CE-11001-03-15-000-2021-03753-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA SON LAS MISMAS DEL PROCESO ORDINARIO / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA – Del proceso ordinario / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA – Para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial / INEXISTENCIA DEL

DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

[L]a Sala considera que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional, toda vez que tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo recurso de apelación interpuesto contra el auto de 3 de noviembre de 2020 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, el actor plasmó los mismos argumentos jurídicos. (…) En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación interpuesto contra el auto de 3 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del

Circuito de Ibagué, expuso los mismos argumentos jurídicos, esto es, i) se desconoció que hubo una indebida notificación de la Resolución núm. 932 de 11 de julio de 2019, en razón a que al encontrarse el actor en una licencia no remunerada “[…] el trabajador se encuentra suspendido de sus funciones […]”, por lo que no era su obligación consultar su correo institucional; ii) existe un “[…] defecto fáctico en que se incurrió al hacer una indebida valoración de la prueba de la notificación del acto administrativo Resolución 932 del 11 de julio de 2019, sin atender a que la dirección electrónica correspondía al correo electrónico institucional para dar cumplimiento a las funciones propias del cargo […]”; y iii) se cumplió con lo dispuesto en el artículo 138 del CPACA, toda vez que, teniendo en cuenta que la notificación se hizo a través del correo institucional del actor y no de su correo electrónico personal, el término de caducidad del medio de control se debe contabilizar desde el 12 de agosto de 2019, fecha en la que se “[…] reincorporó al ejercicio de sus funciones […]” y le era exigible consultar dicho correo institucional. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 3 de junio de 2021, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas al interior del proceso ordinario. Para la Sala, los reparos propuestos por el actor ya fueron expuestos

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fueron decididos por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. (…) Ahora bien, además, la Sala precisa que, frente a la sentencia mencionada supra, el actor en todo caso no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en la providencia que mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03753-00(AC)

Actor: PEDRO PABLO TORRES PALACIO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Referencia: Acción de tutela Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/incumplimiento del requisito de relevancia constitucional Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Pedro Pablo Torres Palacio contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su juicio, al proferir el auto de 3 de junio de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 730013333004202000156-00, vulneró su derecho fundamental invocado supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su juicio, al proferir el auto de 3 de junio de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 73001333300420200015600, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, con el fin de recuperarse de sus problemas de salud mental y con el propósito también de apoyar la recuperación de la salud de su compañera permanente, disfrutó de una licencia no remunerada. Al respecto, precisó que dicha licencia no fue concedida de manera directa por su empleador, sino que se concedió con ocasión de una acción de tutela que presentó el actor contra la

Defensoría del Pueblo, la cual fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá1 en el sentido de i) amparar los derechos fundamentales a la salud y al trabajo del tutelante y ii) ordenar conceder dicha licencia.

4. Indicó que, con ocasión de esa solicitud de amparo, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución núm. 634 de 8 de mayo de 20192, modificada por la “[…] Resolución núm. 704 de 2019 […]”, a través de las cuales concedió la licencia no remunerada solicitada para el periodo comprendido “[…] desde el trece (13) de mayo de 2019, al doce (12) de agosto de 2019 […]”.

5. Adujo que, encontrándose en el periodo de licencia no remunerada, el 12 de julio de 2019 envió su renuncia a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, informó que en dicho escrito solicitó a la entidad de la referencia que se le informara de la decisión sobre su renuncia “[…] en tres direcciones vinculadas, a saber: en el

correo personal, en mi dirección de residencia y en el correo institucional […]”.

6. Expresó que, mediante la Resolución núm. 932 de 11 de julio de 20193, la Defensoría del Pueblo aceptó su renuncia a partir del 12 de agosto de 2019, decisión que le fue notificada a través de mensaje de datos remitido el 15 de julio de 2019 a su correo electrónico institucional.

7. Indicó que, el 8 de septiembre de 2020, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Defensoría del Pueblo, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 932 de 11 de julio de 2019 y se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba, al considerar que ese acto administrativo “[…] se expidió de modo ilegal por corresponder a una renuncia indirecta sustentada en los múltiples actos de hostigamiento ejercidos contra el señor PEDOR PABLO TORRES PALACIO […]”.

Auto de 3 de noviembre de 2020 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 730013333004202000156-00

8. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué mediante providencia de 3 de noviembre de 2020, dispuso: 1 De lo expuesto en la demanda presentada dentro del proceso ordinario cuestionado, el actor señala cómo número único de radicación de dicha acción de tutela el siguiente: “110012215000201900034-00”. 2 “Por la cual se concede una licencia no remunerada”.

3 “Por medio de la cual se acepta una renuncia”. “[…] PRIMERO: RECHAZAR de plano la presente demanda, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.

9. Como fundamento de su decisión manifestó que: “[…] En el presente caso la parte actora pretende que se declare la nulidad de la Resolución No. 932 de 11 de julio de 2019, “Por medio del cual se aceptó a partir del 12 de agosto de 2019, la renuncia presentada por el servidor Pedro Pablo Torres Palacio, Profesional Especializado, Código 2010, Grado 17, perteneciente al nivel Profesional, adscrito a la Defensoría Regional Tolima; acto administrativo del cual declara el actor tuvo conocimiento a través de su correo electrónico siendo en consecuencia notificado del acto el día 15 de julio de 2019.

De acuerdo con ello, el término de caducidad del presente medio de control se debe empezar a contar a partir del 16 de julio de 2019 (día siguiente a la notificación por correo electrónico del acto administrativo en cita), culminando este el 16 de noviembre de 2019. El Despacho también advierte que, en el expediente digitalizado reposa certificación expedida por la Procuraduría 9ª Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C., en la que consta que el 11 de diciembre de 2019 la parte demandante solicitó que se llevara a cabo audiencia de conciliación extrajudicial con citación de la entidad demandada, con el fin de agotar el requisito de procedibilidad. Siendo esto así, cuando el actor solicitó el agotamiento del requisito de procedibilidad, el término de caducidad de cuatro meses con el que

contaba para acudir a ésta jurisdicción se encontraba más que vencido, es decir, con la solicitud de esa audiencia no se interrumpió el término de caducidad, por cuanto se hallaba fenecido. Aunado a ello, la demanda fue radicada ante la oficina judicial el día 08 de septiembre de 2020 (No. 002 expediente digitalizado), es decir, cuando el inexorable término estaba más que expirado. Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene lo siguiente: Fecha de notificación del acto demandado 15 de julio de 2019 Iniciación del término de caducidad 16 de julio de 2019 16 de noviembre de Vencimiento del término de caducidad 2019 Fecha de presentación de solicitud de 11 de diciembre de conciliación 2019 Fecha de expedición del acta de conciliación 01 de marzo de 2020 08 de septiembre de Fecha de presentación de la demanda 2020 Por todo lo anterior, sin más consideraciones, el Despacho procederá a rechazar la presente demanda, por encontrarse caducada en atención a lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. (Resaltado en el texto original). Auto de 3 de junio de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 730013333004202000156-01

10. El Tribunal Administrativo del Tolima, dispuso: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida el 03 de noviembre de 2020, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, que rechazó por caducidad

el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva […]”.

11. Dentro de sus consideraciones señaló que: “[…] advierte la Sala que, el señor Pedro Pablo Torres Palacio presentó la renuncia al cargo de Profesional Especializado código 2010, el 12 de julio de 2019, y allí indicó que recibiría las notificaciones a los emails politho@hotmil.com

(sic), petorres@defensoria.gov.co, aceptando así, dichos correos electrónicos como medio de notificación. Así las cosas, no son de recibo los argumentos expuestos por el demandante, pues, aunque asevera que al ser notificado de la Resolución No. 932 de 2019 al correo institucional, mientras se encontraba en licencia no remunerada, no estaba obligado a revisar dicho correo, advierte la Sala que, cuando presentó la renuncia también estaba en licencia y aun así solicitó le fuera notificado al correo petorres@defensoria.gov.co (email institucional), por lo que debía estar presto a revisar el buzón de entrada de dicho correo. Ahora bien, argumenta el accionante que a voces del art. 56 del C.P.A.C.A, la notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, es decir, el 12 de agosto de 2019, fecha en la cual se terminó su licencia no remunerada. Al respecto aclara la Sala que, al haberse remitido y recibido la comunicación por el accionante, su enteramiento efectivamente se surtió en la fecha señalada por la jueza a quo (15 de julio de 2019), sin que sea de recibo la manifestación del actor

en el sentido que es hasta que acceda al correo electrónico que se debe dar por notificado, pues una cosa es la data en la que se surtió su notificación y otra la de revisión de su correo electrónico. En efecto, esta Corporación tiene sentado sobre tal punto que lo relevante no es «‘demostrar’ que el ‘correo fue abierto’, sino que debía demostrar, conforme a las reglas que rigen la materia, que «el iniciador recepcionó acuse de recibo». (CSJ STC690 de 2020, rad. 2019-02319-01). En otros términos, la notificación se entiende surtida cuando es recibido el correo electrónico como instrumento de enteramiento, mas no en fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicación, pues habilitar este proceder implicaría que la notificación quedaría al arbitrio de su receptor, no obstante que la administración de justicia o la parte contraria, según sea el caso, habrían cumplido con suficiencia la carga a ellos impuesta en el surtimiento del trámite de notificación. Vistas de esta forma las cosas, la Sala concluye que el enteramiento por medios electrónicos puede probarse por cualquier medio de convicción pertinente, conducente y útil, incluyendo no solo la presunción que se deriva del acuse de recibo (y que puede ser desvirtuada), sino también su envío, sentido en el que se precisa el alcance de las consideraciones plasmadas en CSJ STC13993-2019, 11 oct. 2019, rad. n.º 2019-00115 y STC690-2020, 3 feb. 2020, rad. n.º 201902319. Ahora, en relación con la función que cumple la constancia que acusa recibo de la

notificación mediante el uso de un correo electrónico o cualquiera otra tecnología, debe tenerse en cuenta que los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, en concordancia con los preceptos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999, prevén que «…se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo…», esto es, que la respuesta del destinatario indicando la recepción del mensaje de datos hará presumir que lo recibió. Sin embargo, de tales normas no se desprende que el denominado «acuse de recibo» constituya el único elemento de prueba conducente y útil para acreditar la recepción de una notificación por medios electrónicos, cual si se tratara de una formalidad ad probationem o tarifa legal -abolida en nuestro ordenamiento con la expedición del Código de Procedimiento Civil-. Por consecuencia, la libertad probatoria consagrada en el canon 165 del Código General del Proceso, equivalente al precepto 175 del otrora Código de Procedimiento Civil, igualmente se muestra aplicable en tratándose de la demostración de una notificación a través de mensajes de datos o medios electrónicos en general, ante la inexistencia de restricción en la materia. Es que el principio de libertad probatoria constituye regla general -aplicable a la constancia de recibo de un mensaje de datos, mientras que la excepción es la solemnidad ad probationen, que, por ende, debe estar clara y expresamente señalada en el ordenamiento, de donde al intérprete le está vedado extraer tarifas no previstas positivamente. Esta hermenéutica desarrolla el mandato constitucional previsto en el artículo 228

de la Carta Política, replicado en el artículo 11 del Código General del Proceso, que aboga por la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal como criterio válido de interpretación normativo, pues se rendiría culto ciego a las formas si se considera que un enteramiento por mensaje de datos no se ha efectuado o se llevó a cabo en una fecha distinta a la que realmente se realizó, porque su destinatario no acusó recibo o lo hizo en data diferente a la de su recepción. En ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo le notificó la Resolución No. 932 de 2019, el 15 de julio de 2019, por lo tanto, el término de caducidad comenzaba a correr el día siguiente y el término para el ejercicio oportuno del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho venció el 16 de noviembre de 2019, de ahí que la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 11 de diciembre de 2019 evidencie que el interesado se encontraba fuera del término legal para incoar la acción […]”. (Negrillas en el texto). La solicitud de tutela Pretensiones

12. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] 1. Que se revoque el auto de fecha 3 de noviembre de 2020, proferido en el proceso 73-001-3333-004-2020-00156-00 que se adelanta mediante mecanismo de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO, teniendo en cuenta las dudas existentes para determinar si operó o no la caducidad de la acción.

2. Se admita la demanda que interpuso mediante apoderado judicial el señor

PEDRO PABLO TORRES PALACIO contra la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, para

dar continuidad al mecanismo de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO […]”.

13. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que: “[…] En este sentido es desproporcionado que el Tribunal del Tolima me imponga la carga de estar pendiente del correo electrónico institucional mientras me encontraba en licencia y en el marco de una rehabilitación por trastorno mental y psicoemocional probado […]”. […] “[…] Con el propósito justamente de evitar estas controversias, me permití solicitar de forma clara en la radicación de mi renuncia que me fuera notificada la decisión en tres direcciones vinculadas, a saber: en el correo personal, en mi dirección de residencia y en el correo institucional […]”. […] “[…] 15. Nótese que la notificación electrónica fue remitida únicamente al correo electrónico institucional que me fue asignado para el ejercicio de funciones.

16. Adicionalmente a lo anterior, la resolución que aceptó mi renuncia fue remitida en fecha 15 de julio de 2019, momento para el cual, me encontraba gozando de la licencia no remunerada reconocida mediante fallo de tutela y en los términos de la Resolución 704 de 2019 y, por lo tanto, en este periodo me encontraba separado de mis funciones y suspendidas mis situaciones administrativas, por lo que no fue realizada en debida forma la notificación de la aceptación de mi renuncia.

17. Es así que, a sabiendas de que me encontraba en licencia no remunerada

(concedida mediante Resolución) y desprendido de mis funciones, fue remitida la resolución que acepta mi renuncia al correo electrónico institucional que no me encontraba obligado a consultar, por ser una herramienta de trabajo […]”. […] “[…] En este sentido y separado de mis funciones, me encontraba atendiendo mi

rehabilitación mental y psicoemocional y no los temas relacionados con mi condición laboral ni mucho menos con el correo electrónico laboral.

19. Atendiendo a que la licencia no remunerada finalizó el 12 de agosto de 2019, levantada la suspensión de mis situaciones administrativas, me di por notificado de la Resolución 932 en la misma fecha (12 de agosto de 2019).

20. De este modo se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art 138 del C.P.A.C.A. que entre otros dispone: “siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

21. Contados entonces los 4 meses con que se contaban para demandar a partir del 12 de agosto, se realizaron las siguientes acciones: a) En fecha 11 de diciembre fue solicitada conciliación extrajudicial en la Procuraduría General de la Nación. b) Dispuso practicar audiencia de conciliación el 5 de marzo de 2020 en las oficinas de la Procuraduría Novena Judicial II para Asuntos Administrativos. c) La parte convocada no se presentó a la diligencia conforme se evidencia en la constancia del 5 de marzo de 2020, expedida por el Procurador Noveno Judicial II para Asuntos Administrativos. (prueba 96 de la demanda) d) Se realizó control de legalidad por el Procurador Noveno Judicial II para Asuntos Administrativos, con la parte convocante. e) En fecha 11 de marzo de 2020, pasados 3 días de concedidos por el artículo 22

de la ley 640 de 2001, se expide constancia de la inasistencia y se cierran las diligencias para continuar con el proceso judicial. (prueba 97 del expediente) f) El 11 de marzo fue radicada la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Fecha de notificación del acto demandado 12 de agosto de 2019 Iniciación del término de caducidad 13 de agosto de 2019 Vencimiento del término de caducidad 13 de diciembre de 2019 Fecha de presentación de solicitud de 11 de diciembre de 2019 conciliación Fecha de expedición del acta de conciliación 1 de marzo de 2020 Fecha de presentación de la demanda 8 de septiembre de 2020

22. Sin embargo, de los hechos relacionados, los despachos de primera y segunda instancia (Tribunal Administrativo del Tolima) consideraron que la caducidad operó para el presente caso, atendiendo a que los términos fueron contados a partir de la notificación electrónica al correo institucional en fecha 15 de julio de 2019 […]”.

14. Adicionalmente, mencionó que: “[…] 23. El artículo 56 del C.P.A.C.A., exige en el marco de las notificaciones electrónicas sea certificada por parte de la administración la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo […] el Tribunal Administrativo del Tolima rechazar de plano la demanda, no permitió ni siquiera la discusión del momento en el que efectivamente el administrado – trabajador fue notificado de la decisión de la administración, ya que no es posible conocer la certificación de la que habla el artículo 56 del C.P.A.C.A […]”. […] “[…] En el presente caso se controvierte la debida notificación del accionante,

sustentada en que al momento de notificación del acto administrativo que se demanda, el cual aceptó su renuncia fue remitido al correo electrónico institucional no obstante de encontrarse en periodo de licencia remunerada y desprendido temporalmente de las funciones del cargo. Inclusive, como tratamiento para el manejo de sus enfermedades mentales de trastorno ansioso por las situaciones de violencia y desplazamiento, adicionales al presunto acoso laboral que se encontraba sufriendo, le fue recomendado por la médica tratante descansar, por lo que la licencia no remunerada que le fue reconocida mediante el litigio de tutela, la utilizó para aislarse de las funciones que desarrollaba, en el marco de lo permitido por la Ley. Licencia que fue concedida por orden de tutela y definida con resolución motivada, suspendió el ejercicio de las funciones propias del cargo al señor PEDRO PABLO TORRES PALACIO como analista del SAT. Así las cosas, si bien se presentó una notificación, esta no fue realizada en debida forma ni mediante el mecanismo idóneo que permitiera conocer la voluntad de la administración sino hasta la fecha de reincorporación a sus funciones, es decir a partir del 12 de agosto de 2019. Se ilustra al Despacho que las licencias y los permisos en general son concedidos mediante la aplicación de la Resolución No. 550, expedida por la Defensoría del Pueblo “Por la cual se reglamentan algunas situaciones administrativas y se dictan otras disposiciones”, en ella en su artículo 2 […] Nótese entonces que la misma resolución da claridad que en este tiempo de licencia no remunerada el trabajador se encuentra suspendido de sus funciones, por lo que mal podría exigírsele al

servidor estar pendiente de los medios electrónicos asignados para el ejercicio de sus funciones. Razones por las cuales se solicita al Despacho dejar sin efecto la decisión de imponer la sanción de caducidad, atendiendo al defecto fáctico en que se incurrió al hacer una indebida valoración de la prueba de la notificación del acto administrativo Resolución 932 del 11 de julio de 2019, sin atender a que la dirección electrónica correspondía al correo electrónico institucional para dar cumplimiento a las funciones propias del cargo. Ahora bien, en el entendido de los requisitos de trámite del presente recurso, se exponen los siguientes […] Dado que el CPACA no tiene previsto que el auto que rechaza la demanda se notifique personalmente, se tendrá que notificar por estado. Sin embargo, el cumplimiento de este requisito no es suficiente para que se entienda que cuando se interpone el recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda, se deba surtir el traslado a la contraparte, porque, precisamente, no se ha trabado la relación jurídico procesal. No hay contraparte que controvierta […]”. […] “[…] mi solicitud fue desatendida y mi empleador decidió notificarme a su elección, violando mi derecho de petición y mi acceso al debido proceso en atención a que me encontraba en desprendimiento temporal de mis funciones y requería una notificación que efectivamente pudiera conocer. En este sentido, conforme fue omitida mi petición, tuve la oportunidad de conocer de la aceptación de la renuncia una vez me reincorporé al cargo, ya que en el marco de la licencia en la que me encontraba, mis situaciones administrativas estaban suspendidas por cuanto me encontraba en un desprendimiento temporal

del cargo y en este sentido NO me encontraba en la obligación de revisar mi correo electrónico institucional. En este sentido me permito de forma enunciativa hacer una breve referencia a la normativa que señala sobre el desprendimiento funcional cuando se encuentra operando una licencia: En Sentencia 00203 de 2013 Consejo de Estado, se regulan las vacancias temporales del empleo en los siguientes términos […] Concepto de la Función Pública referente a las situaciones administrativas de los empleados de carrera […]”. Actuación

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de junio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima; y iii) vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, a la Defensoría del Pueblo – Regional del Tolima y al Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre los hechos narrados por el actor.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

16. El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó su desvinculación, toda vez que, a su juicio, el actor no manifestó en qué consistió la vulneración de su derecho al debido proceso y, por el contrario, en el escrito de tutela el accionante solo peticionó dejar sin efectos la providencia de primer grado, sin mencionar manifestación alguna de inconformidad frente a la decisión adoptada por esta

Corporación. 16.1.Mencionó que:

“[…] En ese orden de ideas, y de las disposiciones normativas y jurisprudenciales plasmadas en el proveído proferido por esta Corporación el 3 de junio próximo pasado, resulta claro que, la Defensoría del Pueblo notificó al señor Pedro Pablo Torres la Resolución No. 932 de 2019, el 15 de julio de 2019, por lo tanto, el término de caducidad comenzó a correr el día siguiente y el término para el ejercicio oportuno del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho venció el 16 de noviembre de 2019, de ahí que al momento de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 11 de diciembre de 2019 el interesado se encontraba fuera del término legal para incoar la acción […]”. 16.2.Asimismo, señaló que: “[…] En el caso presente, no es posible cuestionar a través de la acción de tutela la legalidad del proveído censurado, por la potísima razón que no se cumple con la ruptura abierta y grosera del ordenamiento jurídico, toda vez que la fundamentación de la providencia no es producto del mero capricho de sus operadores jurídicos, el cual no se manifiesta simple y llanamente porque el interesado no lo comparta, porque pueda ser objeto de controversia o aun de revocatoria […]”. 16.3. Finalmente, indicó que el Tribunal brindó todas las garantías formales y materiales referentes al derecho fundamental al debido proceso del actor.

17. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de