CE-11001-03-15-000-2021-03921-00 (AC)

ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD – Mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz contra administrativos de carácter general / AUSENCIA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE / RETORNO

DE SERVIDORES DE LA RAMA EJECUTIVA A LABORES PRESENCIALES

[L]a Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021, fue proferida por la Superintendencia Nacional de Salud con el objeto de definir el plan de retorno de los servidores públicos y supervisores de contratos de prestación de servicio al desempeño de funciones de forma presencial en la entidad. (…) Por su parte, la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio de 2021, contiene instrucciones impartidas por el presidente de la República para que servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, retornen a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones. (…) Según lo descrito, para la Sala es claro que tanto la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021, como la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio del presente año, corresponden a actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, que no pueden ser controvertidos a través de la acción de tutela. Como quedó expuesto en el acápite anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 la solicitud de amparo resulta improcedente cuando se

cuestionen actos que revisten tal naturaleza, circunstancia que impide efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el particular a menos que la acción haya sido presentada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No obstante, de la revisión del escrito de tutela no se encuentra que la parte actora haya alegado que se encuentra ante este tipo de perjuicio, ni tampoco obra prueba dentro del expediente que permita inferir la necesidad imperiosa de la intervención por parte del juez constitucional para evitar la materialización del mismo. Contrario a ello, esta Sala evidencia que el sindicato accionante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo como lo es el medio de control de nulidad, a través del cual puede controvertir la legalidad de dichos actos administrativos y, a su vez, procurar la defensa de los derechos fundamentales que considera han sido desconocidos con su expedición. (…) Así las cosas, comoquiera que los argumentos de la parte actora están dirigidos a atacar la legalidad de unos actos administrativos de carácter general, frente a los cuales además puede hacer uso del medio de control de nulidad y solicitar el decreto de las medidas cautelares que considere necesarias, es claro que la presente acción de tutela es improcedente, por lo que así será declarado en la parte resolutiva de esta sentencia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 / C.P.A.C.A. –

ARTÍCULO 137

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03921-00 (AC)

Actor: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD – SINTRASUPERSALUD Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO Tema: Acción de tutela contra actos administrativos de carácter general. Subsidiariedad SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la presidente del Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Salud, en adelante Sintrasupersalud, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional Mediante escrito radicado el 21 de junio de 2021 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, la señora Gladys María Arango Castro, en su calidad de presidente de Sintrasupersalud, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la vida en conexidad con la salud, a la seguridad social, al ambiente sano, a la integridad personal, a la negociación colectiva, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a “impugnar una decisión judicial”.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021, a través de la cual la Superintendencia Nacional de Salud definió los horarios y aforos que debían cumplir los servidores de la entidad, como parte del plan de retorno al desempeño de funciones de forma presencial. Así mismo, por la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio del presente año, en la que el presidente de la República dispuso que los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, debían retornar a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones. En consecuencia, solicitó lo siguiente: “Tutelar los derechos a la Vida en conexidad con la Salud – 44, Seguridad Social 44-48, Ambiente Sano 79, Cuidado 44, Integridad Personal 12-44, Adquiridos 58, Negociación Colectiva 55, Colectivos 78 – SS, Sociales de los Trabajadores 215, de la Mujer 43, Igualdad 13-43, Trabajo 25, Impugnar una Decisión Judicial – 29, presentar Recurso de Apelación – 31 y Mínimo Vital, resolviendo:

1. Mantener la Jornada u Horario Flexible ya reconocido por la Superintendencia Nacional de Salud – SNS, de Medidas de Protección a la Familia, a todos los empleados públicos que cuentan con un: 1) cónyuge o compañera (o) permanente, 2) hijos menores, 3) personas de la tercera edad

de su grupo familiar 4) familiares dentro del 3er grado de consanguinidad que requiera del mismo, 5) a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia, de conformidad con la Ley No. 1857 del 07-262017, toda vez que, en ningún caso la obligación de la implementación de protocolos podrán traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones laborales (parágrafo 3o, artículo 1o de la Resolución No. 223 del 25-02-2021).

2. Proporcionar información adecuada y una formación apropiada en el ámbito de la Seguridad Social en el Trabajo – SST, consultando a los trabajadores sobre aspectos de Seguridad Social en el Trabajo – SST, relacionados con su trabajo de prever medidas para hacer frente a situaciones de urgencia; y de notificar los casos de enfermedad profesional al Ministerio del Trabajo, acorde con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo – OIT.

3. Contar con el concepto previo, directrices y medidas de coordinación con la Administradora de Riesgos Laborales – A.R.L. para la Jornada Laboral Presencial, según las estipulaciones de la Circular Externa No. 100-009 del 07-05-2020 y el Anexo Técnico de la Resolución No. 223 del 25-02-2021.

4. Determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno dependiendo las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal administrativo, de producción, operación o de centro de despacho, entre otros.

(literal c. título 4.2. Anexo, Resolución No. 223 del 25-02-2021).

5. Diferenciar claramente los empleados públicos, de aquellos contratistas

cuyas obligaciones solo se pueden realizar de manera presencial, para que cumplan con su objeto contractual una vez superada la emergencia sanitaria, de lo contrario, que continúen con sus obligaciones mediante trabajo en casa.

6. Reconocer un recargo nocturno del 35%, a cada trabajador que continúe con sus labores, a partir de las 6:00 p.m. incluyendo las horas de virtualidad o de trabajo en casa, según el artículo 34 del Decreto Ley #1042 de 1978.

7. Adaptar el Horario Flexible a los turnos de entrada y salida de la Entidad, con el objetivo de evitar aglomeraciones en los centros de trabajo, el transporte masivo y los medios alternativos de locomoción, en horas pico.

(Directiva Presidencial No. 07 del 27-08-2020 literal c. numeral 4.2, Anexo Resolución No. 223 del 25-02-2021).”

2. Hechos La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para adoptar la decisión correspondiente: Sostuvo que la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021, en la cual se dictaron las medidas que debían tenerse en cuenta para el retorno al desempeño de funciones de forma presencial en la entidad.

Precisó que allí se dispuso una jornada laboral presencial consistente en dos turnos: i) de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y ii) de 1:30 p.m. a 7:30 p.m. Mencionó que interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la anterior decisión, al considerar que estos turnos generarían

aglomeraciones entre los empleados que finalizaban su jornada a la 1:00 p.m y quienes ingresaban a la 1:30 p.m., sumado al colapso del transporte público en hora pico para quienes debían salir de sus hogares en la mañana y en la noche. Refirió que a través de la Resolución No. 3190 del 6 de abril de 2021, la entidad rechazó por improcedente el recurso de reposición al considerar que la circular impugnada correspondía a un acto administrativo de carácter general, el cual no admite recursos en virtud del artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Destacó que también se rechazó el recurso de apelación, ya que según el artículo 74 ibidem, los actos administrativos de los superintendentes no son apelables. Por otra parte, señaló que el presidente de la República expidió la Directiva Presidencial No. 04 del 9 de junio de 2021, en la que ordenó al personal de las entidades de la rama ejecutiva retornar a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones.

3. Sustento de la vulneración La parte actora sostuvo que con la expedición de la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021 y de la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio del presente año, la Superintendencia Nacional de Salud y el presidente de la República desconocieron sus garantías fundamentales.

Consideró que el horario laboral impuesto en la circular desconoce lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, según el cual los empleadores pueden

adecuar los horarios para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia y para atender sus deberes de protección y acompañamiento con ellos. Adujo que también va en contravía de lo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Circular No. 100-009 del 7 de mayo de 2020, en relación con la implementación de jornadas flexibles. Recalcó que la Superintendencia Nacional de Salud ya contaba con este tipo de prerrogativas para sus funcionarios, pues con la Resolución No. 6322 del 28 de junio de 2019, se flexibilizó el horario de los empleados que aportaran una declaración extra juicio en la que constara que los dos padres de familia estaban encargados de la protección, acompañamiento, formación y crianza del menor. Manifestó que se desconoció el artículo 18 del Decreto 491 de 2020 pues no existió una coordinación con la administradora de riesgos laborales para la adopción de las medidas impuestas en la circular cuestionada. Agregó que la Superintendencia Nacional de Salud decidió permitir un aforo del 50% en sus instalaciones, lo cual no se acompasa con lo dispuesto en el Anexo Técnico de la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021, en la que el Ministerio de Salud y Protección Social determinó que cada entidad debía determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno, dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo. Resaltó que las medidas efectuadas en la circular objeto de controversia también se hicieron efectivas a los contratistas por prestación de servicios, situación que desconoce la naturaleza jurídica de este tipo de contratos al ordenar el

cumplimiento de una jornada laboral. Comentó que al estipular una jornada continua desde la 1:00 p.m. hasta las 7:30 p.m., indefectiblemente tendría que reconocerse a cada trabajador el recargo nocturno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto Ley 1042 de 1978. Respecto de la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio de 2021, se limitó a afirmar que en ella no se precisó nada acerca del retorno de los servidores hacia las ciudades del país, ni aclaró el término “colaboradores del Estado”, que fue usado para referirse a los contratistas por prestación de servicios. Añadió que dicha decisión no podía ir en contra de la ley ni los derechos fundamentales de los trabajadores. Mencionó que a pesar de las advertencias efectuadas a la entidad, en los últimos días una de las contratistas de la entidad, a quien obligaban a viajar constantemente desde Bogotá al departamento de Sucre en comisión de servicios, falleció a causa del Covid-19. Finalmente, expuso que las medidas adoptadas por las autoridades demandadas atentan contra la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo, ya que los empleadores tienen la obligación de prever medidas para hacer frente a situaciones de urgencia como la actual, sin las cuales no es posible exigir a los empleados que reanuden una situación de trabajo en donde exista un peligro grave, constante e inminente para su vida o salud.

4. Trámite de la acción de tutela Mediante auto del 25 de junio de 2021, se admitió la demanda, se denegó la

medida cautelar solicitada y se ordenó notificar al presidente de la República, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al superintendente Nacional de Salud. Así mismo, se vinculó al ministro de Salud y Protección Social y al ministro de Trabajo, en calidad de terceros con interés.

5. Argumentos de defensa Efectuadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones: 5.1. Ministerio del Trabajo La asesora de la Oficina Jurídica de la entidad solicitó su desvinculación, al considerar que el Ministerio del Trabajo carece de legitimación en la causa por pasiva, porque no cuenta con la facultad de imponer una estrategia de retorno a las labores presenciales en la Superintendencia Nacional de Salud.

Arguyó que el Ministerio del Trabajo no ha ejercido ningún tipo de acción que vulnere los derechos de la parte actora, por lo que solicitó denegar cualquier pretensión en contra de la entidad. Por otra parte, precisó que con la expedición de la Resolución 777 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, adoptó el protocolo de bioseguridad para su ejecución y derogó la Resolución 666 de 2020, la cual lleva implícita la derogatoria de la Resolución 223 de 2021, cuya aplicación fue solicitada por la parte actora en el escrito de tutela. Recalcó que en los términos de la precitada resolución, el empleador es autónomo de establecer estrategias para el regreso a las actividades laborales o contractuales de forma presencial, así que el Ministerio del Trabajo no tiene

injerencia alguna sobre el particular. 5.2. Ministerio de Salud y Protección Social La apoderada de la entidad señaló que a esa cartera no le consta nada de lo afirmado por la parte actora, ni tiene dentro de sus funciones intervenir o verificar la aplicación de los protocolos de bioseguridad en entidades públicas como la Superintendencia Nacional de Salud. Se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, pues considera que el Ministerio de Salud y Protección Social no desconoció los derechos fundamentales invocados. Afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la

Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa La asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio del Trabajo y la apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social, solicitaron la desvinculación de tales entidades al considerar que carecían de legitimación en la causa por activa.

Lo anterior, bajo el argumento de que dentro de sus funciones no estaba ninguna relacionada con las estrategias de retorno a las labores presenciales, o la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así que no habían transgredido derecho fundamental alguno de la parte actora. Sin embargo, la Sala precisa que su vinculación se realizó en calidad de terceros

con interés en las resultas del proceso y no en condición de demandados, por lo que no hay lugar a acceder a su solicitud de desvinculación.

3. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales invocados por la presidente de Sintrasupersalud, fueron desconocidos con la expedición de la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021 y la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio del presente año, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y el presidente de la República, respectivamente.

Para abordar el problema jurídico se analizarán (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la acción de tutela contra actos administrativos y (iii) el caso concreto.

4. Generalidades de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional, según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre otros motivos, la relativa a la 1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección

del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad). Sobre este último punto, debe resaltarse que para deducir que tales mecanismos no son eficaces para la protección de los derechos que pretende la parte demandante y que por ende se permitiría sustituir los mecanismos ordinarios que consagra la Ley, es necesaria una actividad judicial del mismo, cuyo análisis permita establecer que el medio procedente efectivamente no brinda la protección requerida.

5. Acción de tutela contra actos administrativos Como se expuso en precedencia, la acción de tutela está consagrada para garantizar derechos fundamentales de las personas cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por particulares, pero su procedencia está supeditada a los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece las causales de improcedencia de la acción de tutela y, en el numeral 5, indica expresamente que la acción de tutela no procede para controvertir actos de carácter general, impersonal y abstracto. En desarrollo de la norma citada, la Corte Constitucional, en varios pronunciamientos2, ha precisado que la acción de tutela es improcedente como medio principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, toda vez que para controvertir la legalidad de estos la legislación contenciosa administrativa prevé otros mecanismos ordinarios, en los cuales desde el inicio del proceso se puede solicitar la suspensión de los efectos del acto, a través de una medida cautelar. Sin embargo, el Alto Tribunal Constitucional precisó que, excepcionalmente y de

forma transitoria, la acción de tutela puede ser procedente siempre que se acredite un perjuicio irremediable, lo cual habilita al juez de tutela para suspender la aplicación del acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el proceso ordinario correspondiente. En palabras de la Corte Constitucional, el perjuicio irremediable al que se refiere debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de 2 Puede revisarse la sentencia SU-439 del 13 de julio de 2017 con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos. protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”3. En conclusión, la acción de tutela resulta improcedente para dirimir controversias que involucren la legalidad de actos administrativos por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, el cual puede ser flexibilizado si se demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

6. Caso concreto

La parte actora sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales con la expedición de la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021 y la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio del presente año, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y el presidente de la República, respectivamente. En síntesis, consideró que con las anteriores decisiones se impuso un plan de retorno a las labores de forma presencial, que desconoce las garantías constitucionales de los empleados y contratistas de la Superintendencia Nacional de Salud. Lo anterior, debido a que se les obliga al cumplimiento de unos turnos de trabajo que generarían aglomeraciones, las cuales a su vez pondrían en riesgo su salud e integridad personal, ante la posibilidad del contagio de Covid-19. Además, afirmó que las autoridades demandadas no tuvieron en cuenta las normas laborales relacionadas con la flexibilización de la jornada laboral, así como aquellas relativas al aforo permitido en las instalaciones de las entidades para el cumplimiento de labores durante la pandemia. En este punto, resulta necesario precisar que la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021, fue proferida por la Superintendencia Nacional de Salud con el objeto de definir el plan de retorno de los servidores públicos y supervisores de contratos de prestación de servicio al desempeño de funciones de forma presencial en la entidad. Para ello, dictó una serie de medidas administrativas relacionadas con (i) el “trabajo en casa” a través del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, (ii) la jornada laboral presencial para cada una de sus dependencias y (iii) los controles de bioseguridad, medidas locativas y

suplementarias. Entre ellas se destacan la autorización a ciertos servidores que por razones de edad o estado de salud, deban ejercer sus funciones desde sus hogares, así como la creación de turnos para quienes no están bajo dicha modalidad de trabajo. 3 Postura que ha sido reiterada en la Corte Constitucional, al respecto ver las sentencias T-1316 de 2001 y T-135 de 2015, entro otras. Igualmente, se encuentran medidas generales como la restricción del ingreso a menores de edad o terceros ajenos al servicio de la entidad, o el uso obligatorio del tapabocas. Por su parte, la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio de 2021, contiene instrucciones impartidas por el presidente de la República para que servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, retornen a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones. Así, por ejemplo, dispuso que el regreso al ejercicio de las funciones de forma presencial debía hacerse con sujeción a los protocolos de bioseguridad, al Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal – IREM, y a los ciclos definidos en el Plan Nacional de Vacunación. De igual manera, determinó que las entidades debían implementar acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, que permitan garantizar la prestación del servicio presencial y, ante todo, preservar la vida y la salud. Además, invitó a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, a los organismos de control y a las entidades territoriales para que adopten las

directrices allí impartidas, permitiendo el retorno a las actividades presenciales. Según lo descrito, para la Sala es claro que tanto la Circular Interna No. 006 del 24 de febrero de 2021, como la Directiva Presidencial 04 del 9 de junio del presente año, corresponden a actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, que no pueden ser controvertidos a través de la acción de tutela. Como quedó expuesto en el acápite anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 la solicitud de amparo resulta improcedente cuando se cuestionen actos que revisten tal naturaleza, circunstancia que impide efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el particular a menos que la acción haya sido presentada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No obstante, de la revisión del escrito de tutela no se encuentra que la parte actora haya alegado que se encuentra ante este tipo de perjuicio, ni tampoco obra prueba dentro del expediente que permita inferir la necesidad imperiosa de la intervención por parte del juez constitucional para evitar la materialización del mismo. Contrario a ello, esta Sala evidencia que el sindicato accionante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo como lo es el medio de control de nulidad, a través del cual puede controvertir la legalidad de dichos actos administrativos y, a su vez, procurar la defensa de los derechos fundamentales que considera han sido desconocidos con su expedición. Al respecto, el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:

“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. (…)”. (Se resalta) Así las cosas, comoquiera que los argumentos de la parte actora están dirigidos a atacar la legalidad de unos actos administrativos de carácter general, frente a los cuales además puede hacer uso del medio de control de nulidad y solicitar el decreto de las medidas cautelares que considere necesarias, es claro que la presente acción de tutela es improcedente, por lo que así será declarado en la parte resolutiva de esta sentencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la presidente de Sintrasupersalud, con base en lo expuesto en la parte considerativa

de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado