CE-11001-03-15-000-2021-04258-01(AC)

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO

FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES La parte actora, en el escrito de tutela, invocó como violados los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a los derechos de los niños, por parte del Tribunal Administrativo del Quindío, al proferir la sentencia del 13 de mayo de 2021, solicitud que fue resuelta por el juez constitucional de primera instancia, negando la solicitud de amparo frente al defecto fáctico y sustantivo, al no evidenciar la vulneración de ningún derecho fundamental. Como consecuencia de lo anterior, la demandante en tutela, en su escrito de impugnación, reiteró que en el proceso ordinario existió un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas y un defecto sustantivo por la interpretación dada a la inexistencia de un protocolo de atención o guía medica referente a la toxoplasmosis. (…) [En relación con el defecto sustantivo] la inconformidad alegada por la accionante radica en señalar que el Tribunal Administrativo del Quindío no tuvo en cuenta, al momento de fallar el caso, los avances científicos y guías médicas referentes a la realización de los exámenes periódicos de toxoplasmosis para las madres gestantes (…) [L]a Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Quindío realizó un análisis razonable frente a las obligaciones que tenía el Hospital la Misericordia de Calarcá E.S.E.

para atender a las madres gestantes, en especial cuando concluyó que la entidad demandada cumplió con el protocolo establecido para la realización del examen de toxoplasmosis aplicable para la época de los hechos, indicando igualmente que, a pesar de existir guías para el tratamiento de dicha patología, éstas no podrían ser de obligatorio complimiento para los médicos responsables, por cuanto las mismas fueron expedidas por organizaciones de carácter privado. Bajo estas consideraciones, se concluye que no se configuró el defecto sustantivo endilgado a la sentencia cuestionada, por cuanto (…) los argumentos expuestos en la sentencia acusada se ajustan a la realidad jurídica existente para la fecha de los hechos. (…) [Ahora,] [l]a parte actora estimó que se configura el defecto fáctico en la sentencia censurada porque no se valoró en debida forma la historia clínica allegada al proceso ordinario que daba cuenta de que la menor fue diagnosticada y tratada por toxoplasmosis congénita por los profesionales de la E.S.E Hospital La Misericordia y el oftalmólogo pediatra (…) [L]a Sala advierte que la autoridad judicial accionada sí valoró todas las pruebas obrantes en el expediente como lo eran las historias clínicas, los dictámenes médicos y pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso de reparación directa. En ese orden de ideas, la Sala evidencia que no le asiste razón a la parte actora al afirmar que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, pues (…) dicha corporación realizó un análisis razonable que permite aseverar que no actuó de forma arbitraria ni

caprichosa al valorar las pruebas, sólo que les dio un alcance diferente al pretendido por la demandante a partir del estudio que realizó sobre el nexo causal del daño sufrido por la menor (…) y la responsabilidad de la entidad médica que atendió a la madre durante el embarazo y posterior parto. En consecuencia, los razonamientos anteriores son suficientes para confirmar la sentencia impugnada, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, por cuanto la sentencia atacada por vía de tutela no incurrió en los defectos alegados por la parte accionante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04258-01(AC)

Actor: LUZ MARINA HERRERA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO - SALA QUINTA DE DECISIÓN La Sala1 procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora en contra del fallo de 12 de agosto de 2021, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo.

I. SÍNTESIS DEL CASO.

Los señores Luz Marina Herrera y Juan Sebastián Romero Giraldo, en nombre

propio y en representación de sus hijas Isabella y Samara Romero Herrera; Gilma Zapata Echeverry, Gustavo Herrera Castellanos, Pedro Pablo Romero Medina, Francy Edith Giraldo y María Silvia Fajardo, por medio de apoderado judicial, solicitaron el amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a los derechos de los niños, los cuales consideraron vulnerados por la sentencia de 13 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión dentro del proceso de reparación directa 63001-33-33-753-2015-00107-01, que revocó el fallo dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia del “11 de mayo de 2020”2, que había accedido parcialmente a las pretensiones, para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda. La parte actora formuló en la presente acción constitucional la siguiente pretensión: “Se declare que la sentencia 50-2021 proferida el día 13 de mayo de 2021, notificada el 18 de mayo de 2021 vulnera el derecho fundamental al debido proceso, a la salud, a la vida digna de los demandantes y que como 1 Todas las actuaciones adelantadas e informes y pruebas allegados podrán ser consultados en el respectivo expediente electrónico en el aplicativo SAMAI. 2 Las fechas de las providencias proferidas en el proceso de reparación directa son las referidas en el escrito de tutela, puesto que dichos fallos no se anexaron con la solicitud de amparo y, no se encuentran cargadas en la plataforma de gestión judicial Justicia Siglo XXI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia se revoque la misma y se acepten las pretensiones de la misma o se ordene la expedición de nueva sentencia que tenga en cuenta los defectos señalados en esta acción”. La anterior pretensión fue fundamentada por la parte actora en la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, de la siguiente manera: Explicó que, frente al defecto fáctico, en la sentencia de segunda instancia del proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo del Quindío estableció que el daño fue producido por citomegalovirus congénito, cuando todas las pruebas demostraban que el daño fue causado por toxoplasmosis congénita, lo que quedó establecido en los diferentes dictámenes emitidos por los médicos tratantes que reposan en la historia clínica y, en suma, aseguró que nunca existió́ diagnóstico de citomegalovirus congénito, en atención a que, a este respecto, únicamente existió una sospecha por parte del doctor César Quintana el 20 de marzo del 2013. De otra parte, adujo que la sentencia de segunda instancia, omitió de manera arbitraria el diagnóstico proferido en la Clínica La Sagrada Familia de Armenia el 04 de abril del 2013, en la que, con base en un TAC3 cerebral, fue diagnosticada con toxoplasmosis no especificada, situación que no es una sospecha diagnóstica, como la del citomegalovirus congénito, sino que se desprende del resultado de un

diagnóstico establecido con base en las lesiones visibles en el TAC cerebral. Señaló que el tribunal accionado no tuvo en cuenta el diagnóstico del oftalmólogo pediatra, el Dr. Jorge Alberto Arcila Álzate, del 06 de mayo del 2013, quien señaló en el apartado de diagnóstico la toxoplasmosis congénita, y en el motivo de la consulta expresó: Control de toxoplasmosis congénita, señalando como medicamentos de uso actual los normales para la toxoplasmosis (Sulfadiciana + Pirimetamina + ácido fólico). Adicionalmente, afirmó que en la sentencia acusada no se tuvo en cuenta la Historia Clínica de la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá, en la que la propia entidad diagnosticó a la menor Isabella Romero Herrera con toxoplasmosis congénita, de conformidad con las anotaciones de cinco doctores diferentes y la enfermera jefe, que señalaban que la paciente tenía “antecedentes patológicos de toxoplasmosis en tratamiento”, por lo cual no tendría sustento médico que los demandados señalen que la menor tuviera un diagnóstico diferente. 3 Tomografía axial computarizada (TAC) de la cabeza Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que, adicionalmente, el tribunal accionado tampoco tuvo en cuenta el diagnóstico de Toxoplasmosis Congénita realizado por el Dr. Jorge Enrique Gómez, que señaló que “la niña tiene diagnóstico confirmado de toxoplasmosis congénita”.

Concluyó señalando que el tratamiento que ha tenido la menor ha sido para tratar la toxoplasmosis congénita y las secuelas producidas por la misma, por lo cual, si se le hubieran realizado a la madre los exámenes periódicos de toxoplasmosis en su etapa de gestación, se hubiera podido atender la patología de manera oportuna. De otra parte, frente al defecto sustantivo, la parte actora aseguró que dicho defecto se configuró en el presente caso por la “Interpretación indebida de las normas que rigen el ámbito de la salud” puesto que, a su juicio, el fallo acusado erró al concluir que la norma que regía el comportamiento de los galenos en la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá́ era la resolución 336 de 1998, proferida por el Instituto Seccional de Salud del Quindío, la cual indicaba la obligatoriedad de realizar la prueba de toxoplasmosis a las embarazadas, sin señalar la regularidad para su práctica y, por lo tanto, no era deber de la IPS realizar nuevamente un examen. Señaló que la Secretaría de Salud del municipio de Armenia, en febrero del año 2000, profirió el “Protocolo de Manejo de la Toxoplasmosis en embarazadas”, el cual establecía la obligación de repetir periódicamente los exámenes de toxoplasmosis a las gestantes con resultado negativo, con el fin de detectar de manera oportuna la adquisición de la enfermedad, lo cual indicaría que, de haber tenido la suerte de nacer en el municipio vecino, hubiese recibido la atención que

requería con un diagnóstico oportuno. Explicó que el tribunal accionado incurrió en el defecto señalado al interpretar que las obligaciones médicas deben encontrarse dentro del ordenamiento legal positivo y de manera taxativa, cuando en realidad las normas que regulan el ámbito de la salud en Colombia señalan que el alcance de las obligaciones médicas depende del conocimiento científico disponible, y que la atención al paciente debe realizarse con base en los métodos, tecnologías y prácticas más avanzados y científicamente fundamentadas, conocidos para la fecha de los hechos. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concluyó explicando que en el caso concreto debió tenerse en cuenta la “Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio”, proferida por el Ministerio de Salud en el año 2013, en la cual se especifica que, durante la gestación, se deben hacer, de manera periódica, varios exámenes que descarten la presencia de toxoplasmosis.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN 2.1. La Sección Quinta - del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, en auto de 12 de julio de 2021, admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, como autoridad judicial accionada, y dispuso vincular

como terceros interesados a:

1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,

1. Ministerio de Salud y de la Protección Social iii) Departamento del Quindío, iv) Municipio de Calarcá – Quindío
2. E.P.S. Asmet Salud
3. Hospital de La Misericordia de Calarcá E.S.E 2.2. Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión A través de escrito de 16 de julio de 2021, dicha corporación judicial, por conducto del Magistrado ponente de la decisión acusada, indicó que se debía negar el amparo solicitado, por cuanto la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

Señaló que es inaceptable el argumento de la parte actora al aducir que la sentencia proferida por el cuerpo colegiado incurrió en un defecto fáctico, habida cuenta que tan solo denotó en su escrito de tutela un desacuerdo con el análisis valorativo del material probatorio. Finalmente, adujo que el apoderado de la tutelante lo que hace en sede constitucional es construir nuevas argumentaciones, corrigiendo su demanda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.3. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia no se pronunció dentro de la presente actuación constitucional. No obstante, mediante correo electrónico el 15 de julio de 2021, remitió copia digital del proceso identificado con el radicado No. 63001-33-33-753-2015-00107-01. 2.4 Ministerio de Salud y Protección Social

El Ministerio de Salud y Protección Social, por conducto de la coordinadora del Grupo de Acciones Constitucionales y a través de correo electrónico enviado el 15 de julio de 2021, solicitó, en primer lugar, que se desvinculara al Ministerio de la acción constitucional, en atención a que, dentro de sus funciones y competencias, no se encuentra la prestación de servicios médicos, así como tampoco ejercer la inspección, vigilancia y control del sistema de salud. En segundo lugar, señaló que dicha cartera es únicamente el ente rector de las políticas del Sistema General de Protección Social en materia de salud, pensiones y riesgos profesionales. 2.5. Departamento del Quindío El Departamento del Quindío, no se pronunció dentro de esta actuación constitucional. 2.6. Municipio de Calarcá – Quindío El Municipio de Calarcá, mediante escrito enviado por correo electrónico el 15 de julio de 2021, afirmó que no tiene legitimación en la causa por pasiva porque: (i) de acuerdo con las pretensiones de la acción de tutela, el ente territorial no ha vulnerado ningún derecho fundamental, y (ii) dentro del marco de sus competencias no se encuentra ejercer administración alguna frente a la E.S.E Hospital de La Misericordia de Calarcá. 2.7. E.P.S. Asmet Salud La E.P.S. Asmet Salud, el 16 de julio de 2021, a través del secretario de la entidad, allegó informe vía electrónica en el cual sostuvo que, de la lectura de la decisión reprochada, se puede establecer que no existe la configuración de los defectos alegados por la parte actora, razón por la cual, a su juicio, “la acción constitucional de tutela contra dicha providencia judicial NO es procedente”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para sustentar su dicho, explicó que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de su función jurisdiccional, actuó bajo los preceptos señalados en el artículo 230 de la Constitución Política y consideró razonable la conclusión del tribunal acusado al afirmar que “los diagnósticos médicos no permiten afirmar con certeza, que el daño padecido por la menor tuvo como origen la falta de exámenes adicionales de toxoplasmosis, por lo cual no se evidencia el nexo de causalidad entre el daño y las partes, esto es, de la EPS ASMET SALUD y el HOSPITAL LA MISERICORDIA de Calarcá”. De otro lado, al referirse al defecto sustantivo, sostuvo que no se configuró, en la medida que la decisión se fundamentó en las normas vigentes al momento de la gestación. En ese sentido, señaló que no es de recibo que la parte actora pretenda estructurarlo bajo el supuesto de que no se interpretó́ la “Guía Práctica Clínica para toxoplasmosis durante el embarazo y la toxoplasmosis congénita”, documento emanado de una reunión privada de expertos en la materia, que solo fue publicada en el año 2013 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, ni tampoco del protocolo de manejo de la toxoplasmosis en embarazadas en el vecino municipio de Armenia. 2.8. Hospital de La Misericordia de Calarcá E.S.E El Hospital de La Misericordia de Calarcá E.S.E no se pronunció dentro de la

presente actuación constitucional.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 12 de agosto de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo negó el amparo de las pretensiones formuladas por la parte actora, de conformidad con lo siguiente: Frente al defecto fáctico, el juez constitucional de primera instancia estableció que la parte actora pretendió demostrar una falta de análisis de la historia clínica que evidenciaba el diagnóstico de toxoplasmosis; no obstante, del estudio del caso se determinó por el a quo que dicha situación no se encontró acreditada en el proceso ordinario, en atención a que dicho documento sí fue valorado como prueba y además se reconoció la existencia de esa patología. Igualmente, resaltó que el tribunal accionado se pronunció frente al diagnóstico de citomegalovirus congénito para destacar que fue a partir de éste que se calificó la pérdida de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co capacidad ocupacional por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez a la menor Isabella Romero Herrera, más no como el causante del daño, y por lo tanto el defecto fáctico planteado no tuvo vocación de prosperidad. De otra parte, frente al defecto sustantivo, el a quo consideró que, de la argumentación expuesta por el tribunal acusado y la normativa que gobernaba la materia al momento del embarazo de la señora Luz Marina Herrera, resultaba

claro que no se configuró el defecto alegado, toda vez que la “Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio” fue expedida en el 2013, esto es, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos objeto del caso bajo estudio y, en consecuencia, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, al concluir que dicha guía no era aplicable al caso en concreto, no deviene de un análisis irrazonable, arbitrario o caprichoso. Por lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado procedió, a negar la solicitud de amparo frente al defecto fáctico y sustantivo, al no evidenciar la vulneración de ningún derecho fundamental.

IV. IMPUGNACIÓN La parte actora, mediante correo electrónico de 24 de agosto de 2021, impugnó el fallo de primera instancia proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, argumentando lo siguiente: En primer lugar, afirmó que el juez constitucional de primera instancia consideró acertado el análisis realizado por el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia acusada, con relación a que la norma que regía el comportamiento de los galenos en la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá era la resolución 336 de 1998, la cual indicaba la obligatoriedad de realizar la prueba de toxoplasmosis a las embarazadas, pero no señalaba la regularidad en su práctica4. No obstante, esta posición es completamente contraria a la interpretación sistemática de las normas que regulan el ámbito de la salud en Colombia, limitando de esta manera la calidad

de los actos médicos a lo señalado por la ley, la cual, claramente se encuentra siempre por detrás del conocimiento científico, como ocurrió en el presente caso, en el cual se señalaba la necesidad de realizar pruebas periódicas a la gestante. 4 Proferida por el Instituto Seccional de Salud del Quindío Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En segundo lugar, señaló que el defecto sustantivo se funda en la errada interpretación en la sentencia acusada respecto de la inexistencia de un protocolo de atención o guía médica referente a la toxoplasmosis para la fecha de los hechos, puesto que, de aceptar dicha interpretación, indicaría que la señora y su menor hija están en la obligación de asumir los daños causados por la omisión de los actores en salud, aceptando un retraso científico de más de una década y la prestación de un servicio médico basado en conocimientos arcaicos, lo cual, a su consideración, es completamente inaceptable, puesto que, al estar todos los conocimientos médicos al alcance de la IPS, no era ético que hubiese dejado a su suerte a la gestante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento

de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 5.2. HECHOS 5.2.1. El 19 de abril de 2012, se realizó́ en el Hospital La Misericordia De Calarcá, a la señora Luz Marina Herrera, mientras cursaba su embarazo, el examen de toxoplasmosis, y se registró́ en la historia clínica, el día 28 de junio de 2012, que el resultado fue negativo 5.2.2. La señora Luz Marina Herrera, durante el periodo de gestación de su hija Isabella Romero Herrera, recibió́ todas las atenciones médicas que requirió́ por parte del Hospital La Misericordia de Calarcá. 5.2.3. La menor Isabella Romero, una vez nacida, recibió atenciones médicas entre el 3 y el 12 de octubre de 2012, por parte de la clínica la Sagrada Familia del municipio de Armenia, por presentar, entre otros, “episodios de cianosis” y “episodios febriles”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.2.4. El día 25 de junio de 2013, la menor Isabella Romero Herrera obtuvo como positivo el resultado para la prueba IGg para toxoplasmosis. 5.2.5. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, a través del médico Jorge Enrique Gómez Marín, el 25 de agosto de 2013, consignó como diagnóstico “toxoplasmosis congénita en tratamiento para la menor Isabella Romero”. 5.2.5. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío calificó la pérdida

de la capacidad ocupacional para la menor Isabella Romero con un 73,75% el día 15 de noviembre de 2017. 5.2.6. Con base en los anteriores hechos, la señora Luz Marina Herrera y otros adelantaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Salud y de la Protección Social, el departamento del Quindío, el municipio de Calarcá, la E.S.E. La Misericordia de Calarcá y la E.P.S. Asmet Salud, con el propósito de que se les declarara solidariamente responsables por los daños en la salud de su hija Isabella Romero Herrera, proceso identificado con el radicado 63001-33-33-753-2015-00107-01, en la cual pretendía lo siguiente: “Que se declare contractual y solidariamente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes, a la NACIÓNMINISTERIO DE SALUD, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL y la empresa promotora de salud EPS-S ASMET SALUD y a la institución prestadora de servicios IPS ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA, de la ciudad de Calarcá (Quindío), a sus representantes legales, o quien haga sus veces, al momento de presentar la presente demanda de reparación directa, por OMISIÓN POR ACCIÓN AL CONTROL PRENATAL Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS PROTOCOLOS MÉDICOS Y SEGUIMIENTOS DE LAS GUÍAS DE SU INSTITUCIÓN DE SALUD Y A LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA MÉDICA DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA, quienes son solidarias y

administrativamente responsable de los perjuicios causados a los demandantes dentro del marco de las circunstancias de tiempo modo y lugar relatados en la demanda. Que se declaren solidaria y administrativamente responsables a los demandados a pagar a favor de los demandantes, las indemnizaciones por los daños y perjuicios de toda índole ocasionados equivalente en dinero a los siguientes montos

1. PERJUICIOS MATERIALES (…)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. PERJUICIOS MORALES (…)

3. DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN (…)” 5.2.7. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, que, mediante sentencia de 11 de mayo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto: i) negó el reconocimiento de la suma reclamada por concepto de lucro cesante futuro para la menor, en tanto consideró que éste sería eventual e incierto, ii) ordenó el pago de 70 SMLMV a favor de la menor afectada ISABELLA, y a favor de cada uno de los padres; para su hermana SAMARA y sus abuelos, el pago de 35 SMLMV por concepto de perjuicios morales, y iii) le otorgó a la menor ISABELA ROMERO HERRERA por daño a la salud la suma equivalente a 70 SMLMV. 5.2.8 En contra de la sentencia de primera instancia del proceso de reparación directa, se interpuso recurso de apelación.

5.2.9. El estudio de este recurso le correspondió al Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, que, mediante sentencia del 13 de mayo de 2021, revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, argumentando lo siguiente: “Así que para la Sala, no hay certeza ni claridad respecto del nexo de causalidad entre el padecimiento médico que infortunadamente sufre la menor ISABELLA ROMERO HERRERA y el actuar de las entidades demandadas, ni que ello haya sido producto de una falla en que incurrieron las acusadas en la atención del embarazo de la señora LUZ MARINA HERRERA, por no haberle practicado el examen para toxoplasmosis en más de una oportunidad, ni haberle efectuado el seguimiento a ésta enfermedad, pues los diferentes diagnósticos médicos que ella obtuvo previa y durante la gestación, no permiten afirmar con seguridad que el daño sufrido por la menor, tuvo como origen la falta de práctica de exámenes adicionales para toxoplasmosis. Es decir, se recalca, no hay nexo de causalidad entre el daño y el actuar de las demandadas, indispensable para decretar una responsabilidad en la prestación del servicio médico asistencial que deba ser indemnizada. Por tanto, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió́ parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar proceder a negarlas.” 5.2.10. En desacuerdo con la anterior decisión, la señora Luz Marina Herrera y los demás actores interpusieron la presente solicitud de tutela, alegando que sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad, a la vida, a la salud,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la seguridad social, y a los derechos de los niños fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío, al proferir la sentencia de segunda instancia. 5.2.11. En proveído de 12 de agosto de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado estudió el asunto y decidió en primera instancia negar la solicitud de amparo, al no evidenciar la vulneración de ningún derecho fundamental. 5.2.12. La parte actora impugnó el referido fallo de tutela mediante correo electrónico de 24 de agosto de 2021. 5.3. ANÁLISIS DE LA SALA La parte actora, en el escrito de tutela, invocó como violados los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, y a los derechos de los niños, por parte del Tribunal Administrativo del Quindío, al proferir la sentencia del 13 de mayo de 2021, solicitud que fue resuelta por el juez constitucional de primera instancia, negando la solicitud de amparo frente al defecto fáctico y sustantivo, al no evidenciar la vulneración de ningún derecho fundamental. Como consecuencia de lo anterior, la demandante en tutela, en su escrito de impugnación, reiteró que en el proceso ordinario existió un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas y un defecto sustantivo por la interpretación dada a la inexistencia de un protocolo de atención o guía medica referente a la

toxoplasmosis. Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que, en razón a la naturaleza de la controversia que dio lugar al proceso ordinario antecedente, y a los defectos alegados en la presente acción de tutela, en caso de probarse la existencia de éstos, se concluiría que la providencia judicial cuestionada, sin duda, habría lesionado los derechos fundamentales a la dignidad, a la vida, a la salud, a la seguridad social, a los derechos de los niños, de la menor Isabella Romero Herrera, sus padres y demás parientes demandantes, como consecuencia de la simultánea vulneración de su derecho al debido proceso, tal como aquéllos alegaron. En tal medida, se considera que en el presente caso aparece acreditado el requisito de procedibilidad relativo a la evidente relevancia constitucional de la controversia planteada. De igual manera, estarían reunidos los restantes Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requerimientos generales5, entre ellos, el agotamiento de todos los medios de defensa judicial disponibles, y el criterio de inmediatez, ya que, entre la fecha del fallo que se cuestiona por vía de tutela y la interposición de ésta, transcurrieron menos de dos meses. En tal medida, la Sala encuentra factible proceder con el estudio de fondo sobre el amparo solicitado. Así las cosas, se procederá a estudiar si la sentencia acusada incurrió en los alegados defectos sustantivo y fáctico6, en atención a que estos puntos fueron

estudiados en el fallo de primera instancia y controvertidos en el escrito d