CE-11001-03-15-000-2021-04737-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Probada / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA – La petición no fue elevada ante éste / UNIVERSIDAD LIBRE – No le asiste interés [S]e evidencia, dentro del acervo probatorio obrante en el expediente, que la parte actora radicó la petición de 26 de mayo de 2021, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la dirección de correo electrónico csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co, y no como lo afirmó la actora en su escrito de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. En ese sentido, está probado que la solicitud elevada por la actora no se dirigió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, es decir, dicha entidad no participó en el trámite de la petición que la actora cuestiona en sede de tutela. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Universidad Libre – Seccional Bogotá no le asiste interés, toda vez que, quien expide la tarjeta profesional es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y no la universidad. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Universidad Libre – Seccional Bogotá.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA

POR HECHO SUPERADO / DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL / EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL – Durante el trámite de la acción de tutela En efecto, la actora pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela se le proteja sus derechos fundamentales de petición y al trabajo presuntamente vulnerados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, al no haberle expedido la respectiva tarjeta profesional de abogada. Ahora bien, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura informó que, mediante Acta de Registro de Tarjeta Profesional núm. 11441 de 29 de julio de 2021 expidió la respectiva tarjeta profesional de abogada a la actora (…) De la lectura de la petición presentada por la actora y el escrito de tutela, se advierte que su pretensión se dirigía a lograr que la autoridad demandada le expidiera la tarjeta profesional de abogada. Pretensión que se cumplió con la expedición del Acta de Registro de Tarjeta Profesional núm. 11441 de 29 de julio de 2021, por medio de la cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura le asignó a la actora la Tarjeta Profesional de Abogada núm. 363.069. (…) En ese

orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura le asignó a la actora la Tarjeta Profesional de Abogada núm. 363.069, y con ello, se dio solución a lo pretendido por la actora en su solicitud y, en ese orden de ideas, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04737-00(AC)

Actor: JENNYFER SULAY GONZÁLEZ CÓRDOBA

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y

AUXILIARES DE LA JUSTICIA Y CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Referencia: Acción de tutela Temas: Derecho fundamental de petición/alcance Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo y ii) petición Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Jennyfer Sulay González Córdoba contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, porque, a su juicio, al no dar respuesta al escrito presentado el 26 de mayo de 2021, por medio del cual solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogada, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, quien actúa en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, porque, a su juicio, al no dar respuesta al escrito presentado el 26 de mayo de 2021, por medio del cual solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogada, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de

tutela, en síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, “[…] el día 13 de mayo de 2021 egrese (sic) de la carrera de Derecho de la Universidad Libre de Colombiasede candelaria (sic) Bogotá. […]”.

4. Afirmó que, mediante mensaje de datos, “[…] el día 26 de mayo de 2021 ante el Consejo Superior de la Judicatura seccional (sic) Bogotá radique (sic) a

través de correo electrónico (csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co) solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogada. […]”.

5. Sostuvo que, “[…] el día 18 de junio de 2021 recibí una indicación por parte de la Unidad de registro (sic) del consejo (sic) superior (sic) de la Judicatura, informando que mi solicitud “fue transferida al personal encargada (sic) para su trámite”. Dia (sic) desde el cual no he recibido respuesta ni la tarjeta profesional.

[…]”.

6. Refirió que, “[…] a la fecha de presentación de esta acción de tutela no he recibido respuesta por parte de la entidad encargada, presentando una mora injustificada en la expedición de dicho documento. […]”.

La solicitud de tutela Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela: “[…] PRIMERA. AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES que me asisten, consistente en obtener pronta y plena respuesta a la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional.

SEGUNDA. ORDENAR a (sic) CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURAUNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, que, dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, dar respuesta sobre la petición realizada. […]”.

8. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que: “[…] la omisión de la entidad vulnera de manera directa me (sic) derecho fundamental de petición consagrado en el Articulo (sic) 23 de la constitución

(sic) política (sic) de Colombia y mi derecho al acceso a un trabajo de (sic) acorde a mi perfil académico. […]”. […] “[…] De la omisión por parte de la (sic) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ de dar pronta respuesta y trámite a la elevada solicitud, estimo se está vulnerando, (sic) mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 23 y 25 de la Constitución Política […]”. […] “[…] Por lo anterior, la no respuesta (sic) oportuna por parte de la (sic) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA y el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ constituye una evidente omisión de sus deberes y por ende la vulneración de mi derecho fundamental de petición y acceso al trabajo. […]”. Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de julio de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y iii) vinculó al Rector de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, a quien concedió el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

10. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. 10.1. Sobre el particular, informó que: “[…] 4.- Debido al aumento desmesurado de solicitudes de expedición de tarjetas profesionales de abogados, que sobrepasan en gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos disponibles hasta el momento, así como en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el COVID-19, esta Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado para el efecto y envía las tarjetas profesionales de abogado a la dirección del domicilio registrado en la solicitud […]”. […] “[…] Teniendo en cuenta lo anterior, esta Unidad con todos los documentos aportados, inscribe en el registro de abogados a la Dra.

JENNYFER SULAY GONZÁÑEZ (sic) CÓRDOBA, identificada con la C.C. No. 1014287922, asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado No. 363.069, mediante el Acta No. 11441 de 2021, cuya copia anexo. Los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la elaboración del plástico de la Tarjeta Profesional de Abogado y, una vez sea entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado de 472, al domicilio (residencia) registrado por la accionante. De igual manera, la accionante podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a través del servicio de

“Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento. […]”. […] “[…] Finalmente, esta Unidad considera que no existe vulneración a ningún derecho fundamental en la actuación realizada por parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo que de manera respetuosa se debe negar el amparo solicitado, por tratarse de un hecho superado. […]” (Resaltado por la Sala).

11. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá solicitó declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, a su juicio, “[…] no tiene ninguna relación con los hechos que se enlistan por la parte actora ni por acción ni omisión, de ahí, se solicita respetuosamente a esa instancia, se disponga la desvinculación de la acción de tutela del esta Corporación en la acción, por falta de legitimación por pasiva […]”. 11.1. Teniendo en cuenta lo anterior, explicó que: “[…] Ahora bien, descendiendo al acontecer factico (sic) que sustenta la petición de amparo, interpuesta por la parte actora, se tiene que la señorita JENNIFER SULAY GONZALEZ (sic) CORDOBA (sic), refiere que el 13 de mayo de la anualidad que avanza, egreso (sic) del programa de derecho de la Universidad Libre de Colombia, por lo cual, aduce que mediante el correo csjssirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co efectuó la solicitud de

inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogada. Refiere que el 18 de junio se le remitió confirmación del recibo de los documentos, indicando que a la presentación de la solicitud del amparo constitucional no había obtenido una respuesta definitiva sobre lo solicitado. […]”. […] “[…] Sobre las anteriores consideraciones, deberá indicarse que igual que en otras peticiones de amparo constitucional, que han sido promovidas por similares de situaciones por distintas personas, son las mismas, las que se erigen como fundamento y motivo principal, para solicitar a esa instancia judicial, la desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, lo anterior, dado que como se puede extractar de las manifestaciones que realiza la parte actora, la solicitud de la expedición de su tarjeta profesional la realizo (sic) directamente ante el Registro Nacional de Abogados, dependencia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, y sin ningún relación directa con esta Corporación. […]”.

12. La Universidad Libre – Seccional Bogotá solicitó su desvinculación del proceso, comoquiera que, a su juicio, “[…] nos oponemos, toda vez que con los argumentos que se han expuesto, se demuestra que los hechos sobre los cuales se sustenta la demanda no son hechos jurídicos voluntarios de la Universidad Libre que puedan ser catalogados como generadores de un perjuicio irremediable en la persona de la demandante y por tanto, la acción de tutela no es procedente.

[…]”. 12.1. Sobre el particular, sostuvo que: “[…] En punto a la situación académica de la ciudadana Jennyfer Sulay González Córdoba, informamos que ella estudió el programa de Derecho

en la Universidad Libre seccional (sic) Bogotá, durante los periodos académicos comprendidos entre 2014-2 al 2019-1. Se graduó el 13 de mayo de 2021, según acta y folio Nº 13980. […]”. […] “[…] la demandante no ha probado que en el presente juicio de tutela se cumplan los requisitos jurisprudenciales señalados como necesarios para que proceda la demanda de tutela contra la Universidad Libre, amablemente presento al señor Juez Constitucional respetuoso pedimento para que se absuelva a mi representada de toda responsabilidad que se pueda determinar, y se profieran las demás declaraciones que en derecho correspondan. […]”.

13. La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo núm. 377 de 11 de diciembre de 20183; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable. Cuestión previa

16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia. 1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 2 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

17. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente: “[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el

fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin

vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto (sic) 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos 5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”. fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

19. La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura Bogotá solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] no tiene

ninguna relación con los hechos que se enlistan por la parte actora ni por acción ni omisión, de ahí, se solicita respetuosamente a esa instancia, se disponga la desvinculación de la acción de tutela del esta Corporación en la acción, por falta de legitimación por pasiva […]”. Asimismo, señaló que, “[…] la solicitud de la expedición de su tarjeta profesional la realizo (sic) directamente ante el Registro Nacional de Abogados, dependencia adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, y sin ningún (sic) relación directa con esta Corporación. […]”.

20. Al respecto, es preciso indicar que la actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, y en ese sentido fue vinculado como parte demandada por el Despacho sustanciador.

21. Sin embargo, se evidencia, dentro del acervo probatorio obrante en el expediente, que la parte actora radicó la petición de 26 de mayo de 2021, ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en la dirección de correo electrónico

csjsirnasoporte@deaj.ramajudicial.gov.co, y no como lo afirmó la actora en su escrito de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. En ese sentido, está probado que la solicitud elevada por la actora no se dirigió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, es decir, dicha entidad no participó en el trámite de la petición que la actora cuestiona en sede de tutela.

22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no le asiste interés.

23. La Sala advierte que la Universidad Libre – Seccional Bogotá solicitó su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, “[…] nos oponemos, toda vez que con los argumentos que se han expuesto, se demuestra que los hechos sobre los cuales se sustenta la demanda no son hechos jurídicos voluntarios de la Universidad Libre que puedan ser catalogados como generadores de un perjuicio irremediable en la persona de la demandante y por tanto, la acción de tutela no es procedente. […]”. Asimismo, señaló que, “[…] la situación académica de la ciudadana Jennyfer Sulay González Córdoba, informamos que ella estudió el programa de Derecho en la Universidad Libre seccional (sic) Bogotá, durante los periodos académicos comprendidos entre 2014-2 al 2019-1. Se graduó el 13 de mayo de 2021, según acta y folio Nº 13980.

[…]”.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Universidad Libre – Seccional Bogotá no le asiste interés, toda vez que, quien expide la tarjeta profesional es la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y no la universidad.

25. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Universidad Libre – Seccional Bogotá. Problema Jurídico

26. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si se deben proteger los derechos fundamentales al trabajo y de petición invocados por la actora, los cuales considera vulnerados por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, al no haberle expedido la respectiva tarjeta profesional de abogada.

27. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; iv) análisis del caso concreto y finalmente las v) conclusiones de la Sala.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de tutela

28. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, se encuentra establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente: “[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes […]”.

29. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20057, se pronunció en el siguiente sentido: "[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se resalta).

30. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado8: […] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha situación tiene como consecuencia 7 Corte Constitucional, Sentencia T817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00 automática que desaparece toda posibilidad de amenaza efectiva o daño a

un derecho fundamental. Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

31. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de protección9.

32. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

33. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho

fundamental de petición en los siguientes términos: “[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.

34. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de 2 de enero de 198410, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

35. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de noviembre de 201111, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera la ley estatutaria correspondiente.

36. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el 9 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 10 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. derecho fundamental de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos para resolver las distintas modalidades de peticiones.

37. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30 de junio de 2015.

38. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201512 y, en segundo orden, se enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituy