CE-11001-03-15-000-2021-04085-00(AC)A

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD, ORGANISMO O ENTIDAD

PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL - Conocimiento de los Jueces del

Circuito / AUTO QUE REMITE POR COMPETENCIA

[E]l artículo 1, numeral 2 del Decreto 333 de 2021, referente a las reglas de reparto en materia de tutela establece que “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”. Así pues, es claro que esta Corporación no conoce las tutelas que se presenten contra las actuaciones que adelanten las autoridades del orden nacional, como sucede en este caso, toda vez que se acusan decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación. (…) se advierte que aun cuando el Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Duitama considera que se debe vincular al Tribunal Administrativo de Boyacá al presente asunto, esta no es una razón para que no conozca de la demanda, pues el accionante no dirige ninguna pretensión contra dicha autoridad judicial.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 333 DE 2021 - ARTÍCULO 1 - NUMERAL 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04085-00(AC)

Actor: CARLOS ARTURO TRIANA VEGA Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN El señor Carlos Arturo Triana Vega interpuso demanda de tutela contra la Nación – Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, equidad y derechos políticos, presuntamente vulnerados por dicha entidad, al proferir la Resolución 004 del 21 de abril de 2016 y los fallos de primera y segunda instancia en el proceso disciplinario UIS 2014104774 – D 2014-571-680566.

Inicialmente, el asunto fue repartido al Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Duitama, despacho que, mediante auto de 25 de junio del año en curso, se abstuvo de conocer dicha acción y ordenó remitir el expediente a esta Corporación, al considerar que como era necesario vincular al Tribunal Administrativo de Boyacá para “tener conocimiento del estado actual de las actuaciones surtidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y específicamente si en los procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho No. 150011233300020190053000 y 15001233300020170047800 se persigue la misma pretensión reclamada hoy a través de este trámite preferente y sumario”, le corresponde a esta Corporación conocer del asunto. Al respecto, cabe recordar que, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen únicamente tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:

(i) El factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) se produzcan sus efectos (artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto 2591 de 1991)1; (ii) El factor subjetivo, aplicable a las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado en primera instancia a los jueces del circuito (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991)2, y de (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución le corresponde al Tribunal para la Paz (artículo 8° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017)3; y (iii) El factor funcional, el cual debe ser verificado al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de un fallo de tutela, pues de ella únicamente pueden conocer las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” del a quo (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991)4. En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que la aplicación de las normas previstas en el Decreto 1069 de 20155, las cuales fueron modificadas por el Decreto 333 de 20216, no autorizan a los jueces de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos de amparo que les son asignados, en la medida en que únicamente se refieren a reglas administrativas para el reparto de los casos, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales7.

De otra parte, el artículo 1, numeral 2 del Decreto 333 de 2021, referente a las reglas de reparto en materia de tutela establece que “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”. 1 Cfr. Auto 158 de 2018. 2 Cfr. Sentencia C-940 de 2010 y Auto 700 de 2017. 3 Cfr. Auto 021 de 2018. 4 Cfr. Auto 046 de 2018. 5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 6 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela” 7 Cfr. Autos 064 de 2018, 172 de 2018, 242 de 2019 y 398 de 2020. A este respecto, la Corte ha insistido en que por disposición expresa del parágrafo segundo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, “[l]as anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.” Así pues, es claro que esta Corporación no conoce las tutelas que se presenten

contra las actuaciones que adelanten las autoridades del orden nacional, como sucede en este caso, toda vez que se acusan decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación. Aunado a ello, se advierte que aun cuando el Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Duitama considera que se debe vincular al Tribunal Administrativo de Boyacá al presente asunto, esta no es una razón para que no conozca de la demanda, pues el accionante no dirige ninguna pretensión contra dicha autoridad judicial En mérito de lo expuesto, R E S U E L V E: Por Secretaría General, previa comunicación al señor Carlos Arturo Triana Vega, devuélvase inmediatamente el expediente al Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Duitama, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

CC/XO 8 VF Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.