CE-11001-03-15-000-2021-03779-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO

SUPERADO / EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

[S]e tiene que los días 23, 26 y 27 de abril de 2021 los accionantes pidieron de la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de sus tarjetas profesionales de abogados, lo que fue satisfecho por esa autoridad, pues les emitió los referidos documentos el 23 de junio de la presente anualidad, notificados el mismo día, los cuales están vigentes conforme a los certificados 290939, 290940 y 290942. (…) En este contexto, la Sala considera que en el asunto se configura una carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad demandada ha cesado, en razón a que el 23 de junio de 2021 se expidieron las tarjetas profesionales de abogados de los actores. (…) A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03779-00(AC)

Actor: KIRELIS ÁVILA LARA, DARWIN ALEXÁNDER CALDERÓN VITOLA Y

STEFANY MALDONADO ÁVILA

Demandado: DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE

ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Kirelis Ávila Lara, Darwin Alexánder Calderón Vitola y Stefany Maldonado Ávila contra la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales de petición, trabajo y debido proceso.

I. ANTECEDENTES 1.1 La solicitud de amparo. Los señores Kirelis Ávila Lara, Darwin Alexánder Calderón Vitola y Stefany Maldonado Ávila, quienes actúan en nombre propio, presentan acción de tutela con el fin de que se les protejan las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas por la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Ç Como consecuencia de lo anterior, piden se ordene a la autoridad accionada expedir sus tarjetas profesionales de abogados, toda vez que no han podido ejercer ese oficio. 1.2 Hechos. Relatan los accionantes que los días 23, 26 y 27 de abril de 2021 solicitaron de la autoridad demandada, a través de escritos enviados al buzón electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, la expedición de sus tarjetas

profesionales de abogados, para cuyo propósito aportaron la documentación pertinente, sin embargo, desde ese momento hasta la fecha de presentación de la tutela no se les ha suministrado respuesta de fondo ni se les han expedido las aludidas tarjetas.

II. TRÁMITE PROCESAL Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 22 de junio de 2021, admitió la presente acción y ordenó notificar a la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. 2.1 Contestación de la acción. La señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura aduce que los tutelantes «[…] solicitaron a través del correo electrónico

regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co., su inscripción como Abogados y la expedición de la[s respectivas] Tarjeta[s] Profesional[es] […]». Que, una vez obtenida la totalidad de documentos requeridos, se «[…] inscribi[eron] en el registro de abogados a [los actores] STEFANY MALDONADO ÁVILA […], asignándole la Tarjeta Profesional de Abogad[a] No 360.814, mediante el Acta N° 9012 de 2021; […] KIRELIS ÁVILA LARA […], asignándole la Tarjeta Profesional de Abogad[a] No 360.815, mediante el Acta N° 9013 de 2021 y […] DARWIN ALEX[Á]NDER CALDERÓN VITOLA […], asignándole la Tarjeta

Profesional de Abogado No 360.816, mediante el Acta N° 9014 de 2021 […]», las cuales fueron enviadas «[…] al contratista para la elaboración [de los] plástico[s], [con la finalidad de] […] remitir[las], a través del servicio de correo certificado 472, [a sus] domicilio[s] […]», cuya vigencia puede ser consultada en «[…] la página [electrónica] de la Rama Judicial o en el [enlace] https://sirna.ramajudicial.gov.co […]», situación que impone declarar en este asunto la carencia actual de objeto por hecho superado.

III. CONSIDERACIONES 3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por los demandantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales de petición, trabajo y debido proceso. 3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y Ç sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo

que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio. 3.3 Cuestión preliminar. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública1; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional2 ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos: 4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”3. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado. 4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional4. En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un

análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”5 (Subrayado por fuera del texto original.) 4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 20086, se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho superado, a saber: 1 Artículo 86 de la Carta Política. 2 Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 3 Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto. 4 Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación

impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. 5 Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto. 6 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ç “1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.” [se destaca].

Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho superado. El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca: a) Solicitudes formuladas por correo electrónico los días 23, 26 y 27 de abril de 2021 por los actores, ante la señora directora de la unidad de registro nacional de

abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, orientadas a que se les expidan sus tarjetas profesionales de abogados. b) Actas de registro de tarjeta profesional 9012, 9013 y 9014 de 23 de junio de 2021, en las que se consigna que, una vez «[…] [v]erificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procede a efectuar la inscripción como abogado[s] en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a nombre de [los actores] […], [s]egún acta de grado de fecha 17 de abril del 2021, [y, en consecuencia] […]», se les asignan las tarjetas profesionales 360.814, 360.815 y 360.816, con fecha de expedición de 23 de junio del año en curso, notificadas el mismo día a sus correos electrónicos. Ahora bien, la inconformidad de los tutelantes radica en que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se les había expedido sus tarjetas profesionales de abogados, pese a que lo solicitaron los días 23, 26 y 27 de abril de 2021, lo que quebranta sus garantías superiores de petición, trabajo y debido proceso, no obstante, la autoridad accionada aduce que en el asunto sub judice se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, porque dichos documentos se emitieron el 23 de junio del año en curso, lo que se les comunicó ese día a los demandantes a los correos electrónicos kirelis.107@hotmail.com, darwin1819@hotmail.com y estefany-maldo@hotmail.com, aportados por ellos con ese fin.

De acuerdo con la relación probatoria realizada, se tiene que los días 23, 26 y 27 de abril de 2021 los accionantes pidieron de la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de sus tarjetas profesionales de abogados, lo que fue satisfecho por esa autoridad, pues les emitió los referidos documentos el 23 de junio de la presente anualidad, notificados el mismo día, los cuales están vigentes Ç conforme a los certificados 290939, 290940 y 2909427. En este contexto, la Sala considera que en el asunto se configura una carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de la autoridad demandada ha cesado, en razón a que el 23 de junio de 2021 se expidieron las tarjetas profesionales de abogados de los actores. A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite, «[…] el juez constitucional queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer»8, lo que impone negar el amparo de las garantías superiores invocadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contenciosoadministrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política, FALLA: 1º. Niégase, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, el

amparo de los derechos constitucionales fundamentales de petición, trabajo y debido proceso invocados por los señores Kirelis Ávila Lara, Darwin Alexánder Calderón Vitola y Stefany Maldonado Ávila, conforme a la parte motiva. 2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase, Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha. Firmado electrónicamente CARMELO PERDOMO CUÉTER Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS 7 Consultada la página electrónica https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx. 8 Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.