CE-11001-03-15-000-2021-03818-00(AC)

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / COSA JUZGADA FRAUDULENTA – No acreditada / EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN - La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla [S]e colige que la presente tutela, al intentarse contra una sentencia proferida dentro de una acción de idéntica naturaleza, no cumple con los requisitos de procedencia de la misma, máxime, porque se encamina a controvertir las decisiones de fondo y no expone situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta, que pudiera haber afectado sus derechos fundamentales, por lo cual resulta imperativo para la Sala de Subsección rechazarla por ser abiertamente improcedente. Dicho fenómeno de improcedencia de la acción, deviene del criterio jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de tutela anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría que la resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. (…) de conformidad con el artículo 341 del Código General del Proceso, la concesión de un recurso de casación no impide que la sentencia dictada dentro de un proceso ordinario se cumpla. Sobre este punto, la Ley 1564 de 2012 es clara en indicar que para solicitar la suspensión del cumplimiento de una providencia recurrida en

casación se debe ofrecer una caución para garantizar el pago, lo cual no se advierte que haya ocurrido en el presente asunto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1564 DE 2012 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 341 / DECRETO 2591

DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03818-00(AC)

Actor: JUAN DE DIOS LLANOS VALENCIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN

SEGUNDA – SUBSECCIÓN F

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1 La Sala de Subsección decide la acción de tutela presentada por el señor Juan de Dios Llanos Valencia, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, por la presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 7 de mayo de 2021, proferida dentro del trámite de la acción de tutela con numero de radicación 11001-33-35-012-2021-0077-01.

I. ANTECEDENTES La solicitud de protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital se

fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS 1.1. El Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2018, ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) a que registrara 1.006 semanas cotizadas en la historia laboral del señor Juan de Dios Llanos Valencia. 1.2. El 5 de octubre de 2020, el accionante presentó petición ante Colpensiones solicitando que se le certificara si se iba a dar cumplimiento a la orden judicial citada, escrito que fue respondido el 23 de diciembre de 2020, señalándole que no se ha acatado la sentencia por falta de piezas procesales, pero las mismas ya habían sido solicitadas ante la oficina regional de la entidad. 1.3. Sin embargo, por medio de Oficio de 19 de febrero de 2021, Colpensiones le indicó que no se cumpliría lo ordenado por estar pendiente de resolver un recurso de casación ante la Corte Suprema de

Justicia. 2 1.4. Como consecuencia de lo anterior, el señor Juan de Dios Llanos Valencia presentó tutela en contra de Colpensiones, proceso que correspondió al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogotá que, a través de sentencia de 18 de marzo de 2021, rechazó por improcedente la acción. 1.5. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, mediante sentencia de 7 de mayo de 2021, confirmó lo fallado en primera instancia por existir una actuación temeraria.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente: «[…] Respetuosamente, solicitó tutelar mi derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en conexidad con seguridad social y mínimo vital y en consecuencia ORDENAR a la citada Sala que produzca un nuevo fallo donde ORDENE a Colpensiones el cumplimiento inmediato del fallo en mención».

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, con la expedición de la sentencia de 7 de mayo de 2021, incurrió en:  Desconocimiento del precedente: por la no aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual no existe una acción temeraria cuando: a) la violación del derecho fundamental se mantiene, b) existen nuevos elementos fácticos o jurídicos, y c) en la tutela anterior el juez no se pronunció respecto a la verdadera pretensión de la parte accionante. 3  Defecto fáctico: por cuando no se estudiaron los argumentos planteados en el escrito de impugnación de la primera instancia de la acción de tutela, insistiendo que existe una cosa juzgada pese que existe un hecho nuevo consistente en que el 19 de febrero de 2021 Colpensiones señaló que no cumpliría con la orden dictada dentro del proceso ordinario.  Defecto sustantivo: por exceso ritual manifiesto, al plantear que tiene otro medio de defensa, como lo es la acción ejecutiva, pese que tiene 82 años de edad y no ha podido obtener el reconocimiento de su derecho pensional, lo cual le ocasiona un

perjuicio irremediable.

4. TRÁMITE PROCESAL Mediante auto de 23 de junio de 2021, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, como accionado, y a Colpensiones, como tercero interesado en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto. De igual modo, se requirió a la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral para que informara el estado del recurso presentado por el señor Juan de Dios Llanos Valencia dentro del proceso radicado con el N.º 11001-31-05-015-2016-00321-00.

5. INTERVENCIONES 5.1. Colpensiones, actuando a través de la directora de acciones constitucionales, solicitó que se rechace por improcedente la tutela de la 4 referencia por no cumplir con el requisito de inmediatez. Expuso que la petición del accionante fue resuelta desde el 19 de febrero de 2021, mediante escrito en el cual se le indicó que el proceso ordinario aún no se encuentra ejecutoriado. 5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, a través del magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta, señaló que no incurrió en los enunciados defectos, en la medida que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para

hacer efectivos sus derechos, habida cuenta que no fue demostrado que se le hubiere causado un perjuicio irremediable. Así tampoco, se logró acreditar la procedencia de la acción de tutela para atacar sentencias de la misma naturaleza, por cuanto es evidente que no nos encontramos ante una situación de fraude que hubiere motivado el fallo que ahora se controvierte, que es la única excepción admitida por la jurisprudencia para que sea admisible un estudio de fondo. 5.3. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».1 1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

5 Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder si:  ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:  ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, con la expedición de la providencia de 7 de mayo de 2021, que resolvió la acción de tutela presentada por el señor Juan de Dios Llanos Valencia en contra de Colpensiones, incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, y por consiguiente, vulneró los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital de la parte accionante? Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los requisitos generales de procedibilidad y iii) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

6 En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los

valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone. Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:

1. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez 2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

7 de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos fundamentales de alguna de las partes. ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable. iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

1. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

8 vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. vi. Que no se trate sentencias de tutela, situación que se entrará a analizar a continuación.

4. CASO CONCRETO En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela presentada por el señor Juan de Dios Llanos Valencia, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 7 de mayo de 2021, proferida dentro del trámite de la acción de tutela con numero de radicación 11001-33-35-012-2021-0077-01.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera: 4.1. De los antecedentes descritos se colige que la presente tutela, al intentarse contra una sentencia proferida dentro de una acción de idéntica naturaleza, no cumple con los requisitos de procedencia de la misma, máxime, porque se encamina a controvertir las decisiones de fondo y no expone situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta, que pudiera haber afectado sus derechos fundamentales, por lo cual resulta imperativo para la Sala de Subsección rechazarla por ser abiertamente improcedente. Dicho fenómeno de improcedencia de la acción, deviene del criterio jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de tutela anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría que

la resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar una 9 protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. Asimismo, no se advierte que en el asunto bajo estudio se cumpla con los requisitos de procedencia excepcional fijados por la jurisprudencia constitucional en relación con la acción de amparo contra una sentencia de tutela, a saber: a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude o una que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tenga un carácter residual. En este orden de ideas, al no encontrarse acreditado el cumplimiento de alguno de los requisitos precitados, esta Sala de Subsección rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Juan de Dios Llanos Valencia, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F. 4.2. Ahora, si bien no es posible realizar el estudio de fondo de un presunta vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación accionada, se tiene que Colpensiones también está

vinculado dentro del presente trámite de tutela, por lo que esta Sala de Subsección considera necesario precisar que, de conformidad con el artículo 341 del Código General del Proceso, la concesión de un recurso de casación no impide que la sentencia dictada dentro de un proceso ordinario se cumpla. 10 Sobre este punto, la Ley 1564 de 2012 es clara en indicar que para solicitar la suspensión del cumplimiento de una providencia recurrida en casación se debe ofrecer una caución para garantizar el pago, lo cual no se advierte que haya ocurrido en el presente asunto. Al respecto, cita la norma: «ARTÍCULO 341. EFECTOS DEL RECURSO. La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes. El registro de la sentencia, la cancelación de las medidas cautelares y la liquidación de las costas causadas en las instancias, solo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del tribunal o la de la Corte que la sustituya. En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso. En la oportunidad para interponer el recurso, el recurrente podrá

solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados en el auto que conceda el recurso, y esta deberá constituirse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se ejecuten los mandatos de la sentencia recurrida. Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. En caso contrario, la denegará». (Subrayado y negrillas fuera del texto) En este orden de ideas, se exhortará a Colpensiones para que tenga en cuenta la norma jurídica citada y dé cumplimiento a la orden judicial dictada en favor del señor Juan de Dios Llanos Valencia dentro del proceso radicado con el N.º 11001-31-05-015-2016-00321-00. 11 En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Juan de Dios Llanos Valencia, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, de conformidad con lo expuesto en

la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- EXHÓRTASE a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones para que dé cumplimiento a la orden judicial dictada en favor del señor Juan de Dios Llanos Valencia dentro del proceso radicado con el N.º 11001-31-05-015-2016-00321-00, en los términos del artículos 341 del Código General del Proceso. TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta Providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGÍSTRASE la presente providencia en la plataforma SAMAI. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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