CE-11001-03-15-000-2021-03884-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / DERECHO DE PETICIÓN / CONVOCATORIA 27 RAMA

JUDICIAL / RESPUESTA DE FONDO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DEERCHOS FUNDAMENTALES Consiste en dilucidar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, vulneraron el derecho fundamental de petición del señor [F.J.C.T.], con respecto a la petición del 30 de abril de 2021. (…) [L]a Sala encuentra que, en el presente caso, la Universidad Nacional emitió respuesta clara y de fondo a lo peticionado por el accionante, ya que además de señalar la naturaleza de las inconsistencias encontradas en la prueba y que conllevaron a su repetición, explicó el porqué de la imposibilidad de indicar con precisión cuales fueron las preguntas y opciones de respuesta afectadas, esto es, por ser información reservada. De aquí que la Sala proceda a denegar el amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03884-00(AC)

Actor: FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILLO Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier Carvajal Trujillo contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de

Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional.

1. Antecedentes 1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Francisco Javier Carvajal Trujillo, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental de petición.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, que en el término de 48 horas, procedan a dar respuesta de fondo a su petición del 30 de abril de 2021, radicada en el correo electrónico convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, y que se compulsen copias a la autoridad disciplinaria correspondiente para que investigue la omisión de las entidades accionadas. 1.1.2. Los hechos El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes: i) Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura abrió la Convocatoria 27, con el fin de adelantar el concurso de méritos para funcionarios de la Rama Judicial, y contrató a la Universidad Nacional para llevarlo a cabo. ii) Por tanto, se inscribió para el cargo de juez promiscuo municipal, código 270024, y el 2 de diciembre de 2018 presentó la prueba de aptitudes y conocimientos, cuyos resultados se entregaron a través de la Resolución CJR18559 del 28 de diciembre de 2018, en la que obtuvo un puntaje total aprobatorio de 822,21. iii) Por medio de la Resolución CJR 19-0679 del 7 de junio de 2019, se corrigió la actuación administrativa por presuntos errores en la calificación de la prueba, y se le asignó el puntaje de 831,46. iv) Mediante Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, corrigió por tercera vez la actuación administrativa y, en consecuencia, ordenó nuevamente la realización de la prueba de conocimiento y aptitudes, sin explicación alguna sobre el error y si, en su caso específico, existió o en qué consistió. v) El 30 de abril de 2021 presentó derecho de petición ante la Universidad Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, a través del correo electrónico Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el que requirió explicación del porqué de la nueva prueba y trayendo como precedente el fallo de tutela del 12 de abril de 2021, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el expediente 11001-03-15-000-2020-05041-00. vi) Desde la referida fecha y hasta la presentación de la acción de tutela aún no se ha dado respuesta a su petición, desconociendo con ello los artículos 23

constitucional, 14 y parágrafo de la Ley 1755 de 2015 y 5 del Decreto 491 de

2020. 1.2. Actuación Procesal Mediante auto del 1 de julio de 2021, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la

Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional, en calidad de demandados, se requirió a las mencionadas indicar: i) si ya dieron contestación de fondo a la petición presentada por el señor Francisco Javier Carvajal Trujillo el 30 de abril de 2021, en relación con la Convocatoria 27 [explicación y/o indicación razonada de errores en la prueba de conocimiento, aptitudes y sicotécnica], enviando copia de la respuesta, en caso de haberlo hecho, o de no haberse pronunciado, informando las razones por las cuales no lo ha realizado y precisara el turno para ello, y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados, para que ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tienen, y a rendir el respectivo informe dentro de los tres días siguientes a su notificación. 1.3. Contestación de la demanda 1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, solicitó rechazar por improcedente la acción o negar la pretensión de tutela en atención a lo siguiente: i) Dado que la entidad no ejecutó la prueba y que la petición atañe a cuestiones técnicas, la respuesta correspondió a la Universidad Nacional de Colombia. ii) Por medio de Oficio CONV27DP-2704 del 8 de julio de 2021, la Universidad

resolvió las inquietudes presentadas por el peticionario, de lo cual se le notificó al Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co correo electrónico suministrado por este, razón por lo que en el caso se materializa la carencia de objeto por hecho superado. 1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia señaló que en el caso no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, en atención a lo siguiente: i) Mediante oficio de radicado CONV27DP-2704 del 8 de julio de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia dieron respuesta de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado; y aunque la respuesta otorgada pudiese, a juicio del accionante, resultar contraria a sus intereses, es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha mencionado que no se vulnera el derecho fundamental de petición cuando la autoridad responde, aun si esta respuesta es adversa a los intereses del solicitante. ii) Aunado a lo anterior, se resalta que el concurso de méritos busca garantizar el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio de la carrera judicial, con criterios de igualdad para el acceso a los cargos públicos de todos los ciudadanos, con el fin de seleccionar a las personas más idóneas y capacitadas. Lo contrario, significaría establecer «reglas particulares» en las convocatorias de acuerdo con las necesidades y perfiles profesionales individuales de cada aspirante, lo cual sí resultaría a todas luces desconocedor de derechos generales, en aras de un acomodamiento particular de cada aspirante, afectando el interés público.

1. Debe recordarse que la Resolución CJR20-0202 ordenó corregir la actuación administrativa, con el fin de subsanar los errores en los que se incurrió en la construcción de las pruebas de conocimientos generales y específicos, de aptitudes y psicotécnicas, para dar paso a una nueva construcción y aplicación de las pruebas en una misma jornada, como lo señala el Acuerdo PCSJA1811077 de 2018, de tal suerte que debe retrotraerse la actuación administrativa, a partir de las citaciones y, por tanto, deberá continuarse el proceso de selección con una nueva citación a pruebas de los aspirantes inscritos.

2. Consideraciones 2.1. Competencia De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto. 2.2. Problema jurídico Consiste en dilucidar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de

Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Francisco Javier Carvajal Trujillo, con respecto a la petición del 30 de abril de 2021, radicada en el correo electrónico convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co. 2.3. Sobre el derecho fundamental de petición El artículo 23 de la Constitución Política, incorporó el derecho petición como un derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución». Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, sustituyendo el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al tiempo de respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló como término general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a su recepción, y sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción, y ii) las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación las materias a su cargo, que deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción. En la sentencia T-377 de 20001, la Corte Constitucional estableció diferentes parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como presupuestos necesario para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición 1 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa2 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado. Adicionalmente, en la Sentencia T-487 de 2017, reiteró que uno de los contenidos del núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la administración de dar una respuesta clara, precisa y congruente, que

resuelva de fondo el asunto solicitado. De igual forma, amplía el alcance de dicha obligación a los particulares y acepta la procedencia del derecho de petición ante estos, reseñando las reglas establecidas por la jurisprudencia y la regulación introducida por la Ley 1755 de 2015, que en su artículo 32 definió la viabilidad de este derecho ante organizaciones privadas. 2.4. Hechos probados De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala puede establecer lo siguiente: i) El 30 de abril de 2021, el señor Francisco Javier Carvajal Trujillo radicó derecho de petición, en el buzón electrónico convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, en que solicitó lo siguiente: […] me permito solicitar que se me informe detalladamente los errores advertidos y/o detectados en la prueba de conocimiento, aptitudes y sicotécnicas que presenté en el marco de la convocatoria mencionada para aspirar al cargo de juez promiscuo 2 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co municipal, indicando o precisando las preguntas y opciones de respuesta con dichas falencias, respecto a cada una de ellas, si fue un error de pertinencia de la pregunta al no corresponder al cargo evaluado, si tiene múltiples opciones de respuesta, si fueron diferencias con las claves inicialmente otorgadas por el autor, si fue en la lectura de las hojas de respuestas y, en todo caso, cual fue el tipo de error en que

incurre cada pregunta, acompañado de una explicación razonada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el suscrito concursante en la prueba inicialmente presentada el 2 de diciembre de 2018, tuve un puntaje total de 822,21, y en la corrección de la actuación administrativa que se hace mediante Resolución CJR19-0679 del 7 de junio de 2019, nuevamente mis resultados son aprobatorios y aún más altos que los inicialmente obtenidos (831.46); sin embargo, con desagradable sorpresa recibo la noticia posterior de que mediante Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, deciden corregir nuevamente la actuación administrativa y, en consecuencia, ordenan nuevamente la realización de la prueba de conocimiento, aptitudes y sicotécnica, por unos presuntos errores, pero sin explicación alguna sobre cuál fue el error y si, efectivamente, en mi caso concreto hubo error y cual fue, lo que genera una gran desconfianza en las actuaciones de la universidad frente al concurso. Visto lo anterior, de no lograrse demostrar en mi caso cuales fueron las falencias que generan una invalidez de mi puntaje para continuar en el concurso, solicito respetuosamente que se me tenga como plenamente válido el último puntaje obtenido después de la prima corrección o el que inicialmente obtuve, y de esta manera no tenga que presentar una nueva prueba. Solicito respetuosa y comedidamente que la respuesta al presente derecho de petición se dé en los términos y bajo los criterios que estableció el Consejo de Estado, Sección Tercera, a través de la sentencia 11001031500020200050400 del

12 de abril de 2021. ii) El 8 de julio de 2021, la Universidad Nacional de Colombia brindó respuesta al derecho de petición al correo electrónico del accionante Javiercarvajaltrujillo@hotmail.com, en los siguientes términos. Atendiendo el redireccionamiento de la petición por parte de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, en cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del contrato 096 de 2018 - Convocatoria 27, dentro de los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, los cuales fueron ampliados por el artículo 5º del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, ofrecemos la siguiente respuesta: Frente a su petición en la cual requiere se brinde respuesta en los términos establecidos al interior de la decisión proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, de Radicado 11001-0315-000-2020-05041-00; en cuanto a informar concreta y claramente los errores advertidos en las pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica practicadas según el cargo al cual aplicó, indicando el error en el ítem especifico, se indica que la revisión complementaria de ítems de la prueba de conocimientos y aptitudes se efectuó por la Universidad Nacional de Colombia en el marco de las actividades desarrolladas en el Contrato 096 de 2018, en el que se revisaron 226 preguntas que fueron seleccionadas a partir de los parámetros psicométricos observados de los ítems aplicados en las pruebas del 2 de diciembre de 2018.

Según el concepto técnico expedido por la Universidad Nacional de Colombia, denominado «informe de los revisores expertos donde se encontraron las diferencias en las claves», se expuso que se denotaron fallas en la calidad del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicio contratado, ya que los errores afectaban directamente la estructura básica que soporta los componentes generales y específicos de las pruebas en las diferentes áreas, imposibilitando eliminar las preguntas erróneas y efectuar una recalificación con las preguntas válidas, dado que se evidenciaron errores en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, pues se incluyeron temas que no correspondían al cargo evaluado y algunas tenían múltiples opciones de respuesta, lo que impedía que esos ítems cumplieran su función de discriminación, por ser cualquier opción válida, lo cual afectaría la calificación general. Aunado a lo anterior, resulta importante aclarar que la revisión solo se surtió respecto de una muestra de la totalidad de los ítems que conformaron las pruebas por las inconsistencias encontradas, por lo que la situación fáctica tampoco permitiría establecer con claridad las preguntas y opciones de respuestas que cuentan con falencias respecto de la prueba para determinado cargo. En consecuencia, con el fin de subsanar los errores en que incurrió la Universidad Nacional de Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, el 22 de octubre de 2020, con fundamento en los informes técnicos de la Universidad, resolvió retrotraer la actuación administrativa a partir de la citación a las pruebas y por ende realizar

nuevamente la práctica del examen. En este sentido instruyó a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial quien expidió la Resolución CJR200202 de 27 de octubre de 2020 «Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa en el marco de la convocatoria», dando aplicación al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 y corrigió toda la actuación, para ajustar el trámite a derecho en prevalencia del mérito. Por lo anterior se construirán nuevas pruebas de aptitudes, de conocimientos generales y específicos y psicotécnicas, y se efectuará una nueva citación a los aspirantes, para practicar el examen escrito en una misma jornada. Adicionalmente, en cuanto a la petición de precisar las preguntas y las opciones de respuesta que fueron objeto de dichas falencias y la explicación de cada una, se precisa que éstos por tratar temas correspondientes a la estructura y contenido expreso de la prueba son reservados, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la cual no contempla ninguna excepción. Finalmente, en cuanto a la indicación de brindar respuesta en los términos del fallo de acción de tutela proferido el 12 de abril de 2021, es necesario aclarar que el fallo mencionado posee efectos inter partes, y por ende su cumplimiento se restringe al caso particular del accionante. Así mismo, en aras de garantizar su derecho de petición, se ofrece una respuesta clara y de fondo, al indicar la naturaleza de las inconsistencias encontradas en la prueba y que conllevaron a la repetición de esta,

así como la imposibilidad de hacer entrega o indicar con precisión las preguntas y opciones de respuesta afectadas, por ser información reservada de conformidad con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. iii) El 14 de julio de 2021, en atención a la respuesta brindada la Universidad Nacional de Colombia, el accionante manifestó lo siguiente: En consideración a la respuesta brindada por la Universidad Nacional de Colombia, remitida por correo electrónico el día 9 de julio de 2021, en relación con mi derecho fundamental de petición de fecha 30 de abril de la misma anualidad, con todo respeto me permito manifestar que la misma no cumple con los lineamientos establecidos por la Honorable Corte Constitucional entre otras en la Sentencia C818 de 2011, referente a la obligación de las entidades de responder dentro de los términos Y DE FONDO a la peticiones de los asociados, pues es claro que no se Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establece claramente sobre los errores en las respuestas al examen de conocimiento de la prueba de la convocatoria 27, y se ampara o se acude como argumento a un principio de reserva de la información sobre las pruebas, establecido en el artículo 164 de la ley 270 de 1996, pero no para garantizar transparencia y objetividad en dichos exámenes, sino para vulnerar el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del artículo 29 Constitucional del suscrito como participante del concurso, ya que una vez realizada la prueba y aprobada no se me permite conocer cuál es la razón o el argumento que se alega

para establecer los presuntos errores en mi examen de conocimientos y aptitudes que presenté el 2 de diciembre de 2018. De otro lado, también es cuestionable la respuesta de la Universidad Nacional en cuanto a que la sentencia de tutela proferida por Consejo de Estado de fecha 12 de abril de 2021, relacionado con la misma convocatoria 27, y donde los presupuestos de hecho y de derecho son los mismos de mi petición y de mi acción de tutela, solo tiene efectos inter partes, lo cual es una interpretación equivocada ya que los efectos de dicha sentencia deben ser INTERPARES, por avizorarse los mismos presupuestos de hecho y de derecho tal como reiteradamente también lo ha sostenido la Corte Constitucional y es que de lo contrario se vulnera el principio constitucional fundamental a la igualdad del artículo 13. 2.5. Análisis del caso concreto El señor Francisco Javier Carvajal Trujillo insiste en que el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no ha dado respuesta satisfactoria a su petición del 30 de abril de 2021, en la que solicitó información detallada de los errores advertidos y/o detectados en la prueba de conocimiento, aptitudes y sicotécnicas que presentó en el marco de la Convocatoria 27, en la que i) se indicaran las preguntas y opciones de respuesta con falencias; ii) se precisaran, respecto a cada una de ellas, si fue un error de pertinencia de la pregunta al no corresponder al cargo evaluado, si tenía múltiples opciones de respuesta, y si fueron diferencias con las claves inicialmente otorgadas por el autor o fue en la lectura de las hojas de respuestas; y, iii) se señalara cual fue el tipo de error en que incurrió cada

pregunta. Lo anterior, por cuanto en la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, que corrigió por tercera vez la actuación administrativa y, en consecuencia, ordenó nuevamente la realización de la prueba de conocimiento, aptitudes y sicotécnica, por unos presuntos errores, no explicó si, efectivamente, en su caso concreto, hubo error y cual fue, lo cual generaba desconfianza en la actuación de la Universidad. De esta forma, también solicitó que la respuesta al derecho de petición se diera en los términos y bajo los criterios establecidos por el Consejo de Estado, Sección Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Tercera, Subsección C, en la sentencia del 12 de abril de 2021, expediente 11001 03 15 000 2020 00504 00; y , además, que de no lograrse demostrar, en su caso, cuáles fueron las falencias que generaron la invalidez de su puntaje, tener como plenamente válido el obtenido en la primera corrección o el que inicialmente obtuvo y, de esta manera, no tener que presentar una nueva prueba. Pues bien, se advierte que, el 8 de julio de 2021, esto es, en el transcurso del presente trámite de tutela, la Universidad Nacional de Colombia dio respuesta a la petición del señor Francisco Javier Carvajal Trujillo, en atención al redireccionamiento de la petición por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, señalando lo siguiente: i) Que la revisión complementaria de ítems de la prueba de conocimientos y

aptitudes se efectuó por la Universidad Nacional de Colombia en el marco de las actividades desarrolladas en el Contrato 096 de 2018, en el que se revisaron 226 preguntas que fueron seleccionadas a partir de los parámetros psicométricos observados de los ítems aplicados en las pruebas del 2 de diciembre de 2018. ii) Que en el concepto técnico expedido por la Universidad, denominado «informe de los revisores expertos donde se encontraron las diferencias en las claves», se expuso que se denotaron fallas en la calidad del servicio contratado, comoquiera que los errores afectaban directamente la estructura básica que soportaba los componentes generales y específicos de las pruebas en las diferentes áreas; y que ello imposibilitó eliminar las preguntas erróneas y efectuar una recalificación con las preguntas válidas, toda vez que se evidenciaron errores en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, al incluirse temas que no correspondían al cargo evaluado y porque algunas tenían múltiples opciones de respuesta, lo que impedía que esos ítems cumplieran su función de discriminación, por ser cualquier opción válida, lo cual afectaría la calificación general. iii) Que la revisión solo se surtió respecto de una muestra de la totalidad de los ítems que conformaron las pruebas por las inconsistencias encontradas, por lo que la situación fáctica tampoco permitiría establecer con claridad cuales preguntas y opciones de respuestas contaban con falencias respecto de la prueba para determinado cargo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Que con el fin de subsanar los errores en que incurrió la Universidad, el

Consejo Superior de la Judicatura corrigió toda la actuación administrativa, para efectos de ajustar el trámite a derecho, en prevalencia del mérito, por lo que a través de la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, la retrotrajo a partir de la citación a las pruebas y ordenó realizar nuevamente la práctica del examen. En consecuencia, la Universidad construiría nuevas pruebas, y efectuaría una nueva citación a los aspirantes, para practicar el examen escrito en una misma jornada. v) Que en cuanto a la petición de precisar las preguntas y las opciones de respuesta que fueron objeto de dichas falencias y la explicación de cada una, por tratarse de temas correspondientes a la estructura y contenido expreso de la prueba, son reservados, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 164 de la Ley 270 de 1996. vi) Y que en cuanto a la indicación de brindar respuesta en los términos del fallo de acción de tutela proferido el 12 de abril de 2021, que este posee efectos inter partes, y por ende su cumplimiento se restringe al caso particular del accionante. Lo anterior derroteros, permiten a esta Sala de decisión evidenciar que la Universidad dio respuesta clara y de fondo a lo señalado por el peticionario, pues explicó claramente por qué el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, retrotrajo la acción a partir de la citación a las pruebas de aptitudes, de conocimientos generales y específicos y psicotécnicas, y ordenó realizar nuevamente la práctica del examen, esto es, por encontrar que los errores afectaban directamente la estructura básica que soportaban los

componentes generales y específicos de las pruebas en las diferentes áreas. Y, además, señaló el por qué no era procedente atender el segundo requerimiento del peticionario, relacionado con los errores ocurridos en sus pruebas, pues, de manera particular, explicó que la revisión solo se surtió respecto de una muestra de la totalidad de los ítems que conformaron las pruebas por las inconsistencias encontradas, por lo que la situación fáctica tampoco permitiría establecer con claridad cuales preguntas y opciones de respuestas contaban con falencias respecto de la prueba para determinado cargo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, dentro del escrito del 14 de julio de 2021, el accionante controvierte la respuesta dada a su petición, señalando que: i) no se indicaron con claridad los errores en las respuestas al examen de conocimiento de la prueba, toda vez que no se le permitió conocer cuál era la razón para establecer los presuntos errores en su examen de conocimientos y aptitudes que presentó el 2 de diciembre de 2018, amparándose para ello en la reserva de la información; y ii) que es cuestionable la respuesta de la Universidad en cuanto a que la sentencia de tutela del 12 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado, solo tiene efectos inter partes, ya que por tratarse de iguales presupuestos de hecho y de derecho, los efectos de la sentencia deben ser interpares. La Sala difiere de los planteamientos presentados por el accionante, para refutar la respuesta dada al derecho