CE-11001-03-15-000-2021-04178-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

/ CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ / CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER / CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – No le asiste interés en la decisión de tutela La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] como se puede extractar de las manifestaciones que realiza la parte actora, la solicitud de expedición de su tarjeta profesional de abogado, la realizo (sic) directamente ante el Registro Nacional de Abogados, dependencia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, y sin ningún (sic) relación directa con esta Corporación […]”. Asimismo, la Sala señala que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] en ningún momento esta Corporación ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, por cuanto la encargada de dar trámite y demás actuaciones frente a la solicitud presentada, es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia adscrito al H. Consejo Superior de la Judicatura […]”. Al respecto, es preciso indicar que la actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el Consejo Seccional de la

Judicatura de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y en ese sentido fueron vinculados como parte demandada por el Despacho sustanciador. Ahora bien, se evidencia, dentro del acervo probatorio obrante en el expediente, que el accionante llenó el Formulario Único de Múltiples Trámites del 23 de febrero de 2021, en la página web del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia; y remitió petición vía correo electrónico el 27 de febrero de 2021, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la dirección de correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co. En ese sentido, está probado que la solicitud elevada por la actora no se dirigió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá o ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al no haberse elevado petición alguna por parte del accionante, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, ni ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y comoquiera que estas no son las entidades competentes para realizar la inscripción de la accionante en el registro de abogados y de expedir su tarjeta profesional, no les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa

por pasiva alegada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA

ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / SOLICITUD DE

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS / EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL ABOGADO – Durante el trámite de la acción de tutela [L]a actora pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela se le proteja su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, al no haberle expedido la respectiva tarjeta profesional de abogada. Ahora bien, la Sala evidencia que obra copia del documento de fecha 12 de julio de 2021, donde consta lo siguiente: “Como consecuencia de lo anterior, se le asigna la Tarjeta Profesional (sic), con fecha de expedición el 12 de julio del 2021.” (…) De igual manera, obra copia del Oficio de 12 de julio de 2021, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, donde se le informa a la actora lo siguiente: “En atención a su correo electrónico, en el cual solicita

información sobre el trámite de su tarjeta profesional de abogado, de manera atenta me permito informarle que esta Unidad le asignó la Tarjeta Profesional de Abogado, la cual será enviada al contratista Identificación Plástica S.A.S, para la elaboración del plástico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por usted.” (…) Asimismo, obra copia del correo electrónico de 12 de julio de 2021, remitido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia a la actora, donde se anexa el Oficio de notificación y el Acta de 12 de julio de 2021. (…) De la lectura del escrito de tutela, se advierte que su pretensión se dirigía a lograr que la autoridad demandada le expidiera la tarjeta profesional de abogada. En ese orden de ideas, la Sala, al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente, considera que en el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de la presente acción de tutela, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le asignó a la actora la Tarjeta Profesional de Abogada. (…) En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le asignó a la actora la Tarjeta Profesional de Abogada, y en ese orden de ideas,

se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04178-00(AC)

Actor: ELBA MARÍA GUERRERO HURTADO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y OTROS Temas: Derecho fundamental de petición/alcance Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela Derecho Fundamental Invocado: i) Petición, ii) mínimo vital, iii) trabajo y iv) libertad de escoger profesión u oficio

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Elba María Guerrero Hurtado contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, porque, a su juicio, al no resolver de fondo la solicitud núm. 2525 de 23 de febrero de 2021, por medio de la cual solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogada, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, porque, a su juicio, al no resolver de fondo la solicitud núm. 2525 de 23 de febrero de 2021, por medio de la cual solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogada, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Afirmó que “[…] el 20 de Noviembre (sic) del 2020, recibí el título de Abogado, conferido por la universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga, por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos académicos impuestos por dicha institución de educación superior, acta de grado registrado mediante acta No. 11203

LIBRO No. 22 – P3 Folio No. 8919 firmado el día 20 de Noviembre (sic) de 2020. […]”.

4. Indicó que: “[…] El día 23 de febrero de 2021 a través de la plataforma del Sistema de Información de Registro Nacional de Abogados SIRNA dispuesta por la Unidad de Registro de Abogados URNA del Consejo Superior de la Judicatura, radiqué la

solicitud de inscripción de tarjeta profesional de abogado. […]”.

5. Manifestó que mediante mensaje de datos enviado el 27 de febrero de 2021, a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a la dirección de correo electrónica regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, remitió “[…] solicitud con los documentos requeridos para llevar a cabo el trámite de la solicitud de inscripción de tarjeta profesional de abogado […]”.

6. Expresó que, el 22 de marzo de abril de 2021, recibió un e-mail por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, a través de la dirección electrónica

regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, acusó recibo de la solicitud y le informó que la misma “[…] había sido remitida al área encargada. […]”.

7. Señaló que, desde el 23 de febrero de 2021 “[…] no he recibido información del estado de mi trámite, necesito de manera urgente sea resuelta dicha petición,

[…]”.

8. Sostuvo que “[…] Al día de hoy, 28 de Junio (sic) de 2021, no se ha actualizado el estado del trámite en la plataforma SIRNA del URNA, así como tampoco he recibido requerimiento o información alguna respecto al trámite de inscripción de tarjeta profesional de abogado elevado por mi parte y registrado en la plataforma del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] De manera respetuosa solicito a usted Honorable Consejero de Estado, se sirva TUTELAR a mi favor los derechos fundamentales a la PETICIÓN, TRABAJO , MINIMO (sic) VITAL ,DERECHO A ELEGIR LIBREMENTE LA PROFESIÓN Y OFICIO Y DERECHO AL TRABAJO, ordenando a la parte accionada (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -SECCIONAL

SANTANDER -, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SECCIONAL

BOGOTA -UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES

DE LA JUSTICIA, MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELENDEZ – DIRECTORA

URNA – CSJ-), lo siguiente:

1. TUTELAR cada uno de los derechos fundamentales aquí incoados.

2. ORDENAR a la entidad Accionada, dar respuesta inmediata y de fondo a la solicitud presentada ante la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia URNA, la cual se registró bajo Trámite No. 2525, por medio de la cual solicité la inscripción de mi tarjeta profesional de abogado, la cual fue remitida junto con sus anexos requeridos el día 22 de febrero de 2021, sin acuse de recibido por parte de la accionada, conforme a lo narrado previamente en el acápite de Hechos dentro de la presente Acción de Tutela. […]”.

10. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que: “[…] En la fecha que corresponde, no he recibido información del estado de mi trámite, necesito de manera urgente sea resuelta dicha petición, debido a que en la actualidad necesito de la expedición de mi tarjeta profesional de abogado

teniendo en cuenta que tengo a cargo el sostenimiento de mis madre adulta mayor y mi único medio de general ingresos es atreves del litigio, mi único medio poder ejercer mi profesión es atreves de la expedición de mi tarjeta profesional puesto que no solo se está afectando mi mínimo vital si no con ello el de mi madre, Comedidamente NO recibo respuesta por parte del URNA, NO se me informa que mi solicitud se encuentra en trámite y mucho menos se acusa recibido […]”. […] “[…] A la fecha, teniendo en cuenta que mi solicitud de inscripción de tarjeta de profesional de abogado radicada a través de SIRNA, fue enviada junto con los soportes a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia el día 23 de febrero de 2021, NO acusándose el recibido de la misma el día, considero que el término cumplido era el día 15 de marzo de 2021, resulta exacerbado teniendo en cuenta que el trámite no debería demorar más de 15 días hábiles en ser resuelto. […]”. Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al Director de la Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander; y vinculó a la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga, a quienes concedió el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y el tercero con interés legítimo

12. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó negar el amparo solicitado en la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, la solicitud de la accionante ya fue resuelta, por lo tanto, se trata de un hecho superado en el que no existió vulneración alguna a derechos fundamentales. 12.1. Indicó que: “[…]4.- Debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas, expedición de tarjetas profesionales de abogados y licencias temporales, que expedición de tarjetas profesionales de abogados y licencias temporales, que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos disponibles hasta el momento, así como en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19, esta Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de las tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales, las mismas son enviadas al domicilio registrado por el solicitante y las prácticas jurídicas notificadas al correo registrado por el usuario. En lo que va corrido del año ha tramitado 3.522 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica, se han expedido 7.915 tarjetas profesionales de abogado, así como la expedición de 1.289 licencias temporales de abogado, pese a que se han recibido 80.884 solicitudes de toda índole, al correo institucional de la Unidad. […]” […] “[…] 6.-Para el caso en estudio, la Dra. ELBA MARÍA GUERRERO HURTADO,

identificada con la C.C. No. 1098767457, solicitó a través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co su inscripción como Abogada y la expedición de la Tarjeta Profesional, como titulada por la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Unidad con todos los documentos aportados, inscribe en el registro de abogados a la Dra. ELBA MARÍA GUERRERO HURTADO, identificada con la C.C. No. 1098767457, asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado No. 361.721, mediante el Acta No. 10007 de 2021, cuya copia anexo. Los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la elaboración del plástico de la Tarjeta Profesional de Abogado y, una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio (residencia) registrado por la accionante. De igual manera, la accionante podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento. Así mismo, anexo copia del oficio enviado a la Dra. ELBA MARÍA GUERRERO HURTADO, mediante el cual se le informa sobre el trámite y expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado, cuya copia adjunto […]”.

13. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitó su desvinculación puesto que, a su juicio: “[…] como se puede extractar de las manifestaciones que realiza la parte actora, la solicitud de expedición de su tarjeta profesional de abogado, la realizo (sic) directamente ante el Registro Nacional de Abogados, dependencia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, y sin ningún (sic) relación directa con esta

Corporación. […]”. 13.1. Explicó que: “[…] una de las labores que lamentablemente se ha visto afectada, es la entrega de las tarjetas de los profesionales de derecho que era remitidas para dicho fin ante esa Seccional por parte del Registro Nacional de Abogados, hasta mediados del mes de marzo, debiéndose aclarar que luego de la medidas de aislamiento que fueran adoptadas desde el Gobierno Nacional, no se volvió hacer remisión de dichos documentos para su eventual entrega, estando que desde la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura se dio instrucción para que los trámites que se surten ante la dependencia anteriormente aludida se efectúen de manera virtual […]”.

14. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander solicitó su desvinculación puesto que, a su juicio: “[…] en ningún momento esta Corporación ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, por cuanto la encargada de dar trámite y demás actuaciones frente a la solicitud presentada, es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia adscrito al H. Consejo Superior de la Judicatura […]”. 14.1. Explicó que, a su juicio, existe una falta de legitimación en la causa por

pasiva comoquiera que: “[…] la supuesta vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, no estuvo ni está en cabeza del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que regula la Acción Constitucional de Tutela, ésta debe ser dirigida contra quien supuestamente por su acción u omisión, viole o amenace derechos fundamentales; por tanto, la legitimación constituye un requisito indispensable, sin el cual no resulta posible para el fallador realizar un pronunciamiento de fondo. […]”.

15. La Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga solicitó que se le desvinculara de la presente acción de tutela comoquiera que, a su juicio, “[…] no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la actora, razón por la cual no le asiste hacer parte del presente proceso. En ese orden de ideas, toda vez que la la (sic) presente tutela no va dirigida directamente contra los intereses de mi representada y que respecto de los hechos objeto de la misma no existen en su cabeza gestiones que realizar […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta

sección el conocimiento de las acciones de tutela. Cuestión previa

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

18. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente: “[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. 1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 2 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela" 3 “por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado” 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él

como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la

Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[5]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

20. La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] como se puede extractar de las manifestaciones que realiza la parte actora, la solicitud de expedición de su tarjeta profesional de abogado, la realizo (sic) directamente ante el Registro Nacional de Abogados, dependencia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, y sin ningún (sic) relación directa con esta Corporación […]”. 5 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

21. Asimismo, la Sala señala que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] en ningún momento esta Corporación ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, por cuanto la encargada de dar trámite y demás actuaciones frente a la solicitud presentada, es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia adscrito al H. Consejo Superior de la

Judicatura […]”.

22. Al respecto, es preciso indicar que la actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y en ese sentido fueron vinculados como parte demandada por el Despacho sustanciador.

23. Ahora bien, se evidencia, dentro del acervo probatorio obrante en el expediente, que el accionante llenó el Formulario Único de Múltiples Trámites del 23 de febrero de 2021, en la página web del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia; y remitió petición vía correo electrónico el 27 de febrero de 2021, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la dirección de correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.

En ese sentido, está probado que la solicitud elevada por la actora no se dirigió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá o ante el Consejo Seccional de la

Judicatura de Santander.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al no haberse elevado petición alguna por parte del accionante, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, ni ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y comoquiera que estas no son las entidades competentes para realizar la inscripción de la accionante en el registro de abogados y de expedir su tarjeta profesional, no les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

26. Ahora bien, la Sala advierte que la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga solicitó su desvinculación de la acción de tutela toda vez que, a su juicio, “[…] la presente tutela no va dirigida directamente contra los intereses de mi representada y que respecto de los hechos objeto de la misma no existen en su cabeza gestiones que realizar […]”.

27. Al respecto, es preciso indicar que el Despacho sustanciador mediante auto de 8 de julio de 2021, vinculó a la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Santander en calidad de tercero con interés legítimo en el resultado del proceso comoquiera que, es la institución educativa de la cual la actora aduce que obtuvo el título de abogada.

28. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, para que se expida la tarjeta

profesional de la actora, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, debe verificar con el ente universitario el cumplimiento de los requisitos y la veracidad de los documentos allegados por la peticionaria. De allí que, al estar la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga inmersa en el trámite de expedición de la tarjeta profesional de la actora, se concluye que le asiste interés en el caso sub examine.

29. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga le asiste interés en la decisión de tutela que se profiera.

30. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Universidad Pontificia

Bolivariana – Seccional Bucaramanga. Generalidades de la acción de tutela

31. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

32. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la

respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si la acción de tutela es procedente para proteger los derechos fundamentales invocados por la actora, los cuales considera vulnerados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander al no haberle expedido la respectiva tarjeta profesional de abogada.

33. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela; ii) mar