CE-11001-03-15-000-2021-04584-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN /

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA EN LA QUE ESTÁ ORGANIZADA LA PLATAFORMA DE CONSULTA DE PROCESOS / NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN – No se acreditó el efectivo conocimiento por el peticionario / CORREO ELECTRÓNICO – Envió de respuesta a correo electrónico errado / DEBER DE NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA DEL DERECHO DE PETICIÓN - No se suple con la actuación surtida en el trámite de tutela / INFORMES EN LA ACCIÓN DE TUTELA – No suplen la notificación de la respuesta que debe ser puesta en conocimiento del peticionario por los canales legales establecidos La Sala encuentra que, en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, se cumplió con el término con el que contaba, toda vez que, la petición se realizó el 22 de mayo de 2021, en tanto que el CENDOJ expidió la respuesta el 17 de junio de 2021, mediante Oficio núm. CDJO21-554, es decir, a los diecisiete días siguientes en que le fue remitida la solicitud del tutelante, encontrándose dentro del término establecido por el artículo 5°. del Decreto Legislativo núm. 491 de 28 de marzo de 2020. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado (…) Para la Sala, el CENDOJ con la respuesta expedida el 17 de junio de 2021 cumplió con el marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición, según el cual, la respuesta debe ser de

fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. Lo anterior en consideración a que el peticionario recibió orientación sobre cada uno de los puntos que formuló sobre “[…] la forma en que está organizada la plataforma de consulta de procesos […]”, lo cual resulta evidente al comparar lo solicitado con la respuesta otorgada por el CENDOJ, en la que incluso, dicha entidad puso a disposición del actor una serie de links en la página web de la Rama Judicial relacionados con su petición. Sin embargo, la Sala encuentra que la respuesta otorgada no fue puesta en conocimiento del actor en debida forma, puesto que, si bien se allegó prueba de su envío, al revisar el correo al cual se solicitó enviar la respuesta a la petición, el cual coincide con aquel señalado en la acción de tutela para efectos de notificaciones, este no coincide con aquel al cual el CENDOJ envió la respectiva respuesta (…) De conformidad con lo anterior, esta Sala advierte que el envío de la respuesta a la petición del actor se realizó al correo electrónico notificaciones01@gmail.com, pese a que el correo señalado en la petición correspondía a correo.notificaciones01@gmail.com. En ese orden de ideas, esta Sala debe precisar que, si bien es cierto en la contestación de la acción de tutela, el CENDOJ manifestó que la petición del actor fue resuelta y para tal efecto anexó la respuesta que expidió la Entidad, también lo es que no se probó que esta le fue notificada al tutelante. La Sala considera que, al no estar acreditado que la respuesta otorgada por el CENDOJ fue notificada al señor [G.E.C.O.] el derecho de petición invocado en la presente acción de tutela fue vulnerado (…) Al

respecto, la Sala precisa que, si bien la respuesta expedida por el CENDOJ fue allegada por dicha entidad al rendir el respectivo informe dentro de la acción de tutela de la referencia, lo cierto es que el deber de notificación de la respuesta a un derecho de petición no se suple con la actuación surtida en el trámite de la tutela

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04584-00(AC)

Actor: GERMÁN EDUARDO CELY OCHOA

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL - CENDOJ Tema: Derecho fundamental de petición/alcance

Derecho Fundamental Invocado: i) Petición

Derecho Fundamental Amparado: i) Petición SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Germán Eduardo Cely Ochoa contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ1 porque, a su juicio, al no resolver la petición de 22 de mayo de 2021, “[…] asignado el radicado 30955 […]”, por medio de la cual solicitó información sobre “[…] la forma en que está organizada la plataforma de consulta de procesos […]”, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ porque, a su juicio, al no resolver la petición de 22 de mayo de 2021, “[…] asignado el radicado 30955 […]”, por medio de la cual

1Al respecto, este Despacho precisa que el actor hace referencia al SIGCMA, el cual corresponde a un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, administrado por el Consejo Superior de la Judicatura. solicitó información sobre “[…] la forma en que está organizada la plataforma de consulta de procesos […]”, vulneró su derecho fundamental invocado supra. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, el 22 de mayo de 2021 presentó derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, mediante el cual solicitó lo siguiente: “[…] 1. Se indique de manera clara y precisa por parte de gestión documental y sistemas o quien corresponda la forma en que esta (sic) organizada la plataforma de consulta de procesos y el significado de cada uno de los avisos sobre la ubicación de los expedientes (secretaria (sic) - letra, secretaria (sic) telegramas, etc) y si esta información se encuentra en algún acto administrativo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 2. se indique porque (sic) en algunos procesos aparece restringido y cual (sic) es la

diferencia en relación con lo que aparece reservada.

3. Se indique la razón por la cual algunos juzgados de ejecución, juzgados de pequeñas causas, juzgados ubicados en localidades de Bogota (sic), juzgados de otros municipios, juzgados promiscuos municipales no pueden ser consultados en ninguna de las plataformas de consulta de procesos y cuándo se integraran (sic) la totalidad de juzgados en las plataformas de consulta de procesos e igualmente cuando (sic) se integraran (sic) en los micrositios correspondientes. 4. informar si de las 3 plataformas para consultar procesos va a quedar vigente solo una de ellas y cuándo se unificara (sic). 5.informar si se habilitará la opción en la plataforma de consulta de procesos nacional unificada la búsqueda por cedula (sic) del demandante, demandado y/o apoderado. 6.Como sugerencia: en la plataforma de consulta de procesos nacional unificada en el espacio de datos del proceso se agregue el nombre del titular del despacho, el correo electrónico, la dirección y el teléfono del despacho, como ocurre actualmente en la plataforma tyba. Además que se agregue filtro de si se busca a la persona en calidad de demandante o demandado o en general y se habilite la opción de búsqueda por cedula (sic) de alguna de las partes.

Contacto: Germán Eduardo Cely Ochoa/Germán Eduardo Cely Ochoa

Teléfono: 3124988015

Email: correo.notificaciones01@gmail.com […]”.

4. Indicó que, a dicho derecho de petición se le asignó el número de radicado

30955.

5. Afirmó que, el 28 de mayo de 2021 “[…] recibió correo electrónico

informándose por parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC dando traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que brindaran respuesta a la petición […]”.

6. Manifestó que, “[…] A la fecha de presentación de la presente acción constitucional se encuentra superado el término legal para dar respuesta al derecho de petición sin que se recibiera respuesta, se informara de (sic) requiriera al suscrito para complementar y/o aclarar la petición, se solicitara prórroga, o ninguna otra actuación […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…] Su señoría, de conformidad con los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito: 1) TUTELAR el derecho constitucional enmarcado en el Art. 23 a recibir respuesta a las peticiones realizadas. 2) Se ORDENE a la entidad accionada que dé respuesta al derecho de petición con rad. 30955 […]”.

8. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que: “[…] Con la omisión de actuar por parte de la entidad accionada frente a mi petición escrita, estimo se está vulnerando mi derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política […]”. […] “[…] Aunado a lo anterior, la Ley estatutaria 1755 de 2015, mediante la cual se regula el derecho fundamental de petición, señaló los términos en los que debe resolverse un derecho de petición, esto concordante con lo dispuesto en el Decreto Ley 491 de 2020 […]”. […] “[…] En tal sentido, la inobservancia de dichos términos afecta el derecho

fundamental hace forzoso concluir que, la no respuesta oportuna por parte de la entidad constituiría una trasgresión al derecho fundamental ejercido y se incurriría en faltas disciplinarias tal como la mencionada en el Art. 35 de la Ley 734 de 2002, que establece en sus numerales 7 y 8 las prohibiciones de los servidores públicos. […]”. Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de julio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y al Director del Centro de Documentación Judicial – CENDOJ; y iii) vinculó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre los hechos narrados por el actor.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Centro de Documentación Judicial – CENDOJ solicitó su desvinculación de la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que oportunamente emitió respuesta al peticionario mediante oficio CDJ021-554 del 17 de junio del 2021 y la comunico (sic) al correo electrónico aportado por el señor CELY OCHOA viernes, 18 de junio de 2021 15:53, confirmándose su entrega. Así mismo se le reenvió la respuesta nuevamente el día martes, 27 de julio de 2021 15:59, a efecto de cualquier garantía adicional […]”. Al respecto, precisó:

“[…] revisado el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA, en relación a la gestión realizada sobre la petición 30955, se evidencia que fue recibida en el sistema PQRSDF del Sistema de Calidad y Medio AmbienteSIGCMA y remitida para radicación y tramite (sic) al Sistema de Correspondencia SIGObius del Consejo Superior de la Judicatura. La petición tiene radicado de SIGObius EXPCSJ21-2989 del 29 de mayo de 2021 y de la misma se emitió respuesta mediante oficio CDJO21-554 del 17 de junio de 2021, comunicado la respuesta al peticionario al correo aportado en el escrito: notificaciones01@gmail.com, el viernes, 18 de junio de 2021 15:53, tal como se visualiza a continuación: No obstante lo anterior se reenvía nuevamente la respuesta al ahora accionante […]”.

11. El Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela. Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

14. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

15. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

16. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

17. La Sala advierte que el Centro de Documentación Judicial – CENDOJ solicitó su desvinculación de la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que oportunamente emitió respuesta al peticionario mediante oficio CDJ021-554 del 17 de junio del 2021 y la comunico (sic) al correo electrónico aportado por el señor CELY OCHOA viernes, 18 de junio de 2021 15:53, confirmándose su entrega. Así mismo se le reenvió la respuesta nuevamente el día martes, 27 de julio de 2021 15:59, a efecto de cualquier garantía adicional […]”.

18. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ, es decir, el CENDOJ se notificó como demandado. Además, del acervo probatorio se advierte que, el 7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

CENDOJ fue la entidad que le impartió el trámite respectivo a la petición del actor cuestionada en sede de tutela.

19. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Centro de Documentación Judicial – CENDOJ le asiste interés en la decisión de tutela que

esta Sala profiera.

20. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Centro de Documentación

Judicial – CENDOJ. Problemas jurídicos

21. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se debe proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera vulnerado porque la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial – CENDOJ no resolvió la petición de 22 de mayo de 2021, “[…] asignado el radicado 30955 […]”, por medio de la cual solicitó información sobre “[…] la forma en que está organizada la plataforma de consulta de procesos […]”.

22. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; ii) análisis del caso concreto; y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición

23. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho fundamental de petición en los siguientes términos: “[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

24. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de 2 de enero de 19848, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los

8 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

25. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de noviembre de 20119, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera la ley estatutaria correspondiente.

26. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

27. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30 de junio de 2015.

28. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201510 y, en segundo orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

29. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

30. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de 9 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 10 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”. petición ante autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas.

31. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

32. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de

peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral 1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

33. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

34. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley.

35. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.

Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

36. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

37. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

38. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T146 de 201211, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional respecto del derecho de petición: “[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a

la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser 11 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado fue extraído de la sentencia T377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T137 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007. puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la

contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también es aplicab