CE-11001-03-15-000-2021-04174-00(AC)

TUTELA CONTRA AUTORIDAD JUDICIAL / RECHAZO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / FALTA DE TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / USO

DE CORREO INHABILITADO PARA RECEPCIÓN RESPUESTAS Y

SOLICITUDES / AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO

PROCESO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Corresponde a la Sala determinar si la falta de trámite por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá del recurso de apelación que el accionante interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto “privado del derecho que tengo a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”. (…) [L]a falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento impetrada por el actor no vulnera en ninguna forma los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados, en tanto la misma obedeció únicamente al actuar del demandante, quien, a pesar de haber sido advertido previamente vía correo electrónico que las respuestas y solicitudes relacionadas con el auto de 9

de junio de 2021 debían ser enviadas al correo electrónico: correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co, remitió el recurso de apelación contra dicha decisión al buzón sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica destinada exclusivamente a las notificaciones emanadas de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá, hecho del que no puede endilgarse responsabilidad alguna a la autoridad judicial accionada. (…) [S]e concluye que en el caso la autoridad judicial accionada, conforme con las normas aplicables, comunicó de manera previa al accionante el canal digital identificado para recibir oficios y comunicaciones en relación con el proceso que adelantaba, mismo que no fue utilizado por el [accionante], lo que determinó que su memorial de apelación no fuese recibido y, por ende, no tramitado, por el juez de conocimiento. (…) Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones de la acción de amparo promovida por el [accionante] contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto de la consejera Myriam Stella

Gutiérrez Argüello.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04174-00(AC)

Actor: JAIME ANTONIO JOYA ECHEVERRÍA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial. Rechazo de acción de cumplimiento. Falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión de rechazo de la demanda. Buzón de correo para notificaciones SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la falta de trámite del recurso de apelación que interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos El accionante manifestó que presentó demanda de acción de cumplimiento contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de que diera cumplimiento al acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, contenido en la Resolución Nº GNR-342480 de 5 de diciembre de

2013. Afirmó que el trámite del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, quien rechazó la demanda mediante auto de 9 de junio de 2021, “por improcedente”. Sostuvo que contra dicha decisión interpuso, a través de correo electrónico, recurso de apelación en el que manifestó que conforme a jurisprudencia del

Consejo de Estado la apelación era viable, “memorial que no ha sido tenido en cuenta absolutamente para nada, tanto que ni siquiera aparece registrado o recibido en el sistema”. Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, “sin haber admitido la demanda, ni correr traslado a la demandada, sin examinar ni valorar mis pruebas y argumentos y creyendo o suponiendo que si Colpensiones me debe alguna suma puedo acudir a proceso ejecutivo; declaró improcedente la acción y ordenó su archivo. Aclaro que no estoy pidiendo que Colpensiones me pague porque no me debe nada. Estoy simplemente pidiendo el cumplimiento de un acto administrativo proferido por Colpensiones”. Finalmente, afirmó que el magistrado ponente del auto que rechazó la acción de cumplimiento “había conocido en otra oportunidad de estos hechos, luego creo que debió declararse impedido”.

2. Fundamentos de la acción

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El accionante presentó acción de tutela con el fin de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, por la falta de trámite del recurso de apelación que interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, en tanto se ve “privado del derecho a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las

normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”. Agregó que “la única actuación o trámite que se surtió en su diligenciamiento por el Tribunal fue su rechazo”, y que “la ley 393 de 1997, solamente contempla como causal para que sea procedente el rechazo de la demanda, cuando habiéndose ordenado por el sr. Juez su corrección, ésta no se efectúa”. Finalmente, sostuvo que “la Corte Constitucional ha indicado que, frente a la posibilidad de rechazo de la demanda de Acción de Cumplimiento, ésta procede en tres eventos particulares: i) Cuando se incumple con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 10 de la ley 393 de 1997 y estos no son subsanados en el plazo previsto para ello; (ii) Cuando no se otorgue prueba de la renuencia de la autoridad o del particular en el cumplimiento, caso en el cual el rechazo es in limine; (iii) cuando se trate de una actuación temeraria, al haberse formulado con idénticas partes y contenidos, de manera simultánea ante varios jueces”.

3. Pretensiones En el escrito de tutela se formulan las siguientes: “Respetuosamente solicito tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Administración de Justicia, ordenando al H. Tribunal Administrativo de Boyacá, que con la ponencia de un magistrado distinto del Dr. José Ascención Fernández Osorio, asuma el conocimiento de mi demanda de Acción de Cumplimiento y que si la halla procedente la admita y le dé el curso

correspondiente”.

4. Pruebas relevantes Se allegó copia digital del auto de 9 de junio de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó la acción de cumplimiento radicada con el Nº 2021-00421-00, actor: Jaime Antonio Joya Echeverría, y copia de los correos de 15 y 22 de junio de 2021, mediante los que el accionante allegó el recurso de apelación que interpuso contra dicha decisión.

5. Trámite procesal Por auto de 1º de julio de 2021, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 63517 a 63520, todos de 7 de julio de 2021, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión. 1

6. Oposición 6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá En escrito de 8 de julio de 2021, el magistrado que conoció de la acción de cumplimiento rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se desestimen las pretensiones, “en ausencia de vulneración iusfundamental alguna”.

Luego de hacer referencia a los requisitos generales de procedibilidad de la tutela

contra providencias judiciales, indicó, respecto del argumento relacionado con la falta de trámite del recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto que rechazó la acción de cumplimiento que impetró contra Colpensiones, que dicho auto le fue notificado al actor mediante mensaje de datos enviado al buzón de correo electrónico por él señalado en la demanda de acción de cumplimiento (jaimeantonio0662@gmail.com), en el que se le informó que “las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico: correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co”. Indicó que, en este sentido, en tanto conforme con las constancias de envío adjuntos al escrito de tutela el actor remitió memorial de apelación el día 15 de junio de 2021 al correo electrónico sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, este no fue dirigido al correo habilitado para recibir y tramitar esa clase de documentos “tal y como se le indicó de manera expresa en la notificación del auto del 9 de junio de 2021, sino a uno que se utiliza únicamente para realizar notificaciones, por lo que nunca fueron recibidos por este Tribunal y, por ende, no hubo vulneración alguna al derecho de acceso a la administración de justicia, ni mucho menos al debido proceso”. Agregó que el Secretario General de esa Corporación, a través de constancia secretarial de 7 de julio de 2021, que adjuntó, precisó que “el único correo habilitado para que los usuarios remitan correspondencia a esta corporación es correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, como se informa en los escritos de notificaciones. El correo sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co es

utilizado para realizar notificaciones, tal como se informa en los oficios en que se envían las mismas. Por lo que es del caso aclarar que la Secretaría no está obligada a revisar éste, pues, se reitera, sólo se usa para tal fin y se informa a las partes cual es el canal digital apropiado para recibir memoriales”. Afirmó que esa conclusión se encuentra conforme con lo decidido por el Consejo de Estado en asuntos similares, “entre otras, en las siguientes providencias: Sección Cuarta. Auto del 12 de diciembre de 2019. Rad. No. 1 1001-03-1 50002019-04236-00 (AC) A. Actor: MARÍA DEL CARMEN CORTÉS LOZANO Y OTROS. C.P. Dr. MILTON CHAVES GARCÍA, Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2020. Rad. No. 1 1001-0315-000-2020-02544-01 (AC). Actor: MARÍA CRISTINA RUIZ RODRÍGUEZ. C.P. Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ”. 1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: jaimeantonio0662@gmail.com; sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co;, sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, adm04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Respecto de la supuesta vulneración de derechos con ocasión del rechazo de la acción de cumplimiento elevada por el actor, indicó que en el auto de 9 de junio de 2021, “luego de hacerse referencia a los artículos 8 y 9 de la Ley 393 de 1997, se precisó que el Consejo de Estado ha determinado en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo 8, que son tres los requisitos mínimos para que salga avante la acción de cumplimiento, a saber: "a) Que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en la ley o en acto administrativo, lo cual excluye de su fundamento y análisis las normas de la Constitución Política, que por general consagran principios y directrices; b) Que el mandato sea imperativo, inobjetable, y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad frente a la cual se reclama el cumplimiento; y, c) Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir, o que se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate”. Refirió que, con base en ello, se procedió al análisis del caso en concreto y, atendiendo los supuestos fácticos expuestos por el actor, específicamente el hecho de que ya había acudido a la jurisdicción administrativa a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se procedió a verificar en el Sistema de Información de la Rama Judicial y se encontró que la Resolución Nº GNR 342480 de 5 de diciembre de 2013, respecto de la cual el accionante pretendía su cumplimiento por parte de Colpensiones, le reconoció una pensión de

jubilación condicionada al retiro definitivo del servicio, hecho que acaeció el 28 de diciembre de 2014, por lo que la entidad demandada reliquidó dicha prestación mediante Resolución Nº GNR 202941 de 7 de julio de 2015 que, en todo caso, fue demandada ante esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Adujo que, con base en lo anterior, se advirtió que “el demandante solicitó el cumplimiento de un acto administrativo que no contiene un mandato imperativo e inobjetable, pues si bien reconoció un derecho, el mismo se encontraba sometido a una condición (retiro definitivo del servicio), que, al cumplirse, dejó al acto de reconocimiento pensional sin vigencia, en tanto dicha situación derivó en la expedición de un acto administrativo diferente, el cual reliquidó la pensión, de la que es beneficiario”, por lo que se “rechazó la demanda por improcedente”, pues, al no encontrarse vigente el acto administrativo que el actor pretendía que se cumpliera, no existía obligación alguna que debiera atender Colpensiones, “sustentación que permite evidenciar el respeto de los derechos fundamentales del actor en la decisión adoptada”. Finalmente, respecto del argumento relacionado con el supuesto impedimento que tendría para conocer de la acción de cumplimiento por haber conocido de los hechos expuestos en otra oportunidad, aclaró que de los mismos conoció en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación Nº 150013333012-201 7-00083-00, en donde esa Corporación confirmó

el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda, lo que no configura la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, esto es, haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, en tanto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es una instancia de la acción de cumplimiento, siendo éstas dos acciones diferentes e independientes. 6.2. Respuesta de Colpensiones En escrito de 8 de julio de 2021, la Directora de Acciones Constitucionales de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la causa por pasiva a su favor, en tanto, sostuvo, lo solicitado por el actor no puede ser atendido por esa administradora por no ser de su competencia administrativa y funcional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la falta de trámite por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá del recurso de apelación que el accionante interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo

mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto “privado del derecho que tengo a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”.

3. Generalidades de la acción de tutela El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

4. Estudio y solución del caso concreto 4.1.1 En el presente caso, el actor considera que la falta de trámite por la autoridad judicial accionada del recurso de apelación que interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo

mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto se ve “privado del derecho a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”. Agregó que “la única actuación o trámite que se surtió en su diligenciamiento por el Tribunal fue su rechazo”, y que “la ley 393 de 1997, solamente contempla como causal para que sea procedente el rechazo de la demanda, cuando habiéndose ordenado por el sr. Juez su corrección, ésta no se efectúa”. En la contestación, el ponente del auto que rechazó la acción de cumplimiento instaurada por el actor indicó que este remitió el memorial de apelación el día 15 de junio de 2021 al correo electrónico sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, correo no habilitado para recibir y tramitar esa clase de documentos, tal y como se le indicó de manera expresa en la notificación del auto del 9 de junio de 2021, por lo que en el caso no hubo vulneración alguna al derecho de acceso a la administración de justicia, ni al debido proceso, en tanto el recurso nunca fue recibido por ese tribunal. 4.1.2. Ahora bien, en el caso que originó la controversia, el accionante presentó

acción de cumplimiento contra Colpensiones, con el fin de que se diera cumplimiento a la Resolución Nº GNR 342480 de 5 de diciembre de 2013, mediante la cual la entidad le reconoció una pensión de jubilación condicionada al retiro definitivo del servicio, hecho que acaeció el 28 de diciembre de 2014. Del auto de 9 de junio de 2021, se observa que la autoridad judicial accionada rechazó la demanda luego de encontrar que la entidad demandada reliquidó la prestación reconocida al accionante mediante Resolución Nº GNR 202941 de 7 de julio de 2015, acto administrativo que dejó sin efectos aquel cuyo cumplimiento se pretendía y que había sido demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente observa que, en efecto, el auto de 9 de junio de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó por improcedente la acción de cumplimiento presentada por el actor, fue notificado el 11 de junio de 2021 mediante mensaje enviado al correo electrónico jaimeantonio0662@gmail.com, en el que se le indicó expresamente que “las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico: correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co " . 2 2 Anexo 4, solicitud de tutela. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De igual forma, de los anexos de la solicitud de amparo constitucional, se observa

que mediante mensaje de datos enviado desde la dirección personal del accionante el 15 de junio de 2021 al correo electrónico sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, este formuló recurso de apelación contra dicha decisión, y el día y el 22 de junio siguiente remitió otro memorial a esa misma dirección de correo en el que manifestaba su inconformidad por cuanto, sostuvo, “hasta el día de hoy no se ha producido ningún pronunciamiento, pero lo que me extraña es que ni siquiera ese memorial que contiene la apelación SE HALLA COMO RECIBIDO en el sistema”. En este sentido, la falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento impetrada por el actor no vulnera en ninguna forma los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados, en tanto la misma obedeció únicamente al actuar del demandante, quien, a pesar de haber sido advertido previamente vía correo electrónico que las respuestas y solicitudes relacionadas con el auto de 9 de junio de 2021 debían ser enviadas al correo electrónico: correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co, remitió el recurso de apelación contra dicha decisión al buzón sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica destinada exclusivamente a las notificaciones emanadas de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá, hecho del que no puede endilgarse responsabilidad alguna a la autoridad judicial accionada. La anterior conclusión se encuentra conforme con lo previsto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,

agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, aplicable al caso, cuyo artículo 3º establece los deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones de la siguiente manera: “Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Identificados los canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las actuaciones y desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior. Todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. La autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para

garantizar su cumplimiento”. (Resaltado de la Sala). De lo anterior, se concluye que en el caso la autoridad judicial accionada, conforme con las normas aplicables, comunicó de manera previa al accionante el canal digital identificado para recibir oficios y comunicaciones en relación con el proceso que adelantaba, mismo que no fue utilizado por el señor Joya Echeverría, lo que determinó que su memorial de apelación no fuese recibido y, por ende, no tramitado, por el juez de conocimiento. En este sentido, el recurso cuya falta de trámite sustenta la vulneración iusfundamental que soporta la presente solicitud no fue allegado debidamente al proceso conforme lo prevén las normas aplicables, pues si bien es cierto que el actor acreditó que envió al correo electrónico sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co un escrito con ese propósito el 15 de junio de 2021, lo cierto es que en tanto ese buzón electrónico solamente se utiliza para realizar notificaciones del tribunal accionado, no se recibió por parte de esa autoridad judicial recurso alguno en el canal digital identificado para ese efecto, lo que descarta la vulneración de los derechos alegada por la falta de trámite del mismo. La Sala considera importante recalcar que, conforme con el artículo 109 del Código General del Proceso, los “memoriales podrán [adosarse] y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo”, y estos se entenderán radicados en tiempo si se reciben de manera satisfactoria antes del cierre del despacho del día en que vence el término, lo que no ocurrió en el presente caso, en el que el actor envió el recurso propuesto a una dirección electrónica diferente a la que le fue señalada para ese efecto en la notificación de la decisión de

rechazo de la demanda, por lo que la vulneración alegada no se configuró, ni puede atribuírsele al tribunal accionado. Por lo demás, en tanto el accionante no hizo uso del medio idóneo dispuesto para ventilar las controversias relacionadas con el rechazo de la acción de cumplimiento que elevó y con el supuesto impedimento en cabeza de magistrado ponente para conocer de dicho proceso, esto es, el recurso de apelación contra el auto de 9 de junio de 2021 que rechazó la demanda, la Sala se relevará del estudio de dichos alegatos, por cuanto, como se indicó en precedencia, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela supone que esta solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados, mismos que, en el presente caso, no fueron usados por causas atribuibles exclusivamente al accionante. Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones de la acción de amparo promovida por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

III. DECISIÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política. Notifíquese y cúmplase, Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL

Presidente de la Sección BASTO Consejera (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Consejera Consejero

SALVA VOTO

SALVAMENTO DE VOTO DE LA CONSEJERA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, salvo el voto en la sentencia del proceso en referencia, que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta para solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que el señor Jaime Antonio Joya Echeverría consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, ante la falta de trámite al recurso de apelación que interpuesto contra el auto del 9 de junio de 2021 que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra la

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, Radicación Nro. 202100421-00.

1. La providencia de la cual me aparto, concluyó que no se encontraba acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bo