CE-11001-03-15-000-2021-04630-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICAAmpara / RÉGIMEN ESPECIAL DE VACACIONES INDIVIDUALES DE

EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL / VULNERACION DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES AL TRABAJO, DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, SALUD Y

DESCANSO REMUNERADO / FALTA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PROVEER EL REEMPLAZO DE LA VACANTE EN PROVISIONALIDAD - No justifica la negativa de conceder las vacaciones a la parte actora A la Sala le corresponderá establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez con la decisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca de negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la persona que lo reemplazaría en la época de disfrute de las vacaciones y, la consecuente decisión de la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá de negar las vacaciones solicitadas. (…) la Sala encuentra que existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas. Adicionalmente, es necesario señalar que, si bien es cierto, el principio de continuidad de los servicios públicos

exige que las funciones que desempeña la actora continúen cumpliéndose adecuadamente, el nominador no puede fundamentar la negativa en ese principio constitucional para desconocer el derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el nombramiento en provisionalidad. Por otro lado, es necesario resaltar que también existe vulneración del derecho fundamental al descanso por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, (…) [Así pues,] [s]i bien la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso directrices dirigidas a las Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de los funcionarios públicos y la expedición del CDP para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos, de suerte que, para la Sala se le debe dar el mismo trato a estos últimos y la entidad demandada debe aplicar dicha circular para realizar los trámites administrativos presupuestales que garanticen el reemplazo de la demandante. De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud de la [parte actora].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04630-00(AC)

Actor: MYRIAM TATIANA CORTÉS SÁNCHEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –SALA ADMINISTRATIVAY OTROS Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez contra el Consejo Superior de la Judicatura, la

Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial-, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, y el Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones La señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez ejerció acción de tutela contra las citadas autoridades, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana y a la salud. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “1. Se ordene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ CUNDINAMARCA, que apropie en el término de 3 días las partidas presupuestales que corresponden para el nombramiento de mi remplazo y emita el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el disfrute de mis vacaciones por el término de veinticinco (25) días (a partir del 19 de octubre de 2021).

2. Se ordene al JUEZ 17 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, que una vez sea expedido el CDP por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BOGOTÁ – CUNDINAMARCA o por quien corresponda, decida nuevamente frente a mi solicitud de vacaciones.

3. Se conmine a las autoridades respectivas para que en el futuro, esta situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización de recursos para designar empleado encargado a otras persona, para que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la eficiencia de la administración de justicia.”

2. Hechos: De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes: La señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez manifestó que está vinculada en propiedad en el cargo de asistente administrativa, grado 1, en el Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica:

http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Indicó que el 22 de junio de 2021, solicitó que le fuera concedido el periodo de vacaciones por el término de 25 días, no sin antes solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca el certificado de disponibilidad presupuestal – CDP, a fin de disfrutar las vacaciones, prima de vacaciones y para asegurar el reemplazo por el período de descanso. Sostuvo que el Juez solicitó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del remplazo de la actora por el período de vacaciones. Mediante Oficio DESAJBOTHM21-902, la a Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, manifestó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar los reemplazos de vacaciones del asistente administrativo porque la adición presupuestal para ese rubro se encuentra sujeta a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y porque los periodos de vacaciones están previstos para los despachos judiciales conformados por 3 servidores y la actora hace parte de uno conformado por 4 funcionarios. Mencionó que, por lo anterior, el Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en Resolución 06 del 19 de julio de 2021, negó las vacaciones, con fundamento en: i) el despacho cuenta con una reducida planta de personal compuesta por (1) asistente jurídico Grado 19, (1) Sustanciador Nominado y (1) Asistente

Administrativo Grado 6, con una carga trimestral de peticiones en promedio de 1.436, ingreso de 214 procesos para su conocimiento. ii) a la fecha el despacho tiene en total 1.484 procesos activos, razón por la que deben mantener el índice de productividad y eficiencia en pro de las exigencias de los usuarios del servicio judicial, en especial, de aquellas privadas de la libertad. iii) las actividades administrativas ejercidas por la actora demandan la presencia permanente y continua de una persona designada para ellas, pues de ser otorgadas a los otros dos empleados generaría traumatismos al interior del despacho, lo que además redundaría en un deficiente servicio de justicia.

3. Argumentos de la tutela La demandante afirmó que las vacaciones son un derecho adquirido por el tiempo laborado, además, indicó que, debido a la pandemia, la carga laboral ha tenido un incremento desmesurado que no permite su ausencia en el periodo vacacional sin un remplazo porque esto generaría un colapso para el Despacho.

En general, sostuvo que la decisión de negar las vacaciones a las que tiene derecho constituye la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud, que tal prerrogativa hace parte integral del derecho fundamental al trabajo. Afirmó que existe una indebida interpretación por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues la Circular PSAC11-44, que toma como fundamento para adoptar la decisión, establece el orden de disfrute de las vacaciones de los jueces y magistrados, pero no niega o da instrucciones de Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede

hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador rechazar derechos a los empleados de la Rama Judicial, además no se tuvieron en cuenta las circunstancias actuales causadas por la pandemia. Que la interpretación que se realizó es desfavorable, porque, para negar el derecho, toma en cuenta la mencionada circular y no la legislación vigente, al tiempo que invocó como desconocido el derecho al descanso en los términos analizados por la Corte Constitucional en la sentencia C–019 de 2004. Finalmente, citó la sentencia de esta Sección proferida en el radicado 08001-2333-000-2018-00756-01, del 12 de diciembre de 2018, en la que se accedió al amparo invocado en ese asunto.

4. Trámite previo Mediante auto del 22 de julio de 2021, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, y al Juzgado Diecisiete de Ejecución de Penas y

Medidas de Seguridad de Bogotá.

5. Oposiciones El Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá afirmó que no puede desconocer que el disfrute de vacaciones constituye un derecho para el empleado, sin embargo que no puede dejarse de lado que la administración de justicia es considerada un servicio público esencial que no puede verse afectado ante las situaciones administrativas de los empleados,

máxime cuando es deber de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial acatar los precedentes constitucionales que existen y son reiterativos en cuanto a la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones de los empleados y funcionarios, situación que conjuraría un eventual atraso en el servicio de justicia y le garantizaría al empleado un trabajo en condiciones dignas. Indicó que, contrario a lo afirmado por la demandante, no existe afectación a derecho fundamental alguno por parte de ese despacho. Solicitó que se declare la procedencia de la acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y se ordene la expedición del correspondiente CDP para el correspondiente reemplazo. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca señaló que carece de legitimación por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por la parte actora, teniendo en cuenta que es el Juez nominador quien tiene la discrecionalidad de programar los turnos de descanso de la planta de personal del despacho judicial, razón por la cual, es evidente que el Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, ha omitido al deber de acatar y cumplir una orden jurídica impartida por un Superior generando controversias entre la actora y esa Seccional. Indicó que, en cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que, los empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser concedidas por

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios. Finalmente, sostuvo que, basado en las razones de hecho y derecho expuestas lo procedente es que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, teniendo en cuenta la imposibilidad fáctica y jurídica de la entidad, para satisfacer la pretensión de la actora. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración judicial guardó silencio. CONSIDERACIONES DE LA SALA Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Problema jurídico Con base en los antecedentes expuestos, la Sala determinará si en el caso la acción de tutela es procedente, a la luz del requisito de subsidiaridad de la acción de tutela. Superado este punto A la Sala le corresponderá establecer si se

vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez con la decisión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca de negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para pagar el salario de la persona que lo reemplazaría en la época de disfrute de las 1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador vacaciones y, la consecuente decisión de la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá de negar las vacaciones solicitadas. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela busca impedir que esa herramienta, cuyo campo de aplicación es restrictivo, se convierta en un mecanismo principal de protección. De no ser así se desconocería que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales, igualmente,

eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que esta solo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó: “La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con

el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición, pues de lo contrario la tutela deviene improcedente. Explicado lo anterior, la Sala considera que se cumple con ese requisito de procedibilidad, pues, aunque en la presente discusión están involucrados actos administrativos, en el caso se configura un perjuicio irremediable. En efecto, es innegable que a fin de controvertir la Resolución 5 del 19 de julio de 2021, en la que negó el disfrute del periodo de vacaciones solicitado por Myriam Tatiana Cortés Sánchez, pues, en atención a las necesidades del servicio y por la ausencia de expedición del CDP por parte de la Dirección Seccional para nombrar 2 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador el reemplazo, el despacho no puede prescindir de la actividad de la empleada, esta última podría acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Herramienta que por regla general es idónea para controvertir actos administrativos de índole particular. Y de ser el caso, para cuestionar el oficio DESAJBOTHM21-902 del 7 de julio de 2021, mediante el cual la Dirección

Seccional de Administración Judicial de Bogotá, negó la expedición del CDP. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que existen casos excepcionales en los que a pesar de que exista otro medio de defensa judicial, en principio idóneo, es posible que el juez de tutela realice un análisis de fondo del asunto, siempre que se configure un perjuicio irremediable. Justamente, la Sala cree que en el caso tal perjuicio se presenta. Lo anterior parte de la premisa de la periodicidad de las vacaciones. Al respecto, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional dispuso que “las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”. Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente y sus obligaciones laborales, sin contar con un tiempo suficiente para el reposo. Escenario que a todas luces es contrario a la esencia del derecho fundamental al descanso cuyo fin, precisamente, radica en que “ durante un tiempo determinado el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual no solo redunda en el necesario equilibro de su calidad de vida, sino que además, le permite concretar y avanzar en su proyecto de vida”3 Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que el

empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”4. En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al descanso 3 Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2020. 4 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García. Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios prolongados de tiempo”5. Por consiguiente, la Sala considera que limitar el derecho de los trabajadores a gozar de vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en tanto que se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el descanso debido. Todo lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y el derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones contempladas en instrumentos internacionales6 en materia laboral y a lo dispuesto en el artículo

53 de la Constitución Política. Asimismo, tal situación demanda medidas impostergables, pues, como se indicó, de no garantizar la periodicidad de las vacaciones se desnaturalizaría el propósito del derecho fundamental al descanso. De manera que al existir un perjuicio grave e inminente, en virtud del cual es necesario la implementación de medidas impostergables, la Sala corrobora la configuración en el caso de un perjuicio irremediable. Esta Sección, adicionalmente, es del criterio de que el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños proveniente de la amenaza o violación de derechos fundamentales y de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley. Condiciones que en el caso se presentan, pues, como se explicó, la ejecución de tareas laborales indefinidas sin que se otorgue vacaciones periódicas, atenta contra la esencia del derecho fundamental al descanso y al trabajo en condiciones dignas. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005. 6 En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador señalan que los trabajadores tienen derecho al descanso. Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador En consecuencia, dada la existencia de un perjuicio irremediable, la Sala

procederá al estudio de fondo del asunto. Caso concreto En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis reiterada7 que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub lite, es necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo 8 - y Decreto 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”. De acuerdo con lo anterior, los servidores judiciales de los Juzgados de Ejecución de Penas pertenecen al régimen de vacaciones individuales y, por ende, deben ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del

servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicio. En el presente caso, está demostrado que la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, en condición de asistente administrativa, grado 1, solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, junto con el Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá –quien es su nominador-, que se expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal para disfrutar de las vacaciones a que tiene derecho. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante oficio DESAJBOTHM21-902 del 7 de julio de 2021 indicó que no era posible acceder a la solicitud pues el tema de las vacaciones es una situación administrativa que debe ser concertada entre empleado y nominador. Para el efecto, la entidad señaló que la adición presupuestal para ese rubro se encuentra sujeta a lo dispuesto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, además, indicó que, de conformidad con lo expuesto en la Circular DESAJME185220 expedida por esta Dirección, la apropiación presupuestal para el rubro “Servicios prestados por vacaciones personal titular” se encuentra con restricciones presupuestales para el presente año y sólo la Dirección Ejecutiva de 7 Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número 2019-04007-00 Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Administración Judicial situará los recursos para los funcionarios que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos. Con fundamento en lo anterior, el Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá expidió la Resolución 5 del 19 de julio de 2021, en la que negó el disfrute del periodo de vacaciones solicitado por Myriam Tatiana Cortés Sánchez, pues, en atención a las necesidades del servicio y por la ausencia de expedición del CDP por parte de la Dirección Seccional para nombrar el reemplazo, el despacho no puede prescindir de la actividad de la empleada. De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas. Adicionalmente, es necesario señalar que, si bien es cierto, el principio de continuidad de los servicios públicos exige que las funciones que desempeña la actora continúen cumpliéndose adecuadamente, el nominador no puede fundamentar la negativa en ese principio constitucional para desconocer el

derecho al descanso, pues la Ley 270 de 1996 prevé formas efectivas para conciliar los dos intereses involucrados, tales como el encargo o el nombramiento en provisionalidad8. Por otro lado, es necesario resaltar que también existe vulneración del derecho fundamental al descanso por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por las razones que se pasan a explicar: La Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema 8 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas la