CE-11001-03-15-000-2021-04054-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / VACACIONES INDIVIDUALES DE FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL / FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE REEMPLAZO DE SERVIDOR JUDICIAL

QUE PERTENECE AL RÉGIMEN DE VACACIONES / VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES La Sala observa que en el presente caso la [accionante] interpuso acción de tutela con la finalidad de obtener el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad. La actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al hecho de que a través de las resoluciones núms. 009 y 010 de 28 y 29 de abril de 2021, el JUZGADO PENAL haya negado el derecho a disfrutar sus vacaciones con ocasión de la negativa de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho período. (…) [I]mpedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de restricciones administrativas no es una obligación que deba soportar la actora, además porque las dificultades de la carga laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales. Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento de los recurrentes, según el cual bastaría con ordenar al nominador de la actora concederle las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de remplazo. Lo

anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al trabajo en condiciones dignas de la actora y el de sus compañeros del Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas asignadas a cada empleado, máxime si se tiene en cuenta la carga laboral que en particular debe atender la jurisdicción penal. Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente de forma reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el reemplazo del empleado durante sus vacaciones. (…) [L]a Sala señala que la orden impuesta por el a quo a las impugnantes, a efectos de que adelanten las acciones administrativas necesarias para que se expida el certificado de disponibilidad presupuestal aludido, es congruente como medida requerida para garantizar el amparo concedido. (…) En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de las impugnaciones estudiadas no tienen vocación de prosperar, el fallo proferido en primera instancia será confirmado en su integridad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del consejero Oswaldo Giraldo

López.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04054-01(AC)

Actor: LEIDI VIVIANA POSADA ZAPATA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO.

VACACIONES INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. SE

REITERA POSICIÓN DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO DIGNO, AL DESCANSO, A LA RECREACIÓN, A LA SALUD, A LA FAMILIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL1 y por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA, contra la sentencia de 3 de agosto de 2021, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 amparó los derechos fundamentales al trabajo y a la dignidad humana de la actora. I.- ANTECEDENTES I.1.- La solicitud La señora LEIDI VIVIANA POSADA ZAPATA, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

ANTIOQUIA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ANTIOQUIA3 y el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA4, porque, a su juicio,

vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la 1 En adelante la DEAJ 2 En adelante la Sección Segunda. 3 Dirección Seccional. 4 En adelante Juzgado Penal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad. I.2.- Hechos Manifestó que está vinculada a la RAMA JUDICIAL, en el cargo de asistente jurídica del JUZGADO PENAL. Indicó que el 28 de abril de 2021, solicitó a la titular del juzgado aludido, el reconocimiento y pago de las vacaciones correspondientes al período 2017-2018. Afirmó que mediante Resolución núm. 009 de 28 de abril de 2021, su nominadora negó el disfrute de las vacaciones, toda vez que a través de Oficio núm. DESAJME21-1540 de 23 de abril de la misma anualidad, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL había negado la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de remplazo mientras estuviere de descanso. Agregó que interpuso el recurso de reposición respectivo, no obstante, mediante Resolución núm. 010 de 29 de abril de 2021 la decisión recurrida fue confirmada, bajo el argumento de que el derecho de acceso a la administración de justicia de los usuarios no podía ser afectado, con la concesión de las vacaciones solicitadas, en la medida que no podía efectuarse un nombramiento de remplazo por la

carencia del certificado de disponibilidad presupuestal. I.3.- Fundamentos de la solicitud Argumentó que si bien la razones por las cuales fueron negadas sus vacaciones son válidas desde la perspectiva del derecho al acceso a la administración de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co justicia de los usuarios y la carga laboral que esto implica, lo cierto es que su derecho de descanso no puede verse afectado por las falencias administrativas de

la RAMA JUDICIAL.

Explicó que la posición de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL deviene de las restricciones presupuestales que impuso la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, sobre las directrices para proveer recursos para el nombramiento de personal de reemplazo, las cuales solo están previstas para jueces y magistrados. Destacó que la conducta de las accionadas desconoce su derecho al trabajo en condiciones dignas, el cual tiene como componente el descanso obligatorio y remunerado. Sostuvo que de forma sistemática se le ha privado de ese derecho, con el argumento de la carencia de los fondos necesarios para realizar la contratación de las personas encargadas de reemplazarla, durante el período de vacaciones. Informó que dicha situación es discriminatoria, en razón a que a otros empleados y funcionarios, sometidos a régimen de vacaciones individuales, se les ha concedido tal prerrogativa. Agregó que la necesidad del servicio es un argumento plenamente valedero, dado que el Juzgado del cual hace parte ejecuta funciones importantes del sistema

penal, ligadas al derecho a la administración de justicia que se vería afectado si no se le remplaza durante el período de vacaciones. I.4.- Pretensiones Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó lo siguiente: “[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad.

2. Se ordene a las entidades y dependencias accionadas, que apropien las partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de una persona para el respectivo remplazo en mi condición de

ASISTENTE JURÍDICA del JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA. y de esta forma poder acceder y disfrutar de mis vacaciones de periodo ya vencido y merecidas, para efectos de que el amparo de mis derechos no vaya en detrimento de los derechos de mis compañeros, al tener que ser ellos quienes soporten la carga adicional que pueda generar mi ausencia.

3. Disponer y ordenar que se emita la respectiva resolución que me conceda el disfrute de las vacaciones negadas.

4. Se proceda a conminar a las autoridades respectivas para que en el futuro esta situación no sea repetitiva conmigo u otro empleado y se haga la gestión del nivel requerido para designar como empleado encargado a otra persona con la respectiva y justa remuneración que se deriva de la ejecución del trabajo, para que los empleados de la

Rama Judicial podamos disfrutar de nuestras vacaciones sin dilaciones y sin intervenir en la eficiencia de la Administración de Justicia. […]”. I.5.- Defensa I.5.1.- El MINISTERIO DE HACIENDA solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo y desvincularle del presente asunto. Manifestó que no puede pronunciarse respecto de la veracidad o no de las situaciones fácticas y jurídicas expuestas en el escrito introductorio, en razón a que no tiene ningún tipo de relación laboral, reglamentaria, convencional o contractual con la accionante. Agregó que la eventual vulneración o amenaza a los derechos fundamentales invocados se deriva de una actuación que debe ser atendida por la dependencia de presupuesto de la RAMA JUDICIAL. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.5.2.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA señaló que no es el llamado a responder por el fondo del asunto, por lo que había procedido a remitir el traslado de la solicitud al Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para que se atienda el requerimiento. I.5.3.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ANTIOQUIA solicitó que se le excluya del trámite del presente asunto, en razón a que el certificado de disponibilidad presupuestal que requiere la accionante debe ser tramitado y expedido directamente por el área financiera de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, como responsable del manejo presupuestal y del personal de la Rama Judicial en ese Distrito.

I.5.4.- La DIRECCIÓN SECCIONAL afirmó que expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para pagar a la actora las vacaciones y la prima respectiva desde el 23 de abril de 2021. Precisó que, no obstante, mediante Oficio núm. DESAJME21-1540 de 23 de abril de 2021, informó a la nominadora de la accionante que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para que se nombrara un remplazo durante sus vacaciones, por cuanto para este año hay restricciones presupuestales conforme con las circulares PSAC11-44 de 2011 y DESAJME185220. Destacó que la DEAJ sólo situará los recursos para los funcionarios (jueces y magistrados) que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y, excepcionalmente, cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cargos. Puso de presente que en ningún momento interviene en las decisiones tomadas por la nominadora de la actora, quien es la autoridad que ha negado el disfrute de sus vacaciones. Expuso que la falta de disponibilidad para efectos de un reemplazo no constituye argumento válido para que el nominador niegue a la actora el disfrute de sus vacaciones, “[…] ni puede operar como patente de corso para trasladar la responsabilidad frente a los derechos de un servidor al ordenador del gasto, quien solo actúa como ejecutor de un presupuesto previamente establecido y apropiado

para cada vigencia fiscal […]”. Resaltó que dicha situación no solo se vive a nivel jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo de la RAMA JUDICIAL, puesto que los servidores de las Direcciones Ejecutivas no tienen reemplazos durante el tiempo que están de vacaciones. Agregó que la acción de tutela no es el mecanismo para obtener los recursos presupuestales que permitan cubrir el nombramiento de remplazos de empleados que se encuentren en vacaciones, puesto que para ello debe ejercerse los medios de control previstos para controvertir la legalidad de los actos administrativos que regulan dichos aspectos. I.5.5.- El JUZGADO PENAL5 expresó que es consciente de que los derechos invocados por la accionante resultan afectados por la decisión emitida en relación con sus vacaciones, la cual obedece a una medida para asegurar la adecuada 5 El informe respectivo fue rendido por el Juzgado ante la Corte Suprema de Justicia, autoridad que inicialmente había asumido el trámite del presente asunto. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co prestación del servicio de justicia. Agregó que se requiere que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL “[…] emita, como lo ha hecho en otras ocasiones, el certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de las vacaciones de la Asistente Jurídica […]”. Afirmó que, en casos análogos al presente, en cumplimiento de órdenes de tutela la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL a procedido a expedir los certificados

de disponibilidad presupuestal a aludidos, con lo cual queda claro que dicha dependencia sí está en posibilidad de proceder del modo solicitado. I.5.6.- la DEAJ, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas de la acción, pese a haber sido notificada en debida forma, guardó silencio. I.6.- Trámite La acción de tutela fue radicada por la actora ante la Corte Suprema de Justicia, autoridad que, luego de haber admitido la solicitud de amparo, mediante auto de 26 de mayo de 2021, declaró la nulidad de todo lo actuado, salvo las pruebas allegadas, para que el expediente fuera remitido al Consejo de Estado para su trámite. II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA Mediante sentencia de 3 de agosto de 2021, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación concedió el amparo de los derechos fundamentales al trabajo y a la dignidad humana de la actora y, en consecuencia, por una parte, ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL que, dentro del término de 48 horas siguientes, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adelanten las gestiones administrativas y presupuestales a que haya lugar, con el fin de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, para que el JUZGADO PENAL provea el reemplazo requerido y así garantizar que se concrete el disfrute al derecho del descanso remunerado.

Por otra parte, ordenó al JUZGADO PENAL que, una vez se haya expedido el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, proceda dentro de los quince (15) días siguientes, a conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por la actora. Para tal efecto, advirtió que si bien en principio el asunto se contraería a discutir la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fue negada la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal origen de la controversia, así como de las resoluciones a través de las cuales en concreto fue negado el derecho al disfrute de las vacaciones de la actora, la existencia de los mecanismos ordinarios “[…] no resulta efectivo para garantizar lo pretendido en estas acciones constitucionales, por lo que resulta válida la intervención del juez de tutela en aras de su protección […]”. Argumentó que la interpretación de lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, no puede hacerse en forma restrictiva sobre los derechos laborales de los trabajadores de la RAMA JUDICIAL cuyo sistema de vacaciones es individualizado. Agregó que corresponde a las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración de Justicia garantizar el disfrute pleno del derecho a vacaciones de estos empleados, disponiendo los recursos suficientes para solventar el pago de los rubros a que haya lugar, incluyendo en estos el nombramiento de un Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reemplazo que los sustituya.

Explicó que la decisión de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, mediante la cual negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de un remplazo que sustituya las funciones de la actora mientras está en vacaciones, constituye una vulneración del derecho al trabajo en condiciones de dignidad, puesto que impone una limitación injustificada a su disfrute, circunstancia esta que desnaturaliza el deber ser de la relación laboral. Sostuvo que de igual manera, es evidente que el servicio público esencial prestado por el JUZGADO PENAL no puede ser interrumpido, por lo que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL debe tomar los correctivos necesarios, en aras de que el servicio no sea afectado. Precisó que comoquiera que la apropiación presupuestal corresponde a un trámite conjunto entre el nivel central y seccional, correspondía a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL adelantar las gestiones a fin de garantizar los recursos para nombrar un reemplazo que sustituya a la actora, mientras disfruta de su período vacacional.

III. FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES III.1.- La DEAJ manifestó que para que la DIRECCIÓN SECCIONAL cumpla con la orden impartida debe solicitarle los recursos respectivos, situación que le motiva a promover la impugnación.

Precisó que, en todo caso, no es la competente para dar respuesta a la petición del disfrute de vacaciones de la actora, ya que el trámite correspondiente es de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co resorte de la DIRECCIÓN SECCIONAL. Explicó que el concepto de la DIRECCIÓN SECCIONAL sobre el asunto es correcto, porque conforme con la Circular PSAC11-44 de 2011, únicamente se reglamentaron los aspectos relacionados con la asignación de recursos para el disfrute de las vacaciones de los funcionarios judiciales (jueces y magistrados) que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales, sin que la accionante ostente dicha condición. Apuntó que no puede apropiar recursos para que se haga un nombramiento que supla a la actora mientras disfruta sus vacaciones, toda vez que no se ajusta a las condiciones y reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Afirmó que las órdenes deben ser emitidas con cargo al titular del juzgado donde labora la accionante, dado que es la autoridad que de forma caprichosa se ha negado a concederle las vacaciones, ante la imposibilidad de nombrar un remplazo. Arguyó que carece de legitimidad en la causa por pasiva, en la medida que la vulneración a los derechos deprecados no deviene de una acción u omisión que le sea atribuible, en particular, porque no tiene la “[…] condición de nominador de la accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones solicitadas […]”. Agregó que además la acción de tutela es improcedente, en razón a que la actora cuenta con los mecanismos ordinarios para reclamar la garantía a la que alude, sin que hubiese acreditado un perjuicio irremediable. Destacó que para suplir la ausencia de la actora mientras disfruta de las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vacaciones, el titular del juzgado debía adelantar las gestiones de planeación para la redistribución de las funciones entre los demás empleados, así como conseguir judicantes para que atiendan las labores básicas. Solicitó que se declare su falta de legitimidad en la causa por pasiva y se revoque el fallo impugnado, para denegar el amparo o declarar su improcedencia. III.2.- La DIRECCIÓN SECCIONAL apuntó que si bien la Circular PSAC11-44 de 2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, nada dice sobre el trámite de remplazo por vacaciones de empleados judiciales, no puede atribuírsele la responsabilidad de la decisión que emitió el JUZGADO PENAL de no conceder el descanso a la actora. Insistió en que la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal depende “[…] de los fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público […]”. Alegó que no es procedente que el juez constitucional ordene apropiaciones del gasto, “[…] cual si reemplazaran a las autoridades y procedimientos previstos para ello [...]”. Iteró que, en todo caso, no intervino en la decisión del titular del juzgado en el que labora la actora, autoridad que en últimas fue la que negó el derecho objeto de controversia. Manifestó que, pese a todo lo anterior, “[…] procederemos a dar cumplimiento a la

orden impartida por el Juez Constitucional […] de tal manera que con ello podamos coadyuvar a la materialización del derecho al descanso de la actora. Y a Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su vez, remitiremos notificación y CDP para reemplazo al nominador, para lo de su cargo […]”. I.V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones. Cuestión previa La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia. La Sala advierte que la DEAJ solicitó que se le desvincule de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, “[…] toda vez que no tenemos la condición de nominador de la accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones solicitadas […]”.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto

la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala). En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela de la referencia la actora pretende, entre otros aspectos, que se ordene apropiar “[…] las partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de una Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona para el respectivo remplazo […]”, es claro que a la DEAJ le asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso, pues se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo que era necesario que se le vinculara al proceso, independiente de que las pretensiones tuvieran o no vocación de prosperar. En ese orden de ideas, se denegará la solicitud de desvinculación de la DEAJ del

trámite en referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Análisis del caso concreto La Sala observa que en el presente caso la señora LEIDI VIVIANA POSADA ZAPATA interpuso acción de tutela con la finalidad de obtener el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad. La actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al hecho de que a través de las resoluciones núms. 009 y 010 de 28 y 29 de abril de 2021, el JUZGADO PENAL haya negado el derecho a disfrutar sus vacaciones con ocasión de la negativa de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho período. La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 3 de agosto 2021, amparó los derechos fundamentales al trabajo y a la dignidad humana de la actora, al considerar que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste; máxime, si se tiene en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas. En consecuencia, la SECCIÓN SEGUNDA ordenó a la DEAJ y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL expedir el certificado de disponibilidad presupuestal,

para que el JUZGADO PENAL provea el reemplazo de la actora durante sus vacaciones y así garantizar que se concrete el disfrute al derecho del descanso remunerado. La DEAJ y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnaron la decisión argumentando la falta de disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo en el cargo de la actora durante su período de descanso vacacional, puesto que conforme con lo previsto en la Circular PSAC11-44 de 2011, la figura de reemplazo por vacaciones únicamente es aplicable a funcionarios judicialesjueces y magistrados-, más no así a los empleados. Además, los impugnantes destacaron que no se oponen a que se ordene conceder las vacaciones de la actora, sino que tal actuación, en su criterio, concierne de forma exclusiva al nominador de esta. Por otro lado, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL señaló que, pese a su disenso, procedería a dar cumplimiento a la orden que le fue impuesta. No obstante, hasta el momento dicha dependencia no ha allegado constancias sobre el cumplimiento de la orden aludida, ni informe al respecto, por lo que de entrada la Sala descarta el estudio del asunto bajo los lineamientos de la carencia de objeto por hecho superado. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la DEAJ y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL

se opongan a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la contratación de una persona que reemplace a la actora, vulnera sus derechos fundamentales al impedir el disfrute pleno de sus vacaciones. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se originó con ocasión a la expedición I) del Oficio DESAJME21-1540 de 23 de abril de 2021, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal mencionado y; II) de las resoluciones núms. 009 y 010 de 28 y 29 de abril de 2021, a través de las cuales fueron negadas a la actora sus vacaciones, mientras que la acción de tutela fue radicada el 11 de mayo de 2021. Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, en la medida que la actora comparte la motivación de las resoluciones núms. 009 y 010 de 28 y 29 de abril de 2021, en cuanto la necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante el tiempo que esté en vac