CE-11001-03-15-000-2021-04744-00(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN DE TUTELA / FALTA DE VINCULACIÓN DE TERCEROS PROCESALES / SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA – No se pudo conocer la existencia de las decisiones judiciales por falta de vinculación / TÉRMINO DE CONTABILIZACIÓN DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ – A partir del conocimiento de la sentencia proferida en el trámite de tutela / CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ – Interposición de la acción de tutela dentro de los 6 meses siguientes al momento en que se tuvo conocimiento de la providencia ¿El presente asunto cumple con el requisito de la inmediatez? (…) El IGAC sostuvo que la acción de tutela no satisface el requisito de la inmediatez, en tanto que la señora [M.D.C.M.] interpuso la presente solicitud después de transcurridos más de tres años desde que fue proferida la sentencia de tutela del 27 de julio 2018 (…) Ahora bien, teniendo en cuenta que la procedencia del amparo amerita el cumplimiento de los requisitos de procedencia, para el caso objeto de estudio, en relación con el término de inmediatez, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de agosto de 2014 , explicó que el mencionado requisito cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, la corporación en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general un plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la

providencia, según el caso. En el sub examine, la Subsección observa que el referido requisito no puede analizarse como lo pretende una de las entidades accionadas, esto es, a partir de la notificación o ejecutoria del fallo de tutela, pues si bien la decisión objeto de cuestionamiento fue proferida hace un poco más de tres años, lo cierto es que la discusión de la accionante recae en la falta de vinculación al referido trámite y, en esa medida, no pudo conocer la existencia de las decisiones judiciales apenas fueron notificadas. En esa medida, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto inicia en el momento en el que la señora [M.D.C.M.] tuvo conocimiento sobre el trámite de tutela 2018-00171. Sobre el particular, se tiene que la accionante, en el escrito inicial, manifestó que tuvo conocimiento de la providencia sólo hasta el 23 de junio de la presente anualidad, fecha en la que recibió una comunicación enviada por la abogada [A.I.R.P.], quien ostenta la condición de apoderada judicial del señor [I.B.D.] y, por tanto, es a partir de allí que debe computarse el término con el que contaba la afectada para acudir a la acción de tutela. En consecuencia, se entenderá superada la exigencia general de la inmediatez, comoquiera que la señora [M.D.C.M.] interpuso la acción de tutela el 21 de julio de 2021, dentro de los seis meses siguientes al momento en que aduce tuvo conocimiento de las providencias proferidas en el trámite de tutela. ACCIÓN DE TUTELA – Amparó el derecho de petición / AMPARO DEL

DERECHO FUNDAMENTAL – No afectó los derechos y situación particular de la actora de la presente acción / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la falta de vinculación de la señora [M.D.C.M.] al trámite constitucional 2018-00171? (…) la Subsección considera que no existe una transgresión de los derechos fundamentales invocados por la señora [M.D.C.M.] ni la configuración de algún defecto, porque en el trámite constitucional referenciado se amparó el derecho fundamental de petición del señor [I.B.P.] y, en ese entendido, no se vieron afectados los derechos o intereses de la aquí accionante. Nótese que la protección constitucional ordenada por el Tribunal Administrativo del Meta estuvo dirigida a salvaguardar el derecho de petición y a que el IGAC atendiera, de manera clara, precisa y de fondo, la solicitud elevada por el mencionado señor, situación que compromete sólo su situación particular y en nada afecta las garantías de la señora [M.D.C.M.], máxime cuando en el proveído judicial no se determinó cuál debía ser el sentido de la respuesta que debía dictar la mencionada entidad; por el contrario, la corporación accionada precisó que no le correspondía al juez analizar la procedencia o no de la segregación del predio, ya que ese procedimiento era de competencia de las autoridades catastrales y, en esa medida, ordenó al IGAC emitir una respuesta de fondo a la petición, para lo cual debía analizar los documentos aportados por el solicitante y, definir, según los parámetros fijados en

el ordenamiento, si había lugar o no a acceder a lo requerido. Aunado a lo anterior, se avizora que la señora [M.D.C.M.] más que discutir su falta de vinculación al trámite constitucional citado, lo que realmente cuestiona es la expedición de la Resolución 50-226-0033-2019 de 2019, mediante la cual el IGAC ordenó un cambio catastral al predio identificado con la cédula catastral núm. 00001-0003-0094 y desagregó el folio de matrícula inmobiliaria 230-36376 de aquel, pues, a su juicio, esa actuación le generó una afectación a su propiedad, debido a que no se consideró que ese terreno es parte del inmueble que adquirió a través de la compra protocolizada en el Escritura Pública 5339, inconformidad que será analizada más adelante. Así las cosas, para la Subsección es evidente que las actuaciones llevadas a cabo en la acción de tutela con radicación núm. 201800171 no comportan la transgresión de los derechos fundamentales de la accionante, comoquiera que, en ese asunto, no se adoptó una decisión que afectara, de manera directa, los intereses de la señora [M.D.C.M.]. En ese orden de ideas, no se encuentra probada la configuración de un defecto y, por tanto, la vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales invocados por la señora [M.D.C.M.], por lo que la acción de la referencia en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio y del Tribunal Administrativo del Meta no resulta procedente.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO

ADMINISTRATIVO / EXISTENCIA DE OTROS MECANISMOS DE DEFENSA /

ACTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CATASTRAL / RECURSOS EN

SEDE ADMINISTRATIVA / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / ANOTACIÓN EN ESCRITURA PÚBLICA – Omisión por parte del Oficina de Registro de Instrumentos Públicos / OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - Solicitante debe acudir a la entidad para la revisión de la situación jurídica del predio y la verificación de las anotaciones registrales / ACCIÓN DE TUTELA – No puede emplearse para pretermitir trámites administrativos dispuestos en el ordenamiento jurídico / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE ¿La accionante agotó los mecanismos judiciales con los que contaba para discutir la Resolución 50-226-0033-2019 del 11 de abril de 2019, mediante la cual el IGAC ordenó la inscripción en el catastro del municipio de Cumaral de los cambios en el predio identificado con la cédula catastral núm. 000-01-0003-0094 y, la presunta omisión de inscripción de la Escritura Pública de Compraventa núm. 5339 expedida por la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio (…) la Subsección observa que la inconformidad planteada por la accionante radica en la expedición del acto administrativo enunciado, pues a su juicio, se desatendió su condición de propietaria del predio rural identificado con la cédula catastral 00-01-0003-0094 y

se ordenó el desglose de una parte del lote de terreno que le pertenece. Así, se encuentra que la señora [M.D.C.M.] contó con la posibilidad de interponer los recursos de reposición y apelación en contra de la decisión adoptada por el IGAC; sin embargo, se denota que aquella no expuso ni acreditó que discutió esa decisión y, con ello, impidió que la entidad accionada se pronunciara sobre la situación jurídica del predio y la aparente imposibilidad que la señora [M.D.C.M.] menciona para desglosar los folios de matrícula inmobiliaria o desagregar el terreno. De igual manera, se avizora que cuando se considere lesionado en un derecho subjetivo, podrá pedirse la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento de su derecho, según lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, la señora [M.D.C.M.] también contó con la oportunidad de demandar la Resolución 50-226-0033-2019 del 11 de abril de 2019, expedida por la IGAC, con el fin de obtener su nulidad. En segundo término, se denota que la inconformidad relativa a la omisión por parte del Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio tampoco tiene vocación de prosperidad, puesto que la solicitante del amparo debe solicitar ante la referida entidad la revisión de la situación jurídica del predio referenciado y la verificación de las anotaciones registrales de su propiedad, con el fin de que se revise y, de ser el caso, se adicione o corrija la presunta irregularidad que aquí enuncia, sin que en

ningún caso, la acción de tutela puede emplearse para pretermitir los trámites administrativos dispuestos en el ordenamiento jurídico para esos fines específicos, menos aun cuando la solicitante del amparo no expuso argumentos concretos o suficientes sobre el tema aquí debatido. En esos términos, la accionante contaba con otros mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales invocados y, en particular, oponerse al trámite administrativo de cambio o alteración de la identificación catastral del predio rural identificado con la cédula catastral 00-01-0003-0094, sin que sea procedente, a través de esta acción, desconocer esos instrumentos. En todo caso, se verificará si se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que flexibilice este requisito general y amerite estudiar de fondo el presente asunto, por lo que se procederá a estudiar este aspecto. (…) Una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que la accionante no expuso ningún argumento tendiente a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable. Igualmente, se advierte que, de las pruebas obrantes dentro del expediente, no es posible determinar la existencia de una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la intervención del juez constitucional, por lo cual no es viable efectuar un análisis de fondo, máxime si se tiene en cuenta que la señora [M.D.C.M.] tampoco explicó las razones por las cuales no agotaron los mecanismos con los que contaban para resolver lo alegado en esta sede constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04744-00(AC)

Actor: MARÍA DEL CARMEN MELO Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTROS Temas: Acción de tutela contra providencia dictada en la misma sede por la no vinculación de un tercero. Ausencia de la exigencia general de subsidiariedad frente al acto administrativo proferido por el IGAC y no acreditación de un perjuicio irremediable.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ASUNTO La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia. HECHOS RELEVANTES a) Acción de tutela con radicación núm. 2018-00171 La señora María del Carmen Melo afirmó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, mediante sentencia del 291 de mayo de 2018, concedió el amparo invocado por el señor Isaías Bejarano Puentes en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC y, como consecuencia, ordenó realizar el desenglobe del folio de la matrícula inmobiliaria núm. 23036376, perteneciente al lote rural 12 ubicado en la vereda Caney Medio del municipio de Cumaral, Meta, el cual es de su propiedad. Indicó que, en cumplimiento del fallo de tutela, el IGAC expidió la Resolución 50226-0033-2019 del 11 de abril de 2019, por medio de la cual ordenó un cambio en la cédula catastral 00-01-0003-0094 y el desenglobe de doce hectáreas y 4.000 metros cuadrados del predio. Por otra parte, sostuvo que el 23 de junio de 2021, la señora Alcira Inés Romero Prieto, quien ostenta la condición de apoderada judicial del señor Isaías Bejarano Puentes, le informó de la existencia del proceso ejecutivo radicado con el número 2009-556 que cursa en el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, promovido por el señor Bejarano Puentes en contra de Jorge Arturo Cruz Carrillo, y que el 4 de agosto de la misma anualidad, se llevaría a cabo la diligencia de remate del predio de su propiedad, razón por la cual le propuso llegar a un arreglo antes de la fecha del remate del inmueble. Finalmente, explicó que el inmueble rural identificado con la cédula catastral 0001-0003-0094, con una extensión de doce hectáreas y 4.000 metros cuadrados, está conformado por dos predios que cuenta cada uno con un folio de matrícula independiente, pero se trata de un sólo globo de terreno que le pertenece y sobre el cual tiene la posesión material y real, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida hace más de veintinueve años. 1 Se precisa que la accionante identificó la sentencia con fecha del 28 de mayo de 2018, pero lo cierto es que aquella fue expedida el 29 de ese mes y anualidad.

b) Inconformidad La accionante consideró que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio, el Tribunal Administrativo del Meta2, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Villavicencio vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Al respecto, en cuando a las autoridades judiciales accionadas, manifestó que aquellas no la vincularon a la acción de tutela promovida por el señor Isaías Bejarano, a pesar de que le asistía interés, toda vez que es propietaria del predio rural, identificado con la cédula catastral 00-01-00030094, inmueble afectado con el desenglobe ordenado en ese proceso. Sobre ello, explicó que se enteró de las decisiones judiciales adoptadas en ese trámite, por la comunicación que le envió la señora Romero Prieto, en la que la enteró que, en ese proceso constitucional, se dispuso la desegregación del folio de matrícula inmobiliaria 230-36376. De otra parte, advirtió que el IGAC, al expedir el acto administrativo que modificó la cédula catastral referenciada, no tuvo en cuenta la Escritura Pública núm. 5339 expedida por la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio, siendo la más reciente del inmueble, en donde se evidencia que adquirió el predio rural, en virtud de la compra que realizó al señor Jorge Arturo Cruz Carrillo. Asimismo, precisó que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio no hizo la anotación de la escritura mencionada en el folio de matrícula inmobiliaria 23036376, pero tiene varias pruebas documentales de su propiedad sobre todo el terreno. PRETENSIONES La señora Melo solicitó amparar los derechos fundamentales mencionados y declarar la nulidad de la sentencia de tutela proferida el 29 de mayo de 2018 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, en la que amparó los derechos fundamentales del señor Isaías Bejarano Puentes. Asimismo, requirió ordenar al IGAC revocar la Resolución núm. 50-226-0033-2019 del 11 de abril de 2019, mediante la cual se ordenó el desenglobe del folio de matrícula inmobiliaria núm. 230-36376 con el que se identifica su inmueble. Y, a ese Instituto y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio (ORIP) formalizar el estado que se fijó en la Escritura Pública 5339 de 1992, respecto a su condición de propietaria del predio con cédula catastral 00-01-00030094. 2 Se aclara que la señora María del Carmen Melo instauró la acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Meta remitió por competencia el asunto, puesto que esa corporación conoció en segunda instancia el mecanismo constitucional radicado con el núm. 2018-00171 y, a través de sentencia del 27 de junio de 2018, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo deprecado por el señor Isaías Bejarano Puentes. Por lo anterior, se admitió la acción, entre otros, en contra de la corporación mencionada.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio El juez Edgardo Augusto Sánchez Leal, en primer lugar, resaltó que la manifestación realizada por la accionante, en el escrito de tutela, respecto a que ese despacho ordenó al IGAC realizar el desenglobe del folio de matrícula inmobiliaria 230-36376, no es cierta, toda vez que, mediante fallo del 29 de mayo de 2018, negó el amparo de los derechos fundamentales de petición y debido proceso invocados por el señor Isaías Bejarano Puentes. En segundo término, indicó que la parte accionante impugnó esa decisión y el Tribunal Administrativo del Meta, en el fallo del 27 de junio de 2018 la revocó y, en su lugar, amparó el derecho fundamental de petición del accionante, ordenándole a la entidad resolver de fondo la solicitud elevada por aquel. De otra parte, adujo que, contrario a lo que sostiene la señora María del Carmen, el no haber sido vinculada al trámite de tutela como tercero con interés, no implica la vulneración de sus derechos fundamentales porque las decisiones proferidas en primera y segunda instancia en nada la afectaron, sólo se protegió el derecho fundamental de petición del solicitante. Aunado a esto, explicó que el presente mecanismo constitucional es improcedente para anular el acto administrativo expedido por el IGAC, en tanto que su legalidad debe controvertirse en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio

El registrador (e), Willinton Martínez Díaz, precisó que el folio de matrícula inmobiliaria 230-36375 contiene cinco anotaciones, entre las que figura la inscripción de la Escritura Pública de Compraventa 5339 del 3 de octubre de 1992, contentiva del acto de venta del señor Jorge Arturo Cruz Carrillo en favor de María del Carmen Melo y la liquidación de la sociedad conyugal, perfeccionada en la Escritura Pública 7409 del 16 de noviembre de 1193, en la que se asignó a la señora Melo el predio. Igualmente, manifestó que, por su parte, el folio núm. 23036376 tiene tres registros, en los que consta que el actual titular del derecho de dominio es el señor Jorge Arturo Cruz Carrillo. Luego, refirió que el procedimiento para la modificación de la tradición y situación jurídica de un folio de matrícula inmobiliaria está definido en la Ley 1579 de 2012 y coligió que este no se inicia de manera oficiosa, sino previa solicitud interesado, sin que la entidad pueda intervenir, negar u omitir el registro de cualquier novedad que afecte la situación jurídica de un bien. Finalmente, solicitó desvincular a la Oficina de Registro del presente trámite, puesto que no existe ninguna conducta transgresora que pueda atribuírsele. IGAC Jairo Alexis Frías Peña, director del Instituto, indicó que la solicitud de amparo no satisface el requisito de la inmediatez, comoquiera que la decisión judicial que se controvierte fue proferida tres años, dos meses y once días atrás, término que

excede al fijado por la jurisprudencia constitucional como razonable para acudir al mecanismo y conlleva desconocer el principio de seguridad jurídica. En todo caso, se pronunció acerca del fondo del asunto y manifestó que el Tribunal Administrativo del Meta, en la sentencia del 27 de junio de 2018, no resolvió sobre la solicitud de segregación y/o agregación del predio identificado con las matrículas inmobiliarias números 230-36375 y 230-36376, sino que ese trámite se efectuó posteriormente, con el lleno de los requisitos exigidos para el desglose. CONSIDERACIONES Competencia La Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5.° del artículo 1.° del Decreto 333 de 20213, el cual regula que: «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada». Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional4 y del Consejo de Estado5 ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos). La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los 3 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 4 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T074 de 2012, T399 de 2013, T-482 de 2013, T509 de 2013, , T254 de 2014, T941 de 2014 y T-059 de 2015.

2015. 5Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Veamos: Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes6: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto

ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política. Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. Problema jurídico El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas: 1. ¿El presente asunto cumple con el requisito de la inmediatez? 2. ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la falta de vinculación de la señora María del Carmen Melo al trámite constitucional 2018-00171? 3. ¿La accionante agotó los mecanismos judiciales con los que contaba para discutir la Resolución 50-226-0033-2019 del 11 de abril de 2019, mediante 6Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

la cual el IGAC ordenó la inscripción en el catastro del municipio de Cumaral de los cambios en el predio identificado con la cédula catastral núm. 000-01-0003-0094 y la presunta omisión de inscripción de la Escritura Pública de Compraventa núm. 5339 expedida por la Notaría Primera del Círculo de Villavicencio?

4. En caso de una respuesta negativa al anterior interrogante, deberá resolverse el siguiente: ¿Está demostrada la configuración de un perjuicio irremediable?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I) cumplimiento del requisito de la inmediatez en el presente asunto, (II) procedencia de la acción de tutela para cuestionar las actuaciones surtidas dentro del trámite de constitucional, (III) análisis de la procedencia en el caso bajo estudio y de la inconformidad relativa a la falta de vinculación de la señora Melo, (IV) exigencia general de subsidiariedad, (V) estudio de la existencia de otros mecanismos judiciales, (VI) perjuicio irremediable y (VII) inexistencia del perjuicio irremediable.

Veamos: - Primer problema jurídico ¿El presente asunto cumple con el requisito de la inmediatez?

I. Cumplimiento el requisito de la inmediatez en el presente asunto El IGAC sostuvo que la acción de tutela no satisface el requisito de la inmediatez, en tanto que la señora María del Carmen Melo interpuso la presente solicitud después de transcurridos más de tres años desde que fue proferida la sentencia de tutela del 27 de julio 2018, en el proceso con radicado núm. 2018-00171,

mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta, en segunda instancia, revocó el fallo del 29 de mayo de la misma anualidad y, en su lugar, amparó el derecho fundamental de petición del señor Isaías Bejarano Puentes, ordenándole a la entidad resolver de fondo la solicitud elevada por aquel. Ahora bien, teniendo en cuenta que la procedencia del amparo amerita el cumplimiento de los requisitos de procedencia, para el caso objeto de estudio, en relación con el término de inmediatez, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de agosto de 20147, explicó que el mencionado requisito cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, la corporación en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, acogió como regla general un plazo de seis meses contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia, según el caso. 7 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. 8 Ibidem. En el sub examine, la Subsección observa que el referido requisito no puede analizarse como lo pretende una de las entidades accionadas, esto es, a partir de la notificación o ejecutoria del fallo de tutela, pues si bien la decisión objeto de cuestionamiento fue proferida hace un poco más de tres años, lo cierto es que la

discusión de la accionante recae en la falta de vinculación al referido trámite y, en esa medida, no pudo conocer la existencia de las decisiones judiciales apenas fueron notificadas. En esa medida, el término para presentar la acción de tutela en el presente asunto inicia en el momento en el que la señora María del Carmen Melo tuvo conocimiento sobre el trámite de tutela 2018-00171. Sobre el particular, se tiene que la accionante, en el escrito inicial, manifestó que tuvo conocimiento de la providencia sólo hasta el 23 de junio de la presente anualidad, fecha en la que recibió una comunicación enviada por la abogada Alcira Inés Romero Prieto, quien ostenta la condición de apoderada judicial del señor Isaías Bejarano Díaz y, por tanto, es a partir de allí que debe computarse el término con el que contaba la afectada para acudir a la acción de tutela. En consecuencia, se entenderá superada la exigencia general de la inmediatez, comoquiera que la señora Melo interpuso la acción de tutela el 21 de julio de 2021, dentro de los seis meses siguientes al momento en que aduce tuvo conocimiento de las providencias proferidas en el trámite de tutela. Así, la Subsección se ocupará del análisis de los demás problemas jurídicos planteados en el sub examine. - Segundo problema jurídico ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la falta de vinculación de la señora María del Carmen Melo al trámite constitucional 2018-00171?

II. Procedencia de la acción de tutela para cuestionar las actuaciones surtidas dentro del trámite de