CE-11001-03-15-000-2021-03866-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Petición negada / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO La Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación indicó que no está legitimada en la causa por pasiva frente a las pretensiones invocadas por los actores. Al respecto, la Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación se le vinculó como tercero con interés, en la medida en que, se advirtió que correspondía a una de las autoridades a las cuales la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado le dio una serie de órdenes dentro de la parte resolutiva de la sentencia de 20 de noviembre de 2020. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Procuraduría General de la Nación le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL /

AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE En lo que concierne al desconocimiento de la “[…] Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988 […]”, para la Sala los actores no

cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicaron específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionaron en su escrito de tutela, y mucho menos argumentaron que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares. (…) En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, los actores tienen la carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por los actores en su escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA

DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE

OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO

EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / INEXISTENCIA DEL DEFECTO

PROCEDIMENTAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Se debieron ejercer los mecanismos de control judicial procedentes Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se cumple o no con el requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto por el desconocimiento del principio de congruencia que alegaron los actores. Uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos fundamentales. (…) Al respecto, la Sala advierte que, frente a dicho reparo, la acción de tutela no cumple con el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, toda vez que, frente a la presunta vulneración del principio de congruencia de la sentencia acusada, los actores cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que es el recurso extraordinario de revisión. (…) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso

extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción. Por consiguiente, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a este defecto como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO

MATERIAL PROBATORIO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN

CONJUNTO / ACCIÓN DE GRUPO / CONFIGURACIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – / HACINAMIENTO EN CÁRCEL - Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Cunduy / TRATO CRUEL A RECLUSO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA – La providencia acusada no es caprichosa ni arbitraria / INCONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA ACUSADA – El reproche se centra en que no le favoreció a sus intereses / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE

DERECHOS FUNDAMENTALES

[P]ara esta Sala el análisis probatorio efectuado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resulta razonable y ajustado al contenido de las pruebas que obran en el expediente porque, tal como lo consideró el juez contencioso, los testimonios fueron rendidos con objetividad en cuanto a las condiciones físicas del establecimiento carcelario, lo que, sumado al informe del

Personero Municipal de Florencia y su declaración y a los datos allegados y declarados por el INPEC y la USPEC, resultaron suficientes para encontrar, bajo un análisis probatorio en conjunto, la existencia de un hacinamiento carcelario que derivó en un trato cruel e inhumano para las internas de dicho penal. Al respecto, cabe agregar que, dicho estudio probatorio se efectuó acompañado siempre de un análisis jurisprudencial al respecto y de conformidad con la jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, evidentemente, enriqueció ese estudio de los medios de prueba que efectuó la autoridad judicial demandada; la cual cabe mencionar, fue clara en señalar la relación de especial sujeción de las internas, situación que implicaba de por sí apreciar de forma distinta y bajo criterios de equidad e igualdad procesal los medios de prueba allegados por las mujeres demandantes, criterio que esta Sala comparte. Igualmente, se advierte como razonable que, con base en esas circunstancias generales y objetivas de las condiciones de vida en dicho establecimiento carcelario, la autoridad demandada haya cobijado al grupo de mujeres que fueron personal, espacial y temporalmente definidas en la demanda presentada en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, sin que fuera necesario descartar frente a ellas, por ejemplo, los testimonios rendidos por los familiares de una de las internas, máxime si se tiene presente que para tal efecto la Subsección B de la Sección Tercera tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. En ese orden de ideas, y contrario a lo sostenido por los actores, lo

cierto es que dentro del proceso ordinario se acreditó la situación general de hacinamiento que condujo a un trato cruel e inhumano en el penal de Cunduy entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, frente a lo cual, es evidente para la Sala que la autoridad judicial demandada efectuó un análisis probatorio conjunto de los distintos medios de prueba, vistos estos a su vez frente a los precedentes establecidos y las decisiones que han proferido organismos internacionales frente al tema. Así las cosas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en el defecto fáctico aludido por la parte actora, en tanto que la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial demandada resulta: (i) razonable y ajustada al principio probatorio de la sana crítica y necesidad de la prueba, y, por ende, (ii) está cobijada por los principios de autonomía e independencia característicos de la labor de administrar justicia. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que

realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 3

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA – Se aplicó la sentencia acusada como desconocida / ACCIÓN DE GRUPO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / HACINAMIENTO EN CÁRCEL - Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Cunduy / DAÑO A RECLUSAS / TRATO DIFERENCIAL DE GÉNERO – La intensidad del perjuicio y características del daño evidencian la perturbación de aspectos exclusivos de su género e identidad que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias / REPARACIÓN DE PERJUICIOS – Procedencia de la reparación de perjuicios de contenido económico / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Sentencia de 3 de octubre de 2019 (…) La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó un caso en el que, el señor [A.A.B.F.] y 23

personas naturales más, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, interpusieron demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), el Congreso de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones EICE, el Departamento de Sucre y el Municipio de Sincelejo, con el fin de que se les declarara responsables por los “[…] daños antijurídicos ocasionados al grupo de internos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sincelejo (LA VEGA), con ocasión del incumplimiento de los derechos y garantías mínimas a que tienen derecho los reclusos […]”. (…) Para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, hizo referencia constante a dicho precedente y reconoció que podían llegar a ser similares ambos casos, pero explicó de manera suficiente las razones por las que en este caso sí había lugar a la compensación monetaria por los daños sufridos por las internas de dicho establecimiento carcelario, desde una perspectiva de género en función de la intensidad y características del daño, advirtiendo que, si bien en el caso expuesto en la sentencia de 3 de octubre de 2019 se consideró que las

medidas no pecuniarias eran suficientes, no sucedía lo mismo en este caso, en donde sí se advertía la necesidad de reparar el perjuicio a esos derechos constitucionalmente protegidos de las internas, sin perjuicio de reiterar algunas de las medidas para la garantía del derecho a la no repetición ordenadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2015. (…) En ese orden de ideas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en desconocimiento del precedente, en la medida en que pese a advertir cierta similitud entre ambos casos, justificó las razones por las que en atención a las características especiales del caso sub examine como lo es “[…] la especial intensidad del perjuicio que padecieron como mujeres, y reitera que los padecimientos y sacrificios a que han sido sometidas, en este sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias […]”, procedía la compensación monetaria frente al daño sufrido por las internas del Establecimiento Carcelario Cunduy.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03866-00(AC)

Actor: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, NACIÓN

– MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y UNIDAD DE SERVICIOS

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO Referencia: Acción de tutela Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

Defecto fáctico/alcance Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente/alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC

y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, a través de apoderado1, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Los actores indicaron que, el 14 de junio de 2013, las señoras Norma

Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormélida Gutiérrez, Linda Lorena Bañol García, Nory Morales Bolaños, Yanid 1 Documento denominado “5_ED_TUTELAYANEXOS(.pdf)”. Archivo aportado en forma digital. Folios 59 a 86. Parra Leiton, Miryam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrera presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y otros2, con el fin de que se les declarara responsables por los daños causados a las mujeres recluidas en condiciones de hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Cunduy desde enero de 2012. Para tal efecto, precisaron que la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declarar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- […] responsable de los perjuicios causados a las integrantes del grupo representado, con ocasión del desconocimiento y vulneración de los derechos constitucionales tales como la vida, la salud la integridad personal y sobre todo la dignidad humana, como consecuencia del hacinamiento carcelario y malas condiciones generales de reclusión.

2. Como consecuencia de lo anterior […] ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- […] pagar a cada una de las integrantes del grupo representado el equivalente a CUARENTA (4) (sic) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LGALES (sic) VIGENTES, a titulo (sic) de indemnización por concepto de los perjuicios morales ya descritos arriba

[…]”. […] “[…] 3. solicito ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC pagar a cada una de las integrants (sic) del grupo representado el equivalente a CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENES (sic), a título de indemnización por concepto de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN. 4. solicito ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC pagar a cada una de las integrantes del grupo representado el equivalente a CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENES (sic), a título de indemnización por concepto de DAÑO A LA SALUD […]”. Sentencia proferida el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del medio de control de reparación de los perjuicios

causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-00

4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, resolvió: “[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

5. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente: “[…] Así las cosas, en el presente caso, si bien la parte actora logró demostrar y la Sala constató vía jurisprudencial que pese a los reiterados pronunciamientos y ordenes (sic) emitidas por la Corte Constitucional, persiste la problemática del hacinamiento carcelario, situación que también aqueja al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad el Cunduy, 2 La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC. pabellón de mujeres, lo cierto que no fue satisfecha la carga probatoria por la parte actora relacionada con la acreditación de los perjuicios reclamados, pues del cardumen probatorio que se allegó al plenario no se puede aseverar la ocurrencia de los mismos, como quiera (sic) que las pruebas testimoniales recepcionadas solo dan cuenta del hacinamiento carcelario que se percibe desde el exterior y que como fue advertido en líneas anteriores, es una problemática notoria a nivel de todo el país y de carácter estructural para el Estado; también se extrae de los testimonios, la descripción del lugar y la incomodidad que resulta tanto para la visita como para quien la recibe, el poco o insuficiente espacio físico, sin que hayan más elementos que rescatar.

Destaca la Sala, que la testigo, es la madre de una de las demandantes, por

lo cual su testimonio fue tachado por sospechoso por el apoderado del Departamento Nacional de Planeación -DNP-,-razón (sic) está que conlleva a la Corporación a analizar su declaración con mayor rigurosidad. Expuso la señora GARCÍA SUAREZ (sic) que: "Varias veces me ha llamado llorando, por las humillaciones hasta para recibir la comida ahí porque viven ahí incómodamente y esas mujeres, pues con la causa encima como dicen ellas, pues no consienten que otras se les monte por encima, tal vez de noche, para ir al baño pasan por encima de ellas y tienen los problemas. Varias veces le han rompido (sic) toda la ropa, me llama que le dañaron toda la ropa, que no tiene que ponerse porque ahí mantienen como perros bravos, ahí en esa situación que viven, entonces la situación allá es difícil. Sin embargo, esta sola afirmación no cuenta con la potencialidad de probar ninguno de los perjuicios reclamados y menos aún los alegados por las demás accionantes, puesto que la testigo no tiene modo de conocer la forma de asimilar la situación que padecen las demás internas, toda vez que fue muy clara en afirmar que su visita giraba solo entorno a su hija, además considera la Sala, que sí (sic) bien, solo las personas que consiguen ingresar al Centro de Reclusión, puedan dar cuenta de lo que allá sucede, no puede pasar por alto, que el hecho que exista un grado de consanguinidad tan próximo entre la declarante y una de las demandantes, conlleva a que las cosas y situación se perciban con un poco más de melancolía y pesadumbre dejando atrás la objetividad que debe caracterizar

esta clase de pruebas, para que puedan ser valoradas conforme las reglas de la sana crítica. Es por ello, que para la Corporación el relato efectuado por la señora GARCÍA SUAREZ (sic), tendiente a acreditar los perjuicios reclamados fue insipiente (sic) y en ocasiones subjetivo y en cuanto a la declaración del señor NORVEY GARCÍA SUAREZ (sic), aprecia la Sala que sus visitas al Centro Penitenciario fueron esporádicas, situación que permite inferir, de acuerdo a las máximas de la experiencia, que no cuenta con suficiente conocimiento como para admitir que pudo apreciar los perjuicios que se reclaman. Aunado a lo anterior, tal como se advirtió en líneas anteriores, el perjuicio moral, es aquel dolor, angustia, aflicción y congoja que padece la victima (sic) directa y no sobra decir, que el hecho de estar privado de libertad, por sí solo, es una condición que inevitablemente puede conllevar a la persona que se encuentra en esta posición, a sentir este tipo de padecimientos y en caso de reclamarlos por vía de indemnización, le nace la obligación de acreditar que el mismo fue producto del daño antijurídico y no de su situación real, hecho que no fue evidenciado en estas diligencias. Para la acreditación del daño a la salud, debió la parte actora centrar sus esfuerzos probatorios en demostrar que el hecho dañoso provocó una verdadera alteración a la vida y la forma como las víctimas se relacionaban en su entorno, luego de acaecido el daño, situación que no se vislumbra con el acervo probatorio, esto es, los dos (2) testimonios recaudados, como

tampoco se demostró la ocurrencia de un perjuicio a la integridad psicofísica de las actoras. Conforme con lo anterior, resulta evidente que la carga probatoria no ha sido satisfecha por la parte actora dentro del presente proceso, toda vez que las declaraciones recaudadas no bastan para acreditar sin lugar a equívocos los perjuicios reclamados en el sub lite, razón por la cual y bajo los anteriores argumentos se procederá a la denegación de las súplicas de la demanda […]”. Sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01

6. La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente: “[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 4 de mayo de 2017 del Tribunal

Administrativo de Caquetá.

SEGUNDO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, DEL INPEC Y LA USPEC por los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas a (sic) que padecieron las mujeres que estuvieron recluidas en el pabellón femenino del EPCMS del Cunduy, en Florencia, Caquetá, en cualquier momento entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.

TERCERO: CONDENAR AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, AL INPEC Y LA USPEC a indemnizar los perjuicios declarados en esta

Sentencia a las demandantes y demás integrantes del grupo que se acojan a lo dispuesto en esta sentencia, según lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. Como consecuencia de la orden anterior, SE ORDENA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, AL INPEC Y A LA USPEC ENTREGAR AL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, el equivalente a 18371 SMLMV dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia. Con cargo a ese monto se pagarán las indemnizaciones de las integrantes del grupo, según lo indicado en esta Sentencia y respetando lo dispuesto en el artículo 65-3 de la Ley 472 de 1998. QUINTO. SE ORDENA AL INPEC que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta Sentencia, expida con destino al FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, un certificado que acredite la fecha exacta de entrada y salida de la Cárcel de YANID PARRA LEITON. En el mismo término de tiempo debe ENTREGAR al mencionado FONDO un documento oficial con los nombres y documentos de identidad de todas las mujeres que estuvieron presas en el establecimiento entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, indicando en cada caso, las fechas exactas (día, mes y año) de entrada y salida.

SEXTO: Una vez finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, el FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEVOLVERÁ el dinero sobrante a la entidad demandada, en cumplimiento de lo DISPUESTO en el artículo 65.3 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: SE ORDENA al INPEC y USPEC la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria, con la prevención a todas las interesadas igualmente lesionadas por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten a la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, o a la Defensoría de Florencia - Caquetá dentro de los 20 días siguientes a la publicación para acreditar su pertenencia al grupo.

OCTAVO: SE CONDENA en Costas al INPEC Y a la USPEC. La secretaría de la Sección las tasará, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia. LIQUÍDENSE, además, los honorarios del abogado de las demandantes en una suma equivalente al 10% de la indemnización efectivamente obtenida por cada una de los (sic) integrantes del grupo que no hayan sido representadas judicialmente.

NOVENO: SE ORDENA AL INPEC coordinar con la Defensoría del Pueblo la intensificación de las brigadas jurídicas ordenadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T762 de 2015. SE CONMINA A LA DEFENSORÍA a cumplir esta orden con celeridad para garantizar la efectiva intensificación de dichas brigadas. Se ordena a la Procuraduría hacer vigilancia especial de los procesos en que se solicite la activación de mecanismos en favor de la libertad o alternativas al cumplimiento de penas y medidas intramurales de las internas del cunduy.

DÉCIMO: SE ORDENA AL INPEC que desde la notificación de esta sentencia, cumpla con rigor la regla del equilibrio decreciente en el pabellón

de mujeres del EPCMS del Cunduy, tal como fue diseñada por la Corte Constitucional.

DECIMOPRIMERO: COMPULSAR COPIAS A LA PROCURADURÍA para que, si lo considera oportuno, investigue lo de su competencia en relación con el manejo de datos sobre capacidad instalada e índices de hacinamiento entre enero de 2017 y mayo de 2018.

DECIMOSEGUNDO: INSTAR A LA PROCURADURÍA PARA QUE VIGILE el proceso de gestión de datos necesario para expedición de las certificaciones de que trata la orden QUINTA de esta Sentencia, así como la celeridad en la entrega de los documentos por parte del INPEC al FONDO.

DECIMOTERCERO: SE ORDENA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, para que en ejercicio de sus competencias contribuyan a revertir los efectos actuales del populismo punitivo y del abuso de las medidas y penas privativas de la libertad que impacten específica y desproporcionadamente a las mujeres.

En cumplimiento de esta decisión, SE RESPETARÁ la naturaleza residual de la privación de la libertad y se erradicará del ordenamiento jurídico toda desproporción de las penas sobre mujeres cuya resocialización es posible fuera de los muros de un penal. SE INSTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a hacer seguimiento de este proceso y a liderar espacios de discusión para asegurar su progreso.

DECIMOCUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda

[…]”.

7. Frente a la configuración del daño, expuso que: “[…] 21. La Sala entiende que para todas las afectadas, la causa del daño

operó de manera uniforme3. En los términos indicados por la Corte Constitucional4, el hacinamiento fue la causa jurídica común de los daños5 padecidos por las internas, aunque implique múltiples omisiones de distintas entidades6.

22. La Sala encuentra acreditado el hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel del Cunduy a partir de los testimonios y pruebas documentales que obran en el expediente. La Sala valoró los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García, que declararon sobre las condiciones en que viven las internas en el EPCMS del Cunduy. Los testimonios de estos familiares de una de l