CE-11001-03-15-000-2021-04707-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO / TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE AMBIENTAL /

DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO - No configuración [La Sala deberá establecer] si vulneran el derecho fundamental al debido proceso las sentencias proferidas en el trámite adelantado en una acción de cumplimiento, instaurada por CODECHOCÓ en contra de [la entidad tutelante] tendiente a lograr la transferencia del porcentaje ambiental, de los recursos recibidos o recaudados por el ente territorial por concepto de impuesto predial o compensación en territorios colectivos de comunidades negras. (…) [L]a Sala evidencia que no le asiste razón a la parte accionante al afirmar que la providencia del Tribunal Administrativo del Chocó incurre en el defecto [procedimental absoluto], pues, del análisis de los argumentos que sustentan lo resuelto, es claro que en dicho proveído se efectuó un análisis razonable en cuanto a la naturaleza y procedencia de la acción de cumplimiento, en tanto que su objeto es asegurar la ejecución de un deber contenido en una ley o acto administrativo que la autoridad competente se niega a ejecutar, tal como sucedió en el presente caso, en el que el demandante aseguró que [la entidad tutelante] se negó a efectuar la transferencia de la suma de dinero recibida a título de porcentaje ambiental, el cual le correspondía a CODECHOCÓ por mandato expreso del artículo 44 de la Ley 99 de 1993. Adicional a lo anterior, la sentencia enfatizó en que es un mecanismo de carácter residual y subsidiario, al que solamente se puede acudir cuando no

existen otros medios de defensa, lo que, en su consideración, se adecuaba al caso concreto, puesto que la demandada no contaba con otra acción que protegiera sus derechos. (…) En conclusión, la Sala estima que el defecto procedimental alegado no tiene vocación de prosperidad, puesto que no se advierte que la autoridad judicial accionada haya actuado de forma arbitraria o caprichosa, apartándose de las normas procesales aplicables al caso en concreto, así como tampoco que hubiesen mal interpretado la finalidad de la acción de cumplimiento con base a lo solicitado por CODECHOCÓ. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / TRANSFERENCIA DEL PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE / DEFECTO SUSTANTIVOConfiguración / INADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA /

INADECUADA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA /

VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO

[L]a Sala [deberá] definir si [incurre] (…) en defecto sustantivo las sentencias proferidas en una acción de cumplimiento en las que se ordenó al Municipio de Quibdó transferir a CODECHOCÓ el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. (…) [O]bserva la Sala que el Tribunal Administrativo de Chocó realizó el análisis del caso concreto, partiendo de una premisa incompleta, en tanto que, no estudió de manera integral la pretensión formulada por el demandante, omitiendo que aquel alegó el incumplimiento de la transferencia del

porcentaje ambiental en lo que se refiere a los ingresos recibidos por [la entidad tutelante] a título de compensación por las comunidades negras que habitan dentro de su territorio. (…) [Así pues,] para la Sala es claro que en el examen realizado en la sentencia enjuiciada se omitió un aspecto que le fue puesto a consideración a la autoridad judicial, tanto a título de pretensión como de excepción, consistente en que la controversia estaba ligada a la transferencia del porcentaje ambiental de los recursos recibidos por el ente territorial a título de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 compensación del impuesto predial en territorios colectivos de comunidades negras. Así las cosas, esta Corporación advierte que la providencia objeto de análisis se limita a un estudio general y abstracto de la norma que ordena el pago de porcentaje ambiental, pero nada dice acerca de los dineros que le son compensados al municipio por la existencia en su jurisdicción de territorios colectivos de comunidades negras, lo que hace incompleto el examen respecto de la presunta omisión generadora del incumplimiento de las normas con fuerza de ley, el cual ameritaba por parte del juzgador el estudio de las disposiciones nacionales y territoriales que regulan la materia. Desde esa perspectiva, el fallo deviene incongruente, pues no se pronuncia sobre estos asuntos sometidos al debate. En este orden de ideas, de la lectura de los argumentos esgrimidos en la providencia que se cuestiona y a juicio de esta Sala, se configura la violación al

debido proceso, por incongruencia en la sentencia, así como el defecto sustantivo, en tanto que se fijó el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática, puesto que las autoridades judiciales realizaron un análisis parcial alejado del punto puesto en controversia por las partes, ordenando dar aplicación a una norma que no lo resuelve.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04707-00(AC)

Actor: MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Demandado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Tesis: No incurren en defecto procedimental las sentencias proferidas en el trámite adelantado en una acción de cumplimiento, instaurada por CODECHOCÓ en contra del Municipio de Quibdó, tendiente a lograr la transferencia del porcentaje ambiental.

Vulneran el derecho al debido proceso e incurren en defecto sustantivo las sentencias proferidas en una acción de cumplimiento en las que se ordenó al Municipio de Quibdó transferir a CODECHOCÓ el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 2 ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA La Sala decide la acción de tutela presentada por el Municipio de Quibdó, mediante apoderado judicial, en contra del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, invocando la protección de su derecho fundamental al debido proceso1.

I. SÍNTESIS DEL CASO 1.1. El actor formuló las siguientes pretensiones: “VII. PETICIONES Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer u ordenar a favor del municipio de Quibdó; amparar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y, en consecuencia, revocar las sentencias del 13 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó y del 28 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. Y ordenar al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, se sirva rechazar de plano la acción de cumplimiento impetrada por CODECHOCO, contra el municipio de Quibdó, por ser improcedente y/o dejar sin efectos la decisión por el indebido análisis del asunto.”2 1.2. Como sustento de lo anterior, a título de antecedentes, el actor manifestó que la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

(en adelante CODECHOCÓ), interpuso acción de cumplimiento en contra del Municipio de Quibdó, al considerar que este último incumplió la obligación legal consagrada en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, consonante con lo dispuesto

en los 2.2.9.1.1.1 y 2.2.9.1.1.5 del Decreto 1076 de 2015, formulando la siguiente pretensión: "Se requiera al ente territorial demandado se sirva dar cumplimiento de manera inmediata al artículo 44 de la Ley 99 de 1993, conforme con Io normado en el decreto 10176 de 2015, artículos 2.2.9.1.1.1 y 2.2.9.1.1.5, transfiriendo a CODECHOCO el porcentaje ambiental de los recursos recibidos o recaudados por concepto de impuesto predial o compensación al impuesto predial en territorios colectivos de comunidades negras”3 1 Visto en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 2 Folio 17 del escrito de tutela visto en el índice 2 ibidem. 3 Visto a folio 2 del documento “14_ED_TUTELASOBRETASADEC(.pdf) NroActua 2” que reposa en el índice 2 de la Sede Electrónica para Gestión Judicial – SAMAI, consultada en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx? guid=110010315000202104707001100103 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Indicó que CODECHOCÓ respaldó su pretensión argumentando que el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, de acuerdo con el artículo 317 de la Constitución Política, dispuso que, para garantizar la protección del medio ambiente, se destinará un

porcentaje del total de lo recaudado por concepto de impuesto predial, quedando en cabeza de los municipios la opción de crear una sobretasa o destinar un porcentaje de lo recaudado por ese impuesto. Aseveró que el Decreto 1076 de 2015 creó la obligación de los municipios de recaudar y transferir la sobretasa o un porcentaje del recurso percibido por impuesto predial. Adujo que el artículo 24 de la Ley 44 de 1990 estableció una compensación a los municipios en donde existan resguardos indígenas por las cantidades que equivalgan a lo que tales municipios dejen de recaudar por concepto del impuesto predial unificado o no hayan percibido por el impuesto predial y sus sobretasas municipales y que, en este mismo sentido, se estableció otra compensación para los territorios con asentamiento de comunidades negras por los dineros que dejen de percibir, en razón a la titulación colectiva a través del artículo 255 la Ley 1753 de 2015. Aseguró que, frente a dichas pretensiones y argumentos, el Municipio de Quibdó realizó su defensa aduciendo que no había incurrido en desconocimiento de la ley, en relación con los giros a CODECHOCÓ, pues, de acuerdo al artículo 44 de la Ley 99 de 1993, en el Capítulo II, artículos 276 a 282 del Estatuto de Rentas municipales, se creó la sobretasa ambiental, fijándola en el equivalente al uno punto cinco por ciento (1,5%) del avalúo catastral como tarifa a pagar por los contribuyentes y que los dineros que se han recaudado por ese concepto han sido

transferidos oportunamente a la autoridad ambiental. Para respaldar su dicho, afirmó haber aportado certificaciones en las que constan los envíos del dinero. 1.3. Conforme a lo anterior, explicó que la mencionada acción de cumplimiento se tramitó en primera instancia en el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Municipio de Quibdó, bajo el número de radicado 27001 33 33 003 2020 00201 00, dentro del cual se profirió sentencia el 13 de noviembre de 2020, accediendo a las Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 pretensiones, al considerar que la entidad demandada incumplió los mandatos del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, por lo que ordenó: “Primero: Ordenase al alcalde de Quibdó (Chocó) que conforme la obligación aludida en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 transfiera a la Corporación Autónoma Regional para el desarrollo del Chocó (CODECHOCO), el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble”4 1.4. Indicó que, contra la anterior decisión, fue interpuesto recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia del 28 de junio de 2021, confirmando la decisión, con base en los mismos argumentos del a quo, y adicionando una compulsa de copias en contra del alcalde del Municipio de Quibdó. 1.5. Luego del anterior recuento, se refirió a la presunta vulneración de derechos fundamentales. Mencionó el artículo 29 de la Constitución Política y

aseveró que el debido proceso protege las facultades de los individuos que participan en los procedimientos y permite el ejercicio armónico de las garantías contempladas en los artículos 2, 5, 31, 33 y 228 de la Carta. Además, afirmó que dicho derecho fundamental contempla la existencia de un procedimiento previo y adecuado aplicable a la actuación judicial y/o administrativa que se inicie y que, en esa medida, la pretensión especifica debe ser acorde con la acción interpuesta. Aseguró que, a través de las sentencias enjuiciadas, la autoridad judicial le vulneró el derecho al debido proceso por dos (2) razones: (i) la indebida escogencia del medio de control por parte de CODECHOCÓ, y (ii) no haberse surtido el debido análisis sobre la obligación recaudadora de la sobretasa y el valor compensado del impuesto predial afro, y procedió a exponer sus argumentos al respecto, así: 1.5.1. De acuerdo con lo dicho, en cuanto a la “indebida escogencia del medio de control por parte de CODECHOCÓ y desconocimiento de los jueces”5, dijo que la acción de cumplimiento es una acción pública que tiene su origen en la Constitución Política, que en ese sentido puede ser intentada por cualquier persona, sin necesidad de que alegue un interés particular en la controversia, en cualquier tiempo, siempre que sea después de la expedición de la Ley 393 de 4? Folio 4 ibidem. 5 Folio 5 del escrito de tutela visto en el índice 2 íbidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 1997, y que, de conformidad con el artículo 9 ibídem, existen unas causales por las cuales es improcedente; mencionó los siguientes casos: “(i) Cuando la protección de los derechos pueda ser garantizada por la acción de tutela. En estos casos, el juez deberá tramitar la acción por ese procedimiento. (ii) Cuando el afectado tenga o haya tenido otro medio de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la ley o el acto administrativo. Vale decir que esta causal de improcedencia de la acción nos deja frente a una persona natural o jurídica destinataria del acto o ley y precisamente por ello, el interesado deberá intentar primero la vía judicial propia y excepcionalmente la acción de cumplimiento. (iii) Cuando la acción pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos. Al respecto la Sección Quinta del Consejo de Estado6 precisó lo siguiente: (...) Para que la demanda proceda, se requiere: a) Que la norma legal o acto administrativo contenga un mandato imperativo e inobjetable radicado en cabeza de una autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, al cual se reclama el cumplimiento; y que, en efecto, se establezca que existe la desatención de la norma o acto; b) Que el actor pruebe que antes de presentar la demanda exigió al que consideró como obligado, el cumplimiento de su deber legal; c) Que el afectado no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico contenido en el acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción; que no se trate de

una norma que establezca gastos, ni tampoco del reclamo de un derecho que pueda garantizarse por la vía de la acción de tutela.”7 (Negrillas del texto original) De acuerdo con lo anterior, afirmó que CODECHOCÓ incurrió en error, debido a que la acción de cumplimiento no era el medio adecuado para demandar el acto administrativo que les negó la transferencia del porcentaje ambiental previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, toda vez que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) le otorgaba más opciones a la Corporación con las cuales podría defender sus pretensiones. Por último, resaltó que la acción anteriormente citada es de carácter 6 Auto del 22 de abril de 2021. Expediente 25000-23-41-000-2020-0812-01 (ACU). MP Lucy Jeaneth Bermúdez Bermúdez 7 Folio 6 ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 residual y por lo tanto sólo es procedente cuando no exista otro mecanismo legal con el cual se logre el fin perseguido. 1.5.2. Como segundo aspecto indicó que “La pretensión de cumplimiento indica un gasto para el municipio”8 y transcribió una definición de gasto en los siguientes términos: “Un gasto es un egreso o en términos coloquiales una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general, se convierte en una inversión ya sea tangible o intangible. Se define como "Decrementos en el patrimonio neto de la empresa, ya sea

en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, de reconocimiento o aumentos de pasivos, siempre que no tengan la consideración en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios" Plan General de Contabilidad".”9 En cuanto a la relación con las diferencias entre pago y gasto, aseguró que: “El pago es una salida de dinero de la empresa, una disminución de la tesorería y representa una cantidad de dinero que ha sido destinada a la extinción de una obligación. Así pues, el pago afecta a la tesorería de la empresa. A estos efectos decimos que no todos los pagos serán gastos ni todos los gastos serán pagos. A modo de ejemplo los pagos serían la cantidad que se destinan para satisfacer las nóminas, los alquileres, los seguros que a su vez reflejan el consumo.”10 En consecuencia, concluyó que el porcentaje ambiental que busca CODECHOCÓ, es un gasto que no se encuentra contemplado dentro de los presupuestos planeados por el municipio para los años 2018, 2019 y 2020, y se verían en la obligación de realizar traslados presupuestales, lo que conllevaría a crear una obligación extra para dicha entidad. En ese sentido la acción de cumplimiento sería improcedente. 1.5.2.1. Por otro parte, manifestó echar de menos dentro de las providencias controvertidas un análisis detallado y concreto de la sobretasa, el gasto y la compensación por el predial no cobrado en los territorios de comunidades negras establecido por la Ley 1753 de 2015. 8? Folio 6 ibidem. 9 Folio 7 ibidem.

10 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Arguyó que, de una lectura desprevenida del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, y atendiendo su literalidad, se evidencia que el verbo que lo rige es recaudo y que, por tanto, el dinero que el municipio de Quibdó está en la obligación de transferir a CODECHOCÓ es el que recaude por concepto de sobre tasa ambiental, deber al que ya le dio cumplimiento, como fue demostrado en las dos instancias del proceso ordinario, pues la norma nada dice en relación con los dineros que le son compensados al municipio. En este orden de ideas, indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante Minhacienda) realiza compensación al municipio en razón a la existencia de resguardos indígenas y territorios de comunidades negras; que en el primero de los casos dicha cartera ministerial envía la sobre tasa ambiental que ha de transferirse a CODECHOCÓ, mientras que en el segundo no gira los recursos ni tampoco imparte directrices a las entidades territoriales para que se hagan estas transferencias, tal como consta, según aseguró, en la respuesta que envió el ministerio al municipio cuando le consultó al respecto. Recalcó nuevamente que la acción de cumplimiento no era el medio que debía ser utilizado por CODECHOCÓ, que el Tribunal asimiló la citada acción con un proceso ejecutivo y confundió los conceptos de sobretasa y porcentaje ambiental y que, además, no analizó si la compensación predial por territorio de comunidades

negras que recibe el municipio debe ser compartida con CODECHOCÓ. 1.5.2.2. Por otro lado, reiteró que la obligación ya fue cumplida, pues de aceptarse que la acción de cumplimiento era el mecanismo idóneo para demandar, se debía tener en cuenta que el Municipio de Quibdó ya acató lo ordenando en la ley, pues los dineros del porcentaje ambiental que le correspondían a CODECHOCÓ le habían sido entregados. Arguyó que la norma no menciona que las compensaciones hagan parte de dicho porcentaje, pues esta disposición lo que busca es cerrar la brecha de desigualdad entre los municipios que pueden gravar todos sus predios con los que no pueden hacerlo, a causa de la existencia de comunidades indígenas dentro de su territorio. Al respecto, precisó que el Minhacienda dio respuesta sobre la causación de la compensación del impuesto predial correspondiente a los territorios de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 comunidades afro y aseguró que la cartera ministerial indicó lo siguiente, quedando, a su juicio, definida la controversia sobre la procedencia de traslado del porcentaje ambiental en relación con dicha compensación: “1. ¿En tratándose del pago de la sobretasa a la Compensación del Impuesto Predial para Municipios con Territorios de Comunidades Negras (Predial Afro) en favor de las Corporaciones Autónomas, se debe efectuar el pago? ¿Es decir, se debe pagar sobretasa a la CAR respectiva por la compensación del impuesto predial de comunidades negras? ...el artículo 255 de la Ley 1753 de 2015, artículo 98 de la Ley 1815 de 2016 y el

artículo 80 de la Ley 1893 de 2017 regulan la materia, señalando: "Artículo 255. Compensación a territorios colectivos de comunidades negras. Con cargo al Presupuesto General de la Nación, a partir de la vigencia fiscal de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público girará anualmente a los municipios en donde existan territorios colectivos de comunidades negras al momento de entrar en vigencia la presente ley, las cantidades que equivalgan a lo que tales municipios dejen de recaudar por concepto del impuesto predial unificado, según certificación del respectivo tesorero municipal. Para efectos de dar cumplimiento a lo aquí dispuesto, la tarifa aplicable para los territorios colectivos de comunidades negras será la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas para los demás predios del respectivo municipio o distrito, según la metodología expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El Gobierno Nacional definirá el esquema mediante el cual se iniciarán progresivamente los giros a las entidades territoriales previo estudio de las condiciones financieras y de entorno de desarrollo de cada municipio." (énfasis nuestro) Posteriormente, con la expedición del artículo 98 de la Ley 1815 de 2016 y el artículo 80 de la Ley 1893 de 2017, se estableció una progresividad para la compensación a territorios indígenas de comunidades negras, que para el año 2017 correspondió al 25% y para el año 2018 del 50% respectivamente, de conformidad con las condiciones establecidas. De la lectura del anterior apartado normativo, se observa que el artículo 255

de la Ley 1753 de 2015 sólo establece que se girará a las entidades territoriales las "cantidades que equivalgan a lo que tales municipios dejen de recaudar por concepto del impuesto predial unificado", sin que haga mención a las sobretasas legales, como sí lo hace el artículo 24 de la Ley 44 de 1990 modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, en la compensación a resguardos indígenas. Por lo que podemos deducir que, tratándose de compensación a territorios colectivos de comunidades negras, con cargo al Presupuesto General de la Nación sólo se compensará valor que se deje de recaudar por concepto de impuesto predial unificado, previa certificación del tesorero municipal. correspondiente a un 25% o un 50% según el caso, es decir, que dicha cantidad no incluye la sobretasa ambiental del impuesto predial que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 . (…)” Así las cosas, es claro que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la compensación a territorios colectivos de comunidades neqras. con carqo al Presupuesto General de la Nación sólo compensa el valor que se dejó de recaudar por concepto de impuesto predial unificado, es decir, que el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 porcentaje que Codechocó hoy reclama de sobretasa ambiental del impuesto predial que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, no ha sido incluido en el

monto que transfiere la Nación al municipio” Conforme a lo anterior, consideró importante diferenciar las normas que hacen referencia a la compensación de territorios colectivos de comunidades negras como a la de resguardos indígenas, indicando que la primera fue regulada por la Ley 1753 de 2015 en su artículo 255, mientras que la segunda está contenida en el artículo 24 de la ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, asegurando que la primera de las disposiciones legales no prevé compensar las sobretasas legales que se cobren junto con dicho impuesto predial, en tanto que la segunda disposición sí lo hace con cargo al presupuesto nacional. De acuerdo con lo expuesto concluyó que en el caso del "predial Afro" no se tuvo en cuenta que la Nación compensara a los municipios sobretasa alguna, sino únicamente el impuesto predial dejado de recaudar, tal y como lo indica el tenor de la norma que, en su consideración, es claro y no admite interpretaciones o ambigüedades. Adicional a lo anterior, señaló que los formatos de liquidación de cobro de la compensación a territorios colectivos de comunidades negras no incluyen la opción de liquidación de sobretasa alguna, de conformidad con los requisitos establecidos por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Minhacienda en la Resolución No 001 del 6 de febrero de 2017, a diferencia de los formatos de compensación de los resguardos indígenas, conforme a lo cual dedujo, que en la suma girada a título de compensación por "predial afro", no hay

recursos que pertenezcan a CODECHOCÓ, en tanto, no hay pago de sobretasa ambiental, pues no fue autorizado por el artículo 255 de la Ley 1753 de 2015. Enfatizó en que ordenar la transferencia a CODECHOCÓ de un porcentaje de lo recibido por el Municipio de Quibdó a título de compensación por el impuesto predial dejado de recaudar por los territorios colectivos de comunidades negras existentes en su jurisdicción, es tanto como despojar al municipio de la titularidad de un impuesto que es de propiedad exclusiva y goza de protección según el artículo 362 constitucional. Además de generar una destinación de esos dineros contraria a la ley, dado que el porcentaje ambiental está regulado en el Municipio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 de Quibdó como una sobretasa adicional sobre el avalúo que debe pagar el contribuyente. En este orden de ideas, manifestó que el Municipio de Quibdó no está obligado a transferir lo que CODECHOCÓ pretende, puesto que el porcentaje ambiental sobre la propiedad inmueble de que trata el artículo 317 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de 1994, fue establecido en dicha entidad territorial de manera autónoma, legal y legítima, como una sobretasa del 1,5 x 1.000 que se cobra adicionalmente al impuesto predial a todos los sujetos pasivos de dicho tributo. La obligación del municipio es transferir lo que recaude por ese cobro adicional, como aseguró se viene haciendo.

Con base en lo expuesto, consideró como flagrante la vulneración del derecho fundamental invocado y, por ello, insistió en que las sentencias deben ser revocadas. 1.6. Por último, aludió a los requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción tutela contra providencia judicial, haciendo de estos últimos énfasis en el defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y defecto procedimental. En lo que respecta al primero y segundo de ellos, se refirió a las definiciones que de los mismos ha dado la jurisprudencia constitucional, para centrarse en el último e insistir en que CODECHOCÓ erró frente a la presentación y trámite de la acción de cumplimiento, ya que el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 señala que es improcedente el mencionado proceso cuando existen otros medios de defensa y cuando se pretende el cumplimiento de una norma que impone un gasto, ya que estamos frente a un mecanismo que tiene un carácter residual.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA 2.1. La acción fue admitida por medio de auto calendado el 27 de julio de 2021, en el que se ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó y a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Chocó.

Asimismo, se ordenó comunicar a la Corporación Autónoma Regional del Chocó y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ello en razón al interés que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 les asiste en las resultas del proceso, toda vez que pueden verse afectados con la

decisión definitiva que se adopte dentro del mismo. Por otro lado, en la anotada providencia se negó la medida provisional solicitada por la parte actora en el libelo introductorio. Por último, se les solicitó a los demandados remitir copia digital del expediente número 27001-33-33-003-202000201-01, correspondiente a la acción de cumplimiento instaurada por la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó en contra del Municipio de Quibdó.11 2.2. El 28 de julio de 2021, la Secretaría General de esta Corporación surtió las notificaciones y comunicaciones en debida forma.12 2.3. El auto admisorio concedió el término de tres (3) días, contados a partir de la fecha de recibo de la correspondiente comunicación, para que la parte demanda e intervinientes manifestaran lo que consideraran pertinente, los cuales transcurrieron del 29 de julio al 2 de agosto de 2021. 2.4. Mediante memorial remitido el 17 de agosto de 202113, es decir, fuera del término concedido, la Corporación Autónoma Regional del Chocó se pronunció respecto de la acción de tutela. 2.5. En correo del 23 de agosto de 202114, el Tribunal Administrativo del Chocó dio respuesta al requerimiento previsto en el auto admisorio y procedió a enviar el expediente digital n