurrido 6 semanas aproximadamente y las incidentadas no han

gestionado los tramites (sic) encaminados a brindar el servicio oportuno de salud del incidentista. Es preciso señalar que la obligación de prestar los servicios de salud de manera integral a WEINER JOSE HOYOS LOPEZ, consistentes en el tratamiento de su patología, recae sobre las entidades ESTABLEMIENTO (sic) PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) -EPCAMS, el CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) ENSALUD (sic) PPL 2019-2020, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, quienes debe (sic) gestionar sin interrupciones u obstáculos, ni refiriendo como justificantes circunstancias de carácter administrativo o financiero que transgredan los derechos fundamentales del accionante. Vistas, así las cosas, no cabe duda que existe (I) una orden de tutela, y (II) unos elementos requeridos por el accionante, que evidentemente no le han sido garantizados, que para el caso en concreto corresponde a exámenes de carácter prioritario y tratamiento integral de su patología, tramites (sic) que hasta la fecha no se han brindado. En consecuencia, las entidades demandadas ESTABLEMIENTO (sic) PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) -EPCAMS, el CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic)

ENSALUD (sic) PPL 2019-2020, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS –USPEC, y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, no logran desvirtuar las omisiones establecidas en el incidente de desacato, razón por la cual las circunstancias indicadas configuran una desobediencia a las órdenes impartidas en el fallo dictado en este asunto, siendo claro el fundamento para proceder a hacer uso de las facultades del Juez Constitucional, para que la decisión judicial dictada en ese asunto sea cumplida. De acuerdo a lo expuesto en precedencia, observa el Juzgado que hay una dilación injustificada en el cumplimiento del fallo, que constituye una actitud renuente que se endilga a DARÍO ANTONIO VALEN TRUJILLO CC. 79.756.066 en calidad de director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) -EPCAMS, a MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) ENSALUD (sic) PPL 20192020, a ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ, CC. 3.028.738 en calidad de director de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, y al director general MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC., por lo que en virtud del art. 52 del Decreto 2591 de 1991, se les impondrá una multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales

vigentes, que deberán consignar de su propio peculio dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Agrario, cuenta CON MULTAS Y SUS RENDIMIENTOS No. 308200006408 Convenio 13474 del Consejo Seccional de la Judicatura. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá a su cobro coactivo por el ente competente. No obstante, a la sanción de multa impuesta, se advierte, que se deberá dar cumplimiento al fallo de tutela de MANERA INMEDIATA, en los términos ordenados en el mismo […]”. (Resaltado del texto original). Auto de 31 de mayo de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca en grado jurisdiccional de consulta dentro del trámite de incidente de desacato del proceso de tutela identificado con el número único de radicación 190013333001202100033-00

10. El Tribunal Administrativo del Cauca mediante auto de 31 de mayo de 2021, dispuso: “[…] 1. MODIFICAR el Auto Interlocutorio N° 692 del 29 de abril de 2021 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, en el sentido de sancionar con multa de 2 SMLMV a DARÍO ANTONIO VALEN TRUJILLO en calidad

de director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN (sic) -EPCAMS, a MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCION (sic) ENSALUD (sic) PPL 2019-2020, y al señor ANDRES ERNESTO

DIAZ HERNANDEZ, CC. 3.028.738 en calidad de director de la UNIDAD DE

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC.

2. REVOCAR la sanción impuesta respecto del Director General del INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, MARIANO DE LA CRUZ

BOTERO COY.

3. CONMINAR a los sancionados a cumplir el fallo de tutela de fecha 15 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

[…]”.

11. Como fundamento de su decisión manifestó que: “[…] Revisadas las pruebas aportadas por las entidades accionadas, se encuentra acreditado que el 03 de abril de 2021, el interno WEINER JOSE HOYOS LÓPEZ fue valorado por un médico general, quien le prescribió “valoración por cirugía general”.

Dicho procedimiento fue autorizado por la FIDUPREVISORA el 03 de mayo de 2021 como “consulta de primera vez por especialista en cirugía”, y para su realización se asignó cita en el Hospital Universitario de Popayán el 14 de mayo de 2021. Pues bien, llama la atención de la Sala que, pese a que el Juzgado había ordenado en el fallo de 15 de marzo de 2021 “garantizar la consulta con médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas, relacionadas con malestar de colon y consecuente gastritis,” el 03 de abril de 2021 se realizó valoración por medicina general, prescribiéndose “valoración por cirugía general”, cuya realización se programó para el 14 de mayo de 2021.

A primera vista, este proceder comporta la adopción de una conducta diferente a la prescrita por el Juez y, en ese sentido, existe formalmente un desacato a la orden judicial. No obstante, sería admisible el conducto impartido porque el criterio del médico tratante traza el norte o directriz fundamental para el tratamiento del paciente, sino fuera porque no existe prueba de que el servicio de salud prescrito como “valoración por cirugía general” efectivamente se hubiera prestado. No puede perderse de vista que la orden de tutela estaba encaminada a que se efectuara la valoración en medicina especializada, no la sola emisión de la autorización. Conforme lo expuesto, se encuentra acreditado el elemento objetivo del desacato, porque no hay prueba del cumplimiento material de la orden, que era garantizar la efectiva valoración del interno por medicina especializada. De otro lado, se infiere el elemento subjetivo de la actitud pasiva de los responsables para cumplir el fallo de tutela. En consecuencia, la Sala mantendrá la sanción de multa impuesta por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán a DARÍO ANTONIO VALEN TRUJILLO en calidad de director del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN -EPCAMS, a MAURICIO IREGUI TARQUINO, en calidad de representante legal del CONSORCIO FONDO DE ATENCION ENSALUD PPL 2019-2020, y al señor ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ, CC. 3.028.738 en calidad de director de

la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC.

No se confirmará la sanción respecto del Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY, pues el interno está directamente a cargo del EPCAMS de Popayán, quien debe realizar gestiones inmediatas a favor de su salud, no del INPEC en general como entidad del orden nacional. De otra parte, se reducirá el monto de la multa a 2 SMLMV cada uno, en vista a la gestión desplegada para que se autorizara el servicio prescrito. En ese sentido, se modificará el auto objeto de consulta. Igualmente, se conminará a los sancionados para que cumplan el fallo de tutela del 15 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán […]”. La solicitud de tutela Pretensiones

12. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] PRIMERO. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del Dr.

ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ en calidad de Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto I – 692 de fecha 29 de abril de 2021 proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante el cual el Juzgado declaró que el señor ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ como de Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC incurrió en desacato al fallo de tutela proferido por dicho Despacho el día 15 de marzo de 2021 y en consecuencia se impuso al señor ANDRES ERNESTO DIAZ

HERNANDEZ la multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentesSMLMV. TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio de fecha 31 de mayo de 2021 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante el cual el Tribunal modificó la SANCIÓN impuesta al señor ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ en calidad de Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, en el sentido de sancionar con multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV. CUARTO. LEVANTAR la sanción por desacato impuesta al señor ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ en calidad de Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC impuesta por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán mediante Auto I – 692 de fecha 29 de abril de 2021, la cual fue modificada en sede jurisdiccional de consulta por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca mediante Auto Interlocutorio de fecha 31 de mayo de 2021 […]”.

13. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto fáctico por “[…] NO VALORACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO Y DEL PROCEDIMIENTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS INPEC – USPEC […]”. Para tal efecto, expuso que: “[…] La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC manifestó y allegó al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y

al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA los elementos probatorios que acreditan las gestiones adelantadas para el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de primera instancia de fecha de fecha 15 de marzo de 2021 […]”. […] “[…] En este contexto, es evidente que quien presta los servicios en salud a las PPL es el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, en calidad de Contratista – Fiduciaria, el cual, administra los recursos que recibe del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad y debe destinarlos para celebrar los contratos con los prestadores de servicios de salud para la atención intramural y extramural, así como vigilar la labor que desempeñen los mismos. Así las cosas, la atención en salud a las PPL se efectúa a través de las instituciones prestadoras de salud contratadas por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, en virtud del objeto del Contrato de Fiducia Mercantil No. 145 de 2019. Por ende, y en razón de las competencias legales asignadas a la USPEC antes descritas como lo ordena el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios cumplió con la gestión correspondiente a su cargo relacionada con la suscripción del respectivo contrato, con lo cual valga la pena reiterar, la USPEC no efectúa la prestación integral y oportuna de los servicios de salud a las PPL […]”. […] “[…] la población privada de la libertad debe ser atendida primariamente por el área de sanidad (médico general) del respectivo establecimiento penitenciario y

carcelario; éste es quien remite al interno para la atención a medicina especializada que brinda el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019. Por lo tanto, es el área de sanidad del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Popayán - EPAMSCAS Popayán a cargo del INPEC, quien realiza la valoración inicial por medicina general del señor HOYOS LOPEZ y remite al interno si a ello hubiere lugar, para lo cual expedirá a favor del accionante las autorizaciones de servicios médicos que requiera en aras de ser atendido. En relación de la atención extramural se puede presentar en dos eventos: el primero, a personas no internas en establecimi