CE-11001-03-15-000-2021-04413-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE

DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE /

APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE DE UNIFICACIÓN / OBLIGATORIEDAD

DEL PRECEDENTE JUDICIAL / PRECEDENTE CONSTITUCIONAL /

INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir el auto de 18 de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002343000-201801809-01, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, lo que trajo como consecuencia que se rechazara parcialmente la demanda iniciada por el actor contra el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (…) [R]esulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala. (…) Ahora bien, en el caso sub examine, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir, el auto de 18 de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 250002342000-2018-01809-01, estableció con suficiencia las razones y motivos por las cuales se apartó del precedente judicial estudiado supra. (…) En este contexto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido por el Consejo de Estado, en la medida en que, al proferir el auto cuestionado en la presente acción de tutela, presentó con suficiencia los motivos y razones por las cuales se apartó del criterio determinado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04413-01(AC)

Actor: VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ

Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió amparar los derechos fundamentales del actor y dejó sin efectos parcialmente el numeral primero del auto del 18 de marzo de 2021, proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de

Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002342000-2018-01809-01. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir, el auto de 18 de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002342000-2018-01809-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que “[…] fue contratado para desempeñarse como instructor a través del uso indebido de la figura “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS” por parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 13 de diciembre de 2016 […]”.

4. Sostuvo que inició demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en el cual solicitó: i) se declare la nulidad del Oficio Núm. 2-2018-001249 de 9 de abril de 2018, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de todas las

acreencias laborales, los valores y las prestaciones laborales y sociales, dejadas de percibir, y que corresponden a la contraprestación de la labor desempeñada desde el año 2010 al 2016; y ii) se declare la existencia de un vínculo laboral entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y el actor entre las fechas mencionadas supra. Auto proferido el 14 de diciembre de 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-0002018-01809-00

5. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto de 14 de diciembre de 2019, decidió: “[…] Rechazar la demanda presentada por el señor Víctor Manuel Rodríguez Díaz, mediante apoderado judicial contra el Servicio Nacional de Aprendizaje

(Sena), por las razones expuestas en la parte motiva […]”.

6. Como fundamento de su decisión consideró: “[…] mediante providencia de 5 de octubre de 2018 (folio 100), se inadmitió la presente demanda y se ordenó allegar copia del acta que declaró fallida la conciliación extrajudicial o de la solicitud elevada ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de satisfacer el requisito previo para demandar establecido en el artículo 161 (numeral 1) […]”. […] “[…] En cuanto a la constancia de conciliación fallida debe recordarse que el demandante en su escrito de subsanación se limito (sic) a indicar que para estos

asuntos no era exigible dicho requisito y entre otros, citó la sentencia de 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado, Consejero Ponente doctor Carmelo Perdomo Cueter, concluyendo que los derechos que se debaten en este proceso son irrenunciables y por lo mismo inconciliables, con carácter de ciertos e indiscutibles. Sobre este asunto debe indicarse en primer lugar que en la providencia de inadmisión se requirió la constancia de la conciliación prejudicial por considerarse que para este caso en particular si era necesario agotar dicho requisito procesal, es decir, que previo a la proyección el auto del 5 de octubre de 2018 se efectuó un estudio sobre la controversia del proceso de la referencia y los presupuestos procesales requeridos para la admisión de la demanda, concluyendo que era obligación de la parte cumplir entre otros con la conciliación prejudicial […]”. […] “[…] Aunado a lo anterior la Sala no comparte los argumentos expuestos por la parte actora en cuanto a que la precitada sentencia del 25 de agosto de 2016 proferida por el órgano de cierre de esta jurisdicción haya suprimido el requisito de conciliación en los contratos realidad, ya que del análisis de esa sentencia se tiene que las precisiones sobre conciliación, caducidad y prescripción dadas en la misma, se hicieron exclusivamente en el marco de los aportes pensionales y en este caso se está apenas en la admisión de unas pretensiones encaminadas principalmente a la declaratoria de la existencia de una relación laboral que consecuentemente podría generar una serie de derechos prestacionales […]”. […] “[…] esta Sala de decisión considera que el requisito de conciliación prejudicial

debe agotarse cuando las pretensiones de la demanda estén encaminadas a la declaratoria de una existencia de relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y laborales generadas en dicha relación. De conformidad con lo anterior y comoquiera que el apoderado de la accionante no subsanó tales inconsistencias, se rechazará la demanda […]·. Auto proferida el 18 de marzo de 2021 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 125000-23-42-0002018-01809-0

7. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 18 de marzo de 2021, decidió: “[…] PRIMERO. – Confirmar parcialmente el auto de 14 de diciembre de 2018 mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B que rechazó la demanda pero respecto de las pretensiones relativas al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de navidad, de servicios, vacaciones, devolución de las sumas de dinero pagadas por retención en la fuente y sanción moratoria al no cumplir con el requisito señalado en el numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia: SEGUNDO.- Revocar el prenotado auto en cuanto a la pretensión referida al reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, al no ser exigible el requisito de procedibiliad y en consecuencia, ordenar seguir adelante con el trámite procesal […]”. (Resaltado por la Sala).

8. Como problema jurídico estableció que: “[…] Corresponde a la Sala determinar sí es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se pretende la declaratoria de existencia de una relación laboral y el consecuente reconocimiento de las prestaciones sociales no percibidas.

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario analizar: 1) La conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad y la regla fijada en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 - CE-SUJ 2-005-16, para luego resolver el caso concreto. […]”.

9. Consideró que: “[…] Estima el apoderado de la parte accionante mediante el recurso de apelación objeto del presente proveído, que la decisión impugnada debe ser revocada, por cuanto, en su sentir el aquo (sic) erró al no tener en cuenta lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 que fijó como regla en los asuntos de contrato realidad, la no exigencia del requisito de la conciliación prejudicial para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

23. En ese orden, se evidencia que mediante la sentencia de unificación citada por el recurrente, esta Corporación estableció de manera puntual la siguiente regla jurisprudencial relacionada con el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de contrato realidad: <<v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial

como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables>>. […]

26. Del aparte transcrito, se observa que la regla de unificación invocada en el recurso de apelación referida a la no exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial para reclamar por este medio de control los derechos de la seguridad social derivadas de la declaratoria del contrato realidad, surgió como elemento accesorio del estudio de la naturaleza de los derechos pensionales y su consagración constitucional, abordada con el fin de sustentar la imprescriptibilidad de dichos derechos y justificar así, su distinción de los demás emolumentos del orden laboral que sí son prescriptibles.

27. En ese orden, el no agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar, como excepción a lo dispuesto por el legislador en el artículo 161 de la Ley 1437, es aplicable en materia de contrato realidad únicamente a los aportes al sistema de seguridad social en pensión debido a su naturaleza de imprescriptibles e irrenunciables y no al resto de prestaciones sociales reclamadas.

[…]

30. Para el presente caso y dado que una de las pretensiones va encaminada al reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, resulta imposible conciliarlas en la demanda, por cuanto se trata del reconocimiento de derechos laborales y de prerrogativas que de acuerdo al artículo 53 constitucional tienen el carácter

de irrenunciable y por lo tanto, no conciliable, pretensión respecto del cual se revocará el auto apelado.

31. Sin embargo, no sucede lo mismo en lo atinente a las pretensiones relativas al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de navidad, de servicios, vacaciones, devolución de las sumas de dinero pagadas por retención en la fuente y sanción moratoria entre otras, en la medida que tales prestaciones se encuentran sometidas al requisito de procedibilidad contenido en el artículo numeral 1 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 , de manera que, al no acreditar la parte actora el cumplimiento de tal exigencia procesal, no subsanó la demanda en debida forma y por tanto, resulta procedente el rechazo de la misma en cuanto a tales aspiraciones, motivo por el cual, la Sala confirmará el auto apelado en lo atinente a este punto de derecho. […]”. (Resaltado por la Sala).

La solicitud de tutela Pretensiones

10. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] 2. Solicito comedidamente a la Alta Magistratura, que, como consecuencia del amparo a los derechos fundamentales mencionados en el numeral primero de las peticiones, se sirva ordenar al CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B – CONSEJERA SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ subsanar el ERROR GRAVE que se denota de parte de la Justicia al exigir caprichosamente el requisito de procedibilidad no requerido ya para casos como el entratado (sic).

3. Solicito respetuosamente se ordene por razones de economía procesal y de

manera definitiva; REVOCAR el numeral primero del auto admisorio proferido por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B – CONSEJERA SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, en decisión del 18 de marzo de 2021, dentro del Proceso No. 25000234200020180180901, y en su lugar se revoque en su totalidad el auto proferido el 14 de diciembre de 2018, ordenando al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección segunda – Subsección B admitir la demanda en lo relativo a al (sic) reconocimiento y pago de las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir tales como: cesantías e intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones, aportes a salud, pensión, administradora de riesgos laborales y caja de compensación familiar; así como los valores dejados de percibir por concepto de dotación y en general todas las sumas a título de PRESTACIONES

SOCIALES […]”.

11. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. Para tal efecto, mencionó que se inobservó el criterio jurisprudencial relacionado con la ausencia de necesidad de agotar el requisito de conciliación prejudicial para reclamar las acreencias laborales dejadas de percibir en los contratos realidad con el Estado, establecido en las siguientes providencias: - Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de agosto de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número único de radicación 255000-23-42-000-201800266-01. - Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de marzo de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 85001-23-33-000-2015-0013101. - Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de febrero de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación11001031500020170038301.

12. Respecto de las providencias mencionadas supra señaló que: “[…] Como se puede evidenciar, las decisiones señaladas giran en torno a casos del denominado fenómeno del “contrato realidad”, circunstancias iguales a la del caso en cuestión, y sobre las cuales se aclara por parte del CONSEJO DE ESTADO, en repetidas ocasiones, que no es necesaria la conciliación como requisito de acceso a la jurisdicción, en tanto que dentro de las peticiones circunscritas se encuentran aquellas que no gozan del carácter de conciliables.

Por lo anterior, la decisión de admitir la demanda parcialmente se presenta como una flagrante violación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y los principios de buena fe y confianza legitima de mi poderdante toda vez que las actuaciones realizadas dentro del proceso se ejercieron con la convicción de que tal requisito no era exigido en este tipo de procesos, teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales. Así mismo se debe señalar que el Ad Quem no expone las razones sobre las cuales establece que es necesario separarse de las decisiones previas que lo llevaron a

determinar que en el presente caso era necesario exigir la conciliación, así mismo la Juzgadora tampoco señala por qué la interpretación dada se torna como la mejor forma de desarrollar los derechos y principios constitucionales del señor VICTOR

MANUEL RODIGUEZ DIAZ […]”.

Actuación

13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 13 de julio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que el amparo solicitado sea declarado improcedente, o en su defecto sea negado, comoquiera que, a su juicio, no se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor.

15. Manifestó que no incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial toda vez que “[…] La Subsección B de esta Corporación con fundamento en la consideraciones expuestas en la Sentencia de Unificación CESUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, es del criterio que las excepciones a las exigencias relativas al adelantamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, caducidad y prescripción previstas para las controversias

relativas a contrato realidad, se refieren exclusivamente a aquellas pretensiones tendientes a obtener el pago de seguridad social en pensión, para las demás, tales como los salarios dejados de percibir y las cesantías, entre otras, es requisito que los interesados cumplan con las cargas procesales que para tal efecto establece ley. […]”. (Resaltado por la Sala).

16. Señaló que: “[…] Para el caso bajo estudio, las reglas jurisprudenciales referidas al agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación y su excepción en materia de contrato realidad fueron fijadas en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 erigiéndose éste en el precedente vinculante, sin que sea dable establecer, por el simple hecho que la subsección homologa tenga un criterio contrario fijado en algunas providencias inclusive de ponente , que tales pronunciamientos constituyan precedente. En esa medida, no resulta admisible que el auto de fecha 29 de enero de 2021 haya desconocido el precedente jurisprudencial y menos aún, que se haya vulnerado los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, puesto que, lo observado es precisamente todo lo contrario, esto es, que la Sala de Decisión al proferir el susodicho auto se sujetó a las reglas de unificación previstas en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016, en lo que respecta a la exigencia del agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, son claras y se asemejan o concuerdan con la interpretación dada por esta Subsección a casos similares en

distintas providencias. En concordancia con lo expuesto, se establece que en el sub examine no se ha configurado una vulneración al principio de igualdad conforme lo alega la parte tutelante, por cuanto, en primer lugar, la decisión adoptada a través de la providencia del 29 de enero de 2021, objeto de la presente tutela, se ajusta a la regla definida en la Sentencia de Unificación de 26 de agosto de 2016 y en segundo orden, toda vez que la posición de esta Subsección al resolver casos similares frente a la aplicación de las reglas de unificación definidas por el prenombrado fallo, ha sido uniforme, tal como puede observarse de las providencias anteriormente citadas, de tal forma que no se puede sujetar el presente asunto a la interpretación que en virtud del principio de autonomía judicial realizó la subsección homologa frente a un caso similar, que no concuerda o se ajusta con lo unificado por la Sección Segunda de este cuerpo colegiado y que se aleja de la postura que a través de los años ha adoptado la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado […]”.

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, guardaron silencio en esta etapa procesal.

La sentencia impugnada

18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2021, resolvió lo siguiente: “[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Víctor Manuel Rodríguez Díaz. En consecuencia,

2. Dejar sin efecto parcialmente el numeral primero del auto del 18 de marzo de 2021, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y ordenar que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una decisión complementaria, en la cual tenga en cuenta los argumentos expuestos en la parte considerativa […]”.

19. Como fundamento de su decisión dispuso que: “[…] la Sala destaca que la mayoría de los magistrados integrantes de la Sección Segunda del Consejo de Estado han acudido a la sentencia de unificación CESUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, y han determinado que el requisito de conciliación prejudicial no resulta exigible para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los casos en los cuales se cuestiona la existencia de un contrato realidad, indistintamente de que se invoquen pretensiones de reconocimiento de prestaciones sociales y demás acreencias dejadas de percibir, entre otros, porque esas prestaciones tienen incidencia en la liquidación de las cotizaciones a pensión. Se considera entonces que el razonamiento dado en el proveído cuestionado no otorga seguridad jurídica a las actuaciones de los ciudadanos frente a la administración de justicia y genera incertidumbre frente a las decisiones judiciales, lo que conlleva a que cada caso se analice de manera diferente el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial respecto de cada emolumento laboral reclamado, generando desigualdad en el ejercicio del derecho de acción.

Conviene señalar que conforme con los principios pro actione y pro damato el juez debe hacer una interpretación más flexible de las normas procesales, con el fin de

garantizar su propósito, esto es, el acceso a la administración de justicia y la primacía de los derechos sustanciales. Además, debe destacarse que el numeral 1° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fue modificado por el artículo 34 de la Ley 2080 de 2021, para indicar que el requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales. Aunque el recurso de apelación que se cuestiona se interpuso con anterioridad a la entrada en vigor de la anterior norma y por ende no resultaría aplicable. Se evidencia que, la nueva legislación guarda armonía con la interpretación que venía haciendo la mayoría de los magistrados integrantes de la Sección Segunda del Consejo de Estado. […] Teniendo en cuenta la existencia de precedentes jurisprudenciales que acogen la tesis, según la cual, sin importar que se invoquen pretensiones de reconocimiento de prestaciones sociales y demás acreencias dejadas de percibir, en los asuntos donde se debata la existencia de un contrato realidad no resulta exigible el requisito de conciliación prejudicial, debe existir, como lo menciona la Corte Constitucional, una justificación razonable y proporcionada por parte de la autoridad judicial en su decisión que soporte las razones por las que se aparta de dichos precedentes. Entonces, la Subsección B de la Sección Segunda debió exponer las razones por las que, pese a que se trataba de un asunto de naturaleza laboral del que pueden derivar derechos ciertos e indiscutibles, resultaba exigible el requisito de conciliación prejudicial. Así, se evidencia la vulneración de los derechos invocados, si se tiene en cuenta

que no resulta viable exigir el requisito de conciliación prejudicial cuando se cuestione la existencia de relación laboral entre un particular y el Estado, regla que se fijó atendiendo a la naturaleza del asunto, es decir, de una controversia laboral, y que se ha reiterado de manera posterior tal y como se vio en las diferentes providencias judiciales antes citadas. Por lo anterior, la Sala tutelará los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del señor Víctor Manuel Rodríguez Díaz. En consecuencia, se dejará sin efecto parcialmente el numeral primero del proveído cuestionado, que confirmó la decisión de primera instancia que “(…) rechazó la demanda pero respecto de las pretensiones relativas al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de navidad, de servicios, vacaciones, devolución de las sumas de dinero pagadas por retención en la fuente y sanción moratoria al no cumplir con el requisito señalado en el numeral 1° del artículo 161 de la ley 1437 de 2011 (…)”. Así, se ordenará al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que profiera decisión complementaria, teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos. […]” (Resaltado por la Sala). La impugnación

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para lo cual, indicó lo siguiente: “[…] El fallo impugnado no se ajusta a la ratio decidendi definida por la Sección Segunda de esta Corporación a través de la Sentencia de Unificación del 25 de

agosto 2016. Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-00516. Recordemos que la ratio decidendi, corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico. […]”. […] “[…] la ratio decidendi de la sentencia se circunscribió, por una parte, a que las pretensiones tendientes a obtener el pago de las prestaciones sociales como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la relación laboral deben ser reclamadas dentro de la oportunidad trienal prevista por el legislador y por otra, a que el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el contratista corresponderá a los honorarios pactados. Ahora, si bien la aludida decisión unificadora extendió su análisis a presupuestos procesales como la caducidad del medio de control y el requisito de conciliación prejudicial, no siendo tal aspecto el meollo del asunto, no quiere significar ello que las expresiones que sobre tales presupuestos se instituyen como la razón de la decisión sino como obiter dicta. […]”. “[…] Ante los anteriores cuestionamientos, encontramos que si la misma sentencia de unificación en comento delimitó el punto de derecho a unificar como fue lo referido « al ingreso base que ha de tenerse en cuenta para la liquidación de las prestaciones a que haya lugar (asunto que no ha sido delimitado en un fallo de dicha naturaleza) y de la prescripción de los derechos laborales reclamados (dado que existen tesis encontradas de las salas de decisión de esta sección acerca del plazo prescriptivo,

así como del momento a partir del cual debe ser contabilizado, y es indispensable fijar reglas frente a este punto», es claro que lo manifestado referente al presupuesto procesal de conciliación prejudicial no es vinculante sencillamente por no ser la razón de la decisión y muchos menos, porque ello no fue la causa que generó la necesidad de unificar criterio jurisprudencial. El hecho que en la sentencia unificadora se haya indicado que no resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables, tal consideración no reviste el carácter de una interpretación vinculante y obligatoria y es por ello que sobre tal presupuesto procesal en materia de contrato realidad se han producido diversos pronunciamientos, por tanto, lo decidido en el auto interlocutorio tutelado no desconoce el precedente sobre la materia. De otra parte, es cierto que a la luz de la reforma introducida por el artículo 34 de Ley 2080 de 20212 al numeral 1° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de