CE-11001-03-15-000-2021-03720-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración de las pruebas / SERVIDUMBRE PETROLERA / INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE – Solventada una vez por Hocol S.A. / COMPENSACIÓN POR LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS – No procede respecto de ECOPETROL [C]omo Hocol S. A. ya había sufragado el resarcimiento de los perjuicios que causaban la exploración, explotación, producción y distribución de petróleo en el predio del que ahora es dueño el accionante, no era viable que Ecopetrol S. A. lo volviera a cancelar, puesto que el artículo 5º del Decreto 1886 de 1954 dispone, de manera expresa, que ese pago se hace solo por una vez. (…) Cabe advertir que si bien es cierto que la compensación monetaria la cubrió una empresa diferente a la que desarrolla las tareas concernientes a hidrocarburos, también lo es que en el precitado documento se estableció que la autorización para ocupar el bien se extendía a las cesiones que se efectuaran con posterioridad, de manera que la realizada por Hocol S. A. a Ecopetrol S. A. estaba amparada por esa compensación monetaria, máxime cuando así se especificó en el escritura pública 2882 de 22 de diciembre de 1997, otorgada por la Notaría Quinta (5ª) del Círculo de Neiva. (…) Ahora bien, el demandante señala que en la sentencia atacada no se advirtió que en el auto de 10 de marzo de 2003, emitido por el Juzgado Único

Promiscuo Municipal de Aipe, se consagró un monto a su favor que debía cancelar Ecopetrol S. A.. No obstante, al analizar esa providencia, se observa que en ella no se indicó que la referida compañía debía conceder suma alguna, sino que se tasaban unos perjuicios, en atención al artículo 6º del Decreto 1886 de 1954. (…) Así las cosas, no es pertinente asumir que el proveído señalado en el párrafo precedente involucra un derecho, porque, entre otras cosas, no se emitió dentro de un proceso en el que Ecopetrol S. A. tuviera la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, que se vería afectado de acogerse el argumento del actor, pues se asumiría que la empresa resultó condenada sin que tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre el particular. (…) Se destaca que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan valorado los medios probatorios arrimados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-26-000-2017-0016800 en la forma pretendida por el accionante, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, puesto que en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.

(…) [L]a Sala evidencia que la aserción de las autoridades accionadas, según la cual no era procedente ordenar el restablecimiento del derecho deprecado por el actor en la demanda 11001-03-26-000-2017-00168-00, no comporta una deducción arbitraria o caprichosa de las pruebas adosadas a ese proceso contencioso-administrativo, en consecuencia, no se configura el defecto fáctico alegado. AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Debida aplicación de las normas pertinentes / NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR – No supone el restablecimiento del derecho / RESARCIMIENTO DEL DAÑO – Ausencia de titularidad del derecho / INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE – Pagada al anterior propietario /

AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO

[S]e concluye que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan ordenado el restablecimiento del derecho a favor del demandante, pese a que anularon la Resolución 181 de 17 de abril de 2007, ello no involucra desatención del artículo 85 del CCA, puesto que las pruebas aportadas al expediente ordinario no comprueban que le asistiera el derecho de acceder a la indemnización que pretende. (…) Por otra parte, en lo que atañe a la presunta inobservancia del artículo 308 del CGP, debe advertirse que ese reproche no concierne a la providencia cuestionada, sino al auto de 4 de julio de 2013, con el que el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera) declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso 41001-23-31-000-2007-00146-00 y en el que no se

mantuvo la suspensión provisional decretada el 7 de junio de 2007 por el Tribunal Administrativo del Huila (que es lo que reprocha el actor), motivo por el que no resulta dable emitir un pronunciamiento sobre el particular, cuanto más si ha trascurrido un lapso considerable desde cuando se emitió ese proveído. (…) En conclusión, la providencia cuestionada no adolece del defecto sustantivo alegado por el demandante, comoquiera que (i) el artículo 85 del CCA no prevé que la anulación de un acto administrativo involucre necesariamente el restablecimiento del derecho deprecado, porque para ello el demandante debe ser titular del derecho afectado, presupuesto que no se satisfizo en las precitadas diligencias; y (ii) el presunto desconocimiento del artículo 308 del CGP, no concierne a esa decisión. (…) [L]a anulación de una determinación administrativa no impone per se el resarcimiento de los agravios, comoquiera que para ello el actor debe ser titular del derecho afectado, condición que no se cumplió en el proceso 11001-03-26000-2017-00168-00, puesto que el actor no le asistía la prerrogativa de acceder a la indemnización deprecada, dado que Hocol S. A. la reconoció al anterior dueño del predio Santa Elena. (…) Ahora bien, el tutelante asevera, en la impugnación que se desata, que como la Resolución 181 de 17 de abril de 2007 fue anulada, recobró vigencia el acto administrativo de 1º de diciembre de 2006, emitido por el alcalde de Aipe, en consecuencia, está vigente la indicación de que Ecopetrol S.

A. solo podía reactivar las actividades petroleras en el referido inmueble hasta cuando pagara el monto de los daños fijado el 10 de marzo de 2003 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de ese ente territorial. (…) No obstante, la anterior afirmación no es de recibo, porque, se insiste, el pago reclamado ya fue sufragado por Hocol S. A. y solo procedía por una vez, conforme al artículo 5º del Decreto 1886 de 1954.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1886 DE 1954 – ARTÍCULO 5º / DECRETO 1886

DE 1954 – ARTÍCULO 6º.

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Carece de fuerza vinculante / PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL – No aplicable / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR – No supone el restablecimiento del derecho De la sentencia del Consejo de Estado se observa que fue emitida en una acción de tutela, por ende, carece de fuerza vinculante, en virtud del artículo 48 (numeral 2) de la Ley 270 de 1996, por lo tanto, las autoridades accionadas no estaban en la obligación de analizarla, máxime cuando en ella no se determinó, contrario a lo dicho por el demandante, que la nulidad de un acto administrativo dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, necesariamente imponía acceder a este último. (…) Ahora bien, en cuanto a los fallos de la Corte Constitucional invocados por el accionante, se advierte que si bien analizaron la

naturaleza de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, no concluyeron que cuando un acto administrativo de carácter particular se anula, deba accederse al restablecimiento del derecho pretendido, de manera que carece de asidero jurídico la afirmación en la que el actor fundó el desconocimiento del precedente alegado.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 48 – NUMERAL 2º.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03720-01(AC)

Actor: AZARÍAS CASTRO SÁNCHEZ

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra la sentencia de 8 de julio de 2021, proferida por el Consejo de Estado (sección quinta), que negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo. El señor Azarías Castro Sánchez, por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 23 de abril de 2021, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera) accedió parcialmente, en única instancia, a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra el municipio de Aipe (Huila) y Ecopetrol S. A. [expediente 11001-03-26-000-2017-00168-001]; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que se concedan todas las súplicas formuladas en el mencionado proceso contencioso-administrativo. 1.2 Hechos. Relata el accionante que el señor Darío Charry Díaz, a través de escritura pública 3862 de 31 de diciembre de 1985, suscrita en la Notaría Primera (1ª) del Círculo de Neiva, gravó su entonces predio Santa Elena, ubicado en el área rural del municipio de Aipe, con servidumbre a favor de la empresa Hocol S. A., con la finalidad de que realizara actividades de exploración, explotación y producción de petróleo en cualquier espacio del inmueble, para lo que podía 1 El número de radicación que inicialmente se le asignó al proceso fue 41001-23-31-000-2007-00146-00. instalar tuberías y los equipos que considerara necesarios. Allí se estableció que el señor Charry Díaz recibió una compensación monetaria por ello2. Que el Ministerio de Minas y Energía, por medio de Resolución 33 de 28 de marzo de 1994, terminó la concesión conferida a la compañía, por lo que, con escritura

pública 2882 de 22 de diciembre de 1997 (otorgada por la Notaría Quinta del Círculo Neiva), esa empresa le cedió la operación del campamento instalado en el mencionado terreno a Ecopetrol S. A., junto con las servidumbres previamente constituidas. Dice que el 28 de diciembre de 2000 compró el bien y pidió del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe3, en atención al Decreto 1886 de 1954, avaluar los perjuicios causados allí por Ecopetrol S. A., lo que se efectuó el 10 de marzo de 20034, pero como no se resarcieron, instauró acción de cumplimiento contra el ente territorial, con el propósito de que se le ordenara acatar el artículo 7º ibidem, que prevé que los alcaldes deben garantizar el pago de los agravios que causen las petroleras, pretensión a la que accedió el 25 de noviembre de 2005 el Tribunal Administrativo del Huila. Que en cumplimiento de la anterior sentencia, el 1º de diciembre de 2006 el burgomaestre de Aipe ordenó a Ecopetrol S. A. suspender las actividades que realizaba en el predio Santa Elena, acto administrativo que revocó, a través de Resolución 181 de 17 de abril de 2007, para permitirle a la compañía continuar con sus tareas, determinación contra la que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente 41001-23-31-000-2007-00146-00), encaminada a obtener su anulación y el pago del monto de los daños fijado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal del referido ente territorial.

Sostiene que del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal Administrativo del Huila, que el 7 de junio de 2007 lo admitió y decretó la suspensión provisional de la Resolución enjuiciada, y el 4 de julio de 2013 la anuló, pero negó el reconocimiento de la compensación económica deprecada, sentencia que apeló, por lo que el expediente fue enviado al Consejo de Estado, donde la subsección A de su sección tercera, con auto 5 de marzo de 2015, decretó la nulidad de todo lo actuado, en razón a que el proceso debía ser conocido en única instancia por esa Corporación (por lo que se le asignó a las diligencias el número de radicación 11001-03-26-000-2017-00168-00). Que el 31 de julio de 2018 el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera) admitió la demanda y negó la suspensión provisional del acto administrativo acusado, pese a que los fundamentos fácticos y jurídicos no habían variado, y el 23 de abril de 2021 declaró su nulidad, sin embargo, negó la compensación monetaria reclamada, al considerar que ya había sido «saldada» con el pago que le hizo Hocol S. A. al señor Darío Charry Díaz. Afirma que la providencia acusada adolece de defecto fáctico, comoquiera que no atendió el auto de 10 de marzo de 2003, dictado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, que aprobó el avalúo de los perjuicios, que debieron otorgarse como restablecimiento del derecho en el aludido proceso, máxime cuando dicha

decisión judicial es de obligatorio cumplimiento. 2 Omite establecer el valor de la indemnización. 3 No determina el día. 4 Omite especificar su monto. Que en la sentencia cuestionada también se configura defecto sustantivo, por cuanto (i) aplicó de manera parcial el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), porque a pesar de que se anuló la Resolución 181 de 17 de abril de 2007, no se accedió a la reparación del daño, lo que desnaturalizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; y (ii) al decretar la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario por parte del Tribunal Administrativo del Huila, se dispuso que las pruebas practicadas mantendrían su validez, sin embargo, no se conservó la medida cautelar decretada el 7 de junio de 2007 por la referida Corporación, en trasgresión del artículo 138 del Código General del Proceso (CGP). Agrega que el fallo censurado también incurre en (i) defecto procedimental, dado que soslayó la finalidad de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues resulta inadmisible que se anule un acto administrativo, pero no se resarzan los eventos adversos que provocó; y (ii) desconocimiento del precedente, pues desatendió los pronunciamientos del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional6, que prevén que cuando se anula una decisión administrativa en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, es imperioso ordenar el desagravio monetario. 1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, por conducto de la ponente de la providencia acusada, piden negar el amparo deprecado, en razón a que la profirieron de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-26-000-2017-00168-00, situación que impide atribuirle trasgresión de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el actor. Que la Resolución 181 de 17 de abril de 2007 contrariaba el marco normativo, porque revocó el acto administrativo de 1º de diciembre de 2006, con el que el alcalde de Aipe ordenó a Ecopetrol S. A. suspender las actividades que adelantaba en el inmueble del accionante hasta cuando le sufragaran los respectivos agravios, sin contar con su consentimiento, no obstante, no era dable acceder al restablecimiento del derecho reclamado, dado que el avalúo realizado por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe no reconoció un derecho, sino que solo calculó una suma derivada de presuntos perjuicios. 1.3.2 El señor alcalde de Aipe7 indica que el pago por la explotación de hidrocarburos en el predio Santa Elena fue cancelada al señor Darío Charry Díaz, a través de la escritura pública 3862 de 31 de diciembre de 1985, lo que impedía cancelar el emolumento reclamado por el tutelante en sede contenciosoadministrativa. Además, el avalúo que realizó el precitado Juzgado no estipuló una

obligación a favor del demandante, por cuanto comportó una condición para levantar la suspensión de los trabajos. Que la presente acción de tutela resulta improcedente, porque no colma la exigencia de subsidiariedad, pues el sistema normativo contempla otro mecanismo 5 Sección quinta, sentencia de 28 de enero de 2010, C. P. Susana Buitrago Valencia, expediente 25000-23-15000-2009-01590-01. 6 Sentencias (i) C-426 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil; y (ii) C-259 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 7 Vinculado por el a quo, mediante auto de 18 de junio de 2021, al presente trámite constitucional, junto con el señor presidente de Ecopetrol S. A., en condición de terceros interesados. para que el actor acceda al dinero que reclama, que es el proceso declarativo. 1.3.3 El señor presidente de Ecopetrol S. A., por conducto de apoderado, pide «declarar improcedente» la solicitud de amparo, habida cuenta de que no ha vulnerado las garantías superiores invocadas por el demandante, a quien no le asiste derecho de recibir la indemnización reclamada, toda vez que Hocol S. A. le reconoció al anterior dueño del bien Santa Elena la correspondiente compensación monetaria por realizar allí actividades petroleras, como quedó consignado en la escritura pública 3862 de 31 de diciembre de 1985. 1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección quinta), mediante sentencia de 8 de julio de 2021, negó el amparo deprecado, al considerar que el

fallo reprochado no adolece de defecto fáctico, puesto que se analizaron en debida forma las pruebas obrantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-26-000-2017-00168-00, que demostraban que el resarcimiento derivado de las tareas petroleras realizadas en el predio Santa Elena, fue cancelado al anterior propietario, con escritura pública 3862 de 31 de diciembre de 1985, por ende, no era dable otorgarlo nuevamente, comoquiera que su pago se hace por una sola vez, tal como lo prevé el Decreto 1886 de 1954. Que la Resolución 181 de 17 de abril de 2007 no estableció emolumento alguno a favor del demandante, sino que la suma allí fijada (que corresponde al avalúo realizado el 10 de marzo de 2003 por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe), era una condición que debía cumplir Ecopetrol S. A. para reactivar la explotación de hidrocarburos en el precitado bien, de manera que con fundamento en ese acto administrativo no era factible que las autoridades accionadas ordenaran el pago de la compensación reclamada. Indica que la decisión judicial censurada tampoco incurre en defectos sustantivo y procedimental, en razón a que el artículo 138 del CGP no estaba vigente al momento en que se instauró la demanda (18 de mayo de 2007), y la anulación de un acto administrativo no implica necesariamente que se deba ordenar un resarcimiento pecuniario, porque para ello resulta indispensable que exista un derecho en cabeza del demandante, presupuesto que no se colma, por cuanto al

actor no le asistía la prerrogativa de acceder a una compensación monetaria por la utilización en su terreno, dado que fue cancelada en 1985 por Hocol S. A. Que respecto del desconocimiento del precedente alegado, si bien el tutelante citó algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no cumplió una carga argumentativa que permitiera esclarecer si hubo reglas jurisprudenciales desatendidas por los demandados, situación que impone desestimar dicha causal. 1.5 Impugnación. El demandante, inconforme con la anterior decisión, la impugnó, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en la solicitud de amparo, a los que agrega que como la Resolución 181 de 17 de abril de 2007 fue anulada por las autoridades accionadas, recobró vigencia el acto administrativo de 1 de diciembre de 2006, que fijó el monto que debía pagar Ecopetrol S. A. para que reiniciara sus tareas en el predio Santa Elena.

II. CONSIDERACIONES 2.1 Competencia. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de las presentes impugnaciones. 2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección

de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 23 de abril de 2021, por cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera) accedió parcialmente, en única instancia, a las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el tutelante contra el municipio de Aipe y Ecopetrol S. A. (expediente 11001-03-26-000-2017-00168-00); y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia, invocadas en la solicitud de amparo. 2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el

reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando 8 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]». 9 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 10 «[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.

[…]». 11 «Reglamento interno del Consejo de Estado». resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público. En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó: […] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos

ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […]. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo

de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra

sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los serv